Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3304-21

Reclamante:	JAVIERA ILABACA TURRI
Reclamado:	CORPORACIÓN DE FOMENTO DE LA PRODUCCIÓN (CORFO)
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, ordenando entregar a la reclamante copia del acto, contrato o resolución u otro en que conste otorgamiento de crédito CORFO a las personas que se indican, así como del contrato, acto o resolución u otro en que conste proceso de licitación y adjudicación del aludido crédito al Banco Estado; previa reserva de datos personales de contexto. Lo anterior, por tratarse de información que obra dentro de la órbita de control y disposición del órgano reclamado respecto de la entidad bancaria que licitó el crédito consultado, desestimándose, en consecuencia, la alegación de inexistencia esgrimida. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17. Además, se debe tener presente lo razonado en la decisión de amparo Rol C894-14, en el sentido de que reservar la información referida a la obtención de un crédito Corfo "supondría impedir el escrutinio y control del procedimiento de asignación de recursos provenientes del erario nacional, en clara infracción del principio de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia, como también privar de publicidad a aquellos antecedentes esenciales para establecer si CORFO ha verificado los requisitos exigidos para el proyecto que en definitiva se busca financiar, generando un ámbito de opacidad ajeno a todo examen y revisión. Por lo demás, el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". Asimismo, a mayor abundamiento, también resulta aplicable lo señalado en la decisión de amparo Rol C7802-19, en orden a que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debería permitir al órgano contar con una copia física de los antecedentes remitidos a un privado o entregados a otro órgano del Estado, o en su defecto, una copia digital de los mismos, como respaldo ante una eventual pérdida o destrozo de los documentos originales remitidos. Efectivamente, la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de información pública. Con todo, en el evento de no obrar en la esfera de control del órgano los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C790-11 C1179-11 C1556-12 C409-13 C894-14 C4305-16 C457-10 C1130-17 C7802-19
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Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C3304-21   Entidad pública: Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) Requirente: Javiera Ilabaca Turri Ingreso Consejo: 06.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Corporación de Fomento de la Producción, ordenando entregar a la reclamante copia del acto, contrato o resolución u otro en que conste otorgamiento de crédito CORFO a las personas que se indican, así como del contrato, acto o resolución u otro en que conste proceso de licitación y adjudicación del aludido crédito al Banco Estado; previa reserva de datos personales de contexto. Lo anterior, por tratarse de información que obra dentro de la órbita de control y disposición del órgano reclamado respecto de la entidad bancaria que licitó el crédito consultado, desestimándose, en consecuencia, la alegación de inexistencia esgrimida. Aplica criterio contenido en las decisiones Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17. Además, se debe tener presente lo razonado en la decisión de amparo Rol C894-14, en el sentido de que reservar la información referida a la obtención de un crédito Corfo "supondría impedir el escrutinio y control del procedimiento de asignación de recursos provenientes del erario nacional, en clara infracción del principio de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia, como también privar de publicidad a aquellos antecedentes esenciales para establecer si CORFO ha verificado los requisitos exigidos para el proyecto que en definitiva se busca financiar, generando un ámbito de opacidad ajeno a todo examen y revisión. Por lo demás, el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". Asimismo, a mayor abundamiento, también resulta aplicable lo señalado en la decisión de amparo Rol C7802-19, en orden a que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debería permitir al órgano contar con una copia física de los antecedentes remitidos a un privado o entregados a otro órgano del Estado, o en su defecto, una copia digital de los mismos, como respaldo ante una eventual pérdida o destrozo de los documentos originales remitidos. Efectivamente, la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de información pública. Con todo, en el evento de no obrar en la esfera de control del órgano los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3304-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 21 de abril de 2021, doña Javiera Ilabaca Turri solicitó a la Corporación de Fomento de la Producción (en adelante e indistintamente CORFO) la siguiente información: a) "Copia de acto/contrato/resolución u otro en que conste otorgamiento de crédito CORFO a don José Miguel Nuñez Severino y don Oriel Nuñez Silva, el cual fue garantizado por hipoteca inscrita a fojas 9.389, número 4.706, del Registro de Hipotecas, y prohibición inscrita a fojas 18.403, número 6.581, del Registro de Prohibiciones, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondientes al año 1989. b) Copia de contrato/acto/resolución u otro en que conste proceso de licitación y adjudicación de crédito de don José Miguel Nuñez Severino y don Oriel Nuñez Silva, cédula de identidad a Banco del Estado de Chile". 2) RESPUESTA: El 6 de mayo de 2021, la Corporación de Fomento de la Producción respondió a dicho requerimiento de información indicando que no es competente para ocuparse de la solicitud y que aquella ha sido derivada a Banco Estado. 3) AMPARO: El 6 de mayo de 2021, doña Javiera Ilabaca Turri dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa. Además, la reclamante señala "CORFO refiere no tener a su disposición los documentos señalados. Se considera, por esta parte, que ambos documentos solicitados sí corresponden a su competencia toda vez que fue ese organismo quien entregó el crédito referido y quien licitó el mismo, adjudicándose posteriormente a Banco Estado". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Vicepresidente Ejecutivo del/de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), mediante Oficio E11802, de 1° de junio de 2021, solicitando que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. Por medio de presentación ingresada con fecha 15 de junio de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos u observaciones argumentando, en resumen, que mediante Carta N° 353, de la Coordinadora de la Unidad de Asuntos Corporativos de la Subgerencia Legal de CORFO, se le informó a doña Javiera Ilabaca Turri, "que de acuerdo a los registros de la Gerencia de Administración y Finanzas de esta Corporación, los créditos otorgados a los señores Oriel Núñez Silva y Miguel Núñez Severino, garantizados con hipoteca y prohibición, inscritos en el Registro de Hipotecas y Gravámenes y de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 1989, fueron cedidos al Banco del Estado de Chile. Lo indicado implica que la deuda que originalmente habían contraído los deudores con CORFO fue cedida a esa entidad bancaria, la que actualmente es la titular de aquella". Adjunta copia. Así la cosas, recibida la solicitud de información "se efectuó la búsqueda en las dependencias de CORFO de los documentos específicamente requeridos (...) resultando infructuosa. (...) la única información con la que se cuenta es la disponible en una base de datos con el listado de los créditos licitados al BancoEstado, a cargo de la Gerencia de Administración y Finanzas de CORFO, donde aparece la operación indicada". Conforme lo señalado, al no poseer los documentos solicitados, y al ser, como ya se indicó, de competencia de BancoEstado la materia consultada, se procedió a responder conforme a los términos del artículo 13 de la Ley de Transparencia, informando dicha situación a la solicitante. Finalmente, señala que atendida la inexistencia en poder de CORFO de la documentación específica requerida, no concurren en la especie circunstancias que hagan procedente la entrega de la información requerida, ni la denegación de la información reclamada, por no existir causal constitucional o legal de secreto o reserva al respecto por lo argumentos expuesto precedentemente. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa entregada por CORFO, relativa a la entrega de copia de acto, contrato o resolución u otro en que conste otorgamiento de crédito CORFO a las personas que se indican, así como el acceso a copia de contrato, acto o resolución u otro en que conste proceso de licitación y adjudicación del aludido crédito al Banco Estado. 2) Que, el órgano requerido fundó la denegación en que se trata de información que no obra en su poder y que sería de competencia del Banco Estado, derivando el requerimiento a este último, toda vez que la deuda que originalmente habían contraído los deudores con CORFO fue cedida a esa entidad bancaria. 3) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 4) Que, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. En este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados). 5) Que, en el presente caso, a juicio de este Consejo, las alegaciones del órgano no tienen el mérito suficiente para considerar satisfecho el estándar que, para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, ha definido la jurisprudencia de esta Corporación, ya que, por una parte, no ha acreditado fehacientemente las actividades de búsqueda supuestamente realizadas por medio de un certificado de dicha naturaleza y, por la otra, el hecho de que los documentos pedidos no obren materialmente en su poder no implican necesariamente su inexistencia pues estos formarían parte de su esfera u orbita de control. 6) Que, en tal orden de ideas, a partir de las decisiones de amparos Roles C457-10, C790-11, C1556-12, C4305-16 y C1130-17, este Consejo razonó que el alcance de la expresión "obrar en poder" no debe limitarse únicamente a la información existente físicamente en las dependencias de un órgano de la Administración del Estado, sino que también comprende aquella que éste mantiene bajo su órbita de control o bajo su disposición, en virtud de sus facultades de supervigilancia, control y fiscalización. 7) Que, la ley N° 6640, que aprueba el texto refundido de la ley N° 6.334, que creo las Corporaciones de Reconstrucción y Auxilio y de Fomento a la Producción, establece en su artículo 25, que el Consejo -que administra y dirige la CORFO-tendrá las siguientes atribuciones: "(...) f) Estudiar los medios de financiamiento general del plan de fomento de la producción o de financiamiento particular de las diferentes obras contempladas en él y conceder préstamos en la forma indicada en los artículos 29 y 30". Acto seguido, la norma establece que "la colocación de recursos crediticios de la Corporación será efectuada solamente a través de préstamos a bancos, instituciones financieras y empresas de leasing. Su objeto será financiar proyectos de inversión en los rubros que determine su Consejo. Tanto los recursos de la Corporación como los provenientes de empréstitos otorgados al Estado por organismos internacionales, que formen un programa de acción específico, administrado por la Corporación en calidad de órgano ejecutor, podrán ser colocados en forma directa o a través de préstamos a las entidades señaladas en el inciso anterior. Igual procedimiento regirá para aquellos programas financiados complementariamente con los recursos de la Corporación y empréstitos otorgados por organismos internacionales directamente a esta institución". 8) Que, a su turno, el artículo 26 del mismo cuerpo normativo, dispone que "El Consejo de la Corporación, (...), podrá disponer la enajenación de sus créditos a bancos e instituciones financieras mediante licitación pública y el precio podrá ser inferior al valor nominal de éstos, a partir de un valor mínimo que fijará al efecto./ La Corporación comunicará al deudor, mediante carta certificada dirigida al domicilio registrado en la institución, que su crédito se ha incluido en la nómina de cartera a licitar, con 30 días de anticipación, a lo menos, a la fecha de apertura de las ofertas./ Dentro del plazo de 10 días hábiles contado desde la fecha de la apertura de las ofertas, la Corporación deberá, mediante carta certificada, ofrecer al deudor el derecho de prepagar su deuda en una cantidad igual a la mayor de las ofertas recibidas en la licitación correspondiente. La opción deberá ser ejercida por el deudor dentro del plazo de 15 días contado desde la expedición de esa carta por la Oficina de Correos y deberá incluir el pago de una cantidad adicional no superior al 3% del monto establecido, porcentaje que será fijado en las bases de la licitación y que cederá en beneficio del banco o institución financiera que haya hecho la mejor oferta en caso que éste o ésta no se adjudique en definitiva el crédito licitado, o de la Corporación, si no se efectuare el prepago dentro de 30 días contados desde la fecha de la opción./ Si el deudor no ejerciere la opción o no efectuare el prepago dentro de los plazos respectivos, la Corporación deberá adjudicar el crédito licitado a la mayor oferta". 9) Que, en tal contexto, siendo lo requerido el antecedente documental en que conste, por una parte, el otorgamiento de un crédito CORFO a las personas que se indica y, por otra, la posterior licitación de dicho crédito al Banco Estado corresponde a información pública que ha de obrar en poder del organismo como parte del procedimiento de asignación de recursos, ya sea materialmente o como parte de su esfera de control respecto de la documentación remitida a la entidad bancaria licitada. Lo anterior, se ve reforzado por los propios antecedentes allegados por la reclamada al expediente, conforme a los cuales se acredita que CORFO aún se encuentra vinculada a la operación crediticia consultada pues los gravámenes constituidos en su momento para garantizarlo, a la fecha, todavía se mantienen a su favor. Además, debe tener presente lo expuesto en la decisión de amparo Rol C894-14, en el entendido que reservar la información consultada "supondría impedir el escrutinio y control del procedimiento de asignación de recursos provenientes del erario nacional, en clara infracción del principio de publicidad y transparencia consagrados en la Constitución Política de la República y la Ley de Transparencia, como también privar de publicidad a aquellos antecedentes esenciales para establecer si CORFO ha verificado los requisitos exigidos para el proyecto que en definitiva se busca financiar, generando un ámbito de opacidad ajeno a todo examen y revisión. Por lo demás, el hecho de recibir un beneficio del Estado de Chile hace que se reduzca el ámbito de la privacidad de las personas que gozan de estos, toda vez que debe permitirse un adecuado control social de a quién se le están otorgando dichos beneficios". 10) Que, a mayor abundamiento, en el presente caso también resulta aplicable lo señalado en la decisión de amparo Rol C7802-19, en orden a que una adecuada política de gestión documental y de manejo de archivos o de registros en sistemas informáticos, debería permitir al órgano contar con una copia física de los antecedentes remitidos a un privado o entregados a otro órgano del Estado, o en su defecto, una copia digital de los mismos, como respaldo ante una eventual pérdida o destrozo de los documentos originales remitidos. Efectivamente, la falta de una política integral de automatización de los procesos o documentos no debiese justificar la imposibilidad de hacer entrega de información pública. 11) Que, así las cosas, tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en la esfera de control del órgano reclamado, en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, respecto de la cual, no se encuentra debidamente acreditada la circunstancia de hecho de inexistencia, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en la esfera de control del órgano el antecedente cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. 12) Se hace presente que los antecedentes deberán ser entregados previa reserva de los datos personales de contexto, incorporados en dicha documentación, tales como, rut, domicilio, teléfono y correo electrónico particulares, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Javiera Ilabaca Turri en contra de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO), lo siguiente: a) Hacer entrega a la reclamante de: i. "Copia de acto/contrato/resolución u otro en que conste otorgamiento de crédito CORFO a don José Miguel Nuñez Severino y don Oriel Nuñez Silva, el cual fue garantizado por hipoteca inscrita a fojas 9.389, número 4.706, del Registro de Hipotecas, y prohibición inscrita a fojas 18.403, número 6.581, del Registro de Prohibiciones, ambos del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondientes al año 1989". ii. "Copia de contrato/acto/resolución u otro en que conste proceso de licitación y adjudicación de crédito de don José Miguel Nuñez Severino y don Oriel Nuñez Silva, cédula de identidad a Banco del Estado de Chile". Lo anterior, previa reserva de los datos personales de contexto, incorporados en dicha documentación, tales como, rut, domicilio, teléfono y correo electrónico particulares. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Ilabaca Turri y al Sr. Vicepresidente Ejecutivo de la Corporación de Fomento de la Producción. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.