Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3899-21

Reclamante:	DIEGO DURAN TOLEDO
Reclamado:	SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS
Resumen del caso: Se acoge el amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega del listado de instituciones públicas a las cuales se ha oficiado o remitido información sobre el cobro indebido por parte de funcionarios públicos del bono de clase media. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, que no permite la identificación de una persona en particular, respecto de la cual, se desestimó las causales de privilegio deliberativo y de distracción indebida, que fueren alegadas por el organismo. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1584-21.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/9/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C377-13 C544-13 C1202-13 C1422-14 C3014-15 C1584-21
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Mecanismos de participación ciudadana >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3899-21   Entidad pública: Servicio de Impuestos Internos (SII) Requirente: Diego Durán Toledo Ingreso Consejo: 26.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo en contra del Servicio de Impuestos Internos, ordenándose la entrega del listado de instituciones públicas a las cuales se ha oficiado o remitido información sobre el cobro indebido por parte de funcionarios públicos del bono de clase media. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, que no permite la identificación de una persona en particular, respecto de la cual, se desestimó las causales de privilegio deliberativo y de distracción indebida, que fueren alegadas por el organismo. Aplica criterio contenido en la decisión de amparo Rol C1584-21. En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3899-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de abril de 2021, don Diego Durán Toledo solicitó al Servicio de Impuestos Internos -en adelante e indistintamente, también, SII-, "sobre los funcionarios que cobraron el ´bono clase media´ sin cumplir con los requisitos, esto entre los meses de mayo y junio del año 2020 (...) nos permitimos solicitar a usted lo siguiente: quisiéramos consultar si en virtud de los datos que vuestro Servicio posee respecto de la identificación de la dependencia de los funcionarios público que cobraron el señalado ´Bono Clase Media´, si se ha procedido a oficiar o a informar a dichos servicios de aquellos/as funcionarios/as que habrían incurrido en tal irregularidad. Por favor se solicita al menos contestar si o no. En caso de que, si se haya oficiado a las respectivas organizaciones, solicitamos por favor que se nos pueda remitir el listado de aquellas instituciones públicas a las cuales se ha remitido la presente información. Es menester aclarar que no necesitamos copias de los oficios, solo el listado a las instituciones a los que fue enviado, en caso de que esto haya ocurrido". 2) RESPUESTA: Mediante Res. Ex. Nro.: LTNot 0020692, de fecha 25 de mayo de 2021, el SII respondió el requerimiento en los siguientes términos: Hizo presente que efectivamente ha oficiado a distintas instituciones a raíz de lo consultado, en el cumplimiento de lo ordenado por la ley. Además, aclaró que, en relación con el listado de instituciones oficiadas, concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, por cuanto se encuentra en proceso la etapa de recepciones de antecedentes aportados por los trabajadores para demostrar que sí cumplían con los requisitos para acceder al aporte fiscal, por lo que el análisis aún no está completo. Así, indicó que realizar la correspondiente entrega implicaría vulnerar el derecho que tiene todo contribuyente de presentar los antecedentes que estime necesarios ante el SII y que estos sean evaluados de acuerdo con los principios de igualdad y equidad, con la debida imparcialidad con que siempre debe actuar el organismo fiscalizador. En este sentido, advirtió sobre la imposibilidad de acceder a la entrega de la información requerida, debido a que ésta forma parte de un procedimiento especial y previo, de características voluntarias, establecido por el SII mediante la Resolución Exenta N° 132, de 2020, para aclarar las inconsistencias detectadas en la solicitud del aporte fiscal o para su restitución, en los casos en que se haya obtenido sin cumplir con los requisitos legales, proceso cuya verificación concluye finalmente con el proceso de Operación Renta 2021, conforme a lo dispuesto en el D.L. N° 824, de 1974, es decir, hasta el 30 de abril de 2021, y que fue ampliado, en adecuación a lo previsto en la Ley N° 21.252, hasta el 31 de mayo de 2021. En efecto, señaló que respecto de lo pedido concurre, asimismo, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. 3) AMPARO: El 26 de mayo de 2021, don Diego Durán Toledo dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial a su solicitud. Al respecto, hizo presente que sólo requiere la información sobre las instituciones, sin identificar a los funcionarios. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, mediante Oficio N° E13139, de fecha 17 de junio de 2021, para efectos de que evacuara sus descargos u observaciones. Al respecto, por presentación remitida con fecha 6 de julio de 2021, el órgano presentó sus descargos y señaló, en síntesis, lo siguiente: Hizo presente que, en el amparo, no se señaló específicamente la infracción cometida por el organismo, en circunstancias que la información no se le denegó al requirente, sino que era su deber no realizar la entrega. Además, indicó que, a su juicio, el requerimiento consistía en una solicitud alternativa, la cual se satisfacía, a lo menos, contestando sí o no, lo que se hizo en la especie. Advirtió, además, que un total de 71.901 trabajadores habían restituido el aporte fiscal para la clase media por no cumplir con los requisitos y más de 34.000 trabajadores entregaron antecedentes para solicitar al SII la revisión de su caso particular. Lo anterior, advirtió, devela que se encuentra realizando un proceso el que está en desarrollo, relativo a quienes solicitaron el referido beneficio sin tener derecho al mismo o, por el contrario, quienes presentaron nuevos antecedentes al organismo para revisar su situación particular atendido a que no recibieron beneficio teniendo derecho a este. En esta línea, indicó que aún concluido el plazo para que los contribuyentes puedan efectuar la restitución voluntaria, es necesario tener presente que aún existirá una instancia de restitución obligatoria que podrá efectuar ese Servicio en la próxima Operación Renta año tributario 2021, por lo cual, solo una vez concluida la misma podrá estimarse terminado el proceso actualmente pendiente, en relación con la información requerida, sin perjuicio que, construirla con diversos desgloses y detalles podría implicar una distracción indebida por la alta cantidad de horas laborales que se debería destinar a su elaboración y siempre considerando que la información, inclusive estadística, que pueda entregar un órgano público, debe estar condicionada a que sea de fácil recopilación y que no implique un procesamiento excesivo que distraiga indebidamente a los funcionarios de sus labores habituales con el consecuente entorpecimiento y retraso de sus labores habituales. De este modo, señaló que no se divisa de qué manera el SII podía entregar la información solicitada sin pasar a llevar la normativa antes referida, o como podía entregar el listado definitivo de instituciones sin que previamente hubieran concluido definitivamente los procesos que se encontraban en desarrollo, al punto que una institución que originalmente se informó como dentro de un listado de organismos que tenían trabajadores que habían recibido el bono indebidamente, luego, producto del referido proceso podía determinarse que no debía estar en dicho listado, por cuanto todos sus trabajadores lograron acreditar que cumplían con los requisitos legales establecidos al efecto para recibir el aporte fiscal. Sobre lo anterior, reiteró la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Añadió que, una vez que se obtuvo el listado exacto y definitivo de trabajadores que debían restituir el aporte fiscal recibido indebidamente, recién fue factible cruzar tales antecedentes con el segundo proceso en desarrollo, esto es, con el resultado de operación renta 2021. Así, indicó que entregar el listado a la fecha de presentación de la solicitud, resultaba imposible, por cuanto se debía analizar caso a caso a fin de determinar qué resolución, medida o política era pertinente realizar al efecto, al punto que, develar antes las instituciones podría hacer que muchos funcionarios busquen realizar algún mecanismo, acción u omisión que impidiera determinar su responsabilidad en los respectivos hechos, concurriendo a su respecto la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia. A su vez, citó jurisprudencia de la Corte de Apelaciones de Santiago y de este Consejo sobre la materia. Y CONSIDERANDO: 1) Que, en primer término, en cuanto a lo alegado por el Servicio de Impuestos Internos, en orden a que el presente amparo debió ser declarado inadmisible, cabe tener presente que el fundamento de este es la denegación de la información solicitada, respecto del cual se acompañaron los antecedentes que requiere el artículo 24 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, la resolución del presente reclamo corresponde al fondo del asunto debatido, dado que, en virtud de lo dispuesto en la letra b) del artículo 33 de la citada ley, corresponde a este Consejo "Resolver fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad a esta ley". En consecuencia, se desechará la antedicha alegación, por improcedente. 2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta incompleta o parcial al requerimiento relativo a la entrega del listado de instituciones públicas que fueron oficiadas por la circunstancia reseñada, al respecto, la reclamada alegó la concurrencia de las causales de secreto o reserva dispuestas en el artículo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia. 3) Que, por su parte, el órgano también sostuvo que la sola indicación de haberse informado u oficiado a los órganos públicos respecto a la irregularidad sobre la cual se consulta, permitiría satisfacer lo solicitado, dado que el requerimiento fue planteado en términos alternativos. En este punto, cabe señalar que del propio tenor del requerimiento, se advierte que en la hipótesis que "si" se hubiese informado a los órganos públicos sobre la situación consultada -tal como reconoció el órgano en la especie-, se solicitó, asimismo, el listado de aquellas instituciones públicas a las cuales se ha remitido la información pedida. Por lo anterior, y atendido que el requerimiento debe ser entendido al alero del principio de máxima divulgación previsto en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia, conforme al cual, "los órganos de la Administración del Estado deben proporcionar información en los términos más amplios posibles, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales", se desestimará lo alegado por el SII en este punto. 4) Que, luego, resulta atingente tener presente que, el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 5) Que, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure aquella, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 6) Que, sobre el particular, este Consejo advierte que el órgano reclamado no acompañó antecedentes suficientes ni señaló la forma o manera concreta en que la entrega de la información reclamada podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, especialmente en lo referido a la incidencia específica que su divulgación tendría en el debido cumplimiento de sus funciones. En este sentido, se limitó a indicar que aquella se encontraba en proceso de revisión y análisis por las unidades pertinentes, sin aportar mayores elementos de juicio en orden a acreditar la concurrencia de la causal alegada, circunstancias que no dan cuenta de una afectación presente o probable y con suficiente especificidad al debido cumplimiento de sus funciones. 7) Que, en este contexto, y para el solo efecto de dar respuesta a la solicitud, resulta indiferente si luego de la revisión de los antecedentes presentados por los funcionarios, se determina que cumplían o no los requisitos de procedencia del aporte, ya que se requiere el listado de entidades públicas informadas. En tal sentido, se podría proporcionar lo pedido con indicación de que aquello correspondía a la situación a la fecha indicada, pudiendo ser susceptible de modificaciones una vez terminado el proceso en su totalidad. En este punto, se debe considerar que respecto del carácter "no oficial" o "no validada" este Consejo se ha pronunciado reiteradamente, en particular, en las decisiones de amparos Roles C544-13, C1202-13, y C1422-14, entre otras, indicando que dicha circunstancia no puede constituir un motivo plausible para denegar su acceso, por cuanto, tal restricción, por su sola concurrencia, no convierte en reservada la información que se ha solicitado, procediendo que el órgano, al momento de hacer la entrega, si lo estima necesario o conveniente, advierta al requirente del estado en el que a la fecha se encuentran los documentos. 8) Que, por otra parte, se alegó la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar el acceso a la información, cuando su entrega afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, especialmente "tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales". Asimismo, el artículo 7 N° 1 letra c) del Reglamento de dicha ley, establece que "se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales". 9) Que, este Consejo ha establecido que dicha causal sólo puede configurarse, en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo, este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, su concurrencia supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que suponen tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información o el costo de oportunidad, relación entre funcionarios y tareas. 10) Que, en dicho contexto, cabe considerar lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 11) Que, en la especie, la reclamada no señaló de manera específica el tiempo total que implicaría atender la solicitud de información requerida, con indicación de las horas hombre- que debiera destinar para su recopilación, así como tampoco su volumen total y/o el formato en que se encontraba. De esta forma, la sola invocación de la causal en comento, fundada únicamente en falta de conclusión del proceso de revisión de antecedentes, no permiten, por sí mismas, justificar su configuración. Asimismo, no se advierte la necesidad de realizar las gestiones de revisión de los antecedentes presentados por los trabajadores para determinar si cumplían o no los requisitos de procedencia del aporte, para efectos de dar respuesta a la solicitud, por lo cual se resta sustento a las alegaciones que el órgano invoca como presupuesto de la causal de reserva o secreto en cuestión, ya que, no ha explicado si los esfuerzos desproporcionados a los que se refiere se asocian o no a la obtención de la información precisa que fue requerida, esto es, al listado de organismo públicos informados, a la fecha de la solicitud. 12) Que, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del SII, con la divulgación del antecedente solicitado, por lo que se desestimará la alegación las hipótesis de reserva previstas en el artículo 21 N° 1 letras b) y c) de la Ley de Transparencia. 13) Que, en consecuencia, en la medida que lo solicitado dice relación con información de naturaleza pública, relativa a los órganos públicos informados del otorgamiento indebido de un beneficio fiscal, que no permite la identificación de una persona en particular, y teniendo en consideración que este Consejo, en la decisión de amparo Rol C1584-21, ordenó la entrega del oficio por medio del cual el SII informó a otro organismo público sobre los funcionarios que accedieron al referido bono sin cumplir con los requisitos legales establecidos para ello, se acogerá el presente amparo, requiriendo se otorgue acceso a lo solicitado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Diego Duran Toledo en contra del Servicio de Impuestos Internos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Nacional del Servicio de Impuestos Internos, lo siguiente: a) Entregue al reclamante el listado de instituciones públicas a las cuales ha oficiado o remitido información sobre el cobro indebido por parte de sus funcionarios del bono de clase media. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Diego Duran Toledo y al Sr. Director Nacional de Servicio de Impuestos Internos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.