Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C4689-21

Reclamante:	JURDEN ALEXANDER BRAIN BARRERA
Reclamado:	COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenando la entrega de los antecedentes de la acreditación otorgada a la universidad UNIACC. Lo anterior por existir un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permiten un control social respecto d ellos estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma, habiéndose descartado las hipótesis de reserva alegadas.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/8/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C12-09 C79-09 C3299-17 C929-11 C122-12 C17-13 C2229-13 C3014-15 C3579-16 C4028-16 C1408-17 C1659-17
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Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C4689-21   Entidad pública: Comisión Nacional de Acreditación Requirente: Jurden Alexander Brain Barrera Ingreso Consejo: 23.06.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, ordenando la entrega de los antecedentes de la acreditación otorgada a la universidad UNIACC. Lo anterior por existir un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permiten un control social respecto d ellos estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma, habiéndose descartado las hipótesis de reserva alegadas. En sesión ordinaria N° 1219 del Consejo Directivo, celebrada el 5 de octubre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4689-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 22 de abril de 2021, don Jurden Alexander Brain Barrera solicitó a la Comisión Nacional de Acreditación la siguiente información: "Copia integra de todos los antecedentes de la acreditación otorgada a las siguientes universidades: 1) UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE y, 2) UNIVERSIDAD UNIACC, esto es: documentos del proceso de evaluación interna y externa, decisión de acreditación y reposición/apelación, si la hubiere. Requiero documento del proceso de todas las acreditaciones a las que se hayan sometido las universidades señaladas". 2) RESPUESTA: Mediante oficio Ord. N° 464, de 17 de junio de 2021, la Comisión Nacional de Acreditación respondió a dicho requerimiento de información indicando que dando respuesta a su solicitud, le informo que en cumplimiento al procedimiento establecido en el artículo 20° de la Ley de Transparencia, se notificó de su requerimiento a las instituciones de educación superior aludidas, para que autorizaran o formularan oposición a la entrega de la información solicitada. En ese contexto, y vencidos los plazos dispuestos para tales efectos, la Universidad UNIACC se opuso a la entrega de la información, respecto de la cual la CNA se encuentra impedida de proporcionar los documentos solicitados. Por su parte, la USACH no formuló oposición, razón por la cual se adjunta al presente oficio, los antecedentes de los procesos de acreditación institucional requeridos. 3) AMPARO: El 23 de junio de 2021, don Jurden Alexander Brain Barrera dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en respuesta negativa a la solicitud de información; Además, el reclamante hizo presente que: "Amparo solo respecto a la solicitud de información de la universidad UNIACC". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, mediante Oficio N° E14853, de 11 de julio de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de las respectivas comunicaciones, de los documentos que acrediten su notificación, de las oposiciones deducidas y de los antecedentes que dan cuenta de la fecha en la que éstas ingresaron ante el órgano que usted representa; y, (4°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros que se opusieron a la entrega de la información, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante oficio Ord. N° 572, de 26 de julio de 2021, el órgano reclamado hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que Luego del análisis de admisibilidad, se le solicitó al ciudadano, mediante Oficio DP-000347-21, aclarar su requerimiento de conformidad a lo establecido en el artículo 12, letra b), de la ley N° 20.285, ya que no identificaba de manera clara la información que requería. Lo anterior, en atención a que no detallaba respecto de qué procesos requería los antecedentes solicitados, ya que ambas Instituciones han desarrollado cuatro procesos de acreditación. El 17 de mayo de 2021, el solicitante subsana su solicitud, indicando que se refiere a todos los antecedentes respecto de todos los procesos de acreditación institucional y/o por carrera de las universidades indicadas. Luego, indicó que los antecedentes que componen un proceso de acreditación institucional son el informe de autoevaluación, el informe de sustentabilidad económica, informe de evaluación externa y sus observaciones, todos ellos corresponden a documentos que pueden contener información estratégica respecto a la gestión de las instituciones de educación superior, así como también, información sensible de carácter económico y de viabilidad y sustentabilidad financiera, por lo tanto su publicidad puede afectar los derechos de la USACH y de UNIACC, a los que dio traslado conforme lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, oponiéndose esta última a la entrega de la información. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de esta Corporación, acordó dar traslado del amparo al tercero interesado, mediante Oficio N° E16677, de 4 de agosto de 2021. Mediante correo electrónico de 25 de agosto de 2021, universidad UNIACC hizo llegar sus descargos a este Consejo, señalando que la información solicitada reviste la calidad de información de vital importancia y de suyo confidencial para la institución educacional, por cuanto contiene antecedentes de procesos internos tanto de carácter académico, administrativo, financieros y organizacionales propios, que deben ser cautelados por la institución. Señaló que en virtud del artículo 21 de la ley 20.285, en sus numerales 1° letra b) y 2°, les es factible ejercer la reserva de la información solicitada, toda vez que actualmente se encuentran en proceso de re-acreditación institucional, y las deliberaciones correspondientes al siguiente proceso ya están en marcha, derivando en que la información solicitada constituya un antecedente previo a la toma de políticas por parte de UNIACC y a la Resolución de la CNA. En virtud del numeral 2° del artículo antes mencionado, es que señalan que los antecedentes solicitados contienen datos de diversa naturaleza, que de ser públicos y descontextualizados podrían exponer a la institución y sus estudiantes a eventuales perjuicios financieros al no presentar los mismos datos y estructura respecto del total de las instituciones de Educación Superior. Así las cosas, insisten y concluyen que dicha información y la forma en que esta está ordenada representan un elemento vital, cuyo resguardo debe ser cautelado. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en respuesta negativa a la solicitud de información relativa a los antecedentes de la acreditación otorgada a la Universidad de Santiago y a la UNIACC, circunscribiéndose el mismo a la parte referida a la Universidad UNIACC. Al respecto, el órgano reclamado señaló que habiendo dado traslado al tercero interesado, éste se opuso a la entrega de la información alegando las causales de reserva contenidas en el artículo 21 N° 1 letra b) y N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, en relación a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia que fuere alegada por el órgano requerido en relación a la solicitud, cabe hacer presente que, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido, cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7 N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano. 3) Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, el tercero refirió que al encontrarse en un nuevo proceso de re-acreditación que podría afectar la decisión de la Comisión Nacional de Acreditación al respecto. 4) Que, asimismo, en relación al segundo requisito, el órgano no indicó la forma específica o la manera concreta en que lo solicitado podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano, especialmente, en lo referido a la adopción de una medida o decisión en el procedimiento en curso, sin otorgar mayores elementos de juicio en orden a acreditar la concurrencia de la causal alegada. 5) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes, se advierte que el órgano no especificó ni detalló suficientemente de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, esta Corporación no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado con la divulgación de los antecedentes de los procesos de acreditación, por lo que se desestimará la alegación del organismo en este punto. 6) Que, de acuerdo a la causal de reserva invocada por el tercero interesado, contenida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, la información solicitada tendrá el carácter de secreta o reservada "cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Por su parte, el artículo 7° N° 2 del Reglamento de la Ley de Transparencia señala que "se entenderá por tales -derechos de carácter comercial o económico- aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés". En consecuencia, un mero interés no es suficiente para justificar la reserva de la información solicitada, debiendo justificarse la existencia de un derecho que, de entregarse lo solicitado, se vería afectado. 7) Que de conformidad con el texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para verificar la procedencia de la causal invocada es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por ella. Según ya ha señalado este Consejo, la afectación debe ser presente o cierta, probable y específica para justificar la reserva (decisiones Roles A96-09, A165-09, C929-11, entre otras). En la especie, el tercero involucrado no ha proporcionado antecedentes que permitan a esta Corporación verificar o identificar una afectación o daño presente, probable y específico a sus derechos, de acuerdo con lo cual se descartarán sus alegaciones. 8) Que la información solicitada obra en poder de la Comisión Nacional de Acreditación en su calidad de órgano encargado de la acreditación de la respectiva universidad, y corresponde a antecedentes que han servido de sustento y fundamento de los acuerdos en virtud de los cuales resolvió acerca de cada una de las respectivas solicitudes de acreditación de dicha institución. En efecto, su presentación y revisión es, precisa e inequívocamente, la base sobre la cual se dictaron actos administrativos, en tanto aquéllos dan cuenta del cumplimiento o incumplimiento de los elementos y requisitos ponderados por la CNA para otorgar o denegar las respectivas acreditaciones. Por lo tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y artículo 3°, letra g), de su Reglamento, los antecedentes requeridos constituyen el sustento o complemento directo y esencial de los actos administrativos que resolvieron los respectivos procesos de acreditación, de manera que, teniendo los acuerdos de la CNA la naturaleza de información pública por expresa disposición de la ley -artículo 8°, letra e), en relación con el artículo 47 de la Ley N° 20.129-, su complemento directo posee en principio, el mismo carácter. 9) Que, en cuanto al fondo del asunto, cabe señalar que la Ley N° 20.129, que "Establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior", regula - dentro de otros- el proceso de acreditación institucional de las instituciones de educación superior. En este sentido, el artículo 15 prescribe que las universidades podrán someterse voluntariamente a este proceso ante la Comisión Nacional de Acreditación, el que tiene "por objeto evaluar el cumplimiento de su proyecto institucional y verificar la existencia de mecanismos eficaces de autorregulación y de aseguramiento de la calidad al interior de las instituciones de educación superior, y propender al fortalecimiento de su capacidad de autorregulación y al mejoramiento continuo de su calidad"; y, al efecto el artículo 16 señala como etapas del proceso de acreditación, la autoevaluación interna, evaluación externa y pronunciamiento de la Comisión. A su turno, el artículo 18 inciso quinto, dispone que: Se establecerán criterios y estándares de calidad para los procesos de acreditación institucional, de acreditación de carreras y programas y de acreditación de programas de magíster, doctorados y especialidades médicas y odontológicas. 10) Que, en este sentido, cabe señalar que en las decisiones recaídas en los amparos roles C122-12; C17-13; C2229-13; C3579-16; C4028-16; C1408-17; C1659-17; y, C3299-17 entre otras, este Consejo se pronunció acerca de la entrega de antecedentes de procesos de acreditación, tanto institucional como de carrera, concluyendo que existe un interés público involucrado en el conocimiento de tal información, por cuanto la transparencia del proceso y, en consecuencia, su publicidad, permite un control social respecto de los estándares de cumplimiento de la educación superior en términos de calidad y de los procedimientos utilizados para dar garantía de la misma. En el mismo sentido, se pronunció la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de 22 de septiembre de 2011, recaída sobre el reclamo de ilegalidad Rol 2742-2011, en cuya virtud se señaló que "(...) la decisión que el reclamante impugna no es de aquéllas que afecten el debido cumplimiento de las funciones del órgano, los derechos de las personas, la seguridad o el interés nacional, causales éstas en cuya virtud se debe limitar el derecho de acceso a la información en conformidad a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 20.285, pues fluye de los antecedentes cuya entrega se ha solicitado, que se trata de aquellos necesarios para obtener la acreditación que espera del órgano público correspondiente. En efecto, no se advierte de qué modo se ha podido vulnerar los derechos de la reclamante, desde que ésta se ha sometido al proceso de acreditación, por el que necesariamente ha debido proporcionar antecedentes que en caso alguno comprometen los bienes jurídicos que la referida disposición cautela, limitando sólo en esos casos el acceso a la información". 11) Que, con todo, en relación con los antecedentes pedidos, cabe destacar, asimismo, la decisión de amparo C2229-13, en que se requirieron antecedentes financieros de un proceso de acreditación, en el cual se accedió a su entrega por "(...) la necesidad de la ciudadanía de conocer y mantenerse informada sobre la viabilidad y sustentabilidad financiera a lo largo del tiempo de ésta." 12) Que, según lo razonado anteriormente, constituyendo los antecedentes requeridos información de carácter pública, no logrando configurarse la afectación invocada por el tercero involucrado, que releve al organismo reclamado de su obligación de entregarlos, se acogerá el presente amparo, y se ordenará a la Comisión Nacional de Acreditación la entrega al reclamante de la información solicitada. 13) Que, el órgano previo a la entrega de toda la información que se ordenará entregar deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Jurden Alexander Brain Barrera, en contra de la Comisión Nacional de Acreditación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación, lo siguiente; a) Entregue al reclamante los antecedentes de la acreditación otorgada a la Universidad UNIACC. Previo a la entrega de toda la información que se ordenará entregar deberá tarjar aquellos datos personales de contexto incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono y correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628. Lo anterior, se dispone en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33, letra m), de la citada Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Jurden Alexander Brain Barrera y al Sr. Secretario Ejecutivo de la Comisión Nacional de Acreditación y al tercero interesado. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Consejera doña Natalia González Bañados no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.