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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C1772-12</strong></p>
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Entidad pública: Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM)</p>
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Requirente: Óscar Acuña Poblete</p>
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Ingreso Consejo: 14.12.2012</p>
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En sesión ordinaria N° 412 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de febrero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C1772-12.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1-19.653, del año 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de octubre de 2012, don Óscar Acuña Poblete envió al correo electrónico institucional de la Jefa de Gabinete de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (en adelante DIBAM), una solicitud de información invocando expresamente la Ley de Transparencia. A modo de introducción indicó que el año 2010 solicitó mediante memorándum a la Directora de la DIBAM que, en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto Administrativo y dado su carácter de funcionario público en ese entonces, dedujera una querella criminal en contra del arquitecto Tomás Domínguez Balmaceda, por injurias y calumnias con publicidad que había emitido en su contra a través de diversos medios. Al respecto, solicitó se le informara:</p>
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a) Estado actual de la causa, copia de la querella correspondiente y monto de las indemnizaciones solicitadas al querellado;</p>
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b) Para el caso que la causa no estuviere concluida se indique la etapa en que se encuentra; y,</p>
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c) Para el evento que no se hubieren deducido las acciones legales que el Estatuto Administrativo “obliga” al Jefe Superior del Servicio a ejercer, solicitó se le indicaran las acciones deducidas para hacer efectiva la responsabilidad administrativa de quienes hubieren incurrido en este abandono de deberes.</p>
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2) RESPUESTA: El 5 de diciembre de 2012 la Jefa de Transparencia de la DIBAM remitió a la casilla de correo electrónico del solicitante, la copia digital del Memorándum N° 212/2012, mediante el cual el Jefe del Departamento Jurídico le comunicó lo siguiente:</p>
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a) El 18 de mayo de 2010, el Sr. Acuña solicitó ser defendido judicialmente por la institución ante “injurias y calumnias proferidas reiteradamente por el señor Tomás Domínguez”. En dicha fecha, el señor Acuña se desempeñaba como Jefe (S) del Departamento Jurídico de la DIBAM, desconociéndose actualmente las razones por las que éste no habría realizado las gestiones que le correspondían para iniciar la acción que le interesaba.</p>
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b) En el mes de diciembre de 2010, la DIBAM le informó al Sr. Domínguez la solicitud formulada en mayo por el Sr. Acuña y le comunicó que se iniciarían las acciones legales pertinentes.</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, no fue posible iniciar acción legal alguna, ya que por problemas de agenda del señor Acuña, éste nunca se reunió con el abogado al que se le encargó dicha materia.</p>
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d) Por último, debe tenerse presente que el señor Acuña dejó de ser funcionario de la institución en el mes de abril de 2011.</p>
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3) AMPARO: El 14 de diciembre de 2012, don Óscar Acuña Poblete dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado. El mismo se fundó en que la respuesta dada no se hizo cargo de manera clara e inequívoca de las peticiones formuladas. En particular señaló en síntesis lo siguiente:</p>
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a) El Memorándum que se le remitió fue evacuado fuera de los plazos legales, ya que desde su solicitud hasta la fecha de recepción de la respuesta transcurrieron 28 días hábiles. En dicho período no recibió comunicación alguna ni aún para señalar que se ampliaría el plazo legal de respuesta que estipula el artículo 14 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) El requerimiento de información debió ser respondido por la Jefa Superior del Servicio requerido y no, como ocurre en la especie, con un correo electrónico de la encargada de Transparencia, lo que constituye una segunda irregularidad de procedimiento.</p>
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c) La respuesta no responde ninguna de las peticiones formuladas de manera clara e inequívoca, situación que configura varias infracciones a la Ley de Transparencia.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: Este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo mediante oficio N° 30, de 4 de enero de 2013, a la Directora Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos, quien presentó sus descargos y observaciones a través de oficio ORD. N° 054, de 23 de enero de 2013, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La solicitud en cuestión no corresponde a aquéllas que deben ser conocidas y resueltas por el Consejo para la Transparencia, toda vez que no se encuentra entre aquellas materias que contempla expresamente la Ley de Transparencia. En efecto, la información requerida no corresponde a “actos o resoluciones de la Administración del Estado, sus fundamentos o documentos que les sirvan de sustento”, según lo señalado en el artículo 5° de la referida Ley. Lo solicitado tampoco se enmarca dentro de lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tanto, mal podría aplicarse el procedimiento especial establecido en la Ley de Transparencia y su Reglamento para este caso en concreto. No obstante ello, el reclamante sí podría, en virtud del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República, hacer presente su requerimiento a través del procedimiento general y supletorio establecido en la Ley N° 19.880, de Procedimiento Administrativo. A este respecto cita las decisiones de este Consejo, roles C1579-12, C1806-12 y C1739-12.</p>
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b) El requerimiento se respondió el 4 de diciembre de manera clara. En lo que respecta a la solicitud del reclamante por la querella criminal, se le señaló expresamente que “(...) no fue posible iniciar acción legal alguna, ya que por problemas de agenda del señor Acuña, éste nunca se reunió con el abogado al cual se le encargó dicha materia”, por lo que mal podría afirmar el Sr. Acuña en el recurso de amparo, según consta en autos, que “la respuesta de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos no responde ninguna de las peticiones formuladas de manera clara e inequívoca (...)”. No obstante lo anterior, se detectó que hubo un error de procedimiento a la hora de enviar la respuesta de la Institución al solicitante, puesto que se respondió por medio de un correo electrónico emanado del Portal “Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana de la DIBAM” y no mediante el correo institucional de la Jefa de Gabinete de la Dirección, como debió haber ocurrido en la especie, ya que como se señaló al inicio de esta presentación, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos interpretó de buena fe que la naturaleza de la solicitud en cuestión, no era de aquellas contempladas en la Ley de Transparencia.</p>
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c) Finalmente, informa a este Consejo que “el Sr. Acuña se ha manifestado en forma burlesca a través de las redes sociales, respecto de la finalidad que persigue la Ley de Transparencia. En efecto, pocos días antes de presentar su reclamo de amparo en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, publicó en su perfil de Facebook lo siguiente: «qué manera de gozar con mis solicitudes de transparencia»”, lo que a juicio de la DIBAM demuestra “una actitud poco seria del reclamante para con el Consejo para la Transparencia y su institucionalidad, como también con la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos”. Adjuntó copia de la publicación de fecha 5 de diciembre de 2012, que hizo el Sr. Acuña en su perfil de la página web Facebook.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que según consta en el acta N° 218 del Comité de Admisibilidad celebrada el 28 de diciembre de 2012, si bien la presentación del Sr. Acuña ingresó a través de un canal no habilitado para formular requerimientos de información, esto es, a través de correo electrónico dirigido a un funcionario de la DIBAM, al haber sido respondida por la Encargada de Transparencia del órgano de la Administración del Estado requerido, se estima que el Servicio la tramitó de conformidad a la Ley de Transparencia y a la Instrucción General N° 10 de este Consejo. Razón por la cual, se entiende como válida la vía de ingreso y la respuesta emitida. Asimismo, se dejó establecido que lo solicitado es materia del derecho de acceso a la información pública en la medida que conste a nivel documental, razón por la cual este Consejo deberá desestimar la alegación realizada por el organismo reclamado en ordena a que la solicitud de la especie no se enmarca dentro de lo dispuesto en los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que de acuerdo a los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia corresponde al jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado requerido pronunciarse sobre las solicitudes de información que son sometidas a su conocimiento. En el presente caso, la respuesta evacuada por la DIBAM fue suscrita por el Jefe de su Departamento Jurídico y no por la Directora Nacional del organismo, sin que se haya acompañado algún documento en que conste una delegación de funciones sobre la materia. Por tanto, no habiéndose dado cumplimiento a los citados artículos de la Ley de Transparencia, se representará tal infracción en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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3) Que consta en este procedimiento de amparo que la DIBAM dio respuesta a la solicitud de acceso del reclamante el 5 de diciembre de 2012, esto es, después de haberse vencido el plazo de 20 días hábiles establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia. Por lo tanto, el órgano de la Administración del Estado reclamado infringió el mencionado artículo y el principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11 letra h) de la Ley de Transparencia. Lo anterior será representado a la Directora Nacional de la DIBAM en lo resolutivo de la presente decisión.</p>
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4) Que en su respuesta al reclamante la DIBAM informó que no se dedujeron las acciones legales requeridas en 2010 por el reclamante. Tal respuesta permite entender que la causa criminal, querella o indemnizaciones por las cuales preguntó el solicitante en el literal a) de su solicitud de acceso, no existían a la fecha de la respuesta. Del mismo modo, es posible entender que tampoco era posible informar el estado de dicha causa criminal, ya que nunca se dedujo. Siendo así, el órgano de la Administración del Estado no contaba con información en algún soporte documental que pudiera entregar al reclamante para satisfacer las solicitudes de los literales a) y b) de su presentación. Por lo tanto, como lo ha resuelto previamente este Consejo, por ejemplo en el amparo C533-09, la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse “en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos” o en un “formato o soporte” determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que no obra en poder del órgano reclamado o que resulta inexistente, por lo que deberá rechazarse esta parte del amparo.</p>
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5) Que el literal c) de la solicitud de acceso se refiere precisamente a la situación comunicada en la respuesta al reclamante. En dicho literal el Sr. Acuña requirió que, para el evento que no se hubieren deducido las acciones legales aludidas, se le indicaran las acciones administrativas ejercidas contra los responsables de tal omisión. No obstante pareciera que de la respuesta de la DIBAM podría desprenderse una respuesta negativa a tal consulta, este Consejo acogerá esta parte del amparo y requerirá a la Directora Nacional de la DIBAM que informe expresamente si se dedujeron las acciones administrativas consultadas –conforme lo ha resuelto previamente este Consejo en las decisiones a los amparos roles C539-10, C603-09 y C16-10, donde ha amparado el derecho de acceso a la información de aquellas solicitudes que implican informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado”. Y en caso de respuesta afirmativa, remita al reclamante los antecedentes documentales donde consta la información consultada.</p>
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6) Que en cuanto a los comentarios que el reclamante haya efectuado en su perfil de Facebook acerca de las solicitudes de información a la DIBAM, este Consejo nada dirá a su respecto, ya que no son antecedentes que sean pertinentes a este procedimiento de amparo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Óscar Acuña Poblete, de 14 de diciembre de 2012, en contra de la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Directora Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos que:</p>
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a) Informe al reclamante si se dedujeron las acciones administrativas consultadas en el literal c) de su solicitud de acceso. Y en caso de respuesta afirmativa, remita al reclamante los antecedentes documentales donde consta la información consultada.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas N° 1291, piso 6°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Representar a la Sra. Directora Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad, consagrado en el literal h) del artículo 11 del mencionado cuerpo legal, por cuanto respondió la solicitud de acceso una vez vencido el plazo legal establecido en el mencionado artículo 14. Asimismo representar la contravención al artículo 16 de la Ley de Transparencia al no haber respondido la solicitud de información el jefe superior del servicio.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora Nacional de Bibliotecas, Archivos y Museos y a don Óscar Acuña Poblete.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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