Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4261-21

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Reclamante:	JULIO GARCÍA MARÍN
Reclamado:	CORPORACIÓN NACIONAL FORESTAL Y DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES (CONAF)
Resumen del caso: Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, referido a la entrega de copia del oficio ordinario requerido. Lo anterior, por cuanto, del mérito de las alegaciones y de los documentos acompañados, es posible concluir que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite al solicitante copia de los descargos evacuados en esta sede y de los documentos acompañados a los mismos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	9/16/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Medio Ambiente

DECISIÓN AMPARO ROL C4261-21   Entidad pública: Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF) Requirente: Julio García Marín Ingreso Consejo: 07.06.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo interpuesto en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, referido a la entrega de copia del oficio ordinario requerido. Lo anterior, por cuanto, del mérito de las alegaciones y de los documentos acompañados, es posible concluir que se encuentra satisfecho el estándar de acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano reclamado. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia se remite al solicitante copia de los descargos evacuados en esta sede y de los documentos acompañados a los mismos. En sesión ordinaria N° 1215 del Consejo Directivo, celebrada el 14 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4261-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de abril de 2021, don Julio García Marín solicitó a la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables (CONAF) la siguiente información: "Copia del Ord. N° 1120 de 07 de noviembre de 1995, de CONAF (que da respuesta al Ord. N° 687, de 14 de septiembre de 1995, de la Dirección General de Aguas), junto a sus anexos, apéndices y/o documentos adjuntos". Luego, a través de Carta Oficial N° 131/2021, de fecha 3 de mayo de 2021, el órgano reclamado pidió al solicitante subsanar su solicitud, en los términos del artículo 12 de la Ley de Transparencia, en el sentido de: "- Precisar si Oficio No. 1120 del 07 de noviembre de 1995, fue firmado por Director Ejecutivo o Director Regional (indicando región correspondiente); y, - Precisar, en la medida de lo posible, la materia o tema de dicho oficio", agregando que: "Lo anterior, en atención a que los documentos disponibles para consulta en nuestros archivos digitales datan del año 2008 en adelante, y la búsqueda de información para años anteriores debe efectuarse de manera manual, ya sea en los archivos almacenados en Oficina Central o regiones, según corresponda". Por su parte, mediante correo electrónico del 3 de mayo de 2021, el reclamante manifestó que: "a) Según lo entiende este solicitante, el Oficio No. 1120, de 07 de noviembre de 1995, fue firmado por el Director Ejecutivo de CONAF. b) La materia del oficio correspondería a observaciones y comentarios a la nómina de vegas y bofedales de la I y II Regiones del estudio "Identificación y Ubicación de Áreas de Vegas y Bofedales de las Regiones Primera y Segunda" de la Dirección General de Aguas", añadiendo que: "Lo anterior, hasta donde tiene conocimiento este solicitante por referencias (documento "Delimitación de Acuíferos de Vegas y Bofedales de las Regiones de Tarapacá y Antofagasta", DGA, 1996), atendido que no cuento con el acto administrativo que se solicita conforme a la Ley 20.285". 2) RESPUESTA: El 19 de mayo de 2021, a través de Carta Oficial N° 171/2021, la CONAF respondió al requerimiento, indicando que, luego de una exhaustiva búsqueda en archivos físicos y digitales, no fue posible dar respuesta a lo requerido, toda vez que, la información solicitada no se encuentra a mano en la Institución, debido al largo tiempo pasado (26 años). No obstante, adjunta documentación que puede ser de interés relativa a la materia expuesta en el correo de subsanación. 3) AMPARO: El 7 de junio de 2021, don Julio García Marín dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la falta de entrega de la información. Además, el reclamante, en resumen, hizo presente que la infracción cometida corresponde a la negativa a entregar la información requerida en incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley 20.285, dado que la negativa no fue fundada en causal legal ni se expresaron razones que motivasen la decisión. Indica que, solicitada la entrega de un acto administrativo debidamente singularizado, que fue emitido por el órgano requerido, este se excusó aludiendo que "la información solicitada no se encuentra a mano", atendido el tiempo transcurrido, incumpliendo así lo establecido en la mencionada norma, negativa que carece de fundamento, infringiendo así el deber que la ley asigna a CONAF e impidiendo el acceso a información pública. La referida norma dispone que la negativa deberá ser fundada, especificando la causal legal invocada y las razones que en cada caso motiven la decisión, limitándose en esta caso el órgano a aludir a los esfuerzos que habría desplegado para encontrar el oficio requerido y al tiempo transcurrido desde su emisión, no correspondiendo el hecho que "la información solicitada no se encuentra a mano" a una causal legal de secreto o reserva que cuya virtud se pueda denegar el acceso a la información, atendido el artículo 21 de la Ley 20.285, así como tampoco lo es la referencia al tiempo transcurrido desde la emisión del acto, visto lo indicado por los artículos 5, inciso segundo, y 11, letra a), de la Ley 20.285, y las obligaciones que recaen sobre los organismos públicos en materia de registro y gestión de documentos públicos. Explica que los organismos públicos están obligados a mantener archivos de sus documentos públicos, tal como establece la Circular N° 028704/1981 emitida por la Contraloría General de la República, denominada "Circular sobre disposiciones y recomendaciones referentes a eliminación de documentos", la que estipula que, los documentos de la oficina de partes "se considera útil mantenerlos durante cinco años. Las copias de oficios y resoluciones emitidos, deberían conservarse indefinidamente y empastados, para su mejor consulta". Adicionalmente, se deberá proceder al envío al Archivo Nacional la documentación relacionada, constatando con anterioridad si dicho organismo cuenta con capacidad de recepción. En caso de que no fuera así, los Servicios deberán mantener dicha documentación en su poder. En este sentido, la Contraloría ha exigido mantener en resguardo o requerir la eliminación de la documentación asociada a sus actividades, por ejemplo, en el Dictamen N° 10789. De esta manera, corresponde a la jefatura superior, respecto de organismos que gozan de autonomía administrativa, mediante la dictación de un decreto o resolución exenta, autorizar la eliminación de documentos de acuerdo con criterios técnicos y atendida su naturaleza, mientras que corresponderá al Presidente de la República autorizar la incineración o eliminación de documentos en desuso que mantengan los órganos de la administración. Lo anterior amparado en lo dispuesto en el artículo 14, letra a), del DFL 5.200/1927, que determina que ingresarán anualmente al Archivo Nacional: "a) Los documentos de los Departamentos de Estado que hayan cumplido cinco años de antigüedad", lo que es complementado por lo dispuesto en la Ley N° 18.845 que determina la forma de grabación y microcopia de documentos oficiales, para su posterior eliminación. Finalmente, la DIBAM ha emitido circulares que se refieren a la gestión de la documentación generada o en poder de los organismos públicos. Así, dispone la circular N° 051/2009 que: "Los órganos de la Administración del Estado deberán custodiar los documentos que generen, conserven o reúnan por el tiempo que para cada caso establece la ley". Dicho marco es coherente con los artículos 5, inciso segundo, y 11, letra a), de la Ley 20.285 los que disponen que los órganos requeridos no quedan exentos de dar cumplimiento a la obligación de entregar la información solicitada aludiendo a la antigüedad documental lo que es refrendado por las instrucciones impartidas por este Consejo, en particular la Instrucción General N° 10/2011. Con lo dicho, CONAF no puede excusarse señalando que "la información solicitada no se encuentra a mano", ya que no podía proceder a la eliminación de oficios emitidos, como tampoco resulta admisible que no tenga conocimiento del destino del documento. Destaca que este Consejo ha resuelto que siempre que exista deber legal de tener la información, la obligación de entrega solo se podría ver satisfecha con la copia del acto que dispuso el expurgo y del acta que se hubiese levantado cumpliendo con la circular N° 28704 de Contraloría General de la República. Más aún, tratándose de un oficio emitido por su Dirección Ejecutiva, el respectivo acto debiese haberse conservado indefinidamente y empastado, como lo instruyó el Ente Contralor, años antes de la emisión del acto requerido. Acompaña una serie de antecedentes documentales como prueba de lo que expone. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Ejecutivo de la CONAF, mediante Oficio E14036, de 30 de junio de 2021, solicitando que: (1°) indique si procedió a efectuar la búsqueda de la información solicitada, de conformidad a lo dispuesto en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre Procedimiento Administrativo de acceso a la información; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información requerida; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. Mediante Ord. N° 414, de fecha 14 de julio de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que, si bien es cierto que la normativa no indica como causal de reserva de información en el artículo 21 de la Ley 20.285 las razones de hecho esgrimidas en la respuesta, conforme lo establece la Instrucción General N° 10 de este Consejo, se efectuó una exhaustiva búsqueda fruto de la cual no se pudo hallar el documento requerido, considerando que se refiere a actos del año 1995. Luego, para poner en conocimiento todos los esfuerzos desplegados para encontrar el documento, plantea lo que sigue: A) Respecto de las búsquedas efectuadas. Señala que una vez ingresado el requerimiento y con el objeto de tener un mejor proceder en la materia fue diligente y realizó el procedimiento de subsanación, considerando que, dispone desde el año 2008 de un sistema informático llamado "CeroPapel", que contribuye a la búsqueda eficiente de la documentación de la Corporación, y que la información anterior a esa fecha, se encuentra en formato papel empastada. Sin perjuicio de ello, puede darse el caso de no encontrar alguna documentación como en este caso. Luego, se efectuaron las siguientes gestiones conforme a los correos electrónicos que se indican: - Correo electrónico de Carlos Saleh Nassar San Martín, profesional del Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la región de Arica y Parinacota, de fecha 18 de mayo de 2021, cuyo asunto es "Misión Imposible" y que señala que el Oficio Ord. N° 1120, de 7 de noviembre de 1995, del Director Ejecutivo de CONAF no fue encontrado. - Correo electrónico de Ricardo Javier Cárdenas Godoy, Jefe de la Sección Guardaparques y Seguridad en el SNASPE de CONAF, de fecha 24 de mayo de 2021, cuyo asunto es "Re: Información Docustrore" y que, sobre la materia señala lo siguiente: "Respecto del Oficio 1120 del 11 de noviembre de 1995 que se ha estado buscando, se indica que hecho las consultas respecto de los documentos resguardado por Docustore, se puede verificar que no existe documentación de años menores a 1996, por lo que no existiría dicho documento. Se estima que la documentación menor a 1996, se habrían destruidos al momento de trasladar los documentos que estaban resguardados en bodega Lonquén antes de ser derivado a Docustotre. Lo anterior se ha verificado con los datos que administra la Sección Servicios Generales con Docustore y que se acompañan". Indica que el esfuerzo desplegado no dice relación solamente con los dos correos acompañados, sino que además se hicieron consultas y búsquedas en archivadores de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas y la Dirección Ejecutiva, sin resultado positivo, estableciéndose que los documentos antiguos asociados a la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, que se resguardaban en la bodega institucional ubicada en la comuna de Lonquén se habrían destruido. Asimismo, la empresa Docustore, que conserva los archivos empastados de CONAF, dio cuenta de no tener archivos anteriores a 1996. En consecuencia, la Carta Oficial N° 171/2021, de 19 de mayo de 2021, del Director Ejecutivo, dio cuenta de que el documento, pese a la exhaustiva búsqueda no fue encontrado. B) Respecto de las búsquedas efectuadas con posterioridad a la presente reclamación: 1. Mediante correo electrónico de 2 de julio de 2021, de Ricardo Sebastián Quilaqueo Castillo, Jefe del Departamento de Conservación de la Diversidad Biológica, titulado "Solicitud urgente de información / Reclamo ante Consejo para la Transparencia", se solicitó a distintas unidades que "Dada la relevancia de la problemática, solicito puedan indicarme la gestión/aporte que cada uno de ustedes realizó en pos de la búsqueda de este documento y que otras acciones ustedes proponen para poder orientar una nueva búsqueda de lo solicitado". 2. Mediante correo electrónico de 2 de julio de 2021, de Ricardo Javier Cárdenas Godoy, Jefe de la Sección Guardaparques y Seguridad en el SNASPE de CONAF, que da respuesta al correo señalado en el número anterior, indicando "De mi parte puedo señalar que en base a la información que disponía, la mayor cantidad de documentación generada en Oficina Central, en principio se despachaba a bodegas de Lonquén y a posterior a Docustore, sin embargo, en bodega Lonquén, por los años 2000 a 2010 aproximadamente, de destruyó, por corresponder a resguardos superior 5 años, por lo que, una vez se toma la decisión de resguardar en Docustore, los archivadores correspondían a períodos superiores a 1996, es por ello que al revisar documentos (SIC) en resguardados, prácticamente no hay archivos menores al año 1995. Lo anterior no quita que la Sección Control Bienes e Inventarios, pudieran disponer de otra información que yo no manejaba". 3. Mediante correo electrónico de 5 de julio de 2021, de Esteban Bernabé Zúñiga Campos, Jefe (I) Departamento de Áreas Silvestres Protegidas y Encargado Sección Conservación de la Diversidad Biológica de la región de Arica y Parinacota, da respuesta al correo señalado en el número 1), se informa que la secretaria del Dpto. realizó una extensa búsqueda del archivo en la base de datos físicos de la región, encontrando archivos que datan del año 1995 documentos anexos y relacionados a la información solicitada. Al respecto dicho correo electrónico adjunta el Ord. 1193, de 27 de noviembre de 1995, del Director Ejecutivo, que informa al Director General de Aguas su respuesta y comentarios sobre vegas y bofedales, materias en las que el reclamante tiene interés. Sin embargo, pese a la búsqueda, no se encontró el documento solicitado. 4. Mediante correo electrónico de 5 de julio de 2021, de la señora Patricia del Rosario Rojas Campillay, Secretaria Departamento de Áreas Silvestres Protegidas de la región de Arica y Parinacota, que da respuesta al correo señalado en el número 1), se informa que "respecto del Ord. 1120, lamentablemente el oficio no está en mi carpeta, pero le remito antecedentes que tienen relación y que tal vez le sean de utilidad", adjuntando lo siguiente: a) Memorándum N° 869, de 16 de octubre de 1995, del Director Regional de la I Región al Gerente Técnico, que remite Nómina de Vegas y Bofedales de la I Región, de fecha 16 de octubre de 1995 y que adjunta un documento titulado "Listado de bofedales en el interior de las áreas silvestres protegidas de las provincias de Parinacota e Iquique entregados por la DGA" y otro documento que contiene "Bofedales ubicados en el interior de las áreas silvestres protegidas de las provincias de Parinacota e Iquique no incluidos en el listado entregado por la DGA". b) Memorándum 2844, de 5 de octubre de 1995, del Jefe del Departamento de Patrimonio Silvestre de CONAF a los directores de I y II región, que "Solicita observaciones a documentos de DGA". c) FAX N° 181, de 9 de octubre de 1995, del Director de CONAF II región, al Director de CONAF I región, en que envía Memorándum N° 399, de 04 de octubre de 1995, del Director de CONAF II región al Gerente Técnico de CONAF, que Identifica y Ubica Áreas Vegas y Bofedales I-II regiones, y que adjunta un Listado de Vegas de la II región no incluidas en el Ord. N° 687, de la DGA y un Listado de Vegas de a II región no consideradas en Estudio de Universidad de Chile. 5. Mediante correo electrónico de 6 de julio de 2021, de la señorita Hilda Irene Henríquez Larre, Encargada Oficina de Partes de CONAF, que da respuesta al correo señalado en el número 1), se informa que la Oficina de Partes de CONAF no cuenta con archivos del año 1995. 6. Mediante correo electrónico de 7 de julio de 2021, del señor Cristian Luis Robledo Olave, Auxiliar de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas, en respuesta al correo señalado en el número 1), da cuenta de la búsqueda en diferentes áreas de la Corporación y a diferentes personas, sin resultado positivo. 7. Mediante correo electrónico de 6 de julio de 2021, del señor Ariel Alejandro Rivera Banda, Jefe Departamento Servicios y Logística de CONAF, en respuesta al correo señalado en el número 1), informa que "en algún momento fueron destruidos los documentos". 8. Mediante correo electrónico de 7 de julio de 2021, del señor Eduardo Núñez Araya, Jefe Sección Optimización y Regularización del SNASPE, titulado "Búsqueda de documento 1995" y que solicita los archivos de trabajadores jubilados que pudieran tener información de esa fecha. En respuesta a eso, solamente se adjunta el Ord. N° 1193, de fecha 27 de noviembre de 1995. 9. Mediante correo electrónico de 7 de julio de 2021, del señor Felipe González Soza, Jefe (I) Depto. Áreas Silvestres Protegidas de la Región de Antofagasta, en respuesta al correo señalado en el número 1), se indica que pese a "exhaustiva revisión efectuada en archivos regionales, tanto digitales como físicos (Bodegas de archivos, computadores de secretaría, discos duros físicos y virtuales), en atención a la antigua data del documento solicitado, en esta oficina regional no se encuentra copia del oficio firmado por la dirección ejecutiva de la época al cual se hace referencia en el memo indicado". 10. Finalmente, mediante correo electrónico de 7 de julio de 2021, del señor Cristian Luis Robledo Olave, Auxiliar de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas reenvía el correo electrónico de fecha 18 de mayo de 2021, de Carolina Tapia - Servicio Atención Cliente (SAC) Docustore Spa, empresa que almacena los archivos de CONAF, y que señala "hemos revisado en nuestro sistema de archivo el Departamento de la Gerencia Áreas Silvestres Protegidas, sin tener resultados satisfactorios de lo que se necesita, esto quiere decir: Oficios año 1995, adjunto para su revisión el reporte correspondiente al Departamento ya mencionado y quedaré pendiente a sus comentarios". Indica que, conforme a las gestiones internas y externas detalladas, se puede señalar que la Corporación ha efectuado grandes esfuerzos por encontrar el documento solicitado por el requirente, sin resultados positivos. Lo anterior, constituye una imposibilidad de hecho en hacer entrega de la información pública, mas no una casual de secreto o reserva. Informa que iniciará la conformación de un Registro que dé cumplimiento a lo indicado en la Instrucción General N° 10, que consiste en la creación de un registro que incorpore el documento solicitado de la Gerencia de Áreas Silvestres Protegidas del año 1995 a fin de que, por las razones expuestas, se entienda expurgado debido a la búsqueda infructuosa. Indica que adjunta copia de los documentos relacionados ya mencionados. Conforme a lo anterior, informa que ha sido imposible encontrar el ordinario requerido, adjuntando los descargos y justificaciones que dan cuenta de las búsquedas infructuosas, así como los documentos asociados al Ord. requerido que sí fueron encontrados. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente a copia del oficio que se individualiza, respecto del cual, el órgano reclamado informa que ha efectuado grandes esfuerzos por encontrarlo, sin resultados positivos, lo que constituye una imposibilidad de hecho a la hora de hacer entrega de la información requerida. 2) Que, al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada en poder del órgano requerido constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. 3) Que, en este sentido, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados). 4) Que, en el presente caso, y como se advierte de lo expuesto en el número 4 de la parte expositiva, el órgano reclamado en sus descargos ha explicado detalladamente las gestiones que ha efectuado con la finalidad de encontrar el documento solicitado por el reclamante, así como también, los antecedentes que justifican el hecho de no haber sido hallada la información, alegaciones que, a su vez, se encuentran debidamente respaldadas con la documentación que al respecto ha aportado la Corporación. Dichas gestiones, a juicio de este Consejo, resultan suficientes para considerar que la CONAF ha actuado en apego a lo dispuesto por la citada Instrucción General N° 10 de esta Corporación en su numeral 2.3, lo que impide que el presente amparo pueda ser acogido. 5) Que, en consecuencia, del mérito de lo expuesto y de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que se encuentra satisfecho el estándar para la acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información en poder del órgano que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo, no contando con otros antecedentes que permitan desvirtuar lo expresado y acreditado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia en su poder de la información solicitada, razón por la que será rechazado el presente amparo. A su vez, en aplicación de los principios de máxima divulgación y facilitación consagrados en el artículo 11, literales d) y f), respectivamente, de la Ley de Transparencia, se remitirá al solicitante copia de los descargos evacuados por el órgano en esta sede y de los documentos acompañados a los mismos. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por don Julio García Marín en contra de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Ejecutivo de la Corporación Nacional Forestal y de Protección de Recursos Naturales Renovables y a don Julio García Marín, adjuntando a este último, copia de los descargos evacuados en esta sede y de los documentos acompañados a los mismos. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.