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DECISIÓN AMPARO ROL C3231-21</p>
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Entidad pública: Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central</p>
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Requirente: Lucía Astudillo</p>
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Ingreso Consejo: 04.05.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, requiriéndose la entrega de la Resolución Exenta N° 428, que ordenó la instrucción de un proceso disciplinario, previa acreditación de la identidad de la solicitante, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, tarjando previamente los datos de contexto que pueda contener.</p>
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Lo anterior, por tratarse de información pública, respecto de la cual no se configura la causal de reserva alegada.</p>
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En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3231-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de marzo de 2021, doña Lucía Astudillo solicitó al Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, "copia de resolución exenta N° 428 de 13-04-2020 en virtud de la cual el abogado de Hospital de Urgencia Asistencia Pública don (...) ha citado a comparecer a la solicitante a través de correo electrónico de fecha 10-03-2020 enviado desde la dirección institucional...".</p>
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2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por medio de Carta N° 456, de fecha 7 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 4 de mayo de 2021, doña Lucía Astudillo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud.</p>
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4) SISTEMA ANTICIPADO DE RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (SARC): Este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo y derivarlo a SARC, a fin de obtener por parte del órgano requerido la entrega de la información solicitada.</p>
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Mediante Oficio Ord. N° 308, de fecha 13 de mayo de 2021, el organismo otorgó respuesta extemporánea al requerimiento de acceso, denegando su entrega, por concurrir en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 literal b) de la Ley de Transparencia. En tal sentido, precisó que la resolución N° 428, de fecha 13 de abril de 2020, ordenó la instrucción de un proceso disciplinario que aún se encuentra en tramitación, en adecuación de lo prescrito en el artículo 137 del decreto con fuerza de ley N° 29, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo - en adelante Estatuto Administrativo-.</p>
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5) SOLICITUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E10689, de fecha 19 de mayo de 2021, solicitó a la reclamante pronunciarse en los siguientes términos: (1°) señale si la respuesta proporcionada por el órgano reclamado satisface o no su requerimiento; y, (2°) en el evento de manifestar su disconformidad con la misma, aclare la infracción cometida por el órgano reclamado.</p>
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Mediante comunicación electrónica, de fecha 24 de mayo de 2021, la peticionaria manifestó su disconformidad con la respuesta otorgada. Al respecto, cuestionó el carácter reservado de la resolución pedida, haciendo presente lo dispuesto en el artículo 131 del Estatuto Administrativo. Adicionalmente, expuso que "los argumentos aludidos por el órgano infractor, refieren a información que cumpla con criterios de secreto, entre las cuales precisamente no se encuentra ninguna que permita que el señor (...) no de curso a la obligación de entregar a quien es citado en la calidad en que ha sido la recurrente, copia íntegra de la resolución".</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó conferir traslado al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, mediante Oficio N° E12694, de fecha 10 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Mediante Oficio Ord. N° 394, de fecha 29 de junio de 2021, el Recinto Hospitalario presentó sus descargos y observaciones, reiterando que la resolución pedida corresponde a aquella que ordenó instruir procedimiento disciplinario por ausencia injustificada de funcionario que indica, la cual al momento del requerimiento de acceso se encontraba resguardada por el secreto establecido en el artículo 137 del Estatuto Administrativo.</p>
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Sin perjuicio de lo anterior, precisó que actualmente la resolución solicitada se encuentra dentro de un proceso disciplinario en etapa resolutiva, por lo que, deja de ser secreto para el inculpado y el abogado que asumiere su defensa, como se verifica en el caso de especie, en concordancia de lo establecido en el inciso 2° del artículo 137 del Estatuto Administrativo. Por lo anterior, hizo presente que la solicitante -en su condición de inculpada- puede solicitar copia del expediente a la Unidad de Sumarios Administrativos, de forma presencial.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en la ausencia de respuesta a la solicitud de acceso en el plazo legal establecido para ello - 20 días hábiles-. De los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de esta reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al Principio de Oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.</p>
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2) Que, en respuesta extemporánea al requerimiento de especie, la reclamada, denegó la entrega de la resolución pedida, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 137 del Estatuto Administrativo, toda vez que el acto administrativo peticionado es parte de un proceso disciplinario en tramitación.</p>
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3) Que, en cuanto a lo pedido, esto es, la resolución exenta N° 428, de fecha 13 de abril de 2020, ordenó la instrucción de un proceso disciplinario contra la peticionaria, resulta del caso tener presente que el artículo 129 del Estatuto Administrativo dispone que: "El sumario administrativo se ordenará por el jefe superior de la institución, el Secretario Regional Ministerial o el Director Regional de servicios nacionales desconcentrados, según corresponda, mediante resolución, en la cual designará al fiscal que estará a cargo del mismo...".</p>
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4) Que, en cuanto a la naturaleza de los expedientes sumariales, este Consejo ha sostenido a partir de la decisión de los amparos Roles A47-09, A95-09, A159-09, C411-09, C7-10 y C561-11, entre otras, que el carácter secreto del expediente sumarial se extiende hasta que el procedimiento que lo originó se encuentre afinado, el cual anticipadamente se levanta sólo respecto de ciertas personas, en particular: el inculpado y el abogado que asumiere su defensa luego de la formulación de los cargos. En efecto, teniendo el secreto sumarial por objeto asegurar el éxito de la investigación, una vez terminada ésta, la justificación de su secreto también finaliza. A mayor abundamiento, en el mismo sentido se ha pronunciado la Contraloría General de la República, al aclarar que la reserva que establece el artículo 137, inciso segundo, del Estatuto Administrativo, es temporal y cesa una vez afinado el sumario administrativo, instante en que pasa a estar "...sometido sin limitaciones al principio de publicidad, que constituye la regla general respecto de todos los actos de la Administración del Estado..." (Dictamen N° 11.341/2010, entre otros) (Énfasis agregado)</p>
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5) Que, sin perjuicio de lo antes señalado, esta Corporación igualmente ha razonado que "aquella información cuya naturaleza es pública, no pasa a ser secreta o reservada por el solo hecho de que se acumule a un sumario incoado por el órgano requerido, especialmente si no se ve frustrada la investigación que se lleve a cabo si es que se conociese o publicare la información pública requerida". En efecto, dicha interpretación encuentra justificación en que siendo el secreto del expediente sumarial una excepción a la regla de publicidad consagrada por el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República y los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, de conformidad al artículo 21 N° 5 y 1° transitorio de este último cuerpo legal, su aplicación debe encontrar fundamento en la afectación de los bienes jurídicos a que se refieren dichas normas.</p>
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6) Que, en tal orden de ideas, se debe considerar lo resuelto por la Corte de Apelaciones de Santiago, en orden a que "la disposición del artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo debe interpretarse a la luz de la finalidad de la norma, vale decir, concierne a la cuestión de fondo tendiente a asentar la responsabilidad administrativa en hechos que han sido valorados de trascendencia para la administración, por ello mira el éxito de la investigación y como ha sostenido la Contraloría General de la República, a la honra y respeto a la vida pública de los funcionarios que, eventualmente, podrían tener comprometida su responsabilidad en los hechos investigados. De ahí que una información que no comprometa estos fines, que no sea detallada en relación con el asunto indagado, pudiera ser entregada." (Considerando 8°, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 7608-2012) Por otra parte, refiriéndose a un caso en que se solicitó copia de una resolución que ordenó instruir un sumario, la Corte de Apelaciones de Santiago determinó que "el documento que fue requerido por el interesado fue aquella que solo se limita a ordenar la instrucción del sumario, ante la denuncia de la interesada, pero que en ningún caso individualiza a algún funcionario como afectado por aquel procedimiento administrativo, esto es, no afecta a derechos de terceros que estén determinados en aquel acto, derechos que por lo demás, deben velar los interesados para su resguardo." (Considerando 3°, sentencia del reclamo de ilegalidad, Rol 3326-2013) Este criterio ha sido aplicado en las decisiones de los amparos Roles C1813-18, C3324-18, C2057-20, entre otras. (Énfasis agregado)</p>
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7) Que, en virtud de lo expuesto precedentemente, cabe concluir que, en la especie, no se configura la reserva dispuesta en el artículo 137 inciso segundo del Estatuto Administrativo, pues la información solicitada no es de aquélla cuya divulgación pueda poner en riesgo el éxito de la investigación, toda vez que corresponde únicamente a la copia de la resolución que instruyó el sumario administrativo. A mayor abundamiento, con ocasión de sus descargos, el Recinto Hospitalario precisó que el procedimiento disciplinario se encuentra en etapa resolutiva, esto es, ya verificada la formulación de cargos al inculpado, en circunstancias que la solicitante detenta dicha calidad. Bajo esta lógica, atendiéndose su calidad de interviniente, resulta aplicable el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley". En adecuación de lo anterior, el artículo 131 del Estatuto Administrativo dispone que: "Las notificaciones que se realicen en el proceso deberán hacerse personalmente. Si el funcionario no fuere habido por dos días consecutivos en su domicilio o en su lugar de trabajo, se lo notificará por carta certificada, de lo cual deberá dejarse constancia. En ambos casos se deberá entregar copia íntegra de la resolución respectiva. (Énfasis agregado)</p>
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8) Que, en mérito de lo anterior, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega del acto administrativo consultado. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales de la reclamante, el organismo deberá proporcionarla, previa acreditación de su identidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de este Consejo, se recomienda al órgano recurrido que realice la entrega efectiva de lo solicitado, por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.</p>
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9) Que, a su vez, previo a la entrega, se deberán tarjar aquellos datos personales de contexto de terceros distintos de la peticionaria incorporados en la documentación que se ordena entregar, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. Lo anterior se dispone en virtud del principio de divisibilidad contemplado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la misma Ley.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Lucía Astudillo en contra del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central, lo siguiente:</p>
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a) Entregue a la peticionaria copia de la Resolución Exenta N° 428, de fecha 13 de abril de 2020, que ordenó la instrucción de un proceso disciplinario, previa acreditación de su identidad, recomendándose que se otorgue acceso a aquellos por un medio alternativo a la entrega personal.</p>
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Lo anterior, debiendo tarjar, en forma previa, todos los datos personales de contexto de terceros distintos de la peticionaria.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Lucía Astudillo y al Sr. Director del Hospital de Urgencia Asistencia Pública, Posta Central.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>