Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3237-21

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Reclamante:	JOSEFA BEJARANO VELOSO
Reclamado:	UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referente a la entrega de información sobre los datos de alerta de los últimos dos años, que tengan relación con la persona que se indica. Lo anterior, por estimarse que la divulgación de los antecedentes requeridos implica entorpecer los objetivos de la acción de la Unidad de Análisis de Financiero. Aplica el criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C1580-14, C2730-16, C2742-16.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1580-14 C2730-16 C2742-16
Jurisprudencia a:	C4399-23 C2998-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3237-21   Entidad pública: Unidad de Análisis Financiero (UAF) Requirente: Josefa Bejarano Veloso Ingreso Consejo: 04.05.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Unidad de Análisis Financiero, referente a la entrega de información sobre los datos de alerta de los últimos dos años, que tengan relación con la persona que se indica. Lo anterior, por estimarse que la divulgación de los antecedentes requeridos implica entorpecer los objetivos de la acción de la Unidad de Análisis de Financiero. Aplica el criterio contenido en las decisiones de los amparos Roles C1580-14, C2730-16, C2742-16. En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3237-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de abril de 2021, doña Josefa Bejarano Veloso, representación de don Alberto Scuncio, solicitó a la Unidad de Análisis Financiero -en adelante, indistintamente UAF-, "información sobre datos de alerta de los últimos dos años, que tengan relación con el señor (...), para lo cual tengo mandato judicial...". 2) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 20, de fecha 12 de abril de 2021, el organismo respondió al requerimiento, indicando que el contenido de los reportes de operaciones sospechosas o en efectivo, así como también todos los antecedentes que componen o se acompañan a dichos reportes, son sometidos a análisis de inteligencia financiera, encontrándose protegidos por el deber de estricto secreto respecto de todos quienes presten servicios a la UAF, según lo prescribe el artículo 13 de la ley N° 19.913, crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos - en adelante, ley N° 19.913-. Agregó que, la información que se recibe puede usarse exclusiva y excluyentemente para los propósitos que establece el citado texto legal, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o entregarla a personas, organismos o servicios distintos al Ministerio Público o a los Tribunales de Justicia. Expuso que, el deber de reserva o secreto se extiende a la información relacionada con el resultado y actuaciones realizadas por la Unidad de Análisis Financiero frente a la remisión de un reporte de operaciones sospechosas (ROS) o de operaciones en efectivo (ROE) enviados por un Sujeto Obligado de la ley N° 19.913. En virtud de lo anterior, entendiéndose por "datos de alerta" los aludidos reportes ROE y/o ROS que remiten los sujetos obligados de la ley N° 19.913, justifica que en la especie concurra la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, puntualizando que, cualquier información acerca de la efectividad o no de haberse deducido dichos reportes, por parte de cualquiera de las personas jurídicas o naturales descritas en el artículo 3 de la ley N° 19.913, sobre determinada operación económica, como asimismo el contenido de los mismos y los documentos fundantes de aquellos, que son los antecedentes utilizados por la UAF para realizar sus procesos de inteligencia financiera, podría implicar el despliegue de acciones por parte de los eventuales involucrados en las operaciones informadas que dificulten el ejercicio de la función institucional de prevención de lavado de activos y del Financiamiento al Terrorismo, en adecuación de lo dispuesto en el artículo 1° del texto legal antes citado. A fin de refrendar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de este Consejo. Adicionalmente, hizo presente que en la especie también concurre la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, con respecto a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley N° 19.913, por cuanto establece excepciones a la mencionada reserva al facultar en el inciso segundo al Director de la Unidad de Análisis Financiero para dar a conocer o proporcionar información global y no personalizada, para fines exclusivamente estadísticos o de gestión, antecedentes que se encuentran publicados en la página web del Servicio. Complementó que, el inciso quinto de la norma legal precitada dispone que el su director deberá concurrir anualmente a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados con el objeto de informar sobre aspectos generales de su gestión en sesión secreta. Asimismo, indicó que el inciso final de aquella norma exceptúa del deber de secreto las informaciones y antecedentes que requiera el Ministerio Público o el tribunal que conozcan del procedimiento criminal. Arguyó que, el deber de estricto secreto sólo contiene contadas excepciones dentro de las cuales no se encuentra la información pedida por el requirente, por el contrario, si se accede a dicha petición se transgrediría gravemente el deber de secreto descrito. 3) AMPARO: El 4 de mayo de 2021, doña Josefa Bejarano Veloso, en representación de don Alberto Juan Scuncio, según acreditó, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero, mediante Oficio N° E11414, de fecha 27 de mayo de 2021, solicitándole que se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo su entrega afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa. Mediante Oficio Ord. N° 256, de fecha 11 de junio de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta. Primeramente, ilustró que la ley N° 19.913, la faculta para realizar diversas labores, tales como implementar y difundir el Sistema de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (en adelante, Sistema Preventivo); fiscalizar el cumplimiento de la normativa anti-lavado; impartir instrucciones generales para el adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas por dicha ley; efectuar inteligencia financiera por medio del análisis de la información entregada por los denominados sujetos obligados previstos en el artículo 3 del cuerpo normativo citado, lo que se materializa por medio de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y los Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE), entre otras. Adicionalmente, hizo presente que la ley N° 19.913 contiene dos obligaciones principales con los sujetos obligados: - Informar sobre los actos, operaciones o transacciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades económicas, de conformidad con el concepto de operación sospechosa establecido en el artículo 3 de la ley N° 19.913; - Mantener registros especiales por el plazo de mínimo de cinco años e informar a la Unidad de Análisis Financiero, de toda operación en efectivo superior a US$ 10.000 de los Estados Unidos de América o su equivalente en pesos chilenos. Seguidamente, hizo presente que la UAF es el organismo público que tiene por objeto prevenir e impedir que el sistema financiero y otros sectores económicos sean utilizados para la comisión de los delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, conforme lo establece el artículo 1° de la ley N° 19.913, ejecutando entre otras tareas para el cumplimiento de su misión institucional, procesos de inteligencia financiera destinados a la detección de indicios de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, supervisando actualmente a 38 diferentes sectores económicos, obligados legalmente a reportar a la UAF Operaciones Sospechosas y Operaciones en Efectivo. En tal contexto, hizo presente que la norma contenida en el artículo 13 de la ley N° 19.913, impone un deber de estricto secreto considerando la naturaleza de la información que se encuentra contenida en los ROS y ROE que la UAF recibe, siendo tal protección necesaria para el debido cumplimiento de sus funciones referidas a la generación de procesos de inteligencia financiera, los cuales en caso de permitir estimar la existencia de indicios de la comisión de alguno de los delitos a que se refiere el artículo 27 de dicha ley o el artículo 8 de la ley N° 18.314, determina conductas terroristas y fija su penalidad - en adelante ley N° 18.314-, concluyen con la inmediata remisión de dicha información al Ministerio Público, conforme lo previsto en el artículo 2 inciso final de la misma ley. Sobre la entrega de cualquier información de los ROS que eventualmente una institución bancaria haya remitido a la UAF en los últimos dos años respecto de la persona que se indica, señaló que afectaría gravemente las funciones encomendadas por la ley N° 19.913, y comprometería los objetivos del estricto secreto establecido en dicho cuerpo legal en el combate del flagelo del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Esgrimió que las investigaciones de lavado de activos tienen, por estandartes internacionales emitidos por el Grupo de Acción Financiera, el deber de resguardar el secreto en todas las etapas de la investigación sea ello en sede administrativa o judicial. En efecto, la legislación plantea un deber de secreto absoluto para todos quienes participan en la cadena de la inteligencia financiera, abarcando desde a quién la produce hasta a quienes participan en sede judicial, todo con la sola finalidad de lograr el éxito de las investigaciones, ya que las filtraciones permiten a los potenciales delincuentes distraer los bienes o dineros de origen ilícito que se buscan decomisar. En este orden de ideas, destacó que los artículos 6 y 7 de la ley N° 19.913, contemplan la prohibición para todos quienes remitan información a la UAF, e incluso respecto de aquellos que pudiesen tener conocimiento de ello debido a relaciones temporales con la entidad reportante. En el mismo sentido, hizo presente que el deber de secreto se extiende a todos quienes intervienen el proceso judicial, incluidos jueces, fiscales y personal que labora en el oficio de un tribunal en lo penal, según lo establecido en el artículo 31 de la ley N° 19.913. Bajo esta lógica, afirmó que, sin secreto de los datos, no hay posibilidad de llevar adelante acciones de inteligencia, ya que de ello depende el no alertar a posibles delincuentes que puedan ocultar dinero o bienes fuera del alcance de la justicia, puntualizando que de ello depende el éxito de la investigación. Con respecto a los motivos por los cuales se requiere acceder a la información pedida, señaló que el deber de reserva contemplado en el artículo 13 de la ley N° 19.913, no puede verse afectado por las consecuencias de las políticas comerciales que adopten las instituciones bancarias con sus clientes, dado que dicha confidencialidad protege un bien superior como es el sistema de reporte y uso de información de inteligencia contemplado en el citado texto legal. En relación con el factor temporal aludido, arguyó que el previamente citado deber de reserva, no establece un plazo acerca de la duración de la obligación de mantener estricto secreto, por el contrario, el inciso 4° del aludido precepto establece que el secreto se extiende de manera indefinida, incluso después que los funcionarios cesen en su cargo, comisión o actividad. Agregó que, los delitos detallados en dicha norma constituyen delitos permanentes, que corresponden a aquellos casos en que la ley describe un delito cuya consumación se prolonga en el tiempo, creándose un estado antijurídico permanente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de información sobre los datos de alerta de los últimos dos años, que tengan relación con la persona que se indica. Al respecto, el órgano recurrido se opuso a su entrega, por concurrir en la especie las hipótesis de reserva consagradas en el artículo 21 N° 1 y N° 5 de la Ley de Transparencia, esta última, en relación con lo prescrito en el artículo 13 de la ley N° 19.913. 2) Que, a modo de contexto, cabe ilustrar que la Unidad de Análisis Financiero tiene por objeto prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y en el artículo 8 de la ley N° 18.314 (artículo 1° ley N° 19.913), en particular, la prevención de lavado de activos y del Financiamiento al Terrorismo. Luego, el artículo 3 del cuerpo legal previamente singularizado dispone que "los bancos e instituciones financieras" estarán obligadas a informar sobre "operaciones sospechosas que adviertan en el ejercicio de sus actividades", entendiendo por éstas "todo acto, operación o transacción que, de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad de que se trate, resulte inusual o carente de justificación económica o jurídica aparente o pudiera constituir alguna de las conductas contempladas en el artículo 8° de la ley N° 18.314, o sea realizada por una persona natural o jurídica que figure en los listados de alguna resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sea que se realice en forma aislada o reiterada." A su vez, el inciso final del artículo 2 de dicho cuerpo legal establece la obligación de remitir al Ministerio Público aquellos antecedentes que el Director de la Unidad de Análisis Financiero estime que aparecen indicios de que se ha cometido alguno de los delitos previamente referidos. 3) Que, en cuanto a la verificación en la especie de la causal de secreto establecida en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, resulta del caso tener presente que dicho precepto permite la denegación de los antecedentes peticionados "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido". Sobre la interpretación de la causal señalada, cabe destacar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 4) Que, sobre este punto, el órgano recurrido argumentó -en síntesis- que cualquier información acerca de la efectividad o no de haberse deducido un reporte ROS y/o ROE por parte de cualquiera de las personas jurídicas o naturales descritas en el artículo 3 de la ley N° 19.913, sobre determinada operación económica, como asimismo el contenido de los mismos y los documentos fundantes de aquellos, que son los antecedentes utilizados por la UAF para realizar sus procesos de inteligencia financiera, podría implicar el despliegue de acciones por parte de los eventuales involucrados en las operaciones informadas que dificulten el ejercicio de la función institucional de prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento al Terrorismo. En tal sentido, complementó que la develación de información de los ROS que una institución bancaria haya remitido a la UAF en los últimos dos años respecto de la persona que se indica, implicaría alertar a potenciales delincuentes para que puedan ocultar dinero o bienes fuera del alcance de la justicia, afectando, consecuencialmente, el éxito de la investigación incoada. 5) Que, a juicio de este Consejo, la develación de los datos de alerta requeridos -y por consiguiente, de información de los ROS que una institución bancaria haya remitido a la UAF sobre la persona consultada- podría conllevar el despliegue de acciones por parte del involucrado que dificulten el ejercicio de las atribuciones del mencionado organismo, el cual además, debe, de estimar que aparecen indicios de que se ha cometido alguno de los delitos a consignados en el artículo 2 de la ley N° 19.913, disponer su inmediata remisión al Ministerio Público, órgano que podrá requerir a la Unidad de Análisis Financiero antecedentes que estén en su poder y que sean necesarios para las investigaciones de lavado de activos que practique, se hayan iniciado de oficio, por denuncia o por querella, cualquiera sea la fase en que ellas se encuentren. Así las cosas, la divulgación de la información solicitada implicaría entorpecer los objetivos de la acción de la UAF que conforme con lo dispuesto en el artículo 1° de la ley N° 19.913 tiene por objeto "prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la comisión de alguno de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y en el artículo 8° de la ley N° 18.314." 6) Que, adicionalmente, cabe considerar que el artículo 6 de la ley N° 19.913 prohíbe a las personas e instituciones señaladas en el artículo 3 inciso primero del mismo texto legal, y a sus empleados, informar al afectado o a terceras personas, la circunstancia de haberse requerido o remitido información a la Unidad de Análisis Financiero como, asimismo, proporcionarles cualquier otro antecedente al respecto. De este modo el flujo de información entre la UAF y los sujetos obligados se han realizado bajo una razonable expectativa de confidencialidad, lo que permite establecer una particular relación entre el supervisor y los entes supervisados, la que, de alterarse, supondría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la reclamada. 7) Que, en consecuencia, en virtud de las consideraciones expuestas en la presente decisión se rechazará el presente amparo, toda vez que se estima que la entrega de la información solicitada tiene una entidad suficiente para configurar la hipótesis de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. 8) Que, debido a lo resuelto, este Consejo no se pronunciará sobre la concurrencia de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, por resultar inoficioso. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Josefa Bejarano Veloso en contra de la Unidad de Análisis Financiero, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia, conforme los fundamentos señalados precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Josefa Bejarano Veloso y al Sr. Director de la Unidad de Análisis Financiero. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.