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DECISIÓN AMPARO ROL C3124-21</p>
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Entidad pública: Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule</p>
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Requirente: Forestal Mininco Spa.</p>
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Ingreso Consejo: 30.04.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo deducido en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, ordenándose la entrega de copia del expediente administrativo de saneamiento individualizado, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda contener.</p>
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Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se advierte la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva que justifique su denegación, desestimándose, asimismo, la alegación del tercero interviniente, toda vez que no explica de qué forma sus derechos económicos o comerciales se verían afectados con su entrega.</p>
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En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3124-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 25 de marzo de 2021, Forestal Mininco Spa. solicitó a la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, "copia íntegra de expediente de saneamiento N° 80617 de la comuna de Constitución. Saneamiento D.L. 2695".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante resolución exenta N° 349, de 14 de abril de 2021, la SEREMI denegó el acceso a la información requerida, por la oposición formulada en tiempo y forma por el tercero interviniente en conformidad a lo establecido en el artículo 20 inciso 3° de la Ley de Transparencia. En tal sentido, aquel señaló que "la información requerida es propia de esta persona y su publicidad o comunicación del contenido a terceros afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos que tutelan los artículos 20, inciso 2° y artículo 21 N° 2 de la ley 20.285. En aras además de estar en contra de enviar toda información respecto a mis dominios y por la seguridad misma además de la esfera de mi privacidad me opongo a la entrega de dicha información. Además (...) constituirán datos de carácter personal (...) razón por la cual no procede su comunicación de acuerdo a la Ley de Transparencia, ya que dichos datos no pueden ser procesados sin el consentimiento expreso del titular". Finalmente, sostuvo que al tratarse de "información de carácter privada, que está en principio excluida del conocimiento de terceros porque forma parte de la esfera de privacidad de sus titulares que el Estado está llamado a respetar y proteger. Esta no pierde su naturaleza por el sólo hecho de ser recibida por un órgano del Estado, de lo contrario se estaría contraviniendo la garantía del artículo 19, número 26 de la Constitución".</p>
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3) AMPARO: El 30 de abril de 2021, Forestal Mininco Spa. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Además, requirió que se otorgue acceso a lo pedido "en un plazo de dos días hábiles, con expresa condenación en costas".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, mediante Oficio N° E10495, de 18 de mayo de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos del tercero; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a el tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento.</p>
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Mediante Ordinario N° SE07-00 1226, de 2 de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, indicando que, su proceder se ajustó a derecho, por cuanto comunicó la solicitud de información al tercero interviniente, solicitando su pronunciamiento al respecto, y ante su oposición en tiempo y forma a la entrega de lo solicitado, denegaron su acceso, tal como lo ordena el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Luego, indicó que el caso en concreto encuentra asidero en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y agregó al efecto que, todo el expediente administrativo del procedimiento de saneamiento, tiene como principal objetivo otorgar la calidad de poseedor regular al solicitante para adquirir el dominio de un inmueble transcurrido el plazo de 2 años de prescripción adquisitiva de corto plazo contados desde la inscripción a su nombre, por lo que dicho expediente contiene en general documentación y antecedentes de carácter privado o reservado, relativos a datos de identificación, domicilio, red familiar fotografías privadas o familiares en algunos casos (para probar la posesión material del predio), superficies del inmueble, declaraciones juradas del solicitante y de terceros, boletas de servicios básicos, diversos contratos sobre el predio, entre otros.</p>
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Finalmente, el órgano reclamado concluyó que dio estricto cumplimiento al principio de legalidad consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de la Republica y a los artículos 20, 21 N° 1 letra a) y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERVINIENTE: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interviniente, mediante Oficio N° E12337, de 4 de junio de 2021, a fin de que presente sus descargos y observaciones haciendo mención expresa de los derechos que le asisten, y que pudieran verse afectados con la publicidad de la información solicitada. Es menester señalar, que, a la fecha de este acuerdo, no consta comunicación alguna de aquel en tal sentido.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud. Al respecto, la reclamada denegó lo requerido, fundado en la oposición formulada por el tercero interesado, en ejercicio de la facultad que establece el artículo 20 de la Ley de Transparencia, el que alegó la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo establecido en el artículo 19 N° 26 de la Constitución Política de la República y en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628.</p>
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2) Que se requiere acceder a copia de expediente administrativo N° 80617, tramitado en virtud del decreto ley N° 2.695, año 1979, fija normas para regularizar la posesión de la pequeña propiedad raíz y para la constitución del dominio sobre ella - en adelante D.L. N° 2.695-; que establece el procedimiento de regularización, conforme al cual los poseedores materiales de determinados inmuebles pueden solicitar al Ministerio de Bienes Nacionales que se les reconozca la calidad de poseedores regulares de aquéllos, a fin de que puedan adquirir su dominio por prescripción.</p>
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3) Que, en cuanto al expediente cuya copia se requiere, cabe tener presente lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo establecido en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encuentre sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, en este sentido, cabe tener presente que de conformidad con el criterio que ha venido reiterada y sistemáticamente aplicando este Consejo, a partir de las decisiones de los amparos Roles C396-12, C1196-12, C438-13, C1045-15, C2397-16, y C1867-17, entre otras, los antecedentes pedidos constituyen el fundamento del acto administrativo, por el cual la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales autoriza la regularización de un inmueble, pues su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual dicha autoridad dicta el acto mediante el cual acoge la solicitud de regularización de posesión de inmueble y ordena su inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Luego, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, sus fundamentos poseen, en principio, el mismo carácter.</p>
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5) Que, sobre la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra a) de la Ley de Transparencia, alegada por el órgano reclamado, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se constata que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de la documentación requerida podría generar la afectación alegada. En consecuencia, se desestimará su configuración en el presente caso.</p>
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6) Que, en segundo lugar, el órgano reclamado argumentó, con ocasión de sus descargos, la concurrencia de la causal de secreto o reserva prescrita en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto el expediente pedido contiene datos personales y sensibles del tercero involucrado en el presente amparo. Al respecto, cabe señalar que aquélla está establecida en forma exclusiva en favor de los terceros a quienes se refiere la información, contando con un procedimiento de oposición dispuesto en el artículo 20 de la ley señalada, el cual fue aplicado en este caso. Razón por la cual, los argumentos esgrimidos por la SEREMI para configurarla no serán considerados, por carecer de la titularidad para esgrimirla.</p>
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7) Que, respecto a la hipótesis de excepción contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, alegada por el tercero en cuestión, cabe tener presente que este Consejo ha establecido como criterio, reiteradamente, que para verificar su procedencia, se debe determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación negativa, la que a su vez, debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, circunstancia que en este asunto no se produce, toda vez que dicho tercero se limitó a señalar que la entrega de lo pedido afecta sus derechos de carácter comercial, económico y patrimonial, en los términos de la citada norma legal, sin especificar de qué forma aquello se materializaría, lo que en caso alguno justifica denegar el acceso a información pública de acuerdo a lo expuesto, razón por la cual se desestimará dicha alegación.</p>
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8) Que, en cuanto a la alegación del tercero referida a que lo solicitado contiene datos personales, es menester señalar que conforme al principio de divisibilidad establecido en el literal e) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, "...si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda." Por lo que, este Consejo con la finalidad de proteger la esfera de la vida privada de las personas, se encuentra facultada para hacer entrega de la información pública y denegar el acceso a aquella que se estime privada, tal como lo son, los datos personales. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en los artículos 2 letras f) y g), y 4 de la ley N° 19.628, y en cumplimiento de la atribución otorgada a esta Corporación por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, en mérito de lo expuesto, se acogerá este amparo, requiriendo la entrega de copia del expediente solicitado, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto incorporados en la documentación que se ordena otorgar como, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono, imágenes y correo electrónico particular, entre otros, tanto del titular de la información requerida como de cualquier otra persona natural mencionada en ella. Lo anterior, en conformidad con lo prescrito en la ley N° 19.628, en el principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma ley.</p>
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10) Que, finalmente, con relación a la solicitud de condenación en costas realizada por la reclamante, cabe hacer presente que, a criterio de este Consejo, ésta resulta ser improcedente en virtud del principio de gratuidad en que se inspira este procedimiento administrativo, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 11 letra k) de la Ley de Transparencia y en el artículo 6 de la ley N° 19.880 que establece Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado. Por su parte, en cuanto al plazo para la entrega solicitado, estése a lo que se resolverá a continuación.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por Forestal Mininco Spa. en contra de la Secretaría Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule, lo siguiente:</p>
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a) Entregue al reclamante copia íntegra de expediente de saneamiento N° 80617, de la comuna de Constitución, tarjando todos aquellos datos personales de contexto contenidos en aquel.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Forestal Mininco Spa., al Sr. Secretario Regional Ministerial de Bienes Nacionales Región del Maule y a don Alex Waldemar Barrera Quiroz, en su condición de tercero interviniente.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>