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DECISIÓN AMPAROS ROLES C3338-21 Y C3964-21</p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior</p>
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Requirente: Nicolás Alejandro Tiñaco García</p>
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Ingreso Consejo: 07 y 28.05.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acogen los amparos deducidos en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenándose la entrega de copia del expediente de solicitud de carta de nacionalización y de los registros que se indican. Toda vez que, lo solicitado se trata de información del reclamante, asociada a un procedimiento administrativo migratorio, que obra en poder del órgano requerido y respecto de la cual, se desestimó la afectación al privilegio deliberativo alegado.</p>
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Atendido que la información contiene datos personales y sensibles del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de su identidad, en conformidad de lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo.</p>
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La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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En sesión ordinaria N° 1208 del Consejo Directivo, celebrada el 24 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C3338-21 y C3964-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 8 de abril de 2021, don Nicolás Alejandro Tiñaco García solicitó a la Subsecretaría del Interior, lo siguiente:</p>
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"1. Copia del expediente de solicitud de carta de nacionalización, de 2014, de Nicolas Alejandro Tiñaco Garcia (...)</p>
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2. Registros en el sistema informático B-3000 de documentos asociados a Nicolas Alejandro Tiñaco Garcia, desde 2014.</p>
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3. Registros en el sistema informático B-3000 de trámites asociados a la Solicitud de Carta de Nacionalización, de Nicolas Alejandro Tiñaco Garcia.</p>
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4. Registros en el sistema informático B-3000 de trámites asociados a proyecto de decreto de Carta de Nacionalización de Nicolas Alejandro Tiñaco Garcia.</p>
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5. Registros en el sistema de gestión documental del Ministerio del Interior (SIGE) de trámites asociados al proyecto de decreto de Carta de Nacionalización de Nicolas Alejandro Tiñaco Garcia".</p>
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2) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO ROL C3338-21: El 7 de mayo de 2021, don Nicolás Alejandro Tiñaco García dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta su solicitud.</p>
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3) RESPUESTA EXTEMPORÁNEA DEL ÓRGANO: Mediante Oficio N° 17.952, de 25 de mayo de 2021, la Subsecretaría del Interior respondió el requerimiento, indicando que "según nuestros registros, la solicitud de carta de nacionalización N° 1.089 de fecha 21 de julio de 2014, terminó su análisis en este Departamento y se encuentra actualmente en etapa final de tramitación, asimismo, debe considerar que la decisión adoptada será notificada de conformidad a la normativa vigente, una vez que se encuentre completamente tramitada. Con todo, respecto a su inquietud sobre el plazo de tramitación de la solicitud que señala, le informamos que la normativa vigente de Extranjería, en particular el Decreto N° 5.142 de 1961, del Ministerio del Interior, que Fija el texto Refundido de las Disposiciones sobre Nacionalización de Extranjeros, no establece un tiempo determinado para la resolución de las solicitudes ingresadas a trámite, las que, a su vez, están supeditadas a diversas variables tales como la remisión de informes requeridos a otras instituciones del Estado; que la documentación presentada por el extranjero sea completa; la posibilidad de requerir mayores antecedentes o información complementaria al solicitante o a la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros factores, por lo cual no existe un plazo específico de tramitación, otorgamiento o rechazo y este dependerá de cada caso en particular. En ese sentido, la carta de nacionalización es una especial gracia que otorga el Estado, cuyo procedimiento de análisis debe realizarse de manera exhaustiva, siendo necesario proceder a la revisión de los antecedentes presentados en detalle y en diferentes instancias, lo que significa en ocasiones, una tramitación más extensa de la esperada por los usuarios. Finalmente, le recordamos que, como Departamento de Extranjería y Migración, hemos habilitado canales destinados al esclarecimiento de estado de solicitudes, procesos y consultas referentes a su situación migratoria personal, de esta forma podrá acceder a través de nuestra página web [https://www.extranjeria.gob.cl] seleccionando la opción "Estado de Trámites" o ingresando directamente en el siguiente link [https.//consultas.extranjeria.gob.cl/]."</p>
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4) AMPARO ROL C3964-21: El 28 de mayo de 2021, don Nicolás Alejandro Tiñaco García dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud.</p>
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5) SOLICTUD DE PRONUNCIAMIENTO: En virtud de lo anterior, este Consejo, mediante Oficio N° E13027, de 16 de junio de 2021, solicitó al reclamante manifestar su conformidad respecto de la información que le habría remitido el órgano, y en caso de disconformidad, detallar qué antecedentes de los solicitados no habrían sido entregados.</p>
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Al respecto, mediante correo electrónico de 17 de junio de 2021, el reclamante indicó que: "La respuesta proporcionada por el órgano reclamado no satisface el requerimiento de acceso a la información pública. En efecto, la información entregada no corresponde a la solicitada: la requerida informa someramente el estado de tramitación de la solicitud de nacionalización presentada el año 2014, argumenta que dicho procedimiento no tiene plazo legal y expresa que existen canales de consulta on line. Nada de esta información ha sido objeto de la solicitud de transparencia, ya que en el requerimiento se solicitó copia del expediente y meros registros del movimiento del expediente en los sistemas de gestión documental del Departamento de Extranjería y del Ministerio del Interior, todo lo cual obra en poder del órgano de la Administración Pública requerido, y está contenido en sus soportes informáticos B3000, SIGE y, por su puesto, en el expediente físico. Por lo tanto, la Subsecretaria del Interior ha pretendido eludir su obligación de entregar la información requerida, apenas entregando una muy somera información sobre el estado de tramitación de la solicitud de nacionalización, lo cual no es motivo del requerimiento".</p>
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6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario del Interior, mediante Oficio N° E11500 y N° E13149, de fecha 28 de mayo y 17 de junio de 2021, respectivamente, con el objeto de que presente sus descargos y observaciones.</p>
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Por medio de Ordinario N° 13.011 y N° 13.50, de 22 y 30 de junio del 2021, respectivamente, presentó sus descargos, en los que reiteró lo señalado en su respuesta, agregando que alega la concurrencia de la causal de secreto o reserva dispuesta en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por tratarse de documentación que se encuentra siendo analizados, correspondiendo a antecedentes previos a la adopción de una resolución por parte de la autoridad. Haciendo presente que, una vez que exista un pronunciamiento del órgano, aquel debe ser notificado en conformidad con el artículo 142 del Reglamento de Extranjería.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendido al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C3338-21 y C3964-21, existe identidad respecto del reclamante y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha determinado acumular estas reclamaciones, resolviéndolas por medio de su revisión en conjunto.</p>
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2) Que, en primer lugar, de los antecedentes tenidos a la vista consta que el requerimiento objeto de reclamación no fue contestado dentro del término legal, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción.</p>
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3) Que, la reclamada denegó el acceso a la información solicitada, por estimar que concurre a su respecto la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, en virtud de la cual se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1 letra b) del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de estas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos Roles C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure aquella, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, la reclamada se limitó a señalar que, la documentación solicitada se encuentra en etapa de trámite, existiendo al efecto una resolución pendiente por parte de la autoridad, la que no se encuentra a la fecha debidamente notificada. Al respecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, no se especificó ni detalló de qué manera la información sobre el estado de tramitación del procedimiento migratorio consultado, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, esta Corporación no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado con la divulgación de la información peticionada, por lo que se desestimará la alegación del organismo en este punto.</p>
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5) Que, respecto a la información requerida, cabe hacer presente que el peticionario tiene la calidad de interviniente e interesado en el procedimiento consultado, como solicitante en procedimiento migratorio que indica, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del Estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a)Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley."</p>
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6) Que, en mérito de lo expuesto precedentemente, se acogerán estos amparos, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de información solicitada, previa acreditación de la identidad del peticionario, por contener datos personales y sensibles de aquel, al alero de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, de este Consejo, y teniendo en consideración el estado de catástrofe declarado en el país, producto de la pandemia, así como las directrices otorgadas por el Oficio N° 000252, de fecha 20 de marzo de 2020, de esta Corporación, se recomienda al órgano reclamado que realice aquella, por un medio alternativo al presencial. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. (Énfasis agregado)</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger los amparos deducidos por don Nicolás Alejandro Tiñaco García en contra de la Subsecretaría del Interior, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:</p>
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a) Entregue al reclamante: copia del expediente de su solicitud de carta de nacionalización; los registros en el sistema informático B-3000 de documentos asociados a este, a su Solicitud de Carta de Nacionalización y de trámites asociados a proyecto de decreto de Carta de Nacionalización, desde el año 2014. Así como, el registro en el sistema de gestión documental del Ministerio del Interior (SIGE) de trámites asociados al proyecto de decreto de Carta de Nacionalización del solicitante. Lo anterior, previa acreditación de su identidad.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Nicolás Alejandro Tiñaco García y al Sr. Subsecretario del Interior</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>