Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C35-13

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Reclamante:	HUGO GOICH COSTAS
Reclamado:	INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL (IPS)
Resumen del caso: Se dedujo una reclamación en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), completando un formulario de Transparencia Activa, en el cual señala que el acceso a la información no es expedito, que la respuesta del órgano reclamado no corresponde a lo solicitado, e indicando, en una hoja anexa, que solicita a esta Corporación que revise sus antecedentes y ordene la entrega del documento solicitado sobre un certificado detallado de sus rentas retroactivas imponibles por su cargo y las horas paralelas servidas entre el 1° de septiembre de 1975 al 31 de agosto de 1978, antes del encasillamiento y traspaso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que sirvieron de base para el cálculo de su Bono de Reconocimiento Original (BRO). El Consejo señaló que la presentación realizada por el recurrente al IPS y que origina el presente amparo, no constituye una solicitud de información, lo que deriva necesariamente en la inadmisibilidad del mismo, y aún cuando, si lo fuera, no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto éste de manera extemporánea, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos debe declararse su inadmisibilidad.
Tipo de decisión:	Decisión de inadmisibilidad
Fecha de la decisión:	1/18/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C146-09 C460-10 C574-11
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Plazo de presentación >> Otros
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO ROL C35-13 Entidad pública: Instituto de Previsión Social (IPS). Requirente: Hugo Goich Costas. Ingreso Consejo: 08.01.2013 En sesión ordinaria N° 405 de su Consejo Directivo, celebrada el 16 de enero de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C35-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8° y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) Que, con fecha 22 de agosto de 2012, don Hugo Goich Costas solicitó al Instituto de Previsión Social (IPS) un certificado detallado de sus rentas retroactivas imponibles por su cargo y las horas paralelas servidas entre el 1° de septiembre de 1975 al 31 de agosto de 1978, antes del encasillamiento y traspaso a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), y que sirvieron de base para el cálculo de su Bono de Reconocimiento Original (BRO). 2) Que, con fecha 27 de noviembre de 2012, don Hugo Goich Costas habría recurrido a la Comisión Asesora Presidencial pata la Protección de los Derechos de la Personas, denunciando que el IPS no habría atendido su solicitud señalada en el numeral 1° precedente. 3) Que, posteriormente, con fecha 8 de enero de 2013, don Hugo Goich Costas dedujo una reclamación a través de la Gobernación Provincial de Magallanes, e ingresado a este Consejo el 10 del mismo mes y año, en contra del Instituto de Previsión Social (IPS), completando un formulario de Transparencia Activa, en el cual señala que el acceso a la información no es expedito, que la respuesta del órgano reclamado no corresponde a lo solicitado, e indicando, en una hoja anexa, que solicita a esta Corporación que revise sus antecedentes y ordene la entrega del documento solicitado. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, en primer término, de acuerdo a lo previsto en el artículo 33, letra b), de la Ley de Transparencia, corresponde a este Consejo resolver, fundadamente, los reclamos por denegación de acceso a la información que le sean formulados de conformidad con la Ley de Transparencia. 2) Que, atendido lo dispuesto en los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y los artículos 36 y 46 de su Reglamento, corresponde a este Consejo examinar la admisibilidad del reclamo presentado por el requirente, en atención a los requisitos establecidos en dichas disposiciones. 3) Que, en consecuencia, a fin de resolver la admisibilidad de la presente reclamación, primeramente es necesario determinar la naturaleza de la misma, es decir, si se trata de un reclamo por infracción a las normas de transparencia activa o por denegación de acceso a la información. 4) Que, analizado los fundamentos vertidos por el recurrente en su reclamación se deduce que la misma es por denegación de acceso a la información; por consiguiente, corresponde determinar si este reclamo cumplió con los requisitos legales, en particular, si el requerimiento que lo motivó constituye una solicitud de acceso a la información amparada por la Ley de Transparencia. 5) Que, según se desprende de los artículos 24 y siguientes de la Ley de Transparencia y artículos 42 y siguientes de su Reglamento, para que este Consejo pueda conocer de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información interpuestas en contra de los órganos de la Administración de Estado que señalan dichos cuerpos normativos, es preciso que con anterioridad se hayan efectuado ante los mismos una o más solicitudes de acceso a la información en los términos exigidos por los artículos 13 y 14 de la Ley de Transparencia y 27 y 28 de su Reglamento. 6) Que, en consideración a la presentación realizada por el recurrente ante este Consejo, y los antecedentes acompañados, al tenor de las exigencias previstas en las normas mencionadas en el considerando 5° precedente, este Consejo advierte que el requerimiento formulado no dice relación con el amparo al derecho de acceso a la información, toda vez que no constituye una solicitud de información propiamente tal amparada por la Ley de Transparencia. 7) Que, en efecto, a través de la presentación efectuada por el peticionario, no se requirió información alguna en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, que expresamente consagran el derecho que tiene toda persona a “solicitar y recibir información” en la forma y condiciones establecidas en dicho cuerpo legal, sino que más bien se trata de una petición dirigida a que la institución reclamada realice una actuación determinada -emisión de un certificado-, lo que se enmarca en el ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 19 N° 14 de la Constitución Política de la República y no en el derecho de acceso a la información pública, por lo que no cabe pronunciarse respecto a ello en esta sede. 8) Que, en este contexto resulta pertinente traer a colación el razonamiento desarrollado por este Consejo a propósito de la decisión de reposición del amparo Rol C146-09 y en los amparos Rol C460-10 y C574-11, donde se estableció claramente que “una cosa es declarar el acceso a una información y otra obligar a la reclamada a emitir uno de los certificados solicitados”, no correspondiendo a este Consejo exigir la elaboración de estos últimos. 9) Que, en este sentido, el considerando 4° de la decisión de reposición del amparo Rol C146-09 concluye, en lo que resulta aplicable al presente amparo, lo siguiente: “4) Que, respecto de la información que es solicitada a los órganos de la Administración en los términos de la Ley de Transparencia, este Consejo considera que respecto de ella puede requerirse la certificación de que los documentos entregados son idénticos a aquellos que se encuentran en poder del órgano de la Administración, lo que ha sido denominado como “solicitud de copia autorizada”, y que se encuentra amparada por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y su disposición acerca de que la información sea entregada “en la forma y por el medio que requirente haya señalado”. No obstante, debe indicarse que tal certificación debe distinguirse de aquella solicitud de certificados cuya elaboración se encuentra regulada por normas especiales y, por ende, por disposiciones diversas a las contempladas por la Ley de Transparencia”. 10) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. 11) Que, en segundo término, el legislador ha establecido un plazo dentro del cual deben ser respondidas por parte de los órganos de la Administración del Estado las solicitudes de información. Esto, según lo dispuesto en el inciso primero del artículo 14 de la Ley de Transparencia, que establece que la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud que cumpla con los requisitos del artículo 12. 12) Que, asimismo, según lo previsto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia y los artículos 42 y 44 del Reglamento de la Ley de Transparencia, una vez vencido el referido plazo que disponen los órganos de la Administración del Estado para la entrega de la documentación requerida o denegada que fuere la petición, según el caso, el requirente tendrá derecho a recurrir por escrito, ante este Consejo, solicitando amparo a su derecho de acceso a la información pública, reclamación que debe necesariamente presentarse dentro del plazo de quince días hábiles, contado desde la notificación de la denegación de acceso a la información o desde que haya expirado el plazo previsto para la entrega de la misma. 13) Que, como se dijo, la presentación realizada por el recurrente al IPS y que origina el presente amparo, no constituye una solicitud de información, lo que deriva necesariamente en la inadmisibilidad del mismo, y aún cuando, si lo fuera, no podría declararse su admisibilidad por haber sido interpuesto éste de manera extemporánea. 14) Que, en consecuencia, no habiéndose ejercido el derecho de acceso a la información pública en los términos exigidos por la Ley de Transparencia, fuerza concluir que no puede tener lugar una solicitud en que se pida a este Consejo el amparo de tal derecho, debiendo declararse su inadmisibilidad. 15) Que, lo señalado precedentemente, no obsta a que el recurrente en el futuro formule una solicitud de acceso a la información pública al IPS, o a cualquier otro órgano de la Administración del Estado, en los términos previstos en la Ley de Transparencia, en particular en sus artículos 5 y 10, requiriendo en forma clara y precisa la entrega de un determinado acto, documento o antecedente que se encuentre en poder del órgano, según lo preceptuado en el artículo 3°, literal e), del Reglamento de la Ley de Transparencia. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Declarar inadmisible el amparo interpuesto por don Hugo Goich Costas en contra del Instituto de Previsión Social, por las razones expuestas precedentemente. II. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Hugo Goich Costas y al Sr. Director Nacional del Instituto de Previsión Social, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27, 28 y 29 de la Ley de Transparencia, según procediere. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.