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DECISIÓN AMPARO ROL C4516-21</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Viña del Mar</p>
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Requirente: Maria Patricia Morales M</p>
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Ingreso Consejo: 16.06.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, ordenando la entrega de información referida al fundamento legal para que funcionarios que trabajan en el municipio, tengan como emails institucionales, extensiones como gmail, y que manejen, reciban y entreguen documentos que son estrictamente confidenciales y personales, que solo los puede tener el municipio, como base de datos de sus vecinos y a informar, si el funcionario que indica puede solicitar documentos a vecinos a través de un email con extensión @gmail.com, o por vía WhatsApp: quien es el responsable de la información de esa plataforma, que solicita documentación por esa vía y el documento legal que la sustenta. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en poder del órgano, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.</p>
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Lo anterior, por cuanto la información entregada por la reclamada no permite satisfacer el requerimiento en los términos expuestos por el reclamante.</p>
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Asimismo, se acoge el amparo en cuanto a la solicitud de la carpeta completa que tiene del Registro Social de Hogares de la reclamante, sólo en cuanto no fue derivada a la Subsecretaría de Evaluación Social.</p>
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Se rechaza el amparo en cuanto a la solicitud de autorización de la Contraloría General de las República que indica, lo anterior, debido a que no se disponen de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido en orden a que no cuentan con la información solicitada.</p>
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En sesión ordinaria N° 1218 del Consejo Directivo, celebrada el 28 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4516-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 3 de junio de 2021, doña Maria Patricia Morales M. solicitó a la Municipalidad de Viña del Mar, lo siguiente:</p>
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"1.- Carpeta completa, que tiene ese Municipio, del Registro Social de Hogares, de la titular de dicho registro.</p>
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2.- Fundamento legal para que funcionarios que trabajan en dicho municipio, tengan como email, institucionales, extensiones como gmail, y que manejen, reciban y entreguen documentos que son estrictamente confidenciales y personales, que solo los puede tener el municipio. Como base de datos de sus vecinos.</p>
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3.- Informe sobre la totalidad de los funcionarios, que se encuentran con acceso a Registro Social de Hogares.</p>
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4.- Informe si existe un funcionario de nombre (...)</p>
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5.- Informe, de existir el funcionario señalado en el punto 4°, si este puede solicitar documentación a vecinos a través de un email con extensión @gmail.com, o por vía whatsapp número (...) quien es el responsable de la información de esa plataforma, que solicita documentación por esa vía y el documento legal que lo sustenta.</p>
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6.- Adjuntar, si existe, la autorización de la Contraloría Regional para entregar documentos del Registro Nacional de Hogares. (este requerimiento, es la verificar el sustento legal, que personal de dicho municipio, utilice herramientas que no son institucionales y que la información que dicho personal maneja o tiene acceso, no sea utilizada para otros fines, que no sea los estrictamente para el Registro Social de Hogares)".</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 352, de 11 de junio de 2021, la Municipalidad de Viña del Mar respondió el requerimiento indicando que, acompaña Decreto que autoriza contratación a honorarios del funcionario que indica.</p>
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3) AMPARO: El 16 de junio de 2021, doña Maria Patricia Morales M. dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta incompleta o parcial a su solicitud. En tal sentido, señaló que "La respuesta no entrega la totalidad de la información requerida, que consta de varios puntos".</p>
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4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E14450, de 6 de julio de 2021, solicitó al reclamante que: (1°) aclare si ha cometido un error en la transcripción de sus nombres al momento de interponer el presente amparo, toda vez que no coincide con los señalados por la parte requirente en la solicitud de información, doña Patricia Morales; y, (2°) en caso contrario, acompañe escritura pública o documento privado suscrito ante notario en el que conste su facultad para comparecer en representación de la solicitante de información doña Patricia Morales, en la interposición del presente amparo; y, (3°) indique el contenido íntegro de la información solicitada ante el organismo reclamado. Lo anterior, atendido que en el acuse de recibo que se acompañó a su presentación no se indica el total de la solicitud de información</p>
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Mediante correo electrónico de 10 de julio de 2021, la reclamante acompaña los documentos otorgados por la Municipalidad de Viña del Mar, indicando que no se respondieron los N° s 1, 2, 5 y 6 del requerimiento.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, mediante Oficio N° E15513, de 21 de julio de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) en caso no existir inconvenientes para la entrega de la información solicitada ni causal de reserva aplicable, remita la misma a la parte reclamante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, tarjando previamente los datos personales de terceros que pudiere contener, como por ejemplo, el número de cédula nacional de identidad u otro dato personal de contexto, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada.</p>
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Mediante oficio Ord. N° 504, de 4 de agosto de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos, señalando que complementaron su respuesta mediante oficio Ord. N° 390, de 25 de junio de 2021, por medio del cual se le remitió el memorando N° 1385, de 25 de junio de 2021, emitido por el que la Dirección de Desarrollo Comunitario, relacionada con la solicitud. Además, adjuntaron Decreto Alcaldicio N° 13.877, de 5 de diciembre de 2018, que designó a doña Perla Violeta Bahamondes González, encargada comunal de Registro Social de Hogares y la Resolución Exenta N° 236 de 27 de abril de 2020, que aprueba el protocolo excepcional para tramitación inmediata en la plataforma del Registro Social de Hogares las solicitudes que se indican en el marco de la situación de excepción por emergencia sanitaria por brote de Covid-19; aprobado además por el Municipio mediante Decreto Alcaldicio N° 2.055 de 25 de marzo último, documento que también fue adjuntado en la respuesta dirigida a la solicitante (Convenio de Transferencia de Recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso y la I. Municipalidad de Viña del Mar, Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales ).</p>
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Indicó que la información contenida en el Registro Social de Hogares de acuerdo con el convenio antes referido está sujeto en su punto N° 9, a una cláusula de confidencialidad, de acuerdo con lo dispuesto en la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada - en adelante ley N° 19.628-; y lo establecido en el artículo 10 de la ley N° 20.530, crea el Ministerio de Desarrollo Social y Familia y modifica cuerpos legales que indica - en adelante ley N° 20-530-, razón por la que la carpeta completa del RSH no fue entregada a la reclamante.</p>
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Asimismo, refirió que el Convenio no impide a los funcionarios gestionar información a través de distintas vías de contacto, en tanto la tarea consistía, en el contexto del estado de emergencia, gestionar y resolver en forma urgente todas las acciones de actualización, verificación confirmación, ratificación y/ o complemento de la información contenida en el RSH.</p>
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Señaló igualmente que se informó la totalidad de funcionarios que prestan servicios en la oficina de Estratificación Social con acceso a RSH y su directora. Se adjuntó el decreto de contratación del funcionario consultado, en el que se indican sus funciones: prestar servicio en el Programa de Orientación y Fortalecimiento de la Comunidad acerca del Registro Social de Hogares, encontrándose en consecuencia facultado para solicitar información. La autorización para operar en el RSH está dada por el Convenio antes referido que impone a los funcionarios, entre otras obligaciones, la carga de guardar secreto respecto de la información recibida bajo las responsabilidades establecidas en el ordenamiento jurídico, incluso después de haber cesado en sus funciones. No existe en la materia, ninguna instrucción o autorización de la Contraloría General de la República.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en respuesta incompleta o parcial a la solicitud de información referida al Registro Social de Hogares y funcionarios que indica, circunscribiéndose el mismo, de acuerdo con lo expresado por la reclamante, a las peticiones contenidas en los N° s 1, 2, 5 y 6 del requerimiento.</p>
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2) Que, respecto de la carpeta completa, que tiene ese Municipio, del Registro Social de Hogares de la reclamante, señalado en el N° 1 de la solicitud, el órgano recurrido señaló que, de acuerdo con Convenio de Transferencia de Recursos vigente, no se encuentra facultado para entregar información a particulares, ya que estaría faltando al acuerdo de confidencialidad, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 19.628 y en el artículo 10 de la Ley N° 20.530.</p>
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3) Que, en cuanto a este punto, resulta del caso tener presente que el Registro Social de Hogares es un sistema de información cuyo fin es apoyar los procesos de selección de beneficiarios de un conjunto amplio de subsidios y programas sociales. Aquel es construido con datos aportados por el hogar y bases administrativas que posee el Estado, proveniente de diversas instituciones, se encuentra regulado en el decreto supremo N° 22, de 2015, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba reglamento que regula el Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, cuyo artículo 10, expresamente señala "Para efectos del Sistema, el almacenamiento y tratamiento de datos equivalentes y datos recopilados desde la fuente primaria y secundaria se realizarán en el Registro Social de Hogares, de responsabilidad de la Subsecretaría de Evaluación Social."</p>
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4) Que, de acuerdo con la normativa citada y de los antecedentes tenidos a la vista, se concluye que no obstante obrar en poder de la reclamada la carpeta solicitada, el órgano que, en definitiva, tiene la suficiente competencia para determinar la eventual afectación de algún interés jurídico protegido, medir el impacto de revelarla o reservarla y, en su caso, alegar y acreditar alguna causal de secreto o reserva establecida en la Ley de Transparencia, es la Subsecretaría de Evaluación Social.</p>
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5) Que, por las razones antes expuestas, se acogerá el presente amparo sólo en cuanto el órgano reclamado no derivó el requerimiento, en este punto, a la Subsecretaría de Evaluación Social, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, lo cual será realizado por este Consejo, en virtud del principio de facilitación, consagrado en el artículo 11 letra f) de la citada ley.</p>
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6) Que, a su turno, en los N° s 2 y 5 de la solicitud, se requiere el "fundamento legal para que funcionarios que trabajan en el municipio, tengan como emails institucionales, extensiones como gmail, y que manejen, reciban y entreguen documentos que son estrictamente confidenciales y personales, que solo los puede tener el municipio, como base de datos de sus vecinos" y, a informar, "de existir el funcionario señalado en el punto 4°, si puede solicitar documentos a vecinos a través de un email con extensión @gmail.com, o por vía WhatsApp: quien es el responsable de la información de esa plataforma, que solicita documentación por esa vía y el documento legal que la sustenta", el órgano reclamado hizo referencia a la Resolución Exenta N° 236, de fecha 27 de abril de 2020, que "Aprueba Protocolo Excepcional para tramitación inmediata en la plataforma del Registro Social de Hogares las solicitudes que indican en el marco de situación de excepción por emergencia sanitaria por brote de Covid-19", que de acuerdo con lo expresado autoriza al personal para la gestión de solicitudes con la finalidad de apoyar a la selección de usuarios de prestaciones sociales.</p>
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7) Que, de la revisión de la Resolución Exenta N° 236, de 27 de abril de 2020, no se advierte que la misma haga referencia a la materia consultada. Por tanto, al no haberse entregado una respuesta que permita satisfacer los requerimientos en los términos expuestos, se acogerá el presente amparo en cuanto a dichos puntos y se ordenará a la reclamada que entregue lo solicitado. No obstante, en el evento de que esta información o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.</p>
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8) Que, respecto de la solicitud N° 6, referida a "adjuntar, si existe, la autorización de la Contraloría Regional para entregar documentos del Registro Nacional de Hogares (este requerimiento, es para verificar el sustento legal, que personal de dicho municipio, utilice herramientas que no son institucionales y que la información que dicho personal maneja o tiene acceso, no sea utilizada para otros fines, que no sea los estrictamente para el Registro Social de Hogares", la recurrida señaló su inexistencia. En tal sentido, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09, en orden a que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10 de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir a la reclamada que haga entrega de información que, de acuerdo con lo señalado, no obraría en su poder.</p>
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9) Que, en la especie, el órgano reclamado señaló que si bien es cierto no existe la instrucción que se solicita, el deber de confidencialidad de la información a que se refiere la reclamante, está establecido en el en el Convenio de Transferencia de Recursos entre la Secretaría Regional Ministerial de Desarrollo Social y Familia de la Región de Valparaíso y la I. Municipalidad de Viña del Mar, Sistema de Apoyo a la Selección de Usuarios de Prestaciones Sociales, que impone a los funcionarios, entre otras obligaciones, la carga de guardar secreto respecto de la información recibida bajo las responsabilidades establecidas en el ordenamiento jurídico, incluso después de haber cesado en sus funciones.</p>
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10) Que, en consecuencia, en virtud de lo dispuesto en los artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, que establece que sólo será pública la información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de aquella inexistente y sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de la sostenida por la reclamada, en orden a que no cuentan con la documentación requerida, se rechazará el amparo en este punto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Maria Patricia Morales M, en contra de la Municipalidad de Viña del Mar, de acuerdo con los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar, lo siguiente:</p>
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a) Entregue a la reclamante la información referida al "fundamento legal para que funcionarios que trabajan en el municipio, tengan como emails institucionales, extensiones como gmail, y que manejen, reciban y entreguen documentos que son estrictamente confidenciales y personales, que solo los puede tener el municipio, como base de datos de sus vecinos"; y a informar "de existir el funcionario señalado en el punto 4°, si puede solicitar documentos a vecinos a través de un email con extensión @gmail.com, o por vía WhatsApp: quien es el responsable de la información de esa plataforma, que solicita documentación por esa vía y el documento legal que la sustenta". No obstante, en el evento de que esta en todo o parte no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia a la solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Rechazar el amparo en cuanto al N° 6 de la solicitud, por no obrar en poder del órgano, en virtud de los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, lo siguiente:</p>
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a) Derivar a la Subsecretaría de Evaluación Social la solicitud en lo relativo a su N° 1, para que se pronuncie respecto de sus competencias.</p>
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b) Notificar la presente decisión a doña Maria Patricia Morales M. y a la Sra. Alcaldesa de la Municipalidad de Viña del Mar.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>