Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3865-21

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Reclamante:	MAURICIO OLAVE
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referente a la entrega de copia de los sumarios administrativos que se indican y las hojas de vida de los funcionarios consignados en aquellos. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y tratamiento de la información pedida, afectándose con ello, el debido funcionamiento del órgano requerido. Se hace presente al reclamante que puede formular un nuevo requerimiento acotando la cantidad de sumarios y hojas de vida consultadas. Lo anterior, de modo de facilitar a la reclamada las labores de búsqueda, sistematización, tratamiento y digitalización de la información requerida.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/27/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1186-11 C377-13
Jurisprudencia a:	C3866-21 C3868-21
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Información elaborada con fondos públicos o que obra en poder >> Información a disposición permanente del público >> Páginas web
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3865-21   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Mauricio Olave Ingreso Consejo: 25.05.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de Carabineros de Chile, referente a la entrega de copia de los sumarios administrativos que se indican y las hojas de vida de los funcionarios consignados en aquellos. Lo anterior, por configurarse la causal de reserva de distracción indebida de los funcionarios del órgano reclamado, atendida la cantidad de tiempo y recursos humanos que plausiblemente han de dedicarse a la búsqueda, sistematización y tratamiento de la información pedida, afectándose con ello, el debido funcionamiento del órgano requerido. Se hace presente al reclamante que puede formular un nuevo requerimiento acotando la cantidad de sumarios y hojas de vida consultadas. Lo anterior, de modo de facilitar a la reclamada las labores de búsqueda, sistematización, tratamiento y digitalización de la información requerida. En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3865-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de abril de 2021, don Mauricio Olave solicitó a Carabineros de Chile lo siguiente: "(...) 1. Copia de los sumarios administrativos de la institución de Carabineros de Chile en la región metropolitana de noviembre de 2019 que detalla continuación: a. 13145 1; b. 13160 1; c. 13164; 1; d. 13168 1; e. 13170 1; f. 13234 1; g. 13236 1; h. 13247 1; i. 13270 1; j. 13291 1; 2.) Copia de la hoja de vida de los funcionarios de Carabineros de Chile individualizados en la investigación de cada uno de los sumarios mencionados; Adicionalmente, indicó que solicita lo anterior en virtud del principio de divisibilidad, resguardando aquellos datos personales de contexto en conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y advirtió que los sumarios solicitados, según lo informado por el organismo ante solicitudes anteriores, se encuentran afinados. Además, hizo presente la jurisprudencia de este Consejo sobre hojas de vida de funcionarios. 2) RESPUESTA: Por medio de Resolución Exenta N° 203 de fecha 12 de mayo de 2021, el órgano respondió a 13 requerimientos de información presentados por el requirente, denegando lo solicitado, por concurrir en la especie la causal de reserva del artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Puntualizó que no tiene disponible la información requerida, en sus registros institucionales, en los términos pedidos, en un sólo estamento institucional, resultando necesario solicitarlo a diversas reparticiones que indica, implicando su búsqueda y sistematización distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales de cada una de las reparticiones y/o unidades de la Zona Metropolitana. Agregó que se trata de requerimientos de carácter genérico, en la medida que carecen de especificidad respecto de las características esenciales de la información pedida, tales como su materia, fecha de emisión o período de vigencia, autor, origen o destino, soporte, entre otros. Señaló, además, que una vez remitida la información por todas las Prefecturas y/o Zonas, el Departamento de Información Pública y Lobby debe hacer una recopilación de todos los sumarios solicitados, que aproximadamente son 110 sumarios administrativos, para efectos de realizar luego, la discriminación y/o selección de los antecedentes, en razón de los datos personales y sensibles. Lo anterior, añadió, es contrario a los principios de eficiencia y eficacia por los cuales se rigen los órganos de la Administración del Estado. En este orden de ideas, citó jurisprudencia emanada de este Consejo en relación a la causal de reserva alegada. Hizo referencia a amparos relativos a la interposición de diversas solicitudes por un mismo requirente en un período acotado de tiempo. A su turno, clarificó que el volumen de los sumarios pedidos es variado, toda vez que van desde 50 páginas a 5000 páginas o más por cada sumario, por lo que entregar la materialización de ello es improbable, tomando en cuanto que la revisión de cada sumario verificando los datos personales o símil, sería tarea de un funcionario bajo una jornada de 8 horas diarias. En efecto, precisó que son aproximadamente 110 expedientes sumariales, cuya revisión tomaría un tiempo de 40 minutos cada uno -desconociendo si dichos documentos vendrían con adjuntos-, lo cual significaría invertir 4.400 minutos, que equivalen a 73 horas, y que convertidas en días trabajados, entendiendo que, cada jornada se compone de 8 horas laborales, da como resultado 92 días en realizar la búsqueda de la pertinencia de la información, siempre y cuando, se dedicara un solo funcionario de manera exclusiva a dicha revisión, para luego, observar y evaluar la posibilidad de ser tachado cada uno de los documentos que pueden contener datos personales de terceros, en adecuación de las disposiciones contenidas en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Advirtió que con lo pedido, no sólo se distrae al personal para atender los fines propios de Carabineros, sino que también no se cuenta con la capacidad técnica ni humana para realizar la recopilación de la información, análisis, evaluación y procesamiento del requerimiento, sin afectar seriamente las funciones ordinarias que la Constitución y la Ley de asignan a Carabineros de Chile y particularmente el funcionamiento del Departamento de Información Pública y Lobby, sumado a la emergencia sanitaria por la que atraviesa el país producto del Covid-19, que ha implicado la adopción de la modalidad de teletrabajo por los funcionarios de la institución. En virtud de lo señalado anteriormente, señaló que, en la especie, el derecho de acceso a la información se ha ejercido de manera abusiva, forzando las capacidades de Carabineros de Chile. 3) AMPARO: El 25 de mayo de 2021, don Mauricio Olave dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. General Director de Carabineros de Chile, mediante Oficio N° E13144, de fecha 17 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (2°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; y; (3°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida. Mediante Oficio N° 222, de fecha 2 de julio de 2021, el organismo presentó sus descargos y observaciones, reiterando, en síntesis, la hipótesis de reserva esgrimida con motivo de su respuesta. Evacuó respuesta conjunta a 6 amparos de acceso a la información. Adicionalmente, agregó que lo solicitado comprende 100 sumarios y un número indeterminado de hojas de vida, puesto que no se precisan, y solamente se señala que deben ser de los funcionarios individualizados en cada investigación, dato que implica la lectura total del sumario para poder determinarlo. Lo anterior, sin considerar, además, que se trata de información que se contiene en soporte papel. Asimismo, en atención a que se desconoce el número de personas involucradas en los sumarios solicitados, indicó que no se pudo efectuar la notificación, en conformidad de lo dispuesto en el artículo 20° de la Ley de Transparencia. Añadió que la satisfacción de lo pedido implicaría que, una vez remitidos los sumarios de las distintas reparticiones de la Institución, que en promedio tienen más de 300 hojas, en cada uno se debería determinar los funcionarios involucrados. Así, indicó que si aquellos fueren sólo 5 en cada sumario, las hojas de vida serían más de 500 en los 100 sumarios solicitados, para luego hacer el tratamiento de los datos personales y sensibles de los sumarios, como asimismo de las hojas de vida. Hizo presente, además, que el Departamento de Información Pública y Lobby, cuenta con una dotación de 6 abogados y 4 funcionarios administrativos para atender las solicitudes de información pública que efectúan diversos ciudadanos y que, alcanzan un promedio de 450 mensuales. En tal sentido, indicó que atender 25 requerimientos de una sola persona, en un sólo acto, afecta el debido funcionamiento de la repartición. Por último, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación y señaló la concurrencia de las causales de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) y N° 2 de la Ley de Transparencia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de los sumarios que se indican y las hojas de vida de los funcionarios consignados en aquellos. Al respecto, el organismo denegó su entrega, por concurrir en la especie la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, primeramente, en cuanto a la hipótesis de reserva alegada, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7° numeral 1° letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 3) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 4) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 5) Que, en cuanto a la cantidad de solicitudes interpuesta por el solicitante durante el mes de marzo e inicios abril del presente año -consignadas por la reclamada en su respuesta-, cabe hacer presente que, este Consejo ha razonado, a partir de su decisión Rol C1186-11, que el conjunto de requerimientos de información interpuestos por una misma persona, ante un mismo órgano de la Administración del Estado, en un período acotado de tiempo, puede justificar la concurrencia de la hipótesis de distracción indebida de los funcionarios de dicho órgano, respecto del cumplimiento regular de sus funciones, recogida en el artículo 21 N° 1, literal c), de la Ley de Transparencia, cuando se acredite que su atención agregada implica para tales funcionarios la utilización de un tiempo excesivo, considerando los recursos institucionales que deben destinarse, razonable y prudencialmente, a la atención de los requerimientos generados por la Ley de Transparencia, interrumpiendo, de esta forma, la atención de las otras funciones públicas que el servicio debe desarrollar o exigiendo una dedicación desproporcionada a esa persona en desmedro de la que se destina a la atención de las demás personas, implicando, todo ello, una carga especialmente gravosa para el organismo, en términos de la causal de secreto o reserva antes señalada. En este sentido, se debe tener presente que, acorde con lo dispuesto en el artículo 3° del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, de SEGPRES, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, los órganos de la Administración del Estado, se encuentran sujetos al deber de atender las necesidades públicas en forma continua y permanente, debiendo observar, entre otros, los principios de eficiencia y eficacia. 6) Que, en tal contexto, teniéndose presente la cantidad de solicitudes presentadas por el peticionario -13 requerimientos de acceso a la información en un mes- y la consecuente interposición de 8 amparos-, como asimismo, el volumen de la información que debe ser revisada y procesada -en soporte físico, 100 sumarios y 500 hojas de vida-, sumado al tiempo referido por la reclamada con ocasión de su respuesta, y que se debería emplear para efectos de dar respuesta a lo solicitado, esto es, 92 días hábiles de un funcionario con dedicación exclusiva, a juicio de este Consejo, la revisión, procesamiento y remisión de la información solicitada, implicaría distraer indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales, constituyendo una carga especialmente gravosa para el organismo, en los términos referidos en el considerando precedente, afectándose con ello, además, los principios de eficiencia y eficacia que debe observar el organismo en el cumplimiento de sus funciones públicas. 7) Que, sumado a lo anterior, y en relación al numeral 2, del artículo 21° de la Ley de Transparencia, en relación a la afectación de los derechos de los terceros, cabe hacer presente que para verificar dicha afectación es necesario que previamente el órgano de la Administración lleve a cabo el procedimiento establecido en el artículo 20° de la misma ley, a fin de comunicar a los terceros eventualmente afectados en sus derechos, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de lo pedido o bien consentirla. 8) Que, sin embargo, en el presente caso la reclamada no notificó a los terceros, debido al volumen de información que debía ser revisada, y la consecuente indeterminación de aquellos. Al efecto, y en concordancia de lo razonado en los considerandos precedentes, en atención a la cantidad de antecedentes a revisar, y lo expuesto por el organismo en su respuesta y con ocasión de sus descargos, es posible concluir que el número de terceros a notificar -presumiblemente más de 500- era un número elevado, máxime si se considera el acotado plazo que otorga el artículo 20° para la referida comunicación, a saber, dos días hábiles, lo cual permite estimar que la comunicación a los terceros involucrados hubiese afectado el cumplimiento de las funciones del órgano, en los términos previstos en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 9) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, se rechazarán los presentes amparos, por configurarse respecto de lo solicitado la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. 10) Que, sin perjuicio de lo anterior, se hace presente al reclamante que puede formular un nuevo requerimiento acotando la cantidad de sumarios y hojas de vida consultadas. Lo anterior, de modo de facilitar a la reclamada las labores de búsqueda, sistematización, tratamiento y digitalización de la información requerida. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Mauricio Olave, en contra de Carabineros de Chile, por configurarse en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Mauricio Olave y al Sr. General Director de Carabineros. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.