<p>
DECISIÓN AMPARO ROL C4088-21</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO)</p>
<p>
Requirente: William Carvajal Jofré</p>
<p>
Ingreso Consejo: 02.06.2021</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, referente a la entrega de la identidad y declaraciones formuladas por testigos en Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo que se indica.</p>
<p>
Lo anterior, por cuanto la información tarjada corresponde a la identidad y las declaraciones de los trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. En efecto, el obrar del órgano requerido, al reservar dichos antecedentes en el estudio consultado, se aviene a lo dispuesto en los artículos 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida de la Vida Privada.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4088-21.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de mayo de 2021, don William Carvajal Jofré solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social -en adelante, indistintamente SUSESO-, "expediente completo N° R-50483-2021, en el cual consta información de mi persona."</p>
<p>
2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 2042, de fecha 27 de mayo de 2021, la SUSESO respondió al requerimiento, accediendo parcialmente a su entrega.</p>
<p>
Al efecto, el organismo remitió copia del expediente administrativo solicitado, salvo en lo que respecta a la identidad y las declaraciones de los testigos contenidas en la "Evaluación de puesto de trabajo", realizada el 17 de febrero de 2021, por la Asociación Chilena de Seguridad.</p>
<p>
Sobre lo anterior, indicó que se tarjó todo dato o antecedente que revele la identidad de los testigos que allí declararon, o que permita colegir dicha información, en adecuación de la hipótesis de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Argumentó que revelar aquello puede afectar la confiabilidad, la exactitud y completitud las evaluaciones de los puestos de trabajo, al inhibir a los declarantes a presentarse, ya sea a solicitud del propio trabajador, de la empresa o de los Organismos Administradores. Agregó que, el ejercicio de sus funciones se vería comprometido si se dieran a conocer los nombres y la individualización de los testigos, lo que afectaría su función referida al correcto otorgamiento de los beneficios contemplados en la Ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermedades profesionales. A fin de ilustrar lo anterior, citó jurisprudencia emanada de esta Corporación.</p>
<p>
3) AMPARO: El 2 de junio de 2021, don William Carvajal Jofré dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial. Al respecto, cuestionó que se haya reservado la identidad y declaraciones de los testigos del Informe de evaluación de puesto de trabajo.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Seguridad Pública, mediante Oficio N° E13207, de fecha 18 de junio de 2021, solicitándole que: (1°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, detallando cómo la entrega dicha información afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, en tanto, lo indicado por el reclamante en su amparo diga relación con la información denegada parcialmente por la institución, esto es, el "Informe de Evaluación de Puestos de Trabajo Patologías Psiquiátricas".</p>
<p>
Mediante Oficio Ord. N° 2393, de fecha 23 de junio de 2021, el órgano recurrido presentó sus descargos, reiterando, en síntesis, lo expuesto en su respuesta.</p>
<p>
Complementó que lo reclamado contiene declaraciones de trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas, es decir, implica a terceros a quienes se les ha garantizado su no divulgación, a fin de facilitar la veracidad de las deposiciones, lo que, de vulnerarse, provocaría la inhibición de aquellos. En tal sentido, indicó que resulta fundamental para contar con evaluaciones de puesto de trabajo que entreguen todos los elementos necesarios para efectuar la calificación como común o laboral de la patología de salud mental, que a los declarantes se les asegure la confidencialidad de sus dichos.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta proporcionada sería parcial. Al respecto, la reclamada denegó la entrega de la identidad y las declaraciones de los testigos, contenidas en la Evaluación de Puesto de Trabajo, por configurarse en la especie la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
2) Que, primeramente, a modo de contexto, cabe tener presente que el Compendio de Normas del Seguro Social de Accidentes del Trabajo y Enfermedades Profesionales, Libro III "Denuncia, Calificación Y Evaluación De Incapacidades Permanentes", Título III "Calificación de enfermedades profesionales", Letra C. "Protocolo de patologías de salud mental", Capítulo II "Normas especiales del proceso de calificación", Número 2. "Evaluaciones de condiciones de trabajo", se señala: "El EPT-PM se deberá realizar exclusivamente mediante entrevistas semi-estructuradas y confidenciales a una cantidad razonable de informantes aportados tanto por la empresa, como por el trabajador, con la finalidad de efectuar una evaluación equilibrada de los factores de riesgo psicosociales presentes en el trabajo, lo que incluye las posibles conductas de acoso, de un modo sistemático y apegado al método científico. Si no fuera posible entrevistar a los informantes referidos por el trabajador, se deberá dejar constancia de las razones que impidieron hacerlo".</p>
<p>
3) Que, según el Anexo N° 17, "Instructivo de estudio de puesto de trabajo por sospecha de patología de salud mental laboral", publicado en el sitio web de la Superintendencia de Seguridad Social (https://www.suseso.cl/613/articles-480876_archivo_13.pdf), III Metodología, letra C. Exploración, indica: "Con respecto a la exploración propiamente tal, esta se realizará mediante entrevistas, las cuales son de carácter confidencial y reservado, y sólo podrán ser reveladas por parte del organismo administrador al respectivo entrevistado, a la Superintendencia de Seguridad Social y a los Tribunales de Justicia en caso de requerirlo de modo expreso".</p>
<p>
4) Que, a su vez, la ley N° 16.744, que establece normas sobre accidentes de trabajo y enfermedades profesionales otorga a la Superintendencia de Seguridad Social la fiscalización sobre las Mutualidades, y que ejercerá estas funciones en conformidad a sus leyes y reglamentos orgánicos.</p>
<p>
5) Que, en virtud del marco normativo expuesto precedentemente, esta Corporación procedió a examinar los antecedentes remitidos con motivo de la solicitud de acceso, constatando que el expediente entregado, contiene el Informe de Evaluación de Puesto de Trabajo, del que se tarjó la identidad y las declaraciones de trabajadores designados por la empresa, el afectado y las jefaturas. De esta forma, aquello se refiere a afirmaciones de terceras personas, a las que se les garantiza la reserva de estas, con el objetivo de facilitar la veracidad de las deposiciones, y que en caso de divulgarse provocaría la inhibición en ellos, y consecuentemente, una afectación en el procedimiento en cuestión.</p>
<p>
6) Que, sobre la materia, es menester tener presente que este Consejo en reiteradas oportunidades se ha pronunciado reservando información como la solicitada, por cuanto de conocerse la identidad de quienes prestaron declaración, así como el contenido de la misma, podría devenirse en una situación que podría afectar los derechos de quienes voluntariamente tomaron parte en un procedimiento como el consultado. Asimismo, porque de conocerse la identidad y declaraciones de los que colaboraron con el "Estudio", podría inhibir a otros trabajadores de colaborar ante futuras denuncias, perjudicando de dicho modo, el debido cumplimiento de las funciones del organismo respectivo, al verse privado de un insumo esencial en un procedimiento como el descrito en los considerandos anteriores. En efecto, y citando decisión de amparo Rol C890-17, "divulgar la información requerida supone necesariamente restar efectividad a las labores que la reclamada pueda desplegar en el cuidado y protección de los trabajadores, por cuanto éstos podrían inhibirse no sólo de ingresar denuncias por concepto de vulneración de derechos fundamentales, sino también a colaborar con su testimonio en forma plena y veraz, al verse expuestos a que sus declaraciones puedan ser conocidas por sus empleadores actuales o futuros, todo lo cual afectaría claramente las funciones de la requerida, y con ello, el debido cumplimiento de sus funciones (...)".</p>
<p>
7) Que, en tal sentido, cabe tener presente además que según ha razonado este Consejo a partir de la decisión Rol C272-10, refrendado con posterioridad por las decisiones de los amparos Roles C2323-14, C1174-15 y C6532-18, "no se puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores (...) y el riesgo de que su divulgación (...) o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización (...), afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (...) Asimismo, ha resuelto que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar los derechos de los trabajadores (...) que han prestado declaración, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la que se encuentra reforzada por lo dispuesto en el artículo 33, letra m), del mismo cuerpo legal, en cuanto se encomienda a este Consejo, velar por el adecuado cumplimiento de la ley N° 19.628, por parte de los órganos de la Administración del Estado".</p>
<p>
8) Que, en virtud de lo expuesto, esta Corporación estima que el obrar de la Superintendencia de Seguridad Social es congruente con lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, como asimismo con los preceptos de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, razones por las que se rechazará el presente amparo.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar el amparo deducido por don William Carvajal Jofré en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, por configurarse las causales previstas en el artículo 21 N° 1 y N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don William Carvajal Jofré y al Sr. Superintendente de Seguridad Social.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>