Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C1651-12

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Reclamante:	MARIA OYARCE VALENZUELA
Reclamado:	SEREMI DE SALUD REGIÓN DE LOS LAGOS
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra del SEREMI de Salud Región de Los Lagos, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso sobre a) El 10 de octubre de 2012, solicitó copia de las actas de la comisión médica y la resolución de 33 licencias médicas que indica con sus respectivos números, todas emitidas, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2012; b) El 6 de noviembre de 2012, la requirente solicitó la ratificación o resolución de las mismas licencias médicas señaladas precedentemente; y, c) El 7 de noviembre de 2012, requirió las cartas de resolución de las 33 licencias médicas señaladas. El Consejo señaló que la respuesta de la solicitud de la reclamante no puede considerarse como una distracción indebida de su personal que afecte el debido cumplimiento de las funciones del organismo reclamado. En consecuencia con lo razonado, se deberá rechazar la alegación de la SEREMI y acoger el amparo de la reclamante.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	2/4/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C803-11 C1251-11 C463-09 C393-10
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Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C1651-12 Entidad pública: SEREMI de Salud Región de Los Lagos Requirente: María Consuelo Oyarce Valenzuela Ingreso Consejo: 28.11.2012 En sesión ordinaria N° 410 del Consejo Directivo, celebrada el 1° de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1651-12. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653 del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; en la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada; en la Ley N° 20.585 sobre otorgamiento y uso de licencias médicas; en el D.S. N° 136/2004 del Ministerio de Salud que aprueba su Reglamento Orgánico; en el D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud que aprueba el Reglamento de autorización de licencias médicas por los servicios de salud e instituciones de salud previsional; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Doña María Consuelo Oyarce Valenzuela solicitó a la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez de la región de Los Lagos (en adelante la COMPIN), en las fechas que se indicarán a continuación, la siguiente información: a) El 10 de octubre de 2012, solicitó copia de las actas de la comisión médica y la resolución de 33 licencias médicas que indica con sus respectivos números, todas emitidas respecto de la Sra. Oyarce Valenzuela, entre septiembre de 2010 y septiembre de 2012; b) El 6 de noviembre de 2012, la requirente solicitó la ratificación o resolución de las mismas licencias médicas señaladas precedentemente; y, c) El 7 de noviembre de 2012, requirió las cartas de resolución de las 33 licencias médicas señaladas. 2) RESPUESTA: Mediante oficio Ordinario N° 0915 de 16 de noviembre de 2012, la Secretaría Regional Ministerial (SEREMI) de Salud de Los Lagos respondió la solicitud de acceso presentada el 7 de noviembre de 2012 por la Sra. Oyarce, denegándole la información requerida, invocando a este respecto la causal de secreto o reserva establecida en su artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, esto es, cuando la publicidad, comunicación o conocimiento de la información solicitada afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. 3) AMPARO: El 28 de noviembre de 2012, doña María Consuelo Oyarce Valenzuela, a través de la Gobernación Provincial de Llanquihue, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la señalada COMPIN, fundado en haber recibido respuesta negativa a su solicitud de acceso. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Mediante oficio N° 4.697, de 7 de diciembre de 2012, este Consejo solicitó a la reclamante subsanar su reclamación de amparo en el sentido de indicar si también recurría por las presentaciones realizadas a la COMPIN el 10 de octubre y 6 de noviembre de 2012. En caso de respuesta afirmativa, se le requirió señalar la o las infracciones que habría cometido el organismo reclamado, además de acompañar copia de las respuestas entregadas a dichas solicitudes, si existían. En respuesta enviada por correo electrónico el 11 del mismo mes y año, la reclamante informó que también recurría por las referidas solicitudes de información, agregando que la solicitud del 10 de octubre fue contestada negativamente el 22 de octubre de 2012, mientras que la solicitud del 6 de noviembre, no había sido respondida. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación el aludido amparo, trasladándolo mediante oficio N° 5.134 de 18 de diciembre de 2012, a la Sra. Secretaria Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, haciéndole presente que sólo el requerimiento formulado el 7 de noviembre de 2012 era admisible, por las razones que se expondrán en lo considerativo de esta decisión. Dicha autoridad presentó sus descargos y observaciones por medio del oficio Ord. N° 22 de 15 de enero de 2013, señalando –en síntesis– lo siguiente: a) La causal de reserva invocada encuentra su fundamento en el cumplimiento de las labores que la COMPIN debe realizar para la observancia de la normativa sectorial, vinculada a la tramitación de las licencias médicas del sector público a través de los beneficiarios de FONASA y las apelaciones de las Comisiones Médicas de las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), de acuerdo a lo dispuesto en el D.S. N° 3/1984 del Ministerio de Salud que aprobó el Reglamento sobre Tramitación de Licencias Médicas. b) A manera de ejemplo indicó que la Subcomisión de las Provincias de Llanquihue-Palena debe tramitar anualmente 72.420 licencias médicas, tanto del sistema público como de las apelaciones de las Comisiones Médicas de las ISAPRES. Para realizar esta labor, dicha Subcomisión dispone solamente de tres médicos contralores, lo que significa que en promedio estos profesionales deben tramitar más de 2.000 licencias médicas mensuales. Además, los plazos de tramitación de este procedimiento administrativo son inferiores a los dispuestos en la Ley N° 19.880, ya que, de conformidad al artículo 24 inciso 3° del referido Reglamento, los plazos para la tramitación ascienden sólo a 7 días hábiles. c) Desde la entrada en vigencia de la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, esa COMPIN tiene mayores deberes que cumplir, ya que le compete la fiscalización de manera privativa sobre el uso correcto que los profesionales realizan en la emisión de licencias médicas. Esta labor es realizada con idéntica cantidad de profesionales y administrativos, sin que la Ley 20.585 haya destinado nuevos recursos humanos y financieros al Ministerio de Salud. Lo anterior justifica la causal de denegación de acceso a la información requerida por la reclamante. d) En otro orden de ideas, señaló que el rechazo de las licencias médicas aludidas en la presentación de la solicitante es un asunto sometido en forma parcial a la jurisdicción de los Tribunales de Justicia, cuyas sentencias se encuentran firmes y ejecutoriadas. En efecto, el 3 de septiembre de 2012, la Iltma. Corte de Apelaciones de Puerto Montt resolvió el Recurso de Protección Rol Corte 185-2012, interpuesto por la Sra. Oyarce en contra de esa autoridad sanitaria, relativo a la tramitación de la licencia médica N° 2-36253553, donde no se acreditó actuación arbitraria o ilegal por parte de la COMPIN, siendo por ende, rechazada la acción constitucional. Luego, el 25 de septiembre de 2012, se dictó sentencia en un segundo Recurso de Protección interpuesto por la parte reclamante en contra de la misma autoridad, Rol Corte 188-2012, referido a la licencia médica N° 2-36253572. Este recurso también fue rechazado por la mencionada Corte de Apelaciones. e) Conforme lo dispone el artículo 3° inciso 2° del Código Civil, si bien las sentencias tienen un efecto relativo en su cumplimiento, en el especie –según la SEREMI– existe cosa juzgada respecto de la tramitación de las licencias N° 2-36253553 y N° 2-36253572, no siendo posible utilizar el procedimiento de la Ley de Transparencia para iniciar la tramitación de recursos administrativos en contra de los actos ya dictados. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, previo a pronunciarse sobre el fondo del asunto, es menester dejar establecido que según se razonó en las decisiones de los amparos Roles C463-09, C393-10 y C1251-11, de conformidad con el artículo 14 B del Decreto Ley N° 2.763, de 1979, y los artículos 34, 45 y 46 del Reglamento Orgánico del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo N° 136 de 2004, las Comisiones de Medicina Preventiva e Invalidez forman parte integrante de la estructura orgánica de las respectivas Secretarías Regionales Ministeriales de Salud. Siendo así, el jefe superior de cada COMPIN, desde el punto de vista administrativo, es el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo, a pesar que dichas Comisiones cuenten con un presidente y gocen de autonomía para emitir sus pronunciamientos en las materias de su competencia, estas son, evaluar y certificar el estado de salud de los trabajadores y demás beneficiarios. Por lo tanto, quien debe pronunciarse sobre las solicitudes de información formuladas a una COMPIN es el Secretario Regional Ministerial de Salud respectivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Transparencia. En atención a lo anterior, es que el amparo que motiva esta decisión fue trasladado a la SEREMI de Salud de Los Lagos, y será resuelto a su respecto, a pesar de estar deducido en contra de la COMPIN de dicha región. 2) Que la solicitud de información presentada el 10 de octubre de 2012 por la Sra. Oyarce fue respondida por el órgano reclamado el día 22 del mismo mes y año, con lo cual el plazo para deducir amparo ante este Consejo venció el 14 de noviembre de 2012. Atendido que el amparo fue presentado por la Sra. Oyarce el 28 de noviembre de 2012, el mismo resulta inadmisible por extemporáneo –según se declaró en el acta de la sesión N° 397 de este Consejo Directivo, celebrada el 14 de diciembre de 2012–, toda vez que fue interpuesto en exceso del plazo legal de 15 días, contados desde la respuesta denegatoria, conforme lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia. En consecuencia, se declarará su improcedencia en lo resolutivo del presente acuerdo. 3) Que respecto de la solicitud de información del 6 de noviembre de 2012, el plazo de 20 días hábiles para dar respuesta por parte del órgano de la Administración del Estado, venció el 4 de diciembre de 2012, sin embargo, el amparo fue deducido antes de esta fecha, a saber, el 28 de noviembre de 2012. Por tanto, el amparo fue formulado anticipadamente, como quedó establecido en la referida sesión N° 397 de este Consejo Directivo. Siendo así, corresponde declarar su improcedencia por haberse deducido antes del vencimiento del plazo legal que la SEREMI reclamada tenía para dar respuesta a ese requerimiento de información, conforme lo previsto en el artículo 14 del mismo cuerpo legal. Por lo anterior, se declarará improcedente el amparo en esta parte. 4) Que teniendo en cuenta lo anterior, este Consejo analizará el presente amparo en relación a lo requerido en literal c) del numeral 1) de lo expositivo, es decir, a las cartas de resolución de las 33 licencias médicas individualizas en la solicitud. 5) Que cabe consignar que la información contenida en las licencias médicas alude al estado de salud de sus beneficiarios, lo que constituye un dato sensible, cuya divulgación se encuentra prohibida, salvo las excepciones previstas en la ley, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. Sin embargo, conforme a lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C803-11, en aquellos casos en que las licencias médicas requeridas fueron emitidas respecto del solicitante de las mismas, la entrega de ellas constituye una manifestación del derecho a acceder a sus propios datos personales, reconocido expresamente en el artículo 12 inciso 1° de la Ley N° 19.628, por lo que la citada prohibición no resulta aplicable a su respecto. No obstante ello, es necesario que la entrega de esta información se realice previa verificación que la información sea entregada al titular de los datos o a su apoderado. 6) Que en el presente caso el órgano reclamado ha invocado la causal de reserva del artículo 21 N° 1 literal c) de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por su parte, el artículo 7° N° 1 literal c) del Reglamento de la Ley, dispone que “se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. 7) Que si bien la SEREMI ha señalado en sus descargos que cuenta con una dotación de personal reducida para el cumplimiento de un elevado número de tareas, dicha situación no puede ser obstáculo para responder la solicitud de información de la reclamante. Lo anterior en consideración a que remitir copia de las cartas que resolvieron una cantidad moderada de licencias médicas, a saber, treinta y tres, correspondientes a años recientes, estos son, 2010, 2011 y 2012, no amerita la revisión de un número elevado de antecedentes y, por lo tanto, no implica un excesivo tiempo para el funcionario que realice dicha tarea. Además, el órgano reclamado no allegó antecedentes que acrediten suficientemente sus alegaciones. Por lo tanto, este Consejo estima que la respuesta de la solicitud de la reclamante no puede considerarse como una distracción indebida de su personal que afecte el debido cumplimiento de las funciones del organismo reclamado. En consecuencia con lo razonado, se deberá rechazar la alegación de la SEREMI y acoger el amparo de la reclamante. 8) Que, por último, cabe hacer presente al órgano reclamado que en la especie no existe cosa juzgada respecto a la materia analizada en el presente amparo, ya que no concurre la triple identidad exigida por dicha institución jurídica. En efecto, la “causa de pedir” existente en los Recursos de Protección citados por la reclamada es diferente a la de este procedimiento de amparo. De hecho, a este respeto se ha pronunciado la Excelentísima Corte Suprema de Justicia en la sentencia dictada el 16 de septiembre de 2011, en causa rol 4000-2011, relativa al amparo A63-09, señalando que la existencia de un asunto litigioso pendiente entre las partes y relacionado con el amparo sometido a conocimiento de este Consejo, no inhibe a este órgano colegiado para emitir el pronunciamiento que le ordena la Ley de Transparencia, toda vez que este procedimiento administrativo de amparo sólo tiene por finalidad resguardar el derecho de acceso a la información solicitada, cuestión que no implica pronunciamiento alguno sobre el tema de fondo debatido en sede judicial, por lo que no se vulnera el artículo 76 de la Carta Fundamental. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por doña María Consuelo Oyarce Valenzuela, de 28 de noviembre de 2012, en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos que: a) Entregue a la reclamante copia de las cartas de resolución de las 33 licencias médicas que indicó en su solicitud de acceso del 7 de noviembre de 2012. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma III. Declarar inadmisible por improcedente aquella parte del amparo relativo a las solicitudes de acceso presentadas el 10 de octubre y el 6 de noviembre de 2012 ante la SEREMI reclamada, por falta de oportunidad en la fecha de formulación del amparo. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Secretaría Regional Ministerial de Salud de Los Lagos y a doña María Consuelo Oyarce Valenzuela. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.