Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3145-21

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Reclamante:	IGNACIO FERRAY FERRAY
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Antonio, ordenándose la entrega de información relativa a la cantidad de sumarios instruidos, terminados -con indicación de la cantidad de aquellos que fueren terminados con sobreseimiento, sanción y/o absolución-, entre los años 2017 y 2021, así como la cantidad de dineros pagados por el municipio por indemnizaciones en el marco de juicios labores en el período y con el detalle que se indica, o mediante la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se desestimó la alegación de distracción indebida del organismo. A su vez, toda vez que en su respuesta, el órgano no cumplió con la obligación de informar conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/30/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13
Jurisprudencia a:	C7833-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPAROS ROLES C3145-21   Entidad pública: Municipalidad de San Antonio Requirente: Ignacio Ferray Ferray Ingreso Consejo: 01.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de San Antonio, ordenándose la entrega de información relativa a la cantidad de sumarios instruidos, terminados -con indicación de la cantidad de aquellos que fueren terminados con sobreseimiento, sanción y/o absolución-, entre los años 2017 y 2021, así como la cantidad de dineros pagados por el municipio por indemnizaciones en el marco de juicios labores en el período y con el detalle que se indica, o mediante la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual se desestimó la alegación de distracción indebida del organismo. A su vez, toda vez que en su respuesta, el órgano no cumplió con la obligación de informar conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1202 del Consejo Directivo, celebrada el 29 de julio de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3145-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de marzo de 2021, don Ignacio Ferray Ferray solicitó a la Municipalidad de San Antonio, lo siguiente: "1.-cantidad total de sumarios instruidos en el municipio entre los años 2017 y 2021, la cantidad total de sumarios terminados en el municipio entre los años 2017 y 2021, la cantidad total de sumarios terminados con sobreseimiento, con sanción y con absolución en el municipio entre los años 2017 y 2021. 2.- cantidad de dinero que el municipio ha pagado por indemnizaciones derivadas de juicios labores entre los años 2017 y 2021 en los que se ha demandado despido injustificado, nulidad del despido, tutela de derechos fundamentales, y pago de cotizaciones de seguridad social derivado de causas seguidas ante Juzgados de cotización laboral, incluyendo intereses, reajustes y multas. La información deberá incluir pagos derivados de sentencias o de transacción, conciliación o avenimiento autorizados por el Concejo Municipal". 2) RESPUESTA: Por medio de Oficio Ordinario N° 648 de fecha 27 de abril de 2021, el órgano respondió el requerimiento, y esgrimió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En este sentido, señaló que la información solicitada no se encuentra sistematizada ni ordenada, como tampoco consta en informes ya efectuados de acuerdo con lo pedido. Así, advirtió que atender lo solicitado, implicaría realizar una búsqueda, análisis y sistematización de un alto número de antecedentes, para luego incorporar los datos de acuerdo a lo requerido, elaborando y/o creando un informe, lo que conllevaría a distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento de sus labores habituales, exigiendo la utilización de un tiempo excesivo, considerando actualmente las jornadas de teletrabajo y/o turnos, en razón del Covid-19, afectando consecuencialmente el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Sin perjuicio de lo anterior, indicó que la información sobre los sumarios instruidos y sobre los juicios laborales, puede encontrarse contenida en las cuentas públicas del municipio disponibles en el enlace web que indicó al efecto. A su vez, señaló que, para mayor detalle sobre los juicios laborales, puede revisarse la página del poder judicial, donde constan las causas laborales en que es o ha sido parte el municipio y las formas de términos de esos juicios. 3) AMPARO: El 1 de mayo de 2021, don Ignacio Ferray Ferray dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de San Antonio, fundado en la respuesta incompleta a su solicitud. El reclamante hizo presente que el órgano no fundamento la causal de reserva alegada. Además, señaló que "respecto a que la información ´puede´ constar en las cuentas públicas, es un uso desmesurado del art. 15 de la Ley N° 20.285 (no segura que la información está en las cuentas públicas)", y agregó que "respecto a revisar en la página del Poder Judicial la información sobre los montos consultados, no aplica bien el art. 15 de la Ley 20.285 porque la información tendría que elaborarla yo como solicitante; por lo demás, no estoy pidiendo que el Municipio elabore información, solo que comunique información con la que debe contar". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Antonio, mediante Oficio N° E10949 de fecha 24 de mayo de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones. Al respecto, por medio de Ordinario N° 935 de fecha 10 de junio de 2021, el órgano presentó sus descargos y reiteró lo señalado en su respuesta. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo es la entrega de información relativa a la cantidad de sumarios instruidos, terminados -con indicación de la cantidad de aquellos que fueren terminados con sobreseimiento, sanción y/o absolución-, entre los años 2017 y 2021, así como la cantidad de dineros pagados por el municipio por indemnizaciones en el marco de juicios labores en el período y con el detalle que se indica, respecto de lo cual, la Municipalidad de San Antonio, esgrimió la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, sin perjuicio de lo cual, adjuntó un enlace web donde según lo referido por el municipio, consta la información pedida. 2) Que, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 3) Que, conforme a la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia que fuere esgrimida por el organismo, se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1, letra c), del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 4) Que, en cuanto a la interpretación de la mentada causal de reserva, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las acciones que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la concurrencia de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 5) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo que se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia. 6) Que, en la especie, este Consejo advierte que la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que acrediten la distracción indebida que fuere alegada. En efecto, no señaló de manera específica el tiempo total que implicaría atender la solicitud de información requerida, con indicación de las horas hombre- que debiera destinar para su recopilación, así como tampoco el volumen total de información, advirtiendo únicamente que su atención podría distraer indebidamente a sus funcionarios de sus labores habituales, en la medida que la información no se encuentra sistematizada y que sus funcionarios se encuentran en modalidad de teletrabajo y presencial. De esta forma, dichas alegaciones no permiten, por sí mismas, justificar la configuración de la causal invocada, por lo que, se desestimará la alegación realizada. 7) Que, luego, cabe tener presente que el artículo 15 de la Ley de Transparencia, dispone que "cuando la información solicitada esté permanentemente a disposición del público, o lo esté en medios impresos tales como libros, compendios, folletos, archivos públicos de la Administración, así como también en formatos electrónicos disponibles en internet o en cualquier otro medio, se comunicará al solicitante la fuente, el lugar y la forma en que puede tener acceso a dicha información, con lo cual se entenderá que la Administración ha cumplido con su obligación de informar". 8) Que, acto seguido, cabe señalar que, sin perjuicio de haberse señalado por el organismo que la información sobre la materia consultada se encuentra disponible en las cuentas públicas municipales de los años consultados, en el enlace del sitio web municipal que indico al efecto, así como en la página del poder judicial en relación a las causas laborales consultadas, no consta que la reclamada hubiere señalado de forma precisa en que parte de la cuenta pública consta la información requerida, así como tampoco la hoja de ruta para efectos de acceder a las causas judiciales laborales, por lo que a juicio de esta Corporación, el municipio ha cumplido con su obligación de informar conforme a lo establecido en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. 9) Que, a mayor abundamiento, revisado por esta Corporación el enlace web referido por el órgano, particularmente las cuentas públicas y sus informes técnicos, se advierte que no consta la información en los términos en que fuere requerido. Así, a modo meramente ejemplar, no figura la información relativa al año 2021, así como tampoco, los estados de los sumarios con el detalle requerido en relación a su terminación, respecto del año 2017. 10) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, y tratándose de información de naturaleza pública y estadística, respecto de la cual se desestimó la causal de distracción indebida esgrimida por la reclamada, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información en los términos requeridos, o en su defecto, mediante la correcta aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Ignacio Ferray Ferray en contra de la Municipalidad de San Antonio, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Antonio, lo siguiente; a) Entregue al reclamante la información relativa a la cantidad de sumarios instruidos, terminados, y terminados con sobreseimiento, sanción y/o absolución-, entre los años 2017 y 2021, así como la cantidad de dineros pagados por el municipio por indemnizaciones en el marco de juicios labores en los que se ha demandado despido injustificado, nulidad del despido, tutela de derechos fundamentales y pago de cotizaciones de seguridad social, incluyendo intereses, reajustes y multas, con indicación de los pagos derivados de sentencias o de transacción, conciliación o avenimiento autorizados por el Concejo Municipal, entre los años 2017 y 2021. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Ignacio Ferray Ferray, y a la Sr. Alcalde de la Municipalidad de San Antonio. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.