Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C3906-21

Reclamante:	LEONEL BARBA GONZALEZ
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenándose la entrega de información sobre el Fondo Revalorizador de Pensiones, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, tarjando en forma previa, todo dato personal de contexto que pueda estar contenido en aquella. Lo anterior, por cuanto el requerimiento se encuentra amparado por el procedimiento de acceso establecido en la Ley de Transparencia, y lo solicitado se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no consta su remisión a la solicitante en los términos consultados, habiéndose desestimado la inexistencia esgrimida por la reclamada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/9/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Plazo del procedimiento >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C3906-21   Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) Requirente: Leonel Barba González Ingreso Consejo: 26.05.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenándose la entrega de información sobre el Fondo Revalorizador de Pensiones, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, tarjando en forma previa, todo dato personal de contexto que pueda estar contenido en aquella. Lo anterior, por cuanto el requerimiento se encuentra amparado por el procedimiento de acceso establecido en la Ley de Transparencia, y lo solicitado se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, no consta su remisión a la solicitante en los términos consultados, habiéndose desestimado la inexistencia esgrimida por la reclamada, conforme al estándar fijado por esta Corporación en su Instrucción General N° 10. En sesión ordinaria N° 1212 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C3906-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de mayo de 2021, don Leonel Barba González solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social -en adelante e indistintamente, SUSESO-, "en relación al Fondo Revalorizador de Pensiones en el cual su Secretario de la Comisión, manifestó que existe a la fecha (febrero de 2021) un monto de M$67.501.475, solicito: a) Composición de dicho fondo, desagregado por excedentes que envía en forma mensual tanto la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile como el IPS. Se solicita una desagregación mensual de los últimos cinco años, de los excedentes que envió el IPS como de igual forma Dipreca (Dirección de Previsión de Carabineros de Chile); b) ¿Qué facultad legal tiene el Congreso (Comisión Mixta de Presupuesto), como potestad para destinar fondos de una Ley con un carácter definido a financiar gastos que tiene que efectuar el Fisco? (Situación que se da en la Glosa del Presupuesto de Carabineros del año 2020, reiterado en el año 2021). c) De acuerdo a lo que señala el Secretario de la Comisión (...) si el artículo N° 1 del D.L. 49 de 1973 se declaró en receso los Consejos o Cuerpos colegiados, entre ellos las entidades de Seguridad social, entre los que se encuentra la Comisión Revalorizadora de pensiones, y quien se encuentra a cargo de la Comisión Revalorizadora es su Secretario y el personal de Regímenes Previsionales y Asistenciales de la Suseso... ¿Quién o que autoridad de Gobierno dentro del Ministerio del Trabajo y Previsión Social toma las decisiones estratégicas en relación a los Fondos de la Comisión Revalorizadora y en especial de sus fondos acumulados o existe una autonomía entre el Ministro del Trabajo y Previsión Social y el Secretario de la Comisión Revalorizado de Pensiones por ser nombrado por el Presidente de la República? d) Si el Secretario de la Comisión Revalorizadora de Pensiones es autónomo ¿Qué Facultad tiene la Comisión Revalorizadora de Pensiones para desviar fondos públicos que tienen un objetivo claro, preciso y definido y desviarlos a un objetivo diferente para el fin para el cual fue creado? e) ¿Qué artículo de la Ley del Fondo Revalorizador de Pensiones, faculta a destinar sus recursos a otros fines distintos? f) ¿Puede una glosa del Presupuesto de una Institución, ser suficiente para que se pueda redestinar fondos con fines específicos para fines absolutamente diferentes a su objeto? g) Si una glosa del presupuesto de una Institución es suficiente para redestinar fondos con fines específicos para otro objeto: ¿Por qué no se redestinan esos fondos a la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile, para financiar el Fondo de Medicina Curativa, tal cual como se efectúa en Capredena; institución exenta de la Ley 15.386, salvo su artículo 25 y 2° transitorio y con ello, además se elimina una discriminación que generó el Legislador en el año 63, en la cual Capredena en año 1965, genera su propio Fondo Revalorizador de Pensiones y sus excedentes van a su sistema de medicina Curativa? h) Sobre el punto anterior ¿Por qué no se aplica para Dipreca lo establecido en la Ley 16.258 promulgada el 20 de Mayo de 1965 del Ministerio de Defensa Nacional la cual "Crea la Comisión Revalorizadora de pensiones en la Defensa Nacional, señala su composición, funciones y atribuciones...? i) Para el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, Subsecretaría de Seguridad Social, Comisión Revalorizadora de pensiones, ¿Es válido que mediante una Glosa se redestinen recursos? j) ¿Maneja la Comisión Revalorizadora de Pensiones el origen del descuento mensual que se efectúa en el Sistema Dipreca a sus imponentes Activos de Carabineros, PDI, Gendarmería de Chile y funcionarios de planta de Dipreca, para que se redestinen fondos públicos a una de esas Instituciones con un fin distinto para el pago de Desahucios y que debe ser financiado con fondos fiscales por la vía del aporte fiscal?". 2) RESPUESTA: Por medio de Ordinario N° 1935, de fecha 24 de mayo de 2021, la SUSESO respondió el requerimiento, señalando que aquel no corresponde a una solicitud de información conforme a lo dispuesto en la Ley de Transparencia, sino que se requiere un pronunciamiento por parte de la autoridad, para lo cual se debe recurrir, con todos los antecedentes correspondientes, a través de la sección atención al usuario en el enlace que indicó al efecto. 3) AMPARO: El 26 de mayo de 2021, don Leonel Barba González dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Social, mediante Oficio N° E13259, de fecha 18 de junio de 2021, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones. Por medio de Ordinario N° 2605, de fecha 9 de julio de 2021, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos: Explicó que la Comisión Revalorizadora de Pensiones fue creada por la Ley N° 15.386, que establece el Fondo de Revalorización de Pensiones en adelante ley N° 15.386-. Indicó que dicho fondo, se financia entre otros recursos, por una imposición adicional permanente de 1% de las remuneraciones imponibles de cargo de empleadores o patrones y de 1% de las mismas de cargo de empleados y obreros. Las instituciones de previsión deben contabilizar las entradas provenientes por este concepto en cuenta separada, llamada "Fondo de Revalorización de Pensiones", y traspasar mensualmente estos recursos a la Comisión Revalorizadora de Pensiones, la que deberá, a su vez, entregar el 40% de estos ingresos al Servicio de Seguro Social, con el fin de que los destine al financiamiento del Fondo de Asistencia Social. Añadió que la Comisión Revalorizadora es un organismo dependiente del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, integrada por los 8 miembros que indicó, y señaló las funciones de dicha Comisión. Agregó que la Comisión funciona en la SUSESO y sus gastos generales son de cargo de ésta última, que también debe proporcionarle la asesoría técnica que requiera, en los ámbitos jurídico, financiero-actuarial y contable. Asimismo, precisó que para el cumplimiento de las funciones que la ley le confiere, la Comisión podrá requerir los antecedentes que estime necesarios a los Servicios u Organismos del Estado y a las Instituciones de Previsión Social, quienes estarán obligadas a proporcionar bajo las sanciones que establece el Estatuto Administrativo o las que contemple la Ley Orgánica de la SUSESO, en el caso de las Instituciones de Previsión Social. No obstante lo indicado, señaló que el D.L. N° 255, de 1974, a contar del 1° de enero de ese año, procedió a restablecer los sistemas de reajustes o aumentos de remuneraciones y pensiones, aunque se mantuvo suspendido el mecanismo de revalorización contemplado en la ley N° 15.386. Sostuvo que las normas sobre revalorización de pensiones de la referida ley dejaron de tener vigencia al ser reemplazadas por el sistema de reajuste automático establecido en los artículos 14 y 2 del D.L. N° 2448 y del D.L. N° 2.547, de 1979, respectivamente. Así, añadió que, en adelante, los reajustes concedidos a las pensiones han sido equivalente al 100% de la variación experimentada por el índice de precios al consumidor del período correspondiente, con algunas excepciones en los años que indica, oportunidades en que los reajustes aplicados a las pensiones de montos más altos fueron inferiores a la variación del índice de precios al consumidor. Ahora bien, aclaró que en otras oportunidades como por ejemplo por la Ley N° 18.987, junto con el reajuste automático que correspondía otorgar, de acuerdo con el artículo 14 del D.L. N° 2.448, las pensiones mínimas se reajustaron en 10,6 puntos adicionales. Lo mismo por Ley N° 19.073, que dispuso el reajuste de un 10,6% de todas las pensiones que señala su artículo 3, a contar de 1991, estableciendo diferentes fechas de vigencia según indica en el monto de las pensiones. En esta línea, hizo presente lo señalado en el artículo único de la Ley N° 19.262, sobre reajuste automático. En definitiva, indicó que, conforme a los textos legales citados, en la práctica la Comisión Revalorizadora de Pensiones ha dejado de cumplir las funciones por las cuales fue establecida por la ley N° 15.386. Luego, aclaró que en relación con lo pedido en los literales a), b), c), e) y j) de la solicitud, no obra en su poder, por las razones indicadas en su respuesta, requiriéndole al solicitante que efectuara un requerimiento por el procedimiento ordinario de tramitación de las presentaciones, para efectos de analizar la posibilidad de dar respuesta a sus planteamientos, particularmente a aquellos que dicen relación con la indicación de motivos. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa al requerimiento relativo a la entrega de información sobre el Fondo Revalorizador de Pensiones, respecto de lo cual, el órgano denegó lo solicitado, fundado en que las consultas planteadas no son susceptibles de ser tramitadas al alero del procedimiento establecido en la Ley de Transparencia, al requerirse un pronunciamiento por parte del organismo. 2) Que, en relación a la alegación de la reclamada, cabe hacer presente que en la medida que la información sobre la composición del fondo consultado, la confirmación de existencia de facultades que se señalan, indicaciones de autoridades y normas, y señalamiento de motivos, pueda constar en algunos de los soportes documentales referidos en el artículo 10 inciso 2° de la ley referida, como ocurre en la especie, lo solicitado es manifestación del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, amparado por el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. Por lo anterior, se desestimará lo esgrimido por el órgano en este punto. 3) Que, luego, en virtud de la alegación anterior, el órgano advirtió que la información solicitada no obra en su poder. Sobre el particular, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10, de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen." (Énfasis agregado) 5) Que, en la especie, el órgano reclamado no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. En particular, no ha otorgado antecedentes y razones suficientes que justifiquen la inexistencia alegada, advirtiendo únicamente que atendido que lo solicitado implica un pronunciamiento por parte de la autoridad, aquella no obraría en su poder, no habiéndose explicado las razones de aquello, conforme al estándar referido. 6) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, y teniendo en consideración que se trata de información de naturaleza pública al alero de lo dispuesto en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, se acogerá el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de lo pedido, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda figurar en aquella como, por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano reclamado, deberá comunicar dicha circunstancia a este Consejo y al reclamante, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Leonel Barba González en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Superintendente de Seguridad Social, lo siguiente: a) Entregue al reclamante la información señalada en el N° 1 de la parte expositiva de la presente decisión, en relación con el Fondo Revalorizador de Pensiones, en la medida que obre en alguno de los soportes documentales señalados en el artículo 10 inciso 2° de la Ley de Transparencia. Lo anterior, tarjando, previamente, todo dato personal de contexto que pueda estar contenido en aquella. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Leonel Barba González y al Sr. Superintendente de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.