Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3245-21

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Reclamante:	MARCELO BONNASSIOLLE CORTÉS
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES
Resumen del caso: RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ordenándose la entrega de información sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, referente al caso de los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina; y, las gestiones entre los gobiernos chileno y peruano para que éstos fueran enviados a Perú, contenidas en las notas diplomáticas identificadas por la reclamada. Lo anterior, por cuanto al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior de Chile, la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con las Repúblicas del Perú y Argentina, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a las expulsiones de estudiantes de nacionalidad peruana de Argentina y las gestiones perpetradas para su retorno a Perú, permitiendo, consecuencialmente, fortalecer y preservar la memoria histórica Latinoamérica. A su vez, se desestimó las alegaciones del órgano reclamado, fundadas en la afectación a sus funciones y relaciones internacionales con otros Estados Soberanos, por cuanto no acompañó suficientes antecedentes, elementos de juicio o medios de prueba que ponderar para determinar la afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° N°1 y N°4 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados, quien estima que dar a conocer el contenido de las notas diplomáticas de manera unilateral afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la fluidez de los canales de comunicación existentes entre los países que la suscriben, lo que sin duda afectaría el interés nacional y de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile \| Teléfono: 56-2 495 21 00 www.consejotransparencia.cl - oficinadepartes@consejotransparencia.clPágina 2 Unidad de Análisis de Fondo C3245-21 de Relaciones Exteriores, configurándose por tanto las causales de reserva del artículo 21 Nº1 y N°4 de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria Nº 1235 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3245-21.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/10/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C6033-18 C5678-18 C2294-13 C933-14 C711-19 C3782-19 C8249-19 C4534-19 C440-09 C4062-20
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:	640-2021 80.300-2023
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Relaciones exteriores

DECISIÓN AMPARO ROL C3245-21   Entidad pública: Subsecretaría de Relaciones Exteriores Requirente: Marcelo Bonnassiolle Cortés Ingreso Consejo: 04.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores, ordenándose la entrega de información sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, referente al caso de los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina; y, las gestiones entre los gobiernos chileno y peruano para que éstos fueran enviados a Perú, contenidas en las notas diplomáticas identificadas por la reclamada. Lo anterior, por cuanto al alero de los principios definidos por la reclamada como fundamentos de la Política Exterior de Chile, la divulgación de los antecedentes solicitados implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con las Repúblicas del Perú y Argentina, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes vinculadas a las expulsiones de estudiantes de nacionalidad peruana de Argentina y las gestiones perpetradas para su retorno a Perú, permitiendo, consecuencialmente, fortalecer y preservar la memoria histórica Latinoamérica. A su vez, se desestimó las alegaciones del órgano reclamado, fundadas en la afectación a sus funciones y relaciones internacionales con otros Estados Soberanos, por cuanto no acompañó suficientes antecedentes, elementos de juicio o medios de prueba que ponderar para determinar la afectación a los bienes jurídicos consagrados en el artículo 21° N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia. La presente decisión es acordada con el voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados, quien estima que dar a conocer el contenido de las notas diplomáticas de manera unilateral afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la fluidez de los canales de comunicación existentes entre los países que la suscriben, lo que sin duda afectaría el interés nacional y de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, configurándose por tanto las causales de reserva del artículo 21 N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia. En sesión ordinaria N° 1235 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3245-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de marzo de 2021, don Marcelo Bonnassiolle Cortés solicitó a la Subsecretaría de Relaciones Exteriores la siguiente información: "Listado de toda la documentación con la que cuenta el Archivo General Histórico del Ministerio de Relaciones Exteriores, relativa a comunicaciones (oficiales y secretas) entre los gobiernos de Chile y Perú y Chile y Argentina, relativa al caso de los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina y las gestiones entre los gobiernos chileno y peruano para que estos fueran enviados a Perú, dicho proceso se llevó a cabo entre los meses de abril y agosto de 1955 aproximadamente. De igual manera solicito indicarme de qué manera se puede tener acceso a estos archivos o en su defecto como obtener copias". 2) PRORROGA DE PLAZO: Por Carta - NUM. 3246, de 8 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia. 3) RESPUESTA: Mediante Resolución Exenta N° 874, de fecha 13 de abril de 2021, la Subsecretaría de Relaciones Exteriores respondió a dicho requerimiento de información señalando que lo pedido se trataría de cinco notas que indica, las cuales singularizó. Al respecto, deniega lo requerido de conformidad al artículo 21 N° 1 y 4 de la Ley de Transparencia, señalando que: - La Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, promulgada por Decreto Supremo N° 666, de 1967, de ese Ministerio, publicado en el Diario Oficial el 4 de marzo de 1968, que prescribe en el artículo 2 "El establecimiento de relaciones diplomáticas entre Estados y el envío de misiones diplomáticas permanentes se efectúa por consentimiento mutuo". Dicho instrumento también dispone en su artículo 24, que "Los archivos y documentos de la misión son siempre inviolables, donde quiera que se hallen" y el artículo 27: "1. El Estado receptor permitirá y protegerá la libre comunicación de la misión para todos los fines oficiales". - Conforme a lo anteriormente descrito, corresponde señalar que las vinculaciones entre los Estados y las organizaciones de los Estados Americanos se sustentan en el mantenimiento de relaciones constantes, fluidas y de buena fe. Para lo anterior, se establecen Misiones Diplomáticas por consentimiento mutuo entre los respectivos gobiernos con el propósito por ejemplo, de proteger en el Estado receptor los intereses del Estado acreditante y los de sus nacionales, negociar con el Estado receptor, fomentar las relaciones amistosas y desarrollar las relaciones económicas, culturales y científicas, etc. - Precisó que, las Notas, como cualquier antecedente que diga relación con ellas, constituyen comunicaciones formales intercambiadas entre dos Estados, referidas a cuestiones oficiales entre los gobiernos de Chile, Argentina y del Perú, enmarcándose en la práctica diplomática de la reserva de dichas comunicaciones. En dicho contexto, una comunicación que se dirige hacia otro Estado, a través de su embajada constituye parte integrante de la actuación diplomática efectuada por ese Estado a través de su embajada, existiendo por lo tanto un interés comprometido tanto del Estado acreditante como del Estado receptor, que debe ser resguardado. Por lo anterior, nuestro país se encuentra obligado a respetar el marco de reserva en que se basan las comunicaciones oficiales, como también cualquier antecedente que diga relación con ellas, que se dirigen a esa Subsecretaría de Estado, como también aquellas que se envían a la Misión Diplomática del Estado Acreditante. - Por tanto, acceder a la entrega de las Notas requeridas afectará de modo sustancial la fluidez y reserva de los canales de comunicación, rompiendo las confianzas existentes entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, lo que sin duda entorpecerá el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores en la ejecución, dirección, conducción y mantenimiento de las relaciones internacionales entre Chile, la República Argentina y la República del Perú, transformándose el asunto para esta Cancillería en un problema de interés nacional. Ello sería contraproducente con la función primordial de este Ministerio, como lo es el mantener y entablar relaciones con los demás Estados, lo que conllevaría afectar, del mismo modo, el interés nacional. - Complementó que, no puede divulgar las comunicaciones pedidas, sin afectar con ello la relación que el país mantiene con el Estado Acreditante, por tratarse de un asunto reservado al conocimiento y evaluación de ese país. - Finalmente, citó jurisprudencia de este Consejo referida a reserva de notas diplomáticas: C5678-18, C6033-18, C711-19, C3782-19, C4534-19, C8249-19 y C4062-20. Hizo presente jurisprudencia emanada de la Excelentísima Corte Suprema. 4) AMPARO: El 4 de mayo de 2021, don Marcelo Bonnassiolle Cortés dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, mediante Oficio N° E11415, de 27 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; y,(2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés nacional. Mediante Oficio Pub. N° 5516, de 18 de junio de 2021, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, reiterando lo expuesto en su respuesta denegatoria al solicitante. 6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante Oficio N° E20160, de fecha 27 de septiembre de 2021, este Consejo solicitó información como medida para mejor resolver, específicamente, contextualizar históricamente el presente requerimiento, informando a este Consejo lo acontecido con los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina y si, en definitiva, pudieron retornar a Perú. Mediante Resolución N° 12537, de fecha 22 de noviembre de 2021, el organismo dio respuesta a lo requerido, en los siguientes términos. Informó que, de los 13 estudiantes peruanos expulsados de Argentina en el año 1955, todos pudieron retornar al Perú. Seguidamente, a modo de contexto, consignó los gobernantes de aquellos años e hizo presente que mantuvieron una estrecha amistad. Agregó que, la divulgación unilateral de las Notas, en la práctica diplomática, puede considerarse un gesto poco amistoso para con el país con el que se remiten esas comunicaciones, por cuanto dentro de una expectativa razonable de secreto o reserva, el estado receptor o emisor de esas misivas oficiales ha confiado a otro sujeto de derecho internacional, el conocimiento exclusivo de ciertas materias de interés. Puntualizó que, en el marco de la política exterior de Chile, la relación con el Perú es considerada de la máxima trascendencia en el contexto vecinal. Hizo presente que, la vinculación con aquél ha transcurrido durante los últimos 20 años en un marco de entendimiento, cooperación e integración. Indicó que, aquella continuidad tuvo momentos de tensión, como el juicio ante la Corte Internacional por el diferendo marítimo; Yarada de los Palos y el presunto caso de espionaje. Sin embargo, manifestó que la densa agenda internacional e intereses compartidos, junto al importante comercio bilateral, inversiones reciprocas, generaron condiciones para sustentar un relacionamiento desde una lógica que ha privilegiado elementos estructurales con un enfoque pragmático por sobre situaciones coyunturales y las materias sensibles de la relación. En tal contexto, señaló elementos que permiten ilustrar su importancia como socio comercial. Ilustró que, tras el fallo de la Corte, la relación bilateral se ha profundizado y derivado en la construcción de una robusta agenda de trabajo en diversas materias, entre ellas seguridad, defensa, comercio exterior, turismo, ciencia, medioambiente, integración fronteriza, entre otros temas que consignó, y que se ha estructurado a partir de la realización de tres gabinetes binacionales y reuniones periódicas a nivel de Cancillería y otros servicios. Bajo esta lógica, argumentó que, en virtud de la dinámica política del Perú en los últimos años, aún con elementos del siglo XIX, que impactan en su política exterior con Chile, hace del todo desaconsejable la develación de las notas diplomáticas consultadas. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo tiene por objeto la entrega de la documentación sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, referente al caso de los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina; y, las gestiones entre los gobiernos chileno y peruano para que éstos fueran enviados a Perú. Al respecto, el organismo denegó su entrega, por encontrarse aquella contenida en las notas diplomáticas que consignó, en aplicación de las hipótesis de excepción previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 4, de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, en cuanto a la publicidad de los antecedentes peticionados, se debe tener presente lo dispuesto en el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en orden a que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, respecto de las hipótesis de reserva esgrimidas por el órgano recurrido, resulta del caso tener presente que, aquellas permiten denegar el acceso a la información cuando "1. su publicidad comunicación o conocimiento, afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido", y, "4. cuando (...) afecte el interés nacional, en especial si se refieren a la salud pública o las relaciones internacionales y los intereses económicos o comerciales del país". 4) Que, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación a los bienes jurídicos protegidos por el inciso 2° del artículo 8° de la Constitución y el artículo 21° de la Ley de Transparencia debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al Principio de Publicidad, teniendo presente, además que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. Bajo esta lógica, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes específicos que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos. 5) Que, en la especie, a juicio de este Consejo, el órgano recurrido no explicó, ni detalló -suficientemente- de qué manera la develación de los instrumentos consultados, vinculados a hechos acaecidos hace 66 años, podría generar una afectación a las funciones del organismo y las relaciones internacionales con otros Estados Soberanos. En efecto, con motivo de sus presentaciones, la Subsecretaría sustentó la reserva en alegaciones genéricas y subjetivas, sin aportar mayores presupuestos fácticos para refrendarlas; basadas en escenarios hipotéticos e inferidos a partir de las funciones legales específicas que le competen a la reclamada; y, no acompañándose mayores medios de prueba o elementos de juicio que permitan ponderar las circunstancias esgrimidas, ni acreditándose -con cierto grado de especificidad o certeza- cómo dichas vulneraciones se verían materializadas en la especie. 6) Que, acto seguido, al alero de los principios que deben orientar la Política Exterior Chilena, esta Corporación estima que la divulgación de la información solicitada, en la medida que se trata de antecedentes vinculados a personas que en su condición de deportados, vieron afectados sus derechos de libre circulación y residencia consagrados en el artículo 13° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), implicarían un fortalecimiento de las relaciones internacionales con las Repúblicas del Perú y Argentina, los cuales contribuirían a esclarecer circunstancias relevantes referidas a la expulsión de determinados estudiantes y las gestiones realizadas para su retorno a Perú. En consecuencia, su publicidad permite fortalecer y preservar la memoria histórica Latinoamérica, respecto de 13 estudiantes de nacionalidad peruana que por determinadas razones ideológicas y/o políticas fueron deportados de Argentina. 7) Que, lo anterior, resulta concordante con los principios que deben orientar la Política Exterior Chilena, concretamente la promoción de la democracia y el respeto a los derechos humanos: "La democracia es el sistema político que constituye el marco apropiado para el pleno respeto de los derechos esenciales de todo ser humano. Los valores de la tolerancia, diálogo, igualdad de oportunidades, inclusión y cohesión sociales, así como el ejercicio pleno de las libertades fundamentales, se encuentran mejor garantizados en un contexto donde impere el Estado de derecho y donde las instituciones públicas actúen efectivamente (...) Chile aprecia que los derechos de las personas, en cuanto atributo inalienable de todo ser humano, sean observados en toda circunstancia, tiempo y lugar. De allí nuestra adhesión a los instrumentos y mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos, los cuales deben ser complementarios a los sistemas nacionales y ejercerse cuando los recursos locales no existan o, existiendo, no sean eficaces". 8) Que, por consiguiente, y teniendo especialmente presente la data en que los acontecimientos consignados en los documentos ocurrieron -66 años-, a juicio de este Consejo, su conocimiento no supone una afectación de los bienes jurídicos, en particular del interés nacional, que con la reserva se pretende proteger. En este sentido, la preservación de la memoria histórica supone acceder a información como la solicitada, para esclarecer procesos históricos, aclarando sus principales hitos y el contexto en que se llevaron a cabo. 9) Que, en consideración de lo anteriormente expuesto, no advirtiéndose por parte de este Consejo una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al interés nacional y al debido funcionamiento del órgano reclamado, al alero de los principios que rigen la política exterior establecidos por la propia reclamada, así como del interés público prevalente -atendida además la data de la información consultada- en preservar la memoria histórica Latinoamericana mediante la divulgación de lo requerido y en concordancia con el principio de trasparencia en el ejercicio de la función pública establecido en el artículo 8° inciso 2° de la Constitución Política de la República, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de los antecedentes solicitados. 10) Que, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberán tarjarse, por parte del órgano reclamado, antes de efectuar la entrega de la información solicitada, la identidad de las personas naturales que figuren en los antecedentes solicitados, así como aquellos datos personales de contexto, tales como, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros, que pudieren estar detallados en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, deberá anonimizare todo dato sensible que pueda estar contenido en la información solicitada. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Marcelo Bonnassiolle Cortés, en contra de la Subsecretaría de Relaciones Exteriores. II. Requerir a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores, lo siguiente: a) Entregue al reclamante copias de la información sobre las comunicaciones -oficiales y secretas- entre los gobiernos de Chile, Argentina y Perú, referente al caso de los estudiantes peruanos deportados a Chile desde Argentina; y, las gestiones entre los gobiernos chileno y peruano para que éstos fueran enviados a Perú, contenidas en las notas diplomáticas identificadas por la reclamada. En virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia y en conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, lo preceptuado en los artículos 2, letras f) y g), y 4 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, deberán tarjarse, por parte del órgano reclamado, antes de efectuar la entrega de la información solicitada, la identidad de las personas naturales que figuren en los antecedentes solicitados, así como aquellos datos personales de contexto, tales como, el número de cédula de identidad, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, domicilio, entre otros, que pudieren estar detallados en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, deberá anonimizare todo dato sensible que pueda estar contenido en la información solicitada. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. iii. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Marcelo Bonnassiolle Cortés y a la Sra. Subsecretaria de Relaciones Exteriores. VOTO DISIDENTE La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Natalia González Bañados, para quien se configura en la especie las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21° N° 1 y N° 4 de la Ley de Transparencia, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que, sobre la materia y a modo de contexto, cabe señalar que: a) El Ministerio de Relaciones Exteriores, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 161, de 31 de marzo de 1978, en su calidad de colaborador del Presidente de la República, le corresponde el ejercicio de las atribuciones para la dirección, conducción y mantenimiento de las relaciones internacionales del país. Uno de los instrumentos destinados para dicho fin, son las comunicaciones diplomáticas como solicitadas en la especie, las cuales resultan esenciales para cumplimiento de los fines de la reclamada. b) Por otra parte, el concepto de interés nacional no es un concepto unívoco pues no se encuentra definido de una manera precisa y clara, tanto en la Constitución o en la ley, como tampoco por la doctrina ni por la jurisprudencia. En tal sentido, en Informe elaborado por Jorge Correa Sutil, sobre "La ‘Seguridad de la Nación’ y el ‘Interés Nacional’ como límites a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado", comenta que "los antecedentes que versen sobre las relaciones exteriores sólo son posibles de reservar si son relativos a actividades de inteligencia, a información proveniente de o relativa a gobiernos extranjeros que puedan romper promesas de confidencialidad hechas a ellos o la capacidad de cooperación entre los Estados, o cuya divulgación produzca consecuencias diplomáticas o de inteligencia negativas, de manera que disminuya la capacidad de los Estados de recibir información". Asimismo, menciona que "debe destacarse aquí lo que afirma López Ayllón y Posadas, en el sentido de que la información que proviene de gobiernos extranjeros o relativa a ellos es la única que puede clasificarse automáticamente como secreta, sin necesidad de apreciar los daños que su divulgación pueda producir". 2) Que, en las decisiones de los amparos rol C440-09, C2294-13 y C933-14, entre otras, se ha venido razonando que la difusión de las notas diplomáticas podría generar un daño específico en las relaciones entre los países involucrados. En este sentido, más que a la sensibilidad de la información que en ellas se contiene, debe atenderse a la protección del canal de comunicación de que se trata, cuyo levantamiento unilateral por parte de un Estado afectaría la confianza entre las partes y la razonable expectativa respecto del carácter confidencial de las mismas y la vía de comunicación utilizada para tal finalidad. En síntesis, la reserva de dicha información obedece a que las notas diplomáticas constituyen la correspondencia oficial cursada entre una misión diplomática acreditada en un país y el Ministerio de Asuntos o Relaciones Exteriores del país donde aquélla se encuentra; cuya difusión podría generar un daño específico en las relaciones bilaterales entre los países involucrados, especialmente al haber sido emitidas en un proceso de comunicación recíproca. 3) Que, tal orden de ideas, se debe tener presente que las notas diplomáticas solicitadas en este amparo fueron intercambiadas por el Estado de Chile con otros dos Estados Soberanos, no advirtiéndose una manifestación de voluntad de aquellos, en orden a develar los instrumentos en cuestión. 4) Que, lo señalado precedentemente lleva a concluir que la revelación de la información solicitada, de manera unilateral, afectaría con alta probabilidad y de modo sustancial la fluidez de los canales de comunicación y confianza existentes entre los Estados respectivos, y con ello se afecta no sólo el interés nacional, en los términos de los dispuesto en el artículo 21 N° 4, de la Ley de Transparencia, sino que, además, de manera probable, el debido funcionamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores, según lo establecido en el artículo 21 N° 1, de la misma ley, específicamente la dirección, conducción y mantenimiento de las relaciones internacionales del país. En consecuencia, conforme con lo razonado, esta Consejera es partidaria de rechazar el presente amparo por las causales previamente singularizadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Se deja constancia que la Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.