Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3143-21

Reclamante:	HERNÁN ESPINOZA ZAPATEL
Reclamado:	SERVICIO NACIONAL DE PESCA REGIÓN DE LOS LAGOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, referido a la entrega información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los centros de engorda de salmónidos que indica. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución, y asimismo, por haberse desestimado la afectación a los derechos comerciales y económicos de la empresa que se opuso a la entrega, teniéndose en consideración, además, que existe un evidente interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes, al encontrarse vinculada con información ambiental. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C6219-19, C8112-19, C3651-20, C4848-20, C8033-20, C8037-20, C8404-20, C8405-20, C8406-20 y C194-21, entre otras.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/17/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6219-19 C8112-19 C3651-20 C4848-20 C8033-20 C8037-20 C8406-20 C8404-20 C8405-20 C194-21
Jurisprudencia a:	C7916-22 C438-22 C972-22 C1910-22 C2932-22 C4771-22 C5627-22 C7230-22 C8692-22 C8886-21 C7906-22 C7937-22
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3143-21   Entidad pública: Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos. Requirente: Hernán Espinoza Zapatel. Ingreso Consejo: 01.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, referido a la entrega información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo que señala, por los centros de engorda de salmónidos que indica. Lo anterior, por tratarse de información pública que obra en poder de la institución, y asimismo, por haberse desestimado la afectación a los derechos comerciales y económicos de la empresa que se opuso a la entrega, teniéndose en consideración, además, que existe un evidente interés público asociado al conocimiento de tales antecedentes, al encontrarse vinculada con información ambiental. Aplica criterio contenido en las decisiones de los amparos rol C6219-19, C8112-19, C3651-20, C4848-20, C8033-20, C8037-20, C8404-20, C8405-20, C8406-20 y C194-21, entre otras. En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3143-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de abril de 2021, don Hernán Espinoza Zapatel requirió al Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, lo siguiente: "copias de las cosechas o producciones obtenidas y declaradas ante vuestro Servicio, en el periodo y en los centros de engorda de salmónidos que se indican en el Cuadro siguiente, identificados por su Registro Nacional de Acuicultura y todos ellos ubicados en la Región de Los Lagos. TABLA I: Concesiones acuícolas, Región de Los Lagos. Proyectos identificados por sus Titulares y Registro Nacional de Acuicultura (RNA) de acuerdo al listado de Concesiones acuícolas de SUBPESCA, Agosto 2013: Titular RNA Período - Caleta Bay (Camanchaca) 100603 2010 a 2020 - Caleta Bay (Camanchaca) 100602 2010 a 2020 - Caleta Bay 103661 2010 a 2020 - Caleta Bay 103517 2010 a 2020 - Cultivos Marinos Chiloé 100612 2010 a 2020 - Salmones Humboldt 104074 2010 a 2020 - Salmones Humboldt 104085 2010 a 2020 - MULTIEXPORT 103894 2010 a 2020". 2) RESPUESTA: El 15 de abril de 2021, mediante Resolución Exenta N° 114/2021, el Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos respondió a dicho requerimiento, denegando la entrega de la información solicitada, en virtud de las oposiciones formuladas por las empresas consultadas, conforme lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, por cuanto su entrega podría afectar los derechos económicos y comerciales de dichos terceros. 3) AMPARO: El 1 de mayo de 2021, don Hernán Espinoza Zapatel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud por la oposición de los terceros. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E10928 de fecha 24 de mayo de 2021, confirió traslado a la Sra. Directora Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° Lagos 570/2021, de fecha 14 de junio de 2021, el órgano evacuó sus descargos, y junto con reiterar lo señalado en su respuesta, detalló el procedimiento de notificación de los terceros, esto es, a las empresas Caleta Bay, Cermaq Chile S.A:, en representación de Cultivos Marinos Chiloé S.A., Salmones Humboldt y Multiexport, señaló que la causal de reserva corresponde a aquella regulada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 20 de la misma ley, haciendo mención a lo dispuesto en el Decreto N° 129 de 2013, del Ministerio de Economía. Finalmente, la institución acompaña los documentos relativos al proceso de notificación a los terceros, sus oposiciones y los datos de contacto de dichos terceros. Posteriormente, mediante Ord. N° Lagos 612/2021, de fecha 29 de junio de 2021, el Servicio complementó sus descargos, en el sentido de rectificar el contenido de sus descargos, por cuanto hizo mención a una empresa que no tiene relación con el presente amparo. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo a los terceros interesados, esto es, a las empresas Caleta Bay SpA, Cultivos Marinos Chiloé S.A., Salmones Humboldt SpA y Multiexport Pacific Farms S.A., mediante oficios N° E13988, E13989, E13990 y E13991, respectivamente, todos de fecha 30 de junio de 2021. Mediante presentación enviada por correo electrónico de fecha 14 de julio de 2021, la empresa CALETA BAY MAR SpA presentó sus observaciones, refiriéndose a los registros y períodos aludidos por el solicitante respecto de los cuales se opone a su entrega. En primer lugar, el tercero indica que el amparo debe ser declarado inadmisible, toda vez que habría sido interpuesto de manera extemporánea, esto es, una vez vencido el plazo legal para ello, al día 16, por tratarse de un plazo de días corridos y no de días hábiles como se señala en las normas que cita, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.880, y artículos 19 y 50 del Código Civil, y refiriéndose a la historia fidedigna de la Ley de Transparencia. Asimismo, argumenta que, conforme a una interpretación armónica y sistemática, el artículo 28 fija un plazo de días corridos por lo que el plazo para interponer el amparo también es de días corridos. Acto seguido, el tercero solicita el rechazo del presente amparo conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que se trata de información propia del quehacer interno de la empresa y constituye parte del know how del desarrollo de su negocio, y que su divulgación pone a la empresa en una situación de desventaja frente a sus competidores, citando jurisprudencia de este Consejo sobre la materia, del Tribunal Constitucional respecto de información que privados entregan a la Administración, y de la Excma. Corte Suprema referida a las notas explicativas de las AFP, haciendo mención a lo dispuesto en el Decreto 129, de 2013, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. Luego, la empresa señala que los centros de cultivo constituyen activos de una compañía y la revelación de los datos productivos ligados a ellos afecta su valor de mercado, refiriéndose a la libre competencia conforme lo dispuesto en el Decreto Ley N° 211, señalando que concurren todos los requisitos o criterios para la concurrencia de la causal de reserva alegada, y reiterando que, anteriormente, el Consejo rechazó amparos en los cuales se requirió la misma información, y argumentando que a nivel Constitucional, no toda la información que obra en poder del Estado tiene carácter de pública, y que no existen razones de orden público para divulgar los datos requeridos, haciendo mención al test de daños. Por último, se hace presente que, a la fecha de la presente decisión, este Consejo no recibió presentación alguna de las empresas SALMONES HUMBOLDT SpA, MULTIEXPORT PACIFIC FARMS S.A. y CULTIVOS MARINO CHILOÉ S.A., destinada a formular sus descargos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, previo a resolver el fondo, respecto de la alegación de la empresa Caleta Bay Mar SpA, en el sentido de que el presente amparo se habría interpuesto de forma extemporánea, por haber sido ingresado al día 16, y que dicho plazo no es de días hábiles sino de días corridos, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 1 N° 3 de la Ley de Transparencia, conforme al cual los plazos de la ley N° 20.285 son de días hábiles, haciendo expresa remisión a lo dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.880 sobre Bases de los Procedimientos Administrativos, y no a lo dispuesto en el artículo 50 del Código Civil, entendiéndose por inhábiles los sábados, domingos y festivos. En dicho contexto, el mencionado artículo 25, al establecer el cómputo de los plazos del procedimiento administrativo, dispone que dichos plazos son de días hábiles, motivo por el cual la regla general en los procesos seguidos ante los órganos de la Administración del Estado es que éstos sean de días hábiles, considerados de lunes a viernes, y la excepción, cuando se señale expresamente, de días corridos. 2) Que, así las cosas, en su Dictamen N° 53.303, del año 2007, ante una situación similar, la Contraloría General de la República resolvió que " la Ley General de Urbanismo y Construcciones - en particular las normas referidas a anteproyectos y permisos de edificación -, consagra procedimientos administrativos especiales que como tales no se rigen por las normas de la ley N° 19.880, salvo en forma supletoria, en la medida que su aplicación resulte conciliable con la naturaleza de aquéllos, toda vez que su objetivo es solucionar los vacíos, sin que pueda afectar el normal desarrollo de las etapas o mecanismos que tales sistemas contemplan para el cumplimiento de la finalidad particular que la ley les asigna (aplica dictamen N° 11.662, de 2006). Así por ejemplo, el artículo 118 de la mencionada Ley General de Urbanismo y Construcciones, al regular las facultades de la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo en materia de denegación de permisos de construcción, expresamente se refiere a días hábiles, mención que dicho precepto omite respecto de los plazos que otorga a las Direcciones de Obras Municipales. Establecido lo anterior, cabe anotar que ello no obsta para aplicar en forma supletoria la norma contenida en el inciso final del artículo 25 de la ley N° 19.880, toda vez que tal circunstancia no implica posponer la vigencia de un anteproyecto más allá de lo señalado por la normativa vigente, sino precaver que en la práctica se produzca una disminución del término concedido por ésta, sin culpa del beneficiario del acto administrativo, ya que las Municipalidades no funcionan en días inhábiles". 3) Que, en la especie, el inciso 3° del artículo 24 de la Ley de Transparencia, al fijar el plazo para la interposición del amparo, señaló que "La reclamación deberá presentarse dentro del plazo de quince días, contado desde la notificación de la denegación (...)", por lo que, al no señalar si se trata de días hábiles o corridos, se debe aplicar la regla general indicada precedentemente, esto es, que se trata de días hábiles. En caso de considerar un plazo como de días corridos, por tratarse de una situación excepcional, se hace necesario su mención expresa, como ocurre en el inciso 3° del artículo 28 de la misma ley, al regular el reclamo de ilegalidad, el cual dispone que "El reclamo deberá interponerse en el plazo de quince días corridos, contado desde la notificación de la resolución reclamada (...)". En consecuencia, este Consejo desestimará dicha alegación. 4) Que, en cuanto al fondo, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que se indican. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información, en virtud de la oposición de los terceros, conforme lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 5) Que, en primer lugar, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia u otras excepciones legales. 6) Que, en segundo lugar, a modo de contexto, resulta atingente señalar que el Decreto Supremo N° 129, año 2013, del Ministerio de Economía, que fijó el Reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen - en adelante D.S. N° 129/2013- en su artículo 6, señala que "los titulares de inscripciones, autorizaciones y concesiones de acuicultura o quienes éstos designen, deberán entregar la información a que se refiere el presente reglamento". Agrega su artículo 7 que "la información específica por cada centro de cultivo, que deben entregar las personas naturales o jurídicas a que se refiere el artículo anterior, será la siguiente: a) En el caso de centros de cultivo cuyo proyecto técnico comprenda especies de peces, deberá especificarse, según corresponda: 1.- Abastecimiento: unidad de cultivo o lote de unidades de cultivo (estructuras de cultivo), según corresponda, recurso ingresado, identificación del centro de origen de los ejemplares, especificando el número de ejemplares y su peso, así como la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran y el medio de transporte utilizado. Igualmente deberá declarar el ingreso de redes al centro de cultivo. 2.- Existencia: por unidad de cultivo, especie, número y peso de los ejemplares, especificando la etapa de desarrollo y/o actividad productiva en que se encuentran. 3.- Cosecha: tipo y fecha del evento, especie, número y peso de los ejemplares, así como la identificación del trasporte utilizado y del documento tributario que respalda el movimiento. Respecto del destino del movimiento, se deberá identificar, según corresponda, la planta de proceso, centro de acopio o planta de faenamiento, o bien cualquier otro establecimiento al que se destinen los peces". En cuanto a la oportunidad, condiciones y periodicidad de las declaraciones deben regirse por lo que a continuación se señala (artículo 8): "e) Cualquier otra información, de las enumeradas en el artículo anterior, deberá ser entregada mensualmente (...) La información deberá ser entregada al Servicio mediante el "Sistema de Información para la Fiscalización de Acuicultura (...)". 7) Que, en línea con lo anterior, la información requerida fue entregada a SERNAPESCA, en cumplimiento de una obligación establecida en la Ley General de Pesca y en el D.S. N° 129/2013. De este modo, por aplicación de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, así como en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, dicha información es de carácter pública, salvo la concurrencia de alguna causal de secreto o reserva. 8) Que, sobre la materia, cabe hacer presente que la extracción o producción acuícola no sólo es una actividad económica que está regulada pormenorizadamente, prescribiendo el decreto N° 430, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.892, de 1989 y sus modificaciones, (en adelante, -Ley de Pesca y Acuicultura o -Ley de Pesca) en sus artículos 67 y siguientes que se requiere una concesión o autorización de acuicultura para ello, sino que además se trata de una actividad cuyo proyecto requiere ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, establecido en la ley N° 20.417, que reformó la ley N° 19.300, de Bases del Medio Ambiente, creando el Ministerio del Medio Ambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente, a fin de obtener la respectiva resolución de calificación ambiental, que permita su materialización, y donde la capacidad de producción, sin duda es uno de los elementos a considerar para obtener favorablemente dicha resolución de calificación ambiental (énfasis agregado). 9) Que, en dicho contexto, la ley N° 19.300 establece en su artículo 31 bis el acceso a la información ambiental, estableciendo que "toda persona tiene derecho a acceder a la información de carácter ambiental que se encuentre en poder de la Administración, de conformidad a lo señalado en la Constitución Política de la República y en la ley N° 20.285 sobre Acceso a la Información Pública", estableciéndose en el inciso siguiente que es "información ambiental": "toda aquella de carácter escrita, visual, sonora, electrónica o registrada de cualquier otra forma que se encuentre en poder de la Administración", como es el caso de la información reclamada en el presente amparo. 10) Que, en tercer lugar, a juicio de este Consejo, existe un evidente interés público en el acceso a la información reclamada, por cuanto conocer la cosecha o producción que informa al órgano público requerido una determinada empresa, permite examinar si dicha actividad se está realizando conforme a las autorizaciones y limitaciones específicas otorgadas para ello por la autoridad ambiental competente. En este orden de ideas, a efectos de evidenciar el interés público que reviste la materia, y el control social que se debe ejercer en relación con dicha actividad económica, en diversos portales de noticias como https://www.telesurtv.net/news/reportan-chile-millones-salmones-muertos-20210413-0019.html, en https://www.elcomercio.com/tendencias/catastrofe-ambiental-chile-muerte-salmones.html, entre otros, en los cuales se hace referencia a la catástrofe ambiental provocada en las regiones de Aysén y Los Lagos por la mortalidad masiva de salmones (publicaciones verificadas el 8 de agosto de 2021). 11) Que, en esta línea, resulta plenamente aplicable y pertinente lo señalado por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 31 de mayo de 2016 en causa Rol N° 11.771-2015 referida a la materia en comento, razonó en su considerando trigésimo segundo que "(...) Desde luego, en el contexto de un Estado Democrático de Derecho, es necesaria la existencia de una fiscalización o control social, que debe ejercerse por los ciudadanos, sin perjuicio del control que le cabe al propio Sernapesca, respecto de las empresas del rubro del cultivo de la especie salmón, para así por un lado, poder fiscalizar el debido cumplimiento de las funciones públicas por parte de los Órganos del Estado, que como precisa la Constitución Política, se deben al principio servicial sobre la persona humana y cuya finalidad esencial es promover el bien común. Asimismo, permite el escrutinio público sobre las propias empresas o entidades fiscalizadas por el respectivo órgano de la Administración, que permita entonces apreciar el modo como se respeta la legislación que enmarca su actuación económica, en el terreno del ejercicio de la libertad de ejercer una actividad económica lícita, pero por cierto apegada a la Constitución y a las leyes." En el considerando trigésimo séptimo del referido pronunciamiento, el mencionado tribunal manifestó que "la referida información debe ser conocida por la solicitante y, en definitiva, hacerse pública, pues se trata de una materia en extremo sensible a toda la opinión pública, por cuanto, como ha quedado expuesto, se encuentra en el tapete de la discusión incluso un problema de salud pública. Frente a la colisión de derechos que podría producirse y tal como lo ha hecho presente el recurrente, habría que aplicar el test de daño, herramienta que permitiría sin duda inclinar el asunto en el sentido de hacer lugar a la publicidad, por las mismas razones que se invocan" (énfasis agregado). 12) Que, a mayor abundamiento, resulta pertinente tener presente lo resuelto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su sentencia de fecha 19 de septiembre de 2006, en el caso Claude Reyes y otros versus Chile, en orden a que "En este sentido, el actuar del Estado debe encontrarse regido por los principios de publicidad y transparencia en la gestión pública, lo que hace posible que las personas que se encuentran bajo su jurisdicción ejerzan el control democrático de las gestiones estatales, de forma tal que puedan cuestionar, indagar y considerar si se está dando un adecuado cumplimiento de las funciones públicas. El acceso a la información bajo el control del Estado, que sea de interés público, puede permitir la participación en la gestión pública, a través del control social que se puede ejercer con dicho acceso. (Considerando 86). Asimismo, es aplicable lo señalado por la referida Corte Interamericana, en cuanto que "El control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad." (Considerando 87). En consecuencia, se desestimará dicha alegación. 13) Que, en cuarto lugar, respecto a las alegaciones del tercero, conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el Decreto Ley N° 211, y lo señalado en el artículo 21 N° 2 de la citada ley N° 20.285, con relación a una posible afectación de los derechos económicos y comerciales de los terceros interesados, este Consejo ha establecido los siguientes criterios copulativos para determinar la eventual afectación, esto es; a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo), en la especie, a juicio de esta Corporación, no se han acompañado antecedentes suficientes que acrediten una afectación presente y/o probable, y con suficiente especificidad a sus derechos comerciales y económicos, particularmente respecto a la afectación concreta a su desenvolvimiento competitivo o detrimento en su posición en el mercado, -proporcionándole, en contrapartida, con la divulgación de lo solicitado, una ventaja competitiva a sus competidores-, sin indicar específicamente cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, o qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, sino solo haciendo menciones generales e hipotéticas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva que fuere esgrimida. 14) Que, adicionalmente, conforme a lo consignado en la decisión del amparo rol C4848-20, es menester tener presente que frente a otros requerimientos de carácter similar, diversas empresas han autorizado expresamente la entrega de la misma información, o en otros casos, frente a su silencio, en virtud de lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 20 de la Ley de Transparencia, el Servicio ha remitido dichos datos, lo que constituye un elemento de ponderación que refuerza el hecho de que los datos que se solicitan no son antecedentes sensibles de la actividad productiva en análisis, y, por tanto, su divulgación no tiene el mérito de afectar los derechos comerciales o económicos de las empresas que han denegado su entrega. 15) Que, asimismo, conforme a lo razonado por esta Corporación a partir de la decisión -por mayoría- del amparo rol C3651-20, sobre una solicitud de similar naturaleza, "19)(...) incluso para el caso que pudiera estimarse que concurren algunos antecedentes para ello, realizando un balance entre el interés de retener la información y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocerla es mayor que el daño que podría causar su revelación, este Consejo estima que su divulgación posibilita a la ciudadanía tomar noticia y ejercer un adecuado control social, respecto de una materia particularmente relevante como lo es la explotación concreta que se le da a una determinada concesión piscícola o acuícola, y si ello se ajusta o no a lo autorizado por la autoridad competente(...)". 16) Que, a mayor abundamiento, cabe tener presente lo resuelto recientemente por la Excma. Corte Suprema, en sentencia de Recurso de Queja rol N° 31.927-2019, de fecha 25 de agosto de 2020, la cual dejó sin efecto lo resuelto por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, señalando en síntesis, que "NOVENO: Que, sin embargo, los esfuerzos para mantener el secreto de la información desagregada y el valor comercial aparejado al secreto, no han sido suficientemente acreditados en estrados (...) DÉCIMO: Que, como se puede apreciar, las alegaciones de la reclamante no guardan congruencia con la información cuya publicidad reniega, pues intenta proteger la reserva de los datos sobre el "manejo en el uso de antibióticos en la producción", en tanto que la decisión de amparo que cuestiona ordena la entrega desagregada de "la información sobre los centros de producción (con indicación de titular y RNA -Número de Registro Nacional de Acuicultura-) que hubieran declarado las enfermedades señaladas en la solicitud durante el período 2010 a 2017", yerro que obsta, de por sí, al éxito de la pretensión de Invermar. UNDÉCIMO: Que, a mayor abundamiento, el reclamante no da luces sobre en qué consiste la ventaja competitiva que dice poseer, cuál es la planificación estratégica de cada unidad empresarial, ni qué decisiones productivas y de financiamiento se verían afectadas, omisiones que impiden tener por configurada la causal de secreto o reserva alegada". 17) Que, en la misma línea, la Excma. Corte Suprema, en Queja rol N° 17310-2019, en la cual igualmente se dejó sin efecto lo razonado por la I. Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y no obstante lo resuelto por el Tribunal Constitucional sobre la inaplicabilidad de las normas que indica en causa rol N° 3974-17-INA, razonó que "es importante destacar que las reclamantes no rindieron prueba que permita establecer la afectación de sus derechos económicos o comerciales, sin que pueda atenderse a sus solas declaraciones respecto que afectara su competitividad (...). Es decir, si bien se obtiene la información por centro, lo cierto es que su entrega sigue siendo genérica, razón por la que no se vislumbra cómo es que puede afectar sus derechos económicos y comerciales, puesto que no se trata de información que pueda ser catalogada de estratégica y que forme parte del know how de las empresas, menos aún que su divulgación pueda causar detrimento de su posición en el mercado. Décimo tercero: Que, en consecuencia, los sentenciadores al emitir su decisión infringen gravemente el artículo 8° de la Constitución Política de la República, toda vez que han soslayado que en la especie no se configura la causal prevista en el artículo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285, incurriendo en los razonamientos para configurarlo en una serie de contradicciones, que determinan que el presente arbitrio deba ser acogido, toda vez que aquellos han actuado con grave falta en el examen realizado, cuestión que fue acusada en el segundo acápite del recurso de queja". 18) Que, en consecuencia, de conformidad a lo razonado precedentemente, y lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con Decreto Ley N° 211, este Consejo procederá a desestimar dichas alegaciones. 19) Que, en virtud de lo razonado precedentemente, tratándose de información que obra en poder del Servicio, de naturaleza pública al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución Política de la República, respecto de la cual se desestimó la concurrencia de la causal de reserva de afectación a los derechos comerciales y económicos de los terceros, y demás alegaciones, y conforme a lo razonado por esta Corporación sobre la materia, se procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información sobre cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que se indican. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Hernán Espinoza Zapatel, en contra del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Directora Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, lo siguiente: a) Entregar al reclamante información sobre las cosechas o producciones obtenidas y declaradas en el periodo comprendido entre los años que se consignan, por los centros de engorda de salmónidos que indica. No obstante lo anterior, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hernán Espinoza Zapatel, a la Sra. Directora Regional del Servicio Nacional de Pesca de la Región de Los Lagos, y a los terceros interesados en el presente amparo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.