<p>
DECISIÓN AMPAROS ROLES C4415-21; C4420-21; C4421-21; C4423-21; C4424-21; C4425-21 y C4427-21</p>
<p>
</p>
<p>
Entidad pública: Policía de Investigaciones (PDI)</p>
<p>
Requirente: Javiera Mateluna</p>
<p>
Ingreso Consejo: 14.06.2021</p>
<p>
RESUMEN</p>
<p>
Se rechazan los amparos en contra de la Policía de Investigaciones, relativos a la entrega de documentos que contengan la cantidad de denegaciones realizadas a los funcionarios que por conducto regular realizaron las peticiones que se indican.</p>
<p>
Lo anterior, toda vez que la reclamada ha explicado que la información solicitada no obra en su poder en los términos pedidos, adjuntado certificado de búsqueda negativa al efecto, no disponiendo esta Corporación de antecedentes que desvirtúen lo alegado en tal sentido.</p>
<p>
En sesión ordinaria N° 1205 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C4415-21, C4420-21, C4421-21, C4423-21, C4424-21, C4425-21 y C4427-21.</p>
<p>
VISTO:</p>
<p>
Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<p>
TENIENDO PRESENTE:</p>
<p>
1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 16 de mayo de 2021, doña Javiera Mateluna solicitó a la Policía de Investigaciones de Chile -en adelante e indistintamente, PDI-, lo siguiente:</p>
<p>
a) "acceso y copia a los documentos que contengan la cantidad de denegaciones realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile a los funcionarios que por conducto regular interno han solicitado acceder a sus calificaciones entre el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud", y "entre el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019",</p>
<p>
b) "acceso y copia a los documentos que contengan la cantidad de denegaciones por la Policía de Investigaciones de Chile a los funcionarios que por conducto regular interno han solicitado acceder a documentación relativa a sus dadas de baja desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud", y "desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019".</p>
<p>
c) "acceso y copia a los documentos que contengan la cantidad de denegaciones realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile a funcionarios que han solicitado acceder por conducto regular interno a sus hojas de vida desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud", y "desde el 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019".</p>
<p>
d) "acceso y copia a los documentos que contengan la cantidad de denegaciones realizadas por la Policía de Investigaciones de Chile a ex funcionarios que han solicitado acceder por conducto regular interno a documentación sobre las causas de sus retiros desde el 1 de enero de 2020 hasta la fecha de ingreso de esta solicitud".</p>
<p>
2) RESPUESTA: Por medio de Carta, de fecha 3 de junio de 2021, el órgano respondió los requerimientos, y aclaró que, conforme a lo informado por su Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, no mantiene registros en los términos que fuere consultado.</p>
<p>
3) AMPAROS: El 14 de junio de 2021, doña Javiera Mateluna dedujo amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, fundados en la respuesta negativa a sus solicitudes.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación estos amparos, confiriendo traslado al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, mediante Oficio N° 14074, de fecha 1° de julio de 2021, con el fin de que presente sus descargos u observaciones.</p>
<p>
Por medio de Ordinario N° 471, de fecha 27 de julio de 2021, el órgano presentó sus descargos y reiteró la inexistencia de la información en los términos planteados. Así, dio por reproducido y adjuntó Oficio N° 459, de fecha 19 de julio de 2021, sobre la misma materia, en la que explicó que se consultó al estamento responsable sobre lo consultado, esto es la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, la que informó no contar con documento alguno que dé cuenta de lo requerido, toda vez que no confecciona reporte o estadística sobre las materias consultadas referidas a los funcionarios de la institución. Sobre lo anterior, adjuntó además, certificado de búsqueda negativa de fecha 19 de julio de 2021, emitido por la Jefatura Nacional de Administración y Gestión de las Personas, en el cual se advierte que no existen documentos que contengan la cantidad de denegaciones a requerimientos de funcionarios.</p>
<p>
Y CONSIDERANDO:</p>
<p>
1) Que, el principio de economía procedimental, establecido en el artículo 9 de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder con la máxima economía de medios y con eficacia, evitando trámites dilatorios, por lo tanto, atendido al hecho de que, respecto de las solicitudes que han motivado los amparos Roles C4415-21, C4420-21, C4421-21, C4423-21, C4424-21, C4425-21 y C4427-21, existe identidad respecto de la peticionaria y del órgano requerido, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha determinado acumular dichas reclamaciones, resolviéndolos por medio de su revisión en conjunto.</p>
<p>
2) Que, los presentes amparos se fundan en la respuesta negativa a las solicitudes, al respecto, el órgano en su respuesta y en sus descargos esgrimió la inexistencia de la información en los términos pedidos.</p>
<p>
3) Que, respecto a la inexistencia alegada por la reclamada, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparos Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (Énfasis agregado)</p>
<p>
4) Que, en la especie, el órgano reclamado señaló que de acuerdo a lo informado por su Jefatura Nacional de Administración y Gestión de Personas, no obra en su poder documento alguno que dé cuenta de lo requerido, toda vez que no confecciona reporte o estadística sobre las materias consultadas referidas a los funcionarios de la Institución, adjuntando, además, certificado de búsqueda negativa de fecha 19 de julio de 2021, emitido por la repartición señalada, en el cual se advierte que no existen documentos que contengan la cantidad de denegaciones a requerimientos de funcionarios.</p>
<p>
5) Que, en cuanto a lo alegado cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en orden a que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, y atendida la falta de antecedentes suficientes en el procedimiento de acceso en análisis, que permitan desvirtuar lo expresado por el órgano requerido en esta sede, en cuanto a la inexistencia de la información en los términos pedidos, se rechazarán los presentes amparos.</p>
<p>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
<p>
I. Rechazar los amparos deducido por doña Javiera Mateluna en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por no obrar en su poder la información solicitada, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
<p>
II. Encomendar al Director General y a la Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Javiera Mateluna y al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>