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DECISIÓN AMPARO ROL C3117-21</p>
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Entidad pública: Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta.</p>
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Requirente: María José Kaffman.</p>
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Ingreso Consejo: 30.04.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega de copia del plan de seguimiento ambiental asociado a la RCA del proyecto Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 1, debiendo tarjar previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se entregue, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva y haber agotado todos los medios de búsqueda de que dispone el órgano en la actualidad, deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información de carácter público, que debe obrar en poder del órgano conforme a sus funciones legales, por haber otorgado respuesta incompleta a la solicitud, por no haber acreditado fehacientemente la inexistencia de la misma y no haber alegado causales de reserva que ponderar.</p>
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En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C3117-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de abril de 2021, doña María José Kaffman requirió al Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, lo siguiente: "Solicito por favor me hagan envío del plan de seguimiento ambiental asociado a la RCA del proyecto Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 1, Resolución exenta N° 164/1995, el cual fue elaborado por Dames Moore y puesto en práctica a partir de diciembre de 1995, según se menciona en el capítulo 7 del Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2".</p>
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2) RESPUESTA: El 28 de abril de 2021, mediante documento Carta D.R. Antofagasta, el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta otorgó respuesta a la solicitud, informando que "lamentablemente informamos que el expediente físico del proyecto "Central Termoeléctrica Mejillones" se encuentra extraviado. Dicho extravío de información impidió el proceso de digitalización de la información, razón por la cual, no fue posible publicar el expediente del proyecto en la plataforma electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Cabe señalar que el Plan de Medidas de Mitigación y Seguimiento del proyecto, forma parte del expediente, por lo cual, también se encuentra extraviado", adjuntando certificado de extravío emitido por el Director del Servicio en el año 2015.</p>
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3) AMPARO: El 30 abril de 2021, doña María José Kaffman dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. Asimismo, alegó que "Se solicita el Plan de Seguimiento Ambiental de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 1. En la respuesta me mencionan que todo el expediente de evaluación del proyecto antes mencionado se encuentra extraviado y me envían un certificado de extravío. El SEA, siendo el órgano competente, tiene la obligación de buscar y enviar dicho información de carácter público".</p>
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Acto seguido, reclamó que "La información solicitada obra en manos de la administración, en virtud del art. 31 bis de la Ley 19.300 y el art. 5 de la ley de transparencia, por lo tanto, es información que se presume pública, lo cual otorga el derecho a cualquier persona a solicitar el acceso a ella, y efectivamente tener acceso a ella, siempre que no sea aquella que esté sujeta a causales de secreto. Por otro lado, es obligación del SEA evaluar ambientalmente los proyectos, por tanto, es el órgano que debiese tener todos los antecedentes respectivos y fijados en la RCA emitida por ella y los antecedentes de monitoreo del cumplimiento de ésta (art 81 ley 19300). En caso de no tenerlos puede solicitarlos al titular, siempre que estén en el marco de la evaluación ambiental. No agotar todos los medios para contar con la información solicitada, debiendo obrar ésta legalmente en su poder, constituye una infracción a la ley 19300 y consecuencialmente a la de acceso de información pública (...)".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11078, de fecha 25 de mayo de 2021, confirió traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia. En caso de obrar indique el formato en que se encuentra la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; (4°) remira copia de los certificados de búsqueda proporcionados en respuesta a los requerimientos; y, (5°) en caso de obrar en su poder la información y que no existan inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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Mediante Of. Ord. N° 20210210244, de fecha 8 de junio de 2021, el Servicio evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, agregó en síntesis, que "En primer término, se debe hacer presente que, desde el año 2011, el SEA ha realizado un proceso de digitalización y foliación de los proyectos más antiguos, recopilando todos los expedientes tramitados en papel y cargándolos al sistema electrónico del SEIA como ‘expediente consolidado’. Lamentablemente, el proyecto objeto de la solicitud de acceso a la información ya individualizada, no formó parte de dicho proceso de digitalización, debido al extravío de información, razón por la cual, no fue posible publicar el expediente del proyecto en la plataforma electrónica del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Cabe señalar que el Plan de Medidas de Mitigación y Seguimiento del proyecto, forma parte del expediente, por lo cual, también se encuentra extraviado. Al respecto, se adjunta al presente oficio el certificado de extravío emitido por el Director del Servicio en el año 2015, el cual da cuenta de la inexistencia de dicho expediente en las dependencias del SEA de Antofagasta. Por lo anterior, en el expediente electrónico del proyecto sólo se encuentra publicada la Resolución de Calificación Ambiental del que aprobó el mismo, disponible en el link (...)".</p>
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Acto seguido, argumentó que "En cuanto a las alegaciones efectuadas por la reclamante y, de acuerdo a lo señalado anteriormente, el SEA agotó todos los medios posibles, efectuando una búsqueda exhaustiva de las piezas del expediente administrativo, cuyo origen se remonta al año 1994, no encontrando información para su digitalización tanto en el año 2011, como posteriormente en el año 2015. Por ello, es posible concluir que la información requerida no se encuentra disponible, en formato físico ni digital, siendo de dicho tenor lo que se respondió al requirente en los términos anteriormente detallados", agregando que, en caso de ser necesario, la solicitante o un representante de la misma, podría constatar personalmente la inexistencia en las dependencias institucionales, y adjuntando copia del Certificado de Extravío aludido.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta por parte del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia del plan de seguimiento ambiental asociado a la RCA del proyecto Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 1. Al respecto, el Servicio indicó que dicha información se encuentra extraviada, por lo que no obra en su poder.</p>
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2) Que, en primer lugar, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, se debe tener presente que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en segundo lugar, el artículo 31 bis de la Ley N° 19.300 que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, dispone que "Toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública. Se entenderá por información ambiental toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración (...)". Luego, el artículo 81 de la misma ley, respecto de las funciones del Servicio de Evaluación Ambiental, establece que "Corresponderá al Servicio: a) La administración del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. b) Administrar un sistema de información sobre permisos y autorizaciones de contenido ambiental, el que deberá estar abierto al público en el sitio web del Servicio".</p>
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4) Que, en dicho contexto, y conforme a lo indicado en las normas legales citadas precedentemente, el órgano competente para atender la solicitud y entregar la información requerida es, precisamente, el Servicio de Evaluación Ambiental. No obstante lo anterior, tanto en su respuesta como en sus descargos, el órgano indicó que la documentación requerida no obra en su poder. En tal sentido, se debe tener presente que la inexistencia corresponde a una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla, sino que ésta debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo de aquello, lo que debe ser acreditado de manera fehaciente. Al respecto, la Instrucción General N° 10, de este Consejo, sobre el procedimiento administrativo de acceso a la información, en el acápite sobre búsqueda de la información requerida, numeral 2.3, en su párrafo segundo, dispone que, en caso de no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, si el órgano público constata que no la posee, luego de realizada su búsqueda, deberá agotar todos los medios a su disposición para encontrarla y, en caso de estimar que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. En la especie, el órgano reclamado sólo se limitó a señalar que la información solicitada se encuentra extraviada, acompañando un certificado de extravío emitido el 10 de agosto de 2015, por lo que resulta evidente sostener que el estándar de búsqueda indicado no se ha cumplido. De esta forma, la alegación resulta del todo insuficiente para acreditar la inexistencia de lo requerido, toda vez que no precisa los motivos específicos que permitan fundar dicha circunstancia, teniendo en consideración que lo requerido se refiere a información relativa a las funciones esenciales del Servicio. En efecto, si bien el órgano acompaña un certificado emitido el año 2015, en ningún caso acredita haber agotado los medios de búsqueda a su disposición, para acreditar que, en la actualidad, la información requerida aún no ha podido ser encontrada, así como tampoco especifica los días y horarios en que los documentos fueron buscados, ni el personal que efectuó dichas labores, ni las dependencias, bodegas o unidades en que ésta fue revisada, ni lo que ha hecho la institución en estos últimos años respecto al expediente extraviado.</p>
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5) Que, en consecuencia, tratándose de información que debe obrar en poder del órgano conforme a sus competencias legales, habiéndose otorgado respuesta incompleta, no habiéndose acreditado fehacientemente la inexistencia de la documentación solicitada, y no habiendo alegado causales de reserva que ponderar, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información requerida, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, como por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e), de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la misma Ley, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva y haber agotado todos los medios de búsqueda de que dispone el órgano en la actualidad, deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña María José Kaffman en contra del Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la reclamante copia del plan de seguimiento ambiental asociado a la RCA del proyecto Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 1, Resolución exenta N° 164/1995, el cual fue elaborado por Dames Moore y puesto en práctica a partir de diciembre de 1995, según se menciona en el capítulo 7 del Estudio de Impacto Ambiental de la Central Termoeléctrica Mejillones Unidad 2, debiendo tarjar, previamente, aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación que se ordena entregar, como por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, o en su defecto, una vez efectuada una búsqueda exhaustiva y haber agotado todos los medios de búsqueda de que dispone el órgano en la actualidad, deberá señalar expresa y fundadamente, tanto al reclamante como a este Consejo, si dichos antecedentes no existieran o no obraran en su poder, con los detalles que justifiquen su inexistencia, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña María José Kaffman y al Sr. Director Regional del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados, don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>