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DECISIÓN AMPARO ROL C3183-21</p>
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Entidad pública: Superintendencia de Pensiones.</p>
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Requirente: Susana Amaya Acosta.</p>
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Ingreso Consejo: 03.05.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Pensiones, respecto de copia del expediente administrativo de solicitud de invalidez que indica, toda vez que el órgano actuó conforme al marco legal vigente, derivando la solicitud a la Comisión Médica correspondiente, por ser el órgano competente para dar respuesta a este requerimiento, en virtud de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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Aplica lo resuelto en la decisión de amparo rol C203-13.</p>
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En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3183-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de abril de 2021, doña Susana Amaya Acosta requirió a la Superintendencia de Pensiones, lo siguiente: "(...) He solicitado en varias ocasiones vía correo electrónico POR MESES copia de mi expediente de solicitud de invalidez a la Comisión médica regional primero y luego a la central, quienes han presentado información parcial, repetitiva, contradictoria e incongruente, impiden ejercer mi derecho a las Copias de todo el expediente, completo, nunca he solicitado los originales, careciendo de toda justificación legal (...)", señalando diversas circunstancias relativas a su situación médica particular.</p>
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2) RESPUESTA: El 26 de abril de 2021, mediante Oficio Ordinario N° 10842, la Superintendencia de Pensiones dio respuesta a la solicitud, derivando el requerimiento por medio del mismo documento, a la Comisión Médica Metropolitana Centro, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C203-13, por tratarse de una solicitud referida a un expediente administrativo relativo a una petición de declaración de invalidez.</p>
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3) AMPARO: El 3 de mayo de 2021, doña Susana Amaya Acosta dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Pensiones, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. En particular sostuvo que "La Superintendencia deniega remitir copias de expediente de invalidez, ya que argumenta que esa obligación a la Comisión Médica, y a ellos les remite lo informado a la suscrita por oficio. Es tercera vez que actúa igual, las últimas 2 veces acudí a este Consejo, y ahora presento Reclamo estando en plazo".</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E11079, de fecha 25 de mayo de 2021, confirió traslado al Sr. Superintendente de Pensiones, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por la parte reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia. En caso de obrar indique el formato en que se encuentra la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; (4°) remita copia de la derivación efectuada y del comprobante de notificación de la misma ante el órgano derivado; y, (5°) en caso de obrar en su poder la información y que no existan inconvenientes para la entrega de la misma, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado.</p>
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Mediante Oficio Ordinario N° 15612, de fecha 4 de junio de 2021, el órgano presentó sus descargos, reiterando lo señalado en su respuesta, y agregando en síntesis, que "En esta materia necesario se hace tener presente, que ese Consejo para la Transparencia en la Decisión de Amparo Rol C203-13, señaló de manera clara y precisa, que conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, son las Comisiones Médicas (Regionales y Central) respectivamente, quienes tienen la calidad de sujeto obligado para efectos de responder una solicitud de acceso a la información relativa a expedientes administrativos derivados de una solicitud de declaración de invalidez. En consecuencia, al haberse deducido el amparo en contra de esta Superintendencia de Pensiones, concluyó que dicha reclamación había sido interpuesta en contra de un órgano incompetente para ocuparse de la solicitud que le dio origen, razón por la cual procedió a rechazarlo", adjuntando copia de correo electrónico de recepción de la derivación por parte de la Comisión Médica.</p>
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5) PRONUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E13298, de fecha 18 de junio de 2021, solicitó a la reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la respuesta entregada por el órgano, y en caso de disconformidad, aclarar la infracción cometida por la institución.</p>
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Mediante correo electrónico de fecha 30 de junio de 2021, la reclamante manifestó su disconformidad, y junto con copiar diversas comunicaciones electrónicas enviadas y recibidas desde la Comisión Médica y la SP, señaló en síntesis, que "Me pregunto en qué momento cumple su función fiscalizadora la Superintendencia de Pensiones con respecto a las comisiones médicas, la suscrita viene solicitando esta información desde hace casi un año y dirigiéndose a la Superintendencia de pensiones directamente desde noviembre de 2020, cómo se realiza efectivamente el cumplimiento del mandato de fiscalización de la Superintendencia hacia las comisiones médicas ya que al parecer dicha Superintendencia de pensiones deriva las peticiones a las comisiones médicas y luego no controla el cumplimiento de lo que se ha solicitado", concluyendo que "La respuesta complementaria proporcionada no satisface el requerimiento, en cuyo caso, por lo que continuare con la tramitación del presente amparo. Las infracciones cometidas, en primer término, dicen relación con la fiscalización que debe tener por norma legal la Superintendencia de Pensiones hacia las Comisiones Médicas", haciendo mención a diversas normas de la Constitución Política de la República, Convención Americana y Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y adjuntando una serie de fotografías.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Superintendencia de Pensiones, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere copia del expediente de solicitud de invalidez que indica. Al respecto, el órgano derivó la solicitud a la Comisión Médica Metropolitana Centro, conforme lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, en dicho contexto, resulta atingente señalar que conforme al artículo 13 de la Ley de Transparencia, "en caso que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible individualizar, informando de ello al peticionario". Al respecto, esta Corporación en la decisión del amparo Rol C203-13, razonó en su considerando 19°, lo siguiente: "Que, en suma, este Consejo estima que, conforme a nuestro ordenamiento jurídico vigente, son las Comisiones Médicas (Regionales y Central) respectivamente, quienes tienen la calidad de sujeto obligado para efectos de responder una solicitud de acceso a la información relativa a expedientes administrativos derivados de una solicitud de declaración de invalidez. En consecuencia, al haberse deducido el amparo en contra de la Superintendencia de Pensiones, debe estimarse que dicha reclamación ha sido interpuesta en contra de un órgano incompetente para ocuparse de la solicitud que le dio origen, razón por la cual se rechazará el presente amparo", ordenando a la Superintendencia, en la misma decisión, que "Requerir a la Sra. Superintendenta de Pensiones que, en lo sucesivo, derive las solicitudes de información referidas a expedientes administrativos referidos a una petición de declaración de invalidez, a la Comisiones Médicas Regionales respectivas y/o a la Comisión Médica Central, según corresponda, dando estricto cumplimiento al artículo 13 de la Ley de Transparencia".</p>
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3) Que, así las cosas, de los antecedentes tenidos a la vista en el presente procedimiento, consta que la Superintendencia de Pensiones derivó la solicitud de información a la Comisión Médica Metropolitana Centro, en su calidad de organismo competente, conforme lo dispuesto en el Decreto Ley N° 3500, de 1980, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Por consiguiente, la Superintendencia ha obrado conforme al marco legal vigente, conforme a lo prescrito en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, y de acuerdo a lo resuelto por este Consejo en la citada decisión C203-13. En consecuencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo.</p>
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4) Que, finalmente, respecto de la alegación de la reclamante en el sentido de que la Superintendencia de Pensiones ejercería facultades fiscalizadoras sobre las Comisiones Médicas, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 33, letras a) y b), de la Ley de Transparencia, toda vez que sobre el Consejo para la Transparencia recae la función de "Fiscalizar el cumplimiento de las disposiciones de esta ley y aplicar las sanciones en caso de infracción a ellas", y la de "Resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley".</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por doña Susana Amaya Acosta en contra de la Superintendencia de Pensiones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Susana Amaya Acosta y al Sr. Superintendente de Pensiones.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>