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DECISIÓN AMPARO ROL C5447-21</p>
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Entidad pública: Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota</p>
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Requirente: Leomar Tabares Soto</p>
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Ingreso Consejo: 21.07.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge parcialmente el amparo interpuesto en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota, teniéndose por entregado de manera extemporánea el Informe Policial N° 1912, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por la Policía de Investigaciones.</p>
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Se rechaza el presente amparo respecto del expediente migratorio del peticionario -especialmente la Resolución Exenta de expulsión-, en virtud de la inexistencia esgrimida y por cuanto, la derivación del requerimiento a la Subsecretaría del Interior, se ajusta a lo establecido en el artículo 13 de la Ley de Transparencia, toda vez que dicha entidad es la competente, atendida la normativa que rige la materia, para dar respuesta a la solicitud formulada.</p>
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En sesión ordinaria N° 1229 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5447-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de junio de 2021, don Leomar Tabares Soto solicitó a la Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota lo siguiente: "copia de su expediente administrativo migratorio, en especial cualquier oficio, escrito, denuncia o sanción administrativa -sea multa, orden de expulsión u orden de abandono voluntario del país en su contra (...)"</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 913, de fecha 7 de julio de 2021, la Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota respondió a dicho requerimiento de información, en los siguientes términos.</p>
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Informó que no puede otorgar respuesta a su requerimiento de acceso, pues no es el Servicio competente para ello. En tal contexto, derivó la solicitud al Departamento de Extranjería y Migración -en adelante, indistintamente DEM- de la Subsecretaría del Interior, en aplicación del artículo 13° de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 21 de julio de 2021, don Leomar Tabares Soto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información proporcionada sería parcial y la improcedencia de la derivación efectuada.</p>
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En tal sentido, cuestionó la derivación efectuada, argumentando que, en lo que respecta a las sanciones administrativas aquellas funciones recaen en la Delegaciones Presidenciales.</p>
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4) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: Este Consejo mediante Oficio N° E17850, de fecha 19 de agosto de 2021, solicitó al reclamante que: (1°) aclare la infracción cometida por el órgano reclamado, especificando qué información de la solicitada, no le ha sido entregada, en consideración que este indica que no ser el organismo competente para atender la petición; y, (2°) indique los motivos por los cuales, la información requerida, debería obrar en el soporte documental del órgano reclamado. En caso de contar antecedentes que permitan acreditar que los antecedentes se encuentran en el soporte documental de dicho órgano, remítalos a este Consejo.</p>
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Mediante comunicación electrónica, de fecha 22 de agosto de 2021, la parte activa subsanó su requerimiento de acceso, en los siguientes términos.</p>
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Expuso que: "antes de la nueva ley que sustituye a las Intendencias por las Delegaciones Presidenciales (Ley 21.073), el organismo competente para dictar las sanciones administrativas de expulsión, es por esto, que la figura del Delegado Presidencial, al sustituir y reemplazar al ex intendente, dichas competencias recaen en la Delegación Presidencial, es por esto, que no se entiende cómo es que la delegación presidencial de Arica, a pesar de esto, desconoce su funciones y competencias para dictar sanciones administrativas. Es por esto que fundamento mi amparo, ya que dicho organismo derivó mi solicitud, sin antes tener en cuenta dichas competencias, y lo que tampoco corresponde es que me haya derivado al DEM, ya que dicho ente, no emite dichas órdenes de expulsión.</p>
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Agregó que, "respecto al acto administrativo, en virtud de la ley 19.880 sobre procedimientos administrativos, existen ciertos principios por los cuales la administración se deben regir respecto de los procedimientos administrativos, en este caso la orden de expulsión deben ser escrituradas, por lo que en el caso de que exista dicha orden de expulsión, es decir, un acto administrativo que contiene una decisión por parte de la autoridad administrativa, dicho órgano reclamado debe evacuar toda la información que tenga a mi nombre. En el caso de que no tenga ninguna información a mi nombre, el organismo debe especificar que no contiene ningún documento, informe, resolución, sanciones y en general cualquier acto administrativo a mi nombre".</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Delegado Presidencial Regional de Arica-Parinacota, mediante Oficio N° E18940, de fecha 7 de septiembre de 2021, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante: (a) aclare si la información requerida en la solicitud de acceso obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; y, (b) indique por qué, a su juicio, la Institución que Ud. representa no es competente para atender el requerimiento; (2°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información requerida; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que harían procedente la denegación de la información solicitada.</p>
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Mediante Oficio Ord. N° 1210, de fecha 22 de septiembre, el organismo evacuó sus descargos y observaciones, en los siguientes términos.</p>
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Primeramente, hizo presente que no proporcionó Informe Policial N° 1912, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por la Policía de Investigaciones, por infracción que indica. Puntualizó que aquel documento es el único que obra en poder de la Institución. Informó que dicho informe fue entregado, con fecha 8 de octubre de 2021, mediante correo electrónico, cuya copia adjuntó.</p>
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Seguidamente, reiteró la incompetencia esgrimida con ocasión de su respuesta, pues obedece a materias y competencia de dicha cartera, en especial cuando se trata de delitos contemplados en la Ley que indica, toda vez que el órgano recurrido sólo tiene facultades para generar las expulsiones por ingresos clandestinos y no sanciones que sean de la misma naturaleza, por otro tipo de infracciones en que se vinculen con delitos que señala. En tal contexto, manifestó que el organismo competente para entregar la Resolución Exenta de Expulsión y el resto del expediente migratorio es el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el presente amparo se funda en que la respuesta proporcionada sería parcial y la improcedencia de la derivación efectuada por el órgano recurrido, referente a la entrega del expediente administrativo migratorio del recurrente. Al respecto, el órgano requerido esgrimió su incompetencia y derivó la solicitud de acceso al Departamento de Extranjería y Migración de la Subsecretaría del Interior.</p>
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2) Que, con ocasión de sus descargos, el organismo remitió al solicitante el Informe Policial N° 1912, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por la Policía de Investigaciones, por infracción que indica, puntualizando que aquel documento es el único que obra en poder de la Institución. En virtud de lo anterior, se acogerá el presente amparo en esta parte, teniéndose por entregado el antecedente singularizado de manera extemporánea.</p>
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3) Que, seguidamente, respecto de la derivación efectuada -en relación al expediente migratorio del peticionario, especialmente la Resolución Exenta de expulsión-, es menester tener presente lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia: "En caso de que el órgano de la Administración requerido no sea competente para ocuparse de la solicitud de información o no posea los documentos solicitados, enviará de inmediato la solicitud a la autoridad que deba conocerla según el ordenamiento jurídico, en la medida que ésta sea posible de individualizar, informando de ello al peticionario. Cuando no sea posible individualizar al órgano competente o si la información solicitada pertenece a múltiples organismos, el órgano requerido comunicará dichas circunstancias al solicitante".</p>
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4) Que, el organismo argumentó que sólo tiene facultades para generar las expulsiones por ingresos clandestinos y no sanciones por otro tipo de infracciones que se vinculen con delitos que señala, obedeciendo a materias y competencia del órgano derivado. Sobre la materia, resulta del caso tener presente que el Decreto Ley N° 1094, de 1975, del Antiguo Ministerio del Interior, que establece normas sobre extranjeros en Chile, prescribe en su artículo 84° que: "La medida de expulsión de los extranjeros será dispuesta por decreto supremo fundado, suscrito por el Ministro del Interior bajo la fórmula "Por orden del Presidente de la República", en el que se reservarán al afectado los recursos administrativos y judiciales legalmente procedentes. No obstante, la expulsión de los extranjeros que sean titulares de permiso de turismo o prolonguen su permanencia con dicho permiso vencido, se dispondrá, sin más trámite, por resolución del Intendente Regional respectivo, exenta del trámite de toma de razón". Dicha prescripción es reiterada en el artículo 167° del Decreto N° 597, de 1984, del Antiguo Ministerio del Interior, que aprueba nuevo Reglamento de Extranjería. En virtud del marco normativo expuesto precedentemente, esta Corporación estima que, el órgano derivado -la Subsecretaría del Interior- es competente y se encuentra en una mejor posición jurídica para satisfacer el requerimiento de especie, atendida sus facultades legales sobre la materia consultada. (Énfasis agregado).</p>
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5) Que, seguidamente, cabe tener presente lo resuelto por este Consejo a partir de la decisión de amparo Rol C533-09. En dicha decisión, se resolvió que la información cuya entrega puede ordenar, debe contenerse "en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos" o en un "formato o soporte" determinado, según dispone el inciso segundo del artículo 10° de la Ley de Transparencia. Por tal motivo, no resulta procedente requerir al órgano reclamado que haga entrega de antecedentes que no obran en su poder, de acuerdo a lo señalado por el mismo con ocasión de su respuesta, como tampoco de aquélla que resulte inexistente.</p>
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6) Que, en mérito de lo anterior, constatándose que la derivación efectuada por el organismo se ajusta a lo dispuesto en el artículo 13° de la Ley de Transparencia; estimándose que el organismo derivado es competente y se encuentra en una mejor posición jurídica para pronunciarse sobre el requerimiento de acceso, se rechazará el presente amparo en este punto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Leomar Tabares Soto, en contra de la Delegación Presidencial Regional de Arica - Parinacota, teniéndose por entregado de manera extemporánea el Informe Policial N° 1912, de fecha 22 de junio de 2016, emitido por la Policía de Investigaciones, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Rechazar el presente amparo respecto del expediente migratorio del peticionario -especialmente la Resolución Exenta de expulsión-, en virtud de la inexistencia esgrimida y por estimarse que la derivación efectuada se aviene a lo prescrito en el artículo 13° de la Ley de Transparencia, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Leomar Tabares Soto; y, al Sr. Delegado Presidencial Regional de Arica-Parinacota.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh</p>