Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4627-21

Reclamante:	ALFREDO VALDES AGURTO
Reclamado:	SUBSECRETARÍA DE REDES ASISTENCIALES
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, requiriendo la entrega del registro que contenga el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, en el periodo que se indica. Lo anterior, habiéndose descartado la inexistencia alegada por la reclamada y por cuanto dicho antecedente reviste un interés público prevalente, toda vez que posibilita a la ciudadanía tomar conocimiento de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Aplica criterio contenido en las decisiones C2701-18 y C6075-18. Se rechaza en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas solicitadas, por tratarse de datos personales y configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de los facultativos consultados, en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y las disposiciones de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Se sigue lo resuelto en los amparos rol C926-21 y C2084-21, respecto del mismo solicitante.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/7/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C2701-18 C6075-18 C2847-15 C926-21 C2084-21
Jurisprudencia a:	C5064-21 C6474-21
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DECISIÓN AMPARO ROL C4627-21   Entidad pública: Subsecretaría de Redes Asistenciales Requirente: Alfredo Valdés Agurto Ingreso Consejo: 22.06.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, requiriendo la entrega del registro que contenga el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, en el periodo que se indica. Lo anterior, habiéndose descartado la inexistencia alegada por la reclamada y por cuanto dicho antecedente reviste un interés público prevalente, toda vez que posibilita a la ciudadanía tomar conocimiento de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. Aplica criterio contenido en las decisiones C2701-18 y C6075-18. Se rechaza en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas solicitadas, por tratarse de datos personales y configurarse la causal de reserva de afectación a los derechos de los facultativos consultados, en los términos dispuestos en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República y las disposiciones de la Ley sobre Protección de la Vida Privada. Se sigue lo resuelto en los amparos rol C926-21 y C2084-21, respecto del mismo solicitante. En sesión ordinaria N° 1219 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de octubre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4627-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 28 de marzo de 2021, don Alfredo Valdés Agurto solicitó a la Subsecretaría de Redes Asistenciales la siguiente información: "Registro de los médicos que estudiaron fuera de Chile y que rindieron el Eunacom en los últimos 4 años de registro y que fueron probados para ejercer como médicos en Chile. Por lo anterior, se solicita poder contar con un registro de datos que contengan los nombres completos de los médicos que rindieron dicho examen y que lo aprobaron, con sus respectivos correos electrónicos y teléfonos celulares y/o fijos, en formato word y/o excel". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. A/102 N° 1653, de 14 de junio de 2021, la Subsecretaría de Redes Asistenciales respondió a dicho requerimiento de información indicando que el Ministerio no se posee la información requerida. Indicó que la entidad competente al respecto es la Asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH) que no tiene ningún vínculo o convenio con ellos. 3) AMPARO: El 22 de junio de 2021, don Alfredo Valdés Agurto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada. Además, el reclamante hizo presente que: "La Subsecretaría de Redes Asistenciales después de no haber dado respuesta a 5 solicitudes, con fecha 15 de junio, a través de correo electrónico, indicaron que ellos no tenían la información y lo solicitado lo administraba la ASOFAMECH. Al respecto llama la atención que en la solicitud del 28 de diciembre de 2020 código AO00T0005135, la Subsecretaría indicara que: "En cumplimiento de lo dispuesto en el punto 6.2 de la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, efectuada la búsqueda de la información, se comprobó que existen circunstancias que hacen difícil reunir la información solicitada, toda vez que Se concede prorroga en virtud a retraso administrativo añadiendo las dificultades técnicas debido a la pandemia de salud en Chile con motivo del COVID-19". Al respecto y luego de pasar varios meses, no solo informa que la información no la tienen, sino que la eluden y la responsabilizan en un organismo de derecho privado mandatado a ejecutar una función pública". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales, mediante Oficio N° E14709, de 9 de julio de 2021 solicitante que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; y, (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Mediante correo electrónico de 5 de agosto de 20221, el órgano reclamado hace llegar sus descargos a este Consejo, señalando haber dado respuesta al reclamante mediante el oficio Oficio Ord. A/102 N° 1653, de 14 de junio de 2021, en el cual indicó haber cumplido con su obligación de informar. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información referida a un registro de los médicos que estudiaron fuera de Chile y que rindieron el Eunacom en los últimos 4 años y que fueron aprobados para ejercer como médicos en Chile, que contengan los nombres completos, con sus respectivos correos electrónicos y teléfonos celulares y/o fijos, en el formato que indica. Al respecto, la reclamada señaló que no cuenta con la información debido a que solo se encarga de comprobar que los médicos rindieron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM), como requisito de desempeño al momento de postular a concursos de financiamientos por cupos de especialidad y que el órgano que tendría la información solicitada sería la asociación de Facultades de Medicina de Chile (ASOFAMECH). 2) Que, a modo de contexto, cabe señalar que la ley N° 20.261, que crea el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, dispone en su artículo 1°, lo siguiente: "Establécese, como requisito de ingreso para los cargos o empleos de médico cirujano en los Servicios de Salud creados por el artículo 16 del decreto con fuerza de ley N° 1, del Ministerio de Salud, de 2005; en los establecimientos de carácter experimental creados por el artículo 6° de la ley N° 19.650, y en los establecimientos de atención primaria de salud municipal, rendir un examen único nacional de conocimientos de medicina y haber obtenido, a lo menos, la puntuación mínima que a su respecto establezca el reglamento, sin perjuicio de los demás requisitos que les exijan otras leyes. Las instituciones señaladas sólo podrán contratar, en cualquier calidad jurídica y modalidad, a médicos cirujanos que hayan obtenido, de conformidad a lo que establezca el reglamento, la puntuación mínima requerida en dicho examen". 3) Que, en cuanto a lo alegado por el órgano reclamado, en orden a que la información pedida no obra en su poder, cabe tener presente que aquella es una circunstancia de hecho, cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. Esta alegación debe ser fundada, indicando en forma clara el motivo por el cual ésta no obra en su poder, y debe ser acreditada en forma fehaciente. En la especie, la recurrida se limitó a señalar que la información no obra en su poder por cuanto su rol se limita a comprobar que los médicos que optan a concursos de financiamiento por cupos de especialidad hayan rendido el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina, lo que no resulta suficiente para dar por acreditada la hipótesis referida, teniendo en consideración el marco normativo descrito en forma precedente, por lo que se desestimarán sus alegaciones al respecto. 4) Que, en lo que respecta a la solicitud del nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina en el periodo que se indica, cabe tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 5) Que, sobre el particular, según lo razonado por este Consejo en la decisiones de los amparos roles C2701-18, C6075-18 y, particularmente, en los amparos rol C926-21 y C2084-21, seguido entre las mismas partes y sobre la misma materia, y sin perjuicio de tratarse el nombre de un dato personal al tenor de lo dispuesto en el artículo 2 letra f) de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada -en adelante ley N° 19.628-, se estima que resulta relevante para poder ejercer el debido control social sobre esta materia, la publicidad de la identidad de los profesionales médicos autorizados para realizar funciones en los establecimientos de salud o localidades. En efecto, la información peticionada reviste un interés público prevalente, por cuanto posibilita a la ciudadanía, tomar noticia de qué personas han sido investidas con las condiciones necesarias para prestar servicios de salud en establecimientos públicos, y acreditar de este modo, la veracidad curricular de aquellos que publiciten detentarla. 6) Que, por consiguiente, realizando un balance entre el interés de reservarla y el de divulgarla, para determinar si el beneficio público resultante de conocer la información solicitada es mayor que el daño que podría causar su revelación, a juicio de esta Corporación la protección del dato personal requerido cede ante el necesario control social respecto del conocimiento de aquellos facultativos que cumplen los presupuestos necesarios para prestar servicios médicos en establecimientos públicos. 7) Que, en mérito de lo expuesto, atendida la naturaleza de los antecedentes solicitados, advirtiéndose la existencia de un interés público prevalente sobre la materia consultada, habiéndose descartado la hipótesis de inexistencia alegada por la reclamada, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, respecto de esta parte, ordenando la entrega de la nómina solicitada. 8) Que, en segundo lugar, en cuanto a los datos de contacto privados de los facultativos consultados -como lo son, sus números de teléfono y correos electrónicos particulares- se debe hacer presente que este Consejo ha sostenido que, a partir de las decisiones de los amparos roles A252-09 y C2847-15, entre otras, que dichos antecedentes constituyen un dato personal en los términos prescritos en el artículo 2, letra f), de la ley N° 19.628, para cuya comunicación, conforme a lo dispuesto en el artículo 4 de la citada ley, se requiere de la autorización de su titular, circunstancia que no se verifica en la especie. En razón de ello, su develación produciría una afectación -presente o probable y con suficiente especificidad- a la esfera de la vida privada de las personas consultadas y la protección de sus datos personales, garantías constitucionales consagradas en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, configurándose a su respecto, la causal de reserva del artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia. 9) Que, a mayor abundamiento, lo pedido constituye datos que han sido proveídos a la Administración por personas naturales, lo que significa que han sido recolectados de una fuente no accesible al público, por lo cual, en principio, les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7 de la ley N° 19.628. Además, aquellos sólo pueden ser utilizados para los fines para los cuales fueron recolectados por el órgano reclamado, conforme el Principio de Finalidad establecido en el artículo 9 de la ley citada. Por tales motivos, y no advirtiéndose un interés público prevalente que justifique su develación, y en cumplimiento de las atribuciones otorgadas a este Consejo por el artículo 33, letras j) y m), de la Ley de Transparencia, este Consejo procederá a rechazar el presente amparo en esta parte. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Alfredo Valdés Agurto, en contra de la Subsecretaría de Redes Asistenciales, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Ser. Subsecretario de Redes Asistenciales, lo siguiente; a) Hacer entrega al reclamante de copia del registro que contenga el nombre de los médicos que estudiaron fuera de Chile, rindieron y aprobaron el Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina en los últimos 4 años, en el formato requerido. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo relativo a los correos electrónicos y números de teléfono particulares de las personas consultadas, por configurarse la causal de reserva prevista en el artículo 21° N° 2 de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alfredo Valdés Agurto y al Sr. Subsecretario de Redes Asistenciales. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Consejera doña Natalia González Bañados no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.