Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3593-21

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Reclamante:	HÉCTOR GÓMEZ ARRIAGADA
Reclamado:	ARMADA DE CHILE
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de la información correspondiente al listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año, país, duración y porcentaje de viático asignado. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se ha explicado ni acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría su entrega, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado y a la Defensa Nacional, sin fundarse suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos y la seguridad de la institución y de su personal. A su vez, se estima que la publicidad de la información sobre viajes realizados por el Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que aquellos pudieran haber desarrollado. Se rechaza el amparo en lo referido a la entrega de la información correspondiente al motivo y las fechas de salida y regreso al país de las comisiones al extranjero consultadas, toda vez que, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, se declara información reservada, por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/12/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Justicia Militar Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C1180-18 C7247-19 C2358-19 C2794-19 C2796-19 C4885-18 C4887-18
Jurisprudencia a:	C3834-21 C3835-21 C5057-21
Recursos relacionados:	452-2021 5451-2022
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Defensa

DECISIÓN AMPARO ROL C3593-21   Entidad pública: Armada de Chile Requirente: Héctor Gómez Arriagada Ingreso Consejo: 17.05.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Armada de Chile, ordenando la entrega de la información correspondiente al listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año, país, duración y porcentaje de viático asignado. Lo anterior, por cuanto, se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual no se ha explicado ni acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría su entrega, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado y a la Defensa Nacional, sin fundarse suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos y la seguridad de la institución y de su personal. A su vez, se estima que la publicidad de la información sobre viajes realizados por el Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que aquellos pudieran haber desarrollado. Se rechaza el amparo en lo referido a la entrega de la información correspondiente al motivo y las fechas de salida y regreso al país de las comisiones al extranjero consultadas, toda vez que, en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, se declara información reservada, por cuanto, la revelación de aquello podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del Ejército de Chile, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible, cuya publicidad puede afectar a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional. En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3593-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de marzo de 2021, don Héctor Gómez Arriagada solicitó a la Armada de Chile la siguiente información: "un listado de las comisiones al extranjero del VA Ricardo Marcos Vivanco desde que integra el Alto Mando, con el siguiente detalle: Año-País de la comisión-Motivo de la comisión-Duración de la comisión-Fecha de salida de Chile-Fecha de ingreso a Chile-porcentaje de viático asignado". 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por oficio de fecha 8 de abril de 2021, el órgano notificó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles, en los términos referidos en el inciso 2° del artículo 14 de la Ley de Transparencia, prórroga que fue extendida hasta el 11 de mayo de 2021, a través de oficio de fecha 20 de abril de 2021. 3) RESPUESTA: El 10 de mayo de 2021, por medio de Ordinario N° 12900/397, la Armada de Chile respondió al requerimiento indicando que lo pedido no cumple con los requisitos exigidos por los artículos 5 y 10 de la Ley N° 20.285, ya que, atender el requerimiento en la forma solicitada implicaría que la Institución deba emitir un acto administrativo, elaborando un informe, un listado o una certificación con lo requerido, conforme al inciso 6° del artículo 3 de la Ley N° 19.880, que "Establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado". Lo anterior, corresponde más bien al ejercicio del Derecho de Petición, establecido en el artículo 19, N° 14, de la Constitución Política de la República. De esta manera, la solicitud no dice relación con materias propias de la Ley de Transparencia. El propio Tribunal Constitucional ha manifestado en reiterada jurisprudencia, que la Constitución no hace público todo lo que el Estado tenga o posea, sino sólo los actos y resoluciones de los Órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Si el artículo 8 de la Carta Magna hubiera querido hacer pública toda información que produzca o esté en poder de la Administración, no habría utilizado las expresiones "acto", "resolución", "fundamentos" y "procedimientos". Por otro lado, atender la solicitud, en los términos solicitados, implicaría emitir un acto administrativo que contendría datos de carácter secreto y reservados, según lo dispuesto en los artículos 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, y 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424, "Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional", en relación al artículo 8 y disposición Cuarta Transitoria de la Constitución Política de la República, debido a que se está requiriendo fecha, lugar, motivos, cantidad, duración y porcentaje de viáticos de las comisiones realizadas por el Sr. Almirante Marcos, lo que significa dar a conocer información relativa a la dotación del personal de la Armada, el estándar con que opera y los planes de empleo de los recursos humanos y económicos, antecedentes que se relacionan directamente con la seguridad del Estado y la Defensa Nacional, por expresa disposición del legislador. Así, aun cuando la solicitud cumpliera con los requisitos de la Ley de Transparencia, la Institución se encontraría impedida de acceder al detalle requerido por aplicación del artículo 21, N° 3, N° 4 y N° 5, este último, en relación a las normas ya mencionadas. Sin perjuicio de lo anterior, fuera de la Ley de Transparencia, en respuesta al Derecho de Petición, y dentro de la Ley N° 19.880, informa que el Sr. Almirante Marcos ha realizado 6 comisiones al extranjero, de las cuales en cinco comisiones se entregaron viáticos del 100% y, en una oportunidad, una asignación especial única, entre los años 2016 al 2021, ambos inclusive. 4) AMPARO: El 17 de mayo de 2021, don Héctor Gómez Arriagada dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Además, el reclamante hizo presente que: "Se señala que la información es de carácter secreto o reservado a pesar que los antecedentes solicitados han sido enviados por años desde la propia Armada a la SS.FF.AA. por medio de documentos con clasificación "Ordinario" para solicitar la confección de los decretos respectivos; mientras que, por otro lado, tales datos además son incorporados en la elaboración de estos últimos, los cuales son públicos". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, mediante Oficio E12305, de 25 de junio de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones formuladas por la parte reclamante, en particular donde cuestiona la causal alegada e indica que lo solicitado tiene carácter de información pública; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (3°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría el interés y seguridad de la nación. Mediante Ordinario N° 12.900/591, del 15 de junio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que el requerimiento no constituye una solicitud de información amparable por la Ley N° 20.285, tal como explicó en la respuesta, ya que, se trata de la elaboración de un acto administrativo que certifique las comisiones al extranjero en los términos consultados, porque no existe un documento que certifique lo requerido, información que, al no estar elaborada, requiere emprender la búsqueda de datos que no están organizados, lo que significa emitir un acto administrativo de aquellos contenidos en el inciso sexto del artículo 3 de la Ley N° 19.880, certificando lo requerido, previa investigación y recopilación de antecedentes, lo que no se corresponde con los requisitos exigidos en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, ni con lo dispuesto en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República. Indica que el reclamante, mediante carta de fecha 17 de mayo de 2021, la que adjunta, entendió y, consecuentemente, solicitó vía Ley N° 19.880, lo requerido, no resultando plausible que, por una parte, solicite que se le emita el acto administrativo y, por la otra, esté presentando un amparo. Luego, en referencia a las causales de secreto o reserva que hacen procedente la denegación de la información, en caso de emitir el acto administrativo, reiterar que ella es secreta y/o reservada, de conformidad a lo ya resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en la causa Rol N° 5426-19, la que cita. De esta manera y, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 76 de la Constitución Política de la República de Chile, la Institución cumple con lo mandatado y resuelto por dicha Corte, sin que pueda revisar los fundamentos o contenido de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos, debiendo cumplir sin más trámite el mandato judicial y sin que pueda calificar su fundamento, ni la justicia o legalidad de la resolución. Indica que este criterio ha sido adoptado por este Consejo en las decisiones de amparo roles C1180-18, C4885-18, C4887-18, C2358-19, C2794-19, C2796-19 y C7247-19. Por ello, la Institución cumplió con lo resuelto y fundamentó el secreto y/o reserva en los términos descritos, y certificando, de conformidad al inciso sexto del artículo 3 de la Ley N° 19.880, los antecedentes estadísticos en iguales términos que se ha hecho anteriormente, lo que ha aceptado este Consejo. 6) GESTIÓN OFICIOSA: Con fecha 9 de julio de 2021, por medio de correo electrónico, esta Corporación requirió al órgano informar los datos de contacto del tercero interesado, con la finalidad de evaluar la eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. A la fecha del presente acuerdo no existe constancia de que dicha comunicación haya sido atendida por el órgano. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a un listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año; país; motivo; duración; fecha de salida y de ingreso a Chile; y, porcentaje de viático asignado. Por su parte, el órgano reclamado reitera en sus descargos que lo requerido no corresponde a una solicitud amparada por la Ley de Transparencia, pero que, pese a ello, la información requerida es secreta y/o reservada. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Por su parte, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", salvo las excepciones legales. 3) Que, en este contexto, y en primer término, se debe hacer presente que, a juicio de este Consejo, el requerimiento que da origen al amparo es de aquellos contemplados por la Ley de Transparencia, por cuanto, recae sobre información que obra en poder del órgano, en los términos descritos en el marco normativo enunciado en el considerando precedente, cuya entrega puede efectuarse sin la emisión de un acto de certificación, de los considerados en el artículo 3, inciso 6°, de la Ley N° 19.880, al contrario de lo que sostiene el órgano. De esta forma, las labores propias de identificación y sistematización de la información para su entrega no pueden considerarse como respuesta al ejercicio del derecho de petición, resultando indiferente, para efectos de la presente decisión, el que el reclamante con posterioridad a la solicitud de acceso a la información haya requerido los antecedentes en una nueva presentación en el marco de la Ley N° 19.880. Sobre el mismo punto, y a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional, en sentencia de 10 de junio de 2014, causa rol 2505-13-INA, razonó que: "a partir de la aplicación de los principios de máxima divulgación, de apertura de la información y de las presunciones de relevancia y publicidad, así como del principio de divisibilidad, resulta lógico que la Administración del Estado deba estar obligada, en ciertos supuestos, a construir información nueva para entregar al solicitante a partir de la información existente. Lo anterior resulta evidente para toda la información que no es ni acto ni resolución". Razones por las cuales esta alegación del órgano será desestimada. 4) Que, luego, en cuanto al fondo del reclamo, la denegación de información de parte de la Armada de Chile se funda en el carácter secreto que aquella tendría, lo que habría sido sustentado en la sentencia citada, mientras que, en la respuesta a la solicitud se invocó lo dispuesto en el artículo 34, letras a) y b), de la ley N° 20.424, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, y el artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar, configurándose las causales de reserva o secreto del artículo 21, N° 3, N° 4 y N° 5, de la Ley de Transparencia. 5) Que, al respecto, se debe hacer presente que el artículo 34, letras a) y b), de la ley N° 20.424, de 2010, del Ministerio de Defensa Nacional, Estatuto Orgánico del Ministerio de Defensa Nacional, prescribe: "Los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional son públicos. Los fundamentos de los actos y resoluciones presupuestarios de la defensa nacional, incluidos los que acompañan el proyecto de Ley de Presupuestos del Sector Público, serán secretos o reservados en todo lo relativo a: a) Planes de empleo de las Fuerzas Armadas; b) Estándares en los que operan las Fuerzas Armadas (...)". Se debe hacer presente que dicha norma -de fecha posterior a las leyes N° 20.050 y 20.285- fue aprobada con quórum calificado. 6) Que, establecido lo anterior, se ha de precisar el alcance del precitado artículo 34 de la ley N° 20.424 como motivo de reserva, debiendo adoptarse una interpretación restrictiva de la misma -al tratarse de una limitación de un derecho constitucional- que delimite su alcance, para de ese modo evitar que se desvirtúe su carácter excepcional como regla de secreto. En efecto, de la revisión de los antecedentes solicitados, correspondientes al listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año; país; motivo; duración; fecha de salida y de ingreso a Chile; y, porcentaje de viático asignado, -a juicio de esta Corporación- no se concluye que la totalidad de dicha información se vincule directamente con los planes de empleo de las Fuerzas Armadas ni los estándares en los que operan. 7) Que, en este mismo sentido, la hipótesis de reserva planteada por la reclamada no resulta aplicable a la generalidad de los antecedentes pedidos en este caso concreto, toda vez que, la referida norma establece un nuevo esquema con respecto al tratamiento público o reservado del presupuesto y/o ciertas adquisiciones efectuadas por las Fuerzas Armadas, estableciendo con precisión los márgenes de la reserva cuando ésta resulta aplicable. El propósito de la señalada ley fue introducir normas relativas a la fiscalización de las actividades del sector Defensa, con el objeto de otorgarles una mayor transparencia y control, entregándole al Congreso Nacional amplias facultades para la recepción de esta información en el artículo 35, y creándose un mecanismo de resguardo y reserva de la misma. A su vez, su inciso final precisa qué gastos institucionales de las Fuerzas Armadas resultan secretos, al establecer que: "Asimismo, los gastos institucionales y conjuntos de las Fuerzas Armadas para los efectos de la Ley N° 19.974 (sobre Inteligencia del Estado y que crea la Agencia Nacional de Inteligencia) serán secretos". Por lo expuesto, no configurándose ninguna de las hipótesis de reserva mencionadas con respecto a la totalidad de la información requerida, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva prescrita en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 34, letras a) y b), de la Ley N° 20.424. 8) Que, a su turno, el órgano denegó la entrega de la información solicitada, por aplicación de la causal de secreto del artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo prescrito en el artículo 436, numeral 1, del Código de Justicia Militar. Al efecto, dicha disposición prescribe: "Se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros: 1.- Los relativos a las Plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal (...)". 9) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21, N° 5, y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia -y puede por tanto ser objeto de reconducción formal-, es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente -es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material-. 10) Que, la reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. Pues bien, con respecto a la afectación de éstos y para justificar la causal de reserva alegada, la reclamada solo ha hecho referencia a las normas aplicables y a la jurisprudencia que avalaría dicha postura, en particular la sentencia dictada por la Excelentísima Corte Suprema en autos Rol N° 5426-2019, destacando que en aquella se resolvió que la entrega de la información: "permitiría establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible considerando que la labor del Alto Mando Naval en esas ocasiones no se relaciona, exclusivamente, con actividades internacionales de protocolo, sino que, además, por el contrario, se vincula con aspectos propios de su elevada función militar, esto es, una adecuada gestión de la Institución destinada a perfeccionar el estándar de empleo de la misma". 11) Que, al respecto, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación alegada debe ser presente o probable, y con la suficiente especificidad que permita justificar la reserva, de modo que no cabe presumirla, sino que debe ser acreditada por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Sobre el particular, el órgano reclamado, más allá de la cita jurisprudencial, no ha explicado ni ha acreditado de manera concreta y suficiente, el daño que provocaría la entrega de la totalidad de la información requerida, específicamente en lo relativo a la seguridad del Estado ni la Defensa Nacional. Tampoco se ha fundado suficientemente la vinculación directa existente entre la protección de dichos bienes jurídicos -vía reserva de toda la información- y la seguridad de la institución ni de su personal. Así, esta Corporación observa que la publicidad de parte de la información pedida sobre viajes realizados por el Alto Mando Naval, no revelará de modo directo las actividades o funciones estratégicas que pudiere haber desarrollado dicho Alto Mando en sus viajes. Por lo expuesto, tampoco se configura la hipótesis de reserva descrita en el artículo 21, N° 5, de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 436, N° 1, del Código de Justicia Militar. Lo anterior, sin perjuicio de lo que se dirá en el considerando 13 de esta decisión. 12) Que, por otra parte, el órgano ha enunciado que, bajo la misma hipótesis también se configurarían las causales de reserva del artículo 21 N° 3 y N° 4 de la Ley de Transparencia, aspecto sobre el cual, además de tenerse por reproducidos los razonamientos descritos en los considerandos precedentes -que permiten desestimar las causales de reserva aludidas respecto de la totalidad de la información requerida-, en razón de no acreditarse la afectación a los bienes jurídicos protegidos por dichas hipótesis de reserva, se debe agregar que, a juicio de este Consejo, la entrega de parte de la información requerida, en términos amplios o agregados, no afectará el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente en lo relativo a la Defensa Nacional. Tampoco se advierte de las alegaciones presentadas, cómo, con la entrega de cada uno de los datos solicitados, se afectarán las relaciones internacionales en aquellos casos en que se pretende el manejo adecuado de la Institución con el objeto de lograr el estándar y empleo de las Fuerzas Armadas, ni las relaciones militares internacionales. Lo anterior, habida especial consideración que parte de lo solicitado dice relación con el listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año, país, duración y porcentaje de viático asignado, pudiendo reservarse antecedentes como el motivo de los viajes y sus fechas de salida y regreso al país, por tratarse de cuestiones que podrían -eventualmente- dar cuenta de funciones y actividades estratégicas desarrolladas en el cumplimiento de sus funciones por parte del Alto Mando Naval, como se detallará en el siguiente considerando. 13) Que, en efecto, y sin perjuicio de lo razonado en esta decisión, cabe tener presente que asiste a esta Corporación la facultad contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, consistente en "Velar por debida reserva de los datos e informaciones que conforme a la Constitución y la Ley, tengan carácter de secreto o reservado", y teniendo en cuenta el principio de divisibilidad de la información, prescrito en el artículo 11, literal e), de la citada ley, resulta procedente la aplicación de un criterio precautorio, en virtud del cual, para este Consejo Directivo resulta plausible estimar que la revelación del motivo específico de los citados viajes, así como sus fechas de ingreso y salida al país, pueden eventualmente decir relación con el objeto que han tenido dichos viajes, por ejemplo: negociaciones de compra de material bélico, relaciones militares internacionales protocolares, para el cumplimiento o negociaciones de Memorándums de Entendimientos (MOU) con otros ministerios de defensa o instituciones militares de distintos Estados, que digan relación con capacitación operativa militar, ejercicios militares, estudios o proyectos de inversión institucionales o conjuntos, referidos a capacidades estratégicas, entre otros. Lo anterior, podría otorgar indicios sobre los planes de operación o de servicio del órgano, permitiendo establecer el objeto de tales desplazamientos, aspecto particularmente sensible en el ámbito de las funciones de defensa nacional. Por lo anterior, a juicio de este Consejo, corresponde rechazar el amparo en esta parte y acordar la reserva de aquella información relativa a los motivos de los viajes realizados y sus fechas de salida y regreso del funcionario consultado, por afectación a la seguridad de la Nación, particularmente en lo referido a la defensa nacional, en los términos del artículo 21, N° 3, de la Ley de Transparencia. 14) Que, en mérito de lo expuesto, el presente amparo será parcialmente acogido, ordenándose la entrega de la información correspondiente al listado de las comisiones al extranjero del funcionario consultado, indicando: año, país, duración y porcentaje de viático asignado. A su vez, se rechaza el amparo respecto de la entrega de la información referida al motivo y fechas de salida y regreso de las comisiones al extranjero consultadas, la que deberá ser reservada, exclusivamente en virtud de la facultad que detenta este Consejo, contemplada en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, y de la causal de reserva o secreto del artículo 21, N° 3, de la mencionada norma. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Héctor Gómez Arriagada en contra de la Armada de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile, lo siguiente: a) Entregue al reclamante el listado de las comisiones al extranjero del VA Ricardo Marcos Vivanco desde que integra el Alto Mando, con el siguiente detalle: Año-País de la comisión-Duración de la comisión-porcentaje de viático asignado. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo relativo al motivo y fechas de salida y regreso al país de las comisiones al extranjero consultadas, por afectación a la seguridad de la Nación, en lo relativo a la defensa nacional, en aplicación de las atribuciones conferidas a esta Corporación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Héctor Gómez Arriagada y al Sr. Comandante En Jefe de la Armada de Chile. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.