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DECISIÓN AMPARO ROL C4926-21</p>
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Entidad pública: Subsecretaría de Justicia</p>
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Requirente: Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública</p>
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Ingreso Consejo: 30.06.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se rechaza el amparo deducido la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública en contra de Subsecretaría de Justicia referido al acceso a copia del anteproyecto de ley que otorgaría autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública.</p>
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Lo anterior, debido a que la entrega de dicha información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado.</p>
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En efecto, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Subsecretaría de Justicia, en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en la Ley de Transparencia.</p>
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Aplica criterio contenido en las decisiones de amparo Rol C8113-19, C2576-17, C1541-17 y C169-15, entre otras.</p>
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Igualmente, se tiene presente lo resuelto por el Tribunal Constitucional en sentencia Rol N° 2246-12, de 13 de enero de 2013, en orden a que el espacio para el debate sobre los proyectos de ley está en el Congreso Nacional. De hecho, una de las características de los anteproyectos es el acceso restringido a éstos, aun dentro del Ejecutivo. Sólo conocen de ellos las personas u organismos a quienes el Presidente o el Ministro encargado de impulsarlos, estima pertinente dárselos a conocer. Incluso el destinatario final de un anteproyecto, si llega a transformarse en proyecto de ley (el Congreso Nacional), está excluido de conocerlo en esta etapa.</p>
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En sesión ordinaria N° 1217 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de septiembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C4926-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 27 de mayo de 2021, la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, representada por don Ignacio Ramírez Villegas, solicitó a la Subsecretaría de Justicia la siguiente información:</p>
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"Solicito copia del proyecto de ley que el Sr. Ministro de Justicia anunció en su cuenta pública de hoy 27 de mayo que otorga autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública".</p>
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2) RESPUESTA: El 16 de junio de 2021, la Subsecretaría de Justicia respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se deniega el acceso a lo pedido en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, toda vez que los antecedentes solicitados son constitutivos de un proceso de deliberación que actualmente lleva a cabo el organismo y, en tal carácter, forman parte de una etapa previa a la elaboración de un borrador de anteproyecto de ley.</p>
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3) AMPARO: El 30 de junio de 2021, la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, representada por don Ignacio Ramírez Villegas, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Subsecretario de Justicia, mediante Oficio E16025, de 28 de julio de 2021, solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando, en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (3°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Por medio de Ord. N° 4596, de 11 de agosto de 2021, la Subsecretaría de Justicia presentó sus descargos en esta sede, reiterando que, en la especie, es procedente la causal de reserva de privilegio deliberativo.</p>
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Al efecto, señala que información solicitada corresponde a un anteproyecto de ley, -tal como se le indicó al reclamante y no a un proyecto de ley- y su entrega no resulta procedente conforme a las normas de la Ley de Transparencia, dado que la divulgación de ese antecedente, esto es, el hecho de ponerlo al alcance del público sin limitación alguna en cuanto a su usa mientras no se adopte un acto decisorio en la materia, afectaría gravemente el ejercicio del privilegio deliberativo de que gozan las autoridades y, especialmente el Presidente de la República. Ello, par cuanto la decisión que éste adopte se podrá traducir o no en la reemisión al Congreso Nacional para su tramitación, de una iniciativa de modificación legal, puesto que aquélla -que se materializará en el correspondiente proyecto de ley- se adoptar luego de un análisis de la propuesta elaborada par esta Secretaría de Estado y de otros antecedentes que estime necesario requerir, así como de la revisión, en forma previa, par parte de la División Jurídico-Legislativa del Ministerio Secretarla General de la Presidencia.</p>
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Cita jurisprudencia de este Consejo e indica que divulgar información de naturaleza preliminar supone inmiscuirse en el ámbito de decisión del Ministerio de Justicia como de las restantes autoridades que estarán involucradas en el proceso en forma previa a la adopción de una medida particular sobre la materia, por parte de la Presidencia de la Republica.</p>
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En relación al estado del proceso sobre el que recae la información denegada, informa que actualmente se encuentra dando respuesta a las observaciones y preguntas formuladas por la Dirección de Presupuestos y por el Servicio Civil, luego de lo cual deberá pasar para su estudio por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, la que, través de su División Jurídico-Legislativa, analizará el borrador de anteproyecto de ley para la formulación de observaciones en caso de corresponder a de su remisión al Presidente de la República, para que éste lo analice y efectúe los requerimientos que estime pertinentes, de considerar que se ajusta a sus lineamientos, proceda a firmar el correspondiente anteproyecto de ley. En este mismo contexto, está también la posibilidad (dependerá del mérito de los antecedentes examinados) que se solicite a la reformulación o corrección de la propuesta, para que ésta satisfaga lo pedido por el Presidente de la República.</p>
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En cuanto a la fecha aproximada para que el acto terminal sea emitido, ella dependerá de las prioridades y de la carga de trabajo de las autoridades intervinientes y de la agenda y las prioridades legislativas que fijen, sin perjuicio de lo cual, esperamos ello ocurra dentro de los próximos meses, siempre que no surjan antecedentes a circunstancias que prolonguen la tramitación respectiva.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el objeto de la solicitud está dirigida a obtener información respecto a copia del anteproyecto de ley que otorga autonomía institucional a la Defensoría Penal Pública. Al efecto, el órgano reclamado señaló que la información está cubierta por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) Que, la Subsecretaría de Justicia no hizo entrega del anteproyecto solicitado, toda vez que a su juicio procedería la aplicación de la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1 letra b), que permite denegar la información que se solicite cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente "tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados". Conforme lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por "antecedentes" todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por "deliberaciones", las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios.</p>
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3) Que, a partir de las decisiones pronunciadas en los amparos roles A12-09, A47-09 y A79-09, este Consejo ha sostenido reiteradamente que para configurar dicha hipótesis de secreto o reserva, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: (a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y (b) que su conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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4) Que, el anteproyecto, versaría sobre las alternativas que el Gobierno de Chile, por medio de la reclamada, estaría evaluando a fin de generar un proyecto en el cual se buscaría dotar a la Defensoría Penal Pública de autonomía institucional. Por tanto, tratan sobre antecedentes que servirían de base a una medida o política de la autoridad administrativa requerida. En cuanto al segundo requisito, divulgar información de naturaleza preliminar, a juicio de esta Corporación supone inmiscuirse en el ámbito de decisión de la Subsecretaría de Justicia en forma previa a la adopción de una medida en particular sobre la materia, afectando con ello claramente el privilegio deliberativo que en tal sentido ha consagrado el legislador en el artículo 21 N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia.</p>
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5) Que, a mayor abundamiento, el Tribunal Constitucional ha sostenido que el espacio para el debate sobre los proyectos de ley está en el Congreso Nacional. De hecho, una de las características de los anteproyectos es el acceso restringido a éstos, aun dentro del Ejecutivo. Sólo conocen de ellos las personas u organismos a quienes el Presidente o el Ministro encargado de impulsarlos, estima pertinente dárselos a conocer. Incluso el destinatario final de un anteproyecto, si llega a transformarse en proyecto de ley (el Congreso Nacional), está excluido de conocerlo en esta etapa. Profundizando su razonamiento, dictaminando que el "conocimiento singular de un anteproyecto por un particular, sería una desconsideración con el Congreso, que es el destinatario final de los proyectos de ley. Una vez que el Gobierno decida el envío del anteproyecto, éste gozará de máxima publicidad. El texto irá acompañado de un mensaje en el que explicarán las razones que lo justifican. Los Ministros tendrán que concurrir al Congreso a dar explicaciones sobre el sentido y alcance de lo que se propone. Transformado en proyecto de ley, el Congreso se convierte en el foro privilegiado de discusión de las iniciativas legales. Por lo mismo, no tiene sentido iniciar una discusión previa a la que naturalmente debe darse en el Congreso". Concluyendo que para dicho Tribunal, "todo lo que tenga que ver con la publicidad, vía derecho de acceso, durante la etapa de preparación de los proyectos de ley o fase prelegislativa, afecta negativamente el ejercicio de la potestad legislativa del Presidente de la República". (Sentencia Rol N° 2246-12, de 13 de enero de 2013).</p>
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6) Que en dicho contexto, se justifica plenamente la denegación de la información consultada en aplicación de lo dispuesto en el artículo 21 N° 1 b) de la Ley de Transparencia invocado por la Subsecretaría de Justicia. En consecuencia, se rechazará el amparo por las razones esgrimidas.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Rechazar el amparo deducido por la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública en contra de la Subsecretaría de Justicia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Asociación de Funcionarios de la Defensoría Penal Pública, representada por don Ignacio Ramírez Villegas y al Sr. Subsecretario de Justicia.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Director Jurídico (S) del Consejo para la Transparencia don Pablo Brandi Walsen.</p>