Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3086-21

Reclamante:	OSVALDO ROJAS
Reclamado:	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de la información correspondiente a la fecha de inicio de las funciones en modalidad de teletrabajo de la funcionaria indicada, así como de sus registros de ingreso y salida; y también, de aquella correspondiente a la nómina de funcionarios con teletrabajo. Lo anterior, por cuanto, la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, desestimándose, por ello, la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de la tercera interesada. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente al motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado a trabajo presencial, por configurarse a su respecto la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, resultando suficiente la entrega de la resolución que establece las causales que facultan el trabajo remoto en la institución.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C203-10 C1326-18 C2645-14 C808-15 C788-17 C923-19 C3292-15 C2232-16 C277-11
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Certificación de entrega >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C3086-21   Entidad pública: Tesorería General de la República Requirente: Osvaldo Rojas Ingreso Consejo: 29.04.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de la información correspondiente a la fecha de inicio de las funciones en modalidad de teletrabajo de la funcionaria indicada, así como de sus registros de ingreso y salida; y también, de aquella correspondiente a la nómina de funcionarios con teletrabajo. Lo anterior, por cuanto, la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, desestimándose, por ello, la configuración de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de la tercera interesada. Se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información correspondiente al motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado a trabajo presencial, por configurarse a su respecto la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, resultando suficiente la entrega de la resolución que establece las causales que facultan el trabajo remoto en la institución. En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3086-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de marzo de 2021, don Osvaldo Rojas solicitó a la Tesorería General de la República la siguiente información de la funcionaria que indica: "Fecha de inicio de teletrabajo en el año 2020 de la funcionaria señalada. Motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado a trabajo presencial a diferencia de sus compañeros. Señale el acto administrativo el cual autoriza a la funcionaria su continuidad con teletrabajo hasta la fecha a diferencia de sus compañeros (memo, ordinario, instructivo u otro). Nómina de funcionarios con teletrabajo ya sea en Iquique o Alto Hospicio. Registro de entrada y salida de su jornada laboral desde el inicio con teletrabajo hasta la fecha de la funcionaria en cuestión". 2) RESPUESTA: El 22 de abril de 2021, por medio de Ordinario N° 5199, la Tesorería General de la República respondió al requerimiento, indicando que la entrega de la información referida a los registros de control horario conlleva publicar o comunicar a terceros antecedentes que revisten el carácter de datos personales sensibles, referidos a hechos o circunstancias de la esfera de la vida privada o intimidad de la funcionaria individualizada, particularmente sus hábitos personales de desplazamiento que se relacionan con el cumplimiento de la jornada laboral y que se vinculan, además, con su seguridad personal. Por su parte, de acuerdo al Principio de Finalidad, establecido en el artículo 9, inciso 1°, de la Ley 19.628, Sobre Protección de la Vida Privada "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público". Dicha finalidad está determinada en función de las materias propias de su competencia y por la función legal específica que está ejecutando y justifica el procesamiento de los datos personales. De acuerdo a lo señalado, considerando que lo solicitado dice relación con datos sensibles que forman parte de la vida privada de la funcionaria, a cuyo respecto se advierte la afectación de su intimidad y de su seguridad, procede -en virtud del Principio de Divisibilidad previsto en el artículo 11, letra e), de la ley 20.285 - denegar parcialmente el acceso a la solicitud en la parte correspondiente al "Registro de entrada y salida de su jornada laboral desde el inicio con teletrabajo hasta la fecha de la funcionaria en cuestión" por configurarse a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia. La misma argumentación aplica respecto a la "fecha de inicio del teletrabajo" y el "motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado a trabajo presencial a diferencia de sus compañeros", toda vez que, si se dan a conocer estos antecedentes, se están vulnerando derechos personales y sensibles de ésta. En cuanto al acto administrativo que autoriza a la funcionaria su continuidad con teletrabajo, en archivo adjunto se remiten las resoluciones que regulan la situación de trabajo en TGR, en pandemia. Finalmente, en lo que se refiere a la nómina de funcionarios con teletrabajo ya sea en Iquique u Alto hospicio y en virtud de las Resoluciones antes mencionadas, todos los funcionarios del Servicio de Tesorerías se encuentran en rotación de turnos semanales, a excepción de los casos considerados de riesgo directo o indirecto. 3) AMPARO: El 29 de abril de 2021, don Osvaldo Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la entrega de respuesta negativa a la solicitud y en la respuesta incompleta o parcial. Además, el reclamante hizo presente que: "no se me informa quien esta con teletrabajo y quien no" y "señala que el registro de entrada y salida es privado, según el Consejo para la Transparencia esto es un dato público". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Tesorera General de la República, mediante Oficio E10479, de 18 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante en lo referido a "el acto administrativo el cual autoriza a la funcionaria su continuidad con teletrabajo hasta la fecha a diferencia de sus compañeros" y "Nómina de funcionarios con teletrabajo ya sea en Iquique o Alto hospicio", da respuesta íntegra a lo solicitado; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (3°) explique cómo la entrega de lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (4°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (5°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (6°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio N° 7365-TG, de fecha 31 de mayo de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que los registros de control de horarios revisten el carácter de datos personales sensibles registrados por el Servicio para fiscalizar el cumplimiento de la jornada laboral, cuya publicación o comunicación con un fin distinto del señalado, afecta la protección de los datos personales de sus titulares, de conformidad a lo establecido en el artículo 20 de la Ley N° 19.628, que faculta al organismo público para el tratamiento de éstos respecto "de las materias de su competencia y con sujeción a las reglas precedentes. En esas condiciones, no necesitará el consentimiento del titular", reiterando que, de acuerdo con el Principio de Finalidad establecido en el artículo 9, inciso 1°, de la citada ley "los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público", finalidad que estará determinada en función de las materias propias de la competencia del órgano y por la función legal específica que está ejecutando y que justifica el procesamiento de datos personales, de conformidad a lo señalado en la Resolución Exenta N° 304 que "Aprueba el texto Actualizado y Refundido de las Recomendaciones del Consejo para la Transparencia sobre Protección de datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado y Sustituye Texto que indica". Por su parte, la entrega de la información referida a la fecha de inicio del teletrabajo en el año 2020 de la funcionaria señalada, al motivo por el cuál no ha regresado a trabajo presencial a diferencia de sus compañeros y registro de entrada y salida de su jornada laboral desde el inicio con teletrabajo hasta la fecha, supone publicar y comunicar a terceros datos personales sensibles, referidos a hechos y circunstancias de la esfera de la vida privada o intimidad de la funcionaria, particularmente sus hábitos personales de desplazamiento vinculados con el cumplimiento de la jornada laboral y con su seguridad personal. Respecto de la naturaleza de la información solicitada -datos personales sensibles- hace presente lo dispuesto en el numeral 2 de la Resolución Exenta N° 349 del 24 de abril de 2020, que "Establece Nuevas Medidas por Pandemia Coronavirus (Covid-19)", que da cuenta de los motivos o causales que establecen que un funcionario se encuentra en grupo de riesgo, y que, por ende, está facultado para realizar teletrabajo sin asistir a turnos presenciales, dado que se refieren a hechos o circunstancias de su vida privada. Dicha norma señala: "2. De los grupos de riesgo: Corresponde a aquellos funcionarios del Servicio de Tesorerías que, por motivos de salud o seguridad no pueden realizar labores básicas y deben permanecer en sus domicilios. Estos funcionarios son los siguientes: a) Funcionarios (as) mayores de 65 años. b) Funcionarias embarazadas. c) Funcionarios (as) con enfermedades crónicas o que mantengan un estado de salud frágil, entre otras, cáncer, lupus, diabetes, pacientes reumatológicos, enfermedades pulmonares, inmunodeprimidos, hipertensión arterial. d) Cualquier funcionario (a) que haya estado en contacto con personas con diagnóstico confirmado o que se encuentren en observación por COVID 19 por parte de los servicios de Salud. Los funcionarios que estén en esta condición no pueden realizar trabajo presencial, y deberán efectuar labores remotas y no podrán retornar a efectuar labores básicas de manera presencial sino hasta que la autoridad superior de este Servicio lo determine". Respecto de la nómina de funcionarios con teletrabajo ya sea en Iquique y Alto Hospicio, del tenor de las Resoluciones Exentas N° 349, 445 y 452 de 24 de abril, 4 de junio y de 12 de junio, del año 2020, respectivamente, la totalidad de los funcionarios de la TGR se van rotando en turnos semanales, salvo aquellos que formen parte de los Grupos de Riesgo y de los funcionarios en Condición Especial de Riesgo. Finalmente, respecto de la aplicación del procedimiento previsto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, la entrega de la información conlleva publicar y comunicar a terceros datos personales sensibles, referidos a hechos y circunstancias de la esfera de la vida privada o intimidad de la funcionaria, particularmente sus hábitos personales de desplazamiento vinculados con el cumplimiento de la jornada laboral y con su seguridad personal, configurándose la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, de Ley de Transparencia, situación particular que no queda subsumida en la hipótesis de eventual afectación a los derechos de terceros, descrita en el citado artículo 20, tales como el respeto y protección a la vida privada previsto en el artículo 19, N° 4, que la Constitución Política de la República asegura a todas las personas. En este mismo orden de ideas, se ha tenido en consideración lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 19.628, que establece "las personas que trabajan en el tratamiento de datos personales, tanto en los organismos públicos como privados, están obligadas a guardar secreto sobre los mismos, cuando provengan o hayan sido recolectados de fuentes no accesibles al público, como asimismo sobre los demás datos y antecedentes, obligación que no cesa por haber terminado sus actividades en ese campo". Así también, el artículo 19 del DFL 1/1994 del Ministerio de Hacienda que Fija el Texto Refundido, Coordinado, Sistematizado y Actualizado del Estatuto Orgánico del Servicio de Tesorerías, establece prohibiciones para el personal del Servicio, además, de las señaladas en la Ley N° 18.834 y en D.L. 830/1974, que en la letra c) señala: "Revelar, al margen de las instrucciones del Tesorero General, el contenido de los informes que haya emitido o proporcionar a personas ajenas al Servicio, antecedentes acerca de hechos o situaciones de que hubiere tomado conocimiento en el ejercicio de su cargo". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LA TERCERA INTERESADA: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a la tercera interesada, mediante Oficio E13113, de 17 de junio de 2021, la que, por medio de presentación de fecha 1 de julio de 2021, en síntesis, explicó su situación laboral y familiar, solicitando resguardar sus antecedentes personales, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 19.628 Sobre de Protección de la Vida Privada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, de lo expuesto por las partes, se desprende que el objeto del presente amparo dice relación con la entrega incompleta o parcial de la información requerida, referida al cumplimiento de la jornada laboral de una funcionaria bajo la modalidad de teletrabajo, así como también, a la nómina de funcionarios con trabajo remoto, ya sea en Iquique o Alto Hospicio. Por su parte, el órgano reclamado invoca, respecto de la información referida a la funcionaria consultada, la causal de reserva o secreto de afectación de sus derechos, por tratarse de datos personales sensibles, mientras que, tratándose de la nómina de funcionarios, considera atendida la solicitud por medio de la entrega de las resoluciones que establen la modalidad de teletrabajo. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, en este contexto, y respecto de la información referida a la funcionaria específica consultada, sobre la cual el órgano estima configurada la causal de reserva o secreto prevista en el artículo 21, N° 2, de la Ley de Transparencia, se debe considerar que esta Corporación ha resuelto que los antecedentes referidos al vínculo contractual, registro de asistencia, desempeño, calificaciones, remuneraciones y bonos, de los funcionarios de la Administración del Estado, constituyen información pública, atendida la naturaleza de la función en cuyo contexto se generan. Así se ha pronunciado en las decisiones roles C203-10, C277-11, C2645-14 y C788-17, respectivamente. 4) Que, en tal sentido, cabe agregar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8 de la Carta Fundamental y 3 de la Ley de Transparencia, se debe ejercer con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. En efecto, y en mérito de la función que cumple todo servidor público, se justifica un control social sobre aquella información que, si bien puede incidir en aspectos de la vida privada del funcionario, resulta relevante a fin de establecer el debido cumplimiento de sus deberes. En tal sentido, los antecedentes relativos al cumplimiento de la jornada de trabajo y su control de asistencia, cargos y funciones que desempeña, entre otros antecedentes, es información pública de conformidad a la Ley de Transparencia. 5) Que, por otra parte, se debe hacer presente que, el artículo 2, letra g), de la ley N° 19.628, establece que son: "datos sensibles, aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual". Por su parte, por medio de la ley N° 21.096, que establece el derecho a la protección de los datos personales, se consagró a nivel constitucional dicho derecho, incorporándolo en el texto del artículo 19, N° 4, de la Constitución Política de la República, condición que debe ser contemplada al ponderar la aplicación del derecho de acceso a la información pública. 6) Que, en dicho marco, se debe señalar que en el presente caso el requerimiento de antecedentes referidos a la fecha de inicio del desempeño de las labores de la funcionaria en modalidad de teletrabajo y su registro de entrada y salida, no tiene por objeto conocer el detalle de alguna situación específica que pueda aquejarla, así como tampoco, la individualización de hipotéticas patologías médicas que pudiera presentar, antecedentes que, sin duda, se encontrarían protegidos por la ley N° 19.628 al constituir un dato sensible, sino que, por el contrario, buscan acceder a información de carácter pública sobre la cual resulta procedente el ejercicio del control social, toda vez que dice relación con funcionarios públicos, la cual, en dicho sentido, puede ser entregada en términos generales, sin mencionar la situación particular que podría afectar a la funcionaria consultada. Este razonamiento, ha sido manifestado por este Consejo en las decisiones de los amparos roles C808-15, C3292-15, C2232-16, C1326-18 y C923-19, entre otros. Razones por las cuales, el amparo será acogido respecto de ambos ítems de la solicitud, ordenando la entrega de la información. 7) Que, por su parte, tratándose de la identificación del motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado al trabajo presencial, el órgano ha explicado que entre quienes desempeñan labores remotas se encuentran personas en diversas hipótesis, identificándose en la Resolución Exenta N° 349 del 24 de abril de 2020, cuatro tipologías, las cuales, a juicio de este Consejo, dicen relación con datos personales y sensibles, cuya comunicación en relación con una persona específica puede afectar sus derechos, al revelar un antecedente referido a su vida privada, específicamente una hipotética situación de hecho o médica que justifica su inclusión en el grupo de funcionarios facultados para desempeñar sus funciones en modalidad de teletrabajo. De esta manera, al comunicarse en general las causales que facultan el desarrollo de labores por medios remotos, y el hecho de encontrarse la funcionaria consultada en alguna de aquellas, sin identificarla, se permite el ejercicio del control social sobre la actuación de funcionarios públicos, referido en el considerando precedente, sin afectar los derechos de la persona en cuestión. Motivos que llevan a rechazar el amparo en este aspecto. 8) Que, finalmente, tratándose de la falta de entrega de la nómina de funcionarios con teletrabajo, ya sea en Iquique o Alto Hospicio, respecto de la cual el órgano ha manifestado que, del tenor de las Resoluciones Exentas N° 349, 445 y 452 de 24 de abril, 4 de junio y de 12 de junio, del año 2020, respectivamente, se desprende que la totalidad de los funcionarios se van rotando en turnos semanales, salvo aquellos que formen parte de los Grupos de Riesgo y de los que están en Condición Especial de Riesgo, se considera que dicha información proporcionada no permite considerar como íntegramente satisfecha la solicitud en este apartado, por cuanto, no se está entregando al solicitante la nómina específica de funcionarios que se encuentran en la hipótesis consultada, resultando del todo insuficiente efectuar una referencia genérica a la totalidad de los trabajadores del órgano. Por ello, se acogerá el amparo en este punto, recordando que, como ya se explicó en esta decisión, se trata de información pública, orientada al fin de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía. 9) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, se desestima la alegación de la causal de reserva o secreto de afectación de derechos de la tercera interesada, se acogerá parcialmente el amparo, ordenándose la entrega de la información referida al inicio de las funciones en modalidad de teletrabajo de la persona consultada, así como de sus registros de ingreso y salida. A su vez, se acogerá el amparo respecto de la entrega de la nómina de funcionarios con teletrabajo, por estimarse que los antecedentes proporcionados resultan insuficientes para considerar como atendida la solicitud en este aspecto. Finalmente, se rechaza el amparo en lo que dice relación con la entrega del motivo por el cuál la persona consultada se mantiene ejerciendo sus labores en modalidad de teletrabajo, por configurarse a su respecto la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 2, letra c), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Osvaldo Rojas en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, lo siguiente: a) Entregue al reclamante: i. Fecha de inicio de teletrabajo en el año 2020 de la funcionaria señalada. ii. Nómina de funcionarios con teletrabajo ya sea en Iquique o Alto Hospicio. iii. Registro de entrada y salida de la jornada laboral desde el inicio con teletrabajo hasta la fecha de la solicitud, de la funcionaria en cuestión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo respecto de la entrega del motivo por el cuál la funcionaria no ha regresado a trabajo presencial a diferencia de sus compañeros, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Osvaldo Rojas, a la Sra. Tesorera General de la República y a la tercera interesada. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.