Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4449-21

Reclamante:	NATALIA RIQUELME CAMPOS
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, respecto de la dotación efectiva del Departamento O.S-9 de Investigación de Organizaciones Criminales, en el periodo octubre 2019 - abril 2021, dependiente de la Dirección de Inteligencia Policial; ello por cuanto se acreditó que con su entrega se podría permitir obtener información respecto de los funcionaros destinados para la persecución del crimen organizado, afectando de manera presente o probable y con suficiente especificidad la mantención del orden y la seguridad pública. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante para quien el presente amparo debió ser acogido, por no encontrarse suficientemente acreditada la afectación alegada y, asimismo, por existir un innegable interés público vinculado a la información solicitada, toda vez que el acceso a la misma resulta esencial a efectos de ejercer un necesario y adecuado control social para ponderar la eficacia con la que el órgano reclamado desarrolla las funciones que le han sido encomendadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	8/20/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C671-15
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C4449-21   Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Natalia Riquelme Campos Ingreso Consejo: 14.06.2021 RESUMEN Se rechaza el amparo deducido en contra de Carabineros de Chile, respecto de la dotación efectiva del Departamento O.S-9 de Investigación de Organizaciones Criminales, en el periodo octubre 2019 - abril 2021, dependiente de la Dirección de Inteligencia Policial; ello por cuanto se acreditó que con su entrega se podría permitir obtener información respecto de los funcionaros destinados para la persecución del crimen organizado, afectando de manera presente o probable y con suficiente especificidad la mantención del orden y la seguridad pública. Hay voto disidente del Consejero don Francisco Leturia Infante para quien el presente amparo debió ser acogido, por no encontrarse suficientemente acreditada la afectación alegada y, asimismo, por existir un innegable interés público vinculado a la información solicitada, toda vez que el acceso a la misma resulta esencial a efectos de ejercer un necesario y adecuado control social para ponderar la eficacia con la que el órgano reclamado desarrolla las funciones que le han sido encomendadas. En sesión ordinaria N° 1207 del Consejo Directivo, celebrada el 17 de agosto de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4449-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 06 de mayo de 2021, doña Natalia Riquelme Campos solicitó a Carabineros de Chile la siguiente información: "En virtud de la Ley 20.285 sobre Acceso a la Información Pública, solicito copia y acceso a la cantidad de dotación efectiva del Departamento O.S-9 de Investigación de Organizaciones Criminales, en el periodo octubre 2019 - abril 2021, dependiente de la Dirección de Inteligencia Policial. Además, según corresponda, aplicar el principio de divisibilidad si existiere información que no pueda ser entregada por volumen, existencia de datos privados de un tercero o por seguridad nacional. Esto quiere decir que se entregará la proporción de la información que tenga relación por las razones anteriormente mencionadas, y, por favor, no dudar en tachar los datos sensibles que pudieran afectar a un tercero." 2) RESPUESTA: El 04 de junio de 2021, Carabineros de Chile respondió a dicho requerimiento de información, mediante Resolución Exenta N° 247, de esa fecha, señalando, en síntesis, lo siguiente: Se deniega lo pedido fundado en que su entrega implicaría develar a un tipo de personal asignado al servicio de diferentes funciones que Carabineros de Chile está llamado legalmente a cumplir y además posee el carácter de secreto, de conformidad a lo establecido en el Código de Justicia Militar y demás leyes atingentes a lo solicitado. Agrega que lo consultado relaciona estrechamente tanto dotación como plan operativo, información que se encuadra en las medidas desarrolladas a fin de resguardar el orden público en las referidas regiones, y por consiguiente entregar la dotación de una unidad específica, provocaría efectivamente una vulneración y desprotección a la misma. Relaciona lo descrito con los numerales 1° y 2° del artículo 436 del Código de Justicia Militar y los artículos 3° y 31° de la Ley N° 18.961, Orgánica Constitucional de Carabineros de Chile. Así, debe determinarse si la revelación de los antecedentes solicitados produciría un resultado dañoso, y si aquel resulta suficiente para justificar la reserva invocada. Al respecto, en el ámbito del denominado test de daño este Consejo ha establecido el estándar para aplicar la reserva, concluyéndose en este caso la especificidad está dada, de manera constitucional como legalmente, toda vez que, es la misma norma la que establece el carácter de secreto o reserva y no un mero acto administrativo. Con todo, en el caso concreto, se funda la negativa en una comprensión restrictiva del instrumento invocado, siendo el legislador quien señala una exigencia de reserva, no siendo opcional para agentes del Estado toda vez que su vulneración, constituye un quebrantamiento de la ley, y cuyas normas no están sujetas a interpretación. Se cita la sanción establecida en el artículo 255 del Código de Justicia Militar. En cuanto a la proporcionalidad, concluye que las consecuencias de una eventual entrega de las dotaciones, ponen en peligro la seguridad de las personas, seguridad de la nación, como la seguridad institucional, ya que permite inferir una respuesta táctica a la población, frente a una contingencia policial, en razón al número de funcionarios policiales, metodología e implementación para el desarrollo de las propuestas técnicas y tácticas que se brinden en el operativo policial, en donde se requiera apoyo frente a algún procedimiento. En razón de lo anterior, también se relaciona con la eficiencia de los servicios policiales, los que se dividen en modalidad de turnos, o patrullas o guardias, que podrían llegar a que el conocimiento de la oferta operativa del recurso humano en cuestión, pueda afectar la eficiencia de los medios con que se cuenta uy por ende los fines que se persiguen, generando además problemáticas en las reacciones tácticas policiales, procedimiento de empleo, protocolos y/o procedimientos que se generan a nivel institucional para resguardar el orden y seguridad pública. Que, sobre lo expresado resulta aplicable el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, causal que tiene relación directa con la contemplada en el artículo 7° N° 5 del Reglamento de la Ley en comento. Asimismo, resulta aplicable el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en relación a lo prescrito en el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República y la mención de este a la ley de quórum calificado. Por su parte cita el numeral 1° del artículo 436 del Código de Justicia Militar, que al indicar materias que son objeto de reserva o secreto, debe entenderse que posee el estatus de ley de quórum calificado, quedando amparada por el secreto prescrito por la ley N° 20.285, en su artículo 21 N° 5; cuyo criterio ha sido recogido por la Ilustrísima Corte de Apelaciones. Cita, además, jurisprudencia de este Consejo y de la Corte Suprema en tal sentido. Por consiguiente, la información solicitada, constituye información determinante sobre la forma de organización y trabajo de Carabineros de Chile, ya que opera sobre las base de la distribución de los funcionarios y modalidades operativas, posición que ha sido sostenida por el Consejo para la Transparencia, en la decisión Rol C671-15, en la cual al rechazar tal amparo, argumentó que incurría la causal de secreto de los artículos 21 N° 3 y N° 5, en relación con el articulo 436 N° 1 del Código de Justicia Militar. Por tanto, la información solicitada constituye información determinante sobre el número, la forma de organización y trabajo de Carabineros de Chile. En consecuencia, Carabineros está legalmente autorizado para no entregar toda información relacionada con dotaciones, en virtud del artículo 21 N° 3 y N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 citado. 3) AMPARO: El 14 de junio de 2021, doña Natalia Riquelme Campos dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a su solicitud de información. Además, la reclamante hizo presente, "...La solicitud ingresada ante el organismo, solicita indicar un dato numérico, el cual conforme a la intención de la solicitud busca conocer un número exacto respecto de la dotación de una unidad respectiva de Carabineros de Chile, para informar sobre la cantidad de funcionarios cuyo trabajo está vinculado a la investigación y persecución de los responsables de los delitos ocurridos en la red del Metro de Santiago. Argumentamos que un dato numérico imposiblemente afectaría su derecho a la vida, integridad física y psíquica, inviolabilidad del hogar, derecho a su seguridad individual y por último su derecho a la propiedad y la interpretación es equívoca puesto que informar la cantidad de funcionarios policiales dedicados a una investigación policial que adquiere notoria relevancia social no conlleva a una trasgresión a estas personas porque no se comunicarán datos de carácter sensibles o privados. Asumimos que comunicar los nombres, direcciones de residencia, números telefónicos, correos electrónicos, o cualquier dato que pudiera servir para identificar una persona corresponde a una violación a la protección de datos personales, y es en virtud de este principio invocado esta investigación periodística recoge un dato de Carabineros de Chile respecto de la unidad referida, el Departamento de Investigación de Organizaciones Criminales OS-9. La denegación del acceso a la información sobre el dato solicitado afecta el derecho fundamental a la libertad de emitir opinión e informar, regulada en la Constitución Política de la República, específicamente en su artículo 19, en su numeral 12, y también por la Ley 19.733, en su artículo 1...". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación mediante Oficio N° E14304, de 04 de julio de 2021, acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. General Director de la Carabineros de Chile, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y (2°) detalle cómo la entrega de dicha información afectaría la seguridad de la Nación. Mediante Ordinario N° 237, de 19 de julio de 2021, el órgano evacuó sus descargos, señalando, en síntesis, lo siguiente: Con ocasión de la respuesta sobre la dotación del personal OS.9, reitera la denegación de esta información (...) ya que éstos dan cuenta de los servicios policiales ordinarios y extraordinarios realizados por estas Unidades Especializadas en el país por tener el carácter de secretas e incidir en la forma como se estructura la gestión policial para los fines que le asigna la ley a Carabineros de Chile. /Conocer esta planificación, por la vía de obtener información respecto de todos los recursos destinados para el combate del crimen organizado, afecta directamente el cumplimiento de la función policial y pone en riesgo al personal llamado a cumplir sus servicios./Lo anterior pues conociendo la oferta, se puede determinar la forma de vulnerar o de conculcar la eficiencia policial en un determinado sector, en particular sobre todo por ser bandas altamente peligrosas (...)"./ /4.- En este sentido, entregar la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones de la Institución, ya que se estaría proporcionando una ventaja táctica a quienes a futuro deseasen eludir el control y/o fiscalización de Carabineros, mermando la eficiencia de los servicios realizados por el personal de las Unidades involucradas, lo que pondría en riesgo tanto el resultado de las operaciones policiales, como la seguridad e integridad física de los funcionarios, civiles y comunidad en que se lleva a efecto la señalada actividad y el cumplimiento de las instrucciones emanadas de las Fiscalías del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia (...)" Luego reitera y profundiza lo expuesto en su respuesta y cita jurisprudencia de este Consejo sobre la materia; concluyendo que "(...) en la especie, se configura la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en relación con la mantención del orden público o la seguridad pública, en el combate de delitos de alta peligrosidad y complejidad, y N° 5, de la misma ley, en relación con el N° 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar, y conforme lo establecido en el artículo 33, letra j), de la Ley de Transparencia, respecto de las dotaciones, razón por la cual procede rechazar el amparo en análisis". Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa que entregó Carabineros de Chile a la solicitud de información que se lee en el N° 1 de lo expositivo. Sobre el particular la reclamante señala que su requerimiento, relativo a la efectiva del Departamento Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9, en el período indicado. 2) Que, a modo de contexto, es menester señalar que la Orden General N° 2415, de 29 de junio de 2016, que aprueba la "Directiva de Organización y Funcionamiento Departamento Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9." en su artículo 1° prescribe que esta repartición "(...) se identificará con la sigla O.S.9. y tendrá por misión la investigación y la producción de inteligencia criminal y policial, relacionada con los ilícitos contra las personas. la propiedad, económicos. telemáticos y ecológicos, cometidos por individuos, agrupaciones u organizaciones criminales, debiendo observar siempre para ello, las disposiciones legales, de orden procesal y/o especial, como también, las demás de naturaleza reglamentaria que rigen la materia, asimismo, podrá desarrollar estudios de fenómenos sociales de interés criminológico." 3) Que, Carabineros de Chile denegó la información pedida fundada en que su entrega implicaría develar la dotación del personal que actualmente cumple funciones en el Departamento Investigación de Organizaciones Criminales O.S.9; lo cual produciría un daño o detrimento en el debido cumplimiento de sus funciones, configurándose la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, en relación con la mantención del orden público o la seguridad pública, en el combate de delitos de alta peligrosidad y complejidad, y N° 5, de la misma ley, en relación con el N° 1 del artículo 436 del Código de Justicia Militar. 4) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 5) Que, en relación a las causales de reserva invocadas, el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar prescribe que se entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y, entre otros, según lo establecido en el N° 1 de dicho artículo, "Los relativos a las plantas o dotaciones y a la seguridad de las instituciones de las Fuerzas Armadas o de Carabineros de Chile y de su personal". 6) Que, este Consejo, a partir de la decisión del amparo rol C45-09, ha establecido que el artículo 436 del Código de Justicia Militar posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar. Ahora, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 y del artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, este Consejo ha concluido, que para la aplicación de una norma que disponga el secreto o reserva de determinados antecedentes dictada con anterioridad a la ley señalada, no sólo basta que ésta sea de rango legal y entendida por este hecho de quórum calificado, sino que, además debe reconducirse a alguno de los motivos constitucionales de secreto o reserva que además establece el artículo 8°, inciso 2°, de la Carta Fundamental. Por tanto, si bien el artículo 436 del Código de Justicia Militar, en tanto norma legal, está formalmente sujeta a lo dispuesto por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia (y puede por tanto ser objeto de reconducción formal), es igualmente menester determinar si el contenido de dicha disposición guarda correspondencia con las causales de secreto señaladas por el constituyente (es decir, si puede tener lugar a su respecto la reconducción material). La reconducción material señalada debe estar guiada por la exigencia de "afectación" de los bienes jurídicos indicados en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política, esto es, debido cumplimiento de las funciones de los órganos del Estado, derechos de las personas, seguridad de la Nación o el interés nacional. 7) Que, en efecto, no basta sólo con que la información "se relacione" con el bien jurídico protegido o que le resulte "atingente" para los efectos de mantener tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación. En tal sentido, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que aquella debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo que no se presume, sino que debe ser acreditado por el órgano administrativo requerido, de modo que los daños que la publicidad provocaría sean superiores al perjuicio que el secreto causaría al libre acceso a la información y al principio de publicidad. Cabe hacer especialmente presente, que este el criterio interpretativo en la forma debe ser aplicada la causal de reserva invocada del artículo 21 N° 5, en relación a las normas dictadas en forma previa a la reforma constitucional del año 2005, ha sido ratificado por los Tribunales Superiores de Justicia de nuestro país. En efecto, la Corte Suprema en el fallo Rol N° 26.843-2018, de 05 de marzo de 2019 sobre recurso de queja, indicó, en su considerando décimo, lo siguiente: "Que, en cuanto a la causal del numeral 5 del artículo 21 de la Ley N° 20.285, esta Corte ha dicho en anteriores ocasiones que para que se configure la excepción a la publicidad, no sólo basta la existencia o mera referencia a una ley de quórum calificado dictada con anterioridad a la reforma constitucional del año 2005, sino que además es necesario evaluar, en concreto, la afectación al bien jurídico que se trata de proteger, en la especie, la seguridad de la Nación. (Roles C.S. N° 35.801-2017 y 49.981-2016)". 8) Que, respecto de lo solicitado, se comparte la argumentación sostenida por Carabineros para denegar esta información, pues, su entrega podría efectivamente permitir obtener información respecto de todos los funcionaros destinados para la persecución del crimen organizado, afectando directamente el cumplimiento de la función policial, proporcionando una ventaja táctica a quienes a futuro deseasen eludir el control y/o fiscalización de Carabineros, mermando la eficiencia de los servicios realizados por el personal de las unidades involucradas, lo que pondría en riesgo tanto el resultado de las operaciones policiales, como la seguridad e integridad física de los funcionarios, civiles y comunidad en que se lleva a efecto la señalada actividad y el cumplimiento de las instrucciones emanadas de las Fiscalías del Ministerio Público y los Tribunales de Justicia. Además, considerando que el personal que desempeña funciones en la repartición especializada consultada y en el período acotado es minoritario respecto del resto del personal de la institución, y que además se encuentra destinado a labores específicas tales como investigación criminal tanto de delitos como de organizaciones criminales, trata de personas, búsqueda de personas y vehículos, control e investigación de tráfico de drogas y estupefacientes y labores de inteligencia. 9) Que, en consecuencia, en opinión de este Consejo se configuran las causales de reserva del artículo 21, N° 3 y N° 5, de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 436 número 1 del Código de Justicia Militar, razón por la cual se rechazará el presente amparo. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Rechazar el amparo deducido por doña Natalia Riquelme Campos en contra de Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Natalia Riquelme Campos y al Sr. General Director de Carabineros de Chile. VOTO DISIDENTE: La presente decisión es acordada con el voto en contra del Consejero don Francisco Leturia Infante, quien no comparte lo razonado, estimando que el amparo debió ser acogido, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que de conformidad a lo preceptuado en el artículo 21 de la Ley de Transparencia, para que se verifique la procedencia de una causal de reserva, es menester determinar la afectación de alguno de los derechos subjetivos protegidos por ella, debiendo en consecuencia, acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva. 2) Que, del análisis de los antecedentes que conforman el presente amparo, y sin perjuicio de que la información pueda llegar a formar parte aquella que se ha venido en denominar dotación, al tener lo solicitado un carácter estadístico, acotado respecto de la unidad consultada así como también referirse a un período específico de tiempo, no se encuentra suficientemente acreditado que su entrega genere la afectación alegada por el órgano reclamado. 3) Que, además, en la resolución del presente amparo no puede desatenderse el innegable interés público vinculado a la información solicitada, toda vez que el acceso a la misma resulta esencial a efectos de ejercer un necesario y adecuado control social para ponderar la eficacia con la que el órgano reclamado desarrolla las funciones que le han sido encomendadas. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.