Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3387-21

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Reclamante:	MARIO RIVERO CAMPOS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Ancud, ordenando la entrega de la información requerida, referida a una serie de antecedentes asociados a la problemática "violencia intrafamiliar". Lo anterior, por cuanto, se desestiman las alegaciones del órgano referidas a que el requerimiento no se encontraría amparado por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que, si bien la solicitud se formula en términos interrogativos, alude a antecedentes que pueden obrar en poder del municipio en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/24/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2243-20 C548-21 C1118-21 C1227-21 C682-21
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Descriptores jurídicos:	- Funcionarios >> Desempeño de sus funciones >> Otros
Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C3387-21   Entidad pública: Municipalidad de Ancud Requirente: Mario Rivero Campos Ingreso Consejo: 10.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Ancud, ordenando la entrega de la información requerida, referida a una serie de antecedentes asociados a la problemática "violencia intrafamiliar". Lo anterior, por cuanto, se desestiman las alegaciones del órgano referidas a que el requerimiento no se encontraría amparado por el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, ya que, si bien la solicitud se formula en términos interrogativos, alude a antecedentes que pueden obrar en poder del municipio en alguno de los soportes a los que se refieren los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C2243-20, C682-21 y C1118-21. En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3387-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 7 de abril de 2021, don Mario Rivero Campos solicitó a la Municipalidad de Ancud la siguiente información: "¿Su municipio tiene pautas, protocolos y/o algún tipo de oferta programática para abarcar la violencia intrafamiliar hacia menores de edad (niños, niñas y/o adolescentes? (ya sea en materia de prevención o de cualquier tipo). ¿Cuál es el presupuesto destinado por el municipio para abordar problemáticas en torno a la violencia intrafamiliar durante el año 2019? Adjuntar únicamente aporte municipal. ¿Existe un presupuesto destinado a los programas que abordan el fenómeno de violencia intrafamiliar proveniente del municipio? (2019) En caso de existir, detalle monto, programa u oficina que recibe dicho presupuesto". 2) RESPUESTA: El 27 de abril de 2021, a través de Ord. N° 255, la Municipalidad de Ancud respondió al requerimiento, indicando que no se puede dar respuesta en los términos planteados, ya que la información solicitada no está contenida en ninguno de los formatos o actos contemplados en el artículo 10, inciso 2°, de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 10 de mayo de 2021, don Mario Rivero Campos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que la jurisprudencia emanada de este Consejo ha indicado que la petición es válida, decisiones C1227-21, C1118-21, C682-21, C548-21 y C2243-20. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud, mediante Oficio E11507, de 31 de mayo de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información reclamada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante Ord. N° 920, de fecha 6 de julio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que denegó el acceso a la información debido a que la presentación se limita a realizar preguntas que no obedecen a información que pueda entregarse a través de transparencia pasiva, en los términos del artículo 10 de la de la Ley de Transparencia, puesto que, el solicitante no se refiere a ninguno de los instrumentos mencionados por dicha norma y no corresponde a información elaborada con presupuesto público, en la forma requerida. Agrega que, la consulta en formato de preguntas, en la forma en que fueron expuestas, tampoco cumple con el requisito expresado en el literal b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, ya que no se identifica ningún acto o instrumento de los expresados en el citado artículo 10 de la mencionada ley, ni una referencia clara a los mismos, que permita dar una respuesta concreta. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, referida a una serie de antecedentes asociados a la problemática "violencia intrafamiliar". Por su parte, el órgano reclamado sostuvo que la solicitud no se encuentra amparada en el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. 2) Que, el artículo 8, inciso 2, de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de la que se encuentre contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda aquella elaborada con presupuesto público, salvo las excepciones legales. 3) Que, en este caso, en cuanto a los antecedentes pedidos, en primer término, se debe tener presente que el artículo 4 del decreto con fuerza de ley N° 1, de 2006, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, establece que los municipios: "en el ámbito de su territorio, podrán desarrollar, directamente o con otros órganos de la Administración del Estado, funciones relacionadas con: a) La educación y la cultura, (...) c) La asistencia social y jurídica; (...) j) El desarrollo, implementación, evaluación, promoción, capacitación y apoyo de acciones de prevención social y situacional, la celebración de convenios con otras entidades públicas para la aplicación de planes de reinserción social y de asistencia a víctimas, así como también la adopción de medidas en el ámbito de la seguridad pública a nivel comunal, sin perjuicio de las funciones del Ministerio del Interior y Seguridad Pública y de las Fuerzas de Orden y Seguridad". De esta forma, al referirse la información solicitada a la entrega de antecedentes asociados a una problemática como la violencia intrafamiliar, se debe concluir que se trata de información que puede encontrarse en poder del órgano requerido, por relacionarse con el ámbito de facultades que le entrega el marco normativo citado. 4) Que, luego, respecto de las alegaciones referidas a la manera en la que se plantea la solicitud, se debe señalar que si bien es formulada a través de enunciados interrogativos, dichas consultas pueden ser satisfechas por el órgano simplemente con una respuesta afirmativa o negativa, y en el evento de ser positiva, proporcionar al reclamante el documento que contendría los antecedentes correspondientes, en caso de que obren en alguno de los soportes a los que se refieren los ya mencionados artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, razón por la cual, se desestimarán las alegaciones de la reclamada en cuanto a este aspecto. Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo roles C2243-20, C682-21 y C1118-21. 5) Que, por otra parte, respecto a la supuesta falta de cumplimiento en la solicitud de lo dispuesto por la letra b) del artículo 12 de la Ley de Transparencia, se debe hacer presente que la señalada norma establece en su inciso segundo que: "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición", sin embargo, no existe constancia de que el órgano haya solicitado al reclamante subsanar su solicitud, por lo que, resulta improcedente que aquello se invoque en esta instancia. 6) Que, en mérito de lo expuesto, tratándose de información de naturaleza pública amparada por el derecho de acceso consagrado en la Ley de Transparencia, respecto de la cual el municipio no ha alegado su inexistencia, ni la concurrencia de causales de reserva o secreto, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Mario Rivero Campos en contra de la Municipalidad de Ancud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud, lo siguiente: a) Entregue al reclamante la siguiente información: i. ¿Su municipio tiene pautas, protocolos y/o algún tipo de oferta programática para abarcar la violencia intrafamiliar hacia menores de edad (niños, niñas y/o adolescentes? (ya sea en materia de prevención o de cualquier tipo). ii. ¿Cuál es el presupuesto destinado por el municipio para abordar problemáticas en torno a la violencia intrafamiliar durante el año 2019? Adjuntar únicamente aporte municipal. iii. ¿Existe un presupuesto destinado a los programas que abordan el fenómeno de violencia intrafamiliar proveniente del municipio? (2019) En caso de existir, detalle monto, programa u oficina que recibe dicho presupuesto. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes antes indicados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mario Rivero Campos y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.