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<strong>DECISIÓN AMPARO Nº C520-09 </strong></p>
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Entidad pública: I. Municipalidad de Providencia.</p>
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Requirente: Isabel Arrau de la Cerda</p>
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Ingreso Consejo: 24.11.09</p>
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En sesión ordinaria N° 121 de su Consejo Directivo, celebrada el 19 de enero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C520-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; la Ley N° 20.285, de 2008, sobre acceso a la información pública; la Ley N° 19.880, del 2003, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285 y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de octubre de 2009, doña Isabel Arrau de la Cerda, solicitó al Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia el nombre de la o las personas que hicieron denuncia a la I. Municipalidad de Providencia, por la pintura y reparación de los edificios que componen la Comunidad Edificio Marchant Pereira, por cuanto en la última reunión de Copropietarios de habría decidido unánimemente efectuar la pintura de todos los Edificios que componen la Comunidad, luego se le habría consultado a la Dirección de Obras si era necesaria autorización para llevarlo a cabo, señalando ésta que no. Con posterioridad un Inspector de la I. Municipalidad de Providencia le comunicó que un residente habría hecho una denuncia por los trabajos de pintura y reparación y confirmó lo señalado en cuanto a que no era necesario solicitar autorización o permiso para pintar los edificios.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante Oficio N° 8.717, de 20 de noviembre de 2009, el Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia, respondió al requerimiento de información, denegándola, por cuanto, el tercero respecto del cual se pidió la información se había opuesto a la entrega de la misma, en virtud de lo dispuesto en el artículo 20 y 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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3) AMPARO: El 24 de noviembre de 2009, doña Isabel Arrau de la Cerda interpuso amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la I. Municipalidad de Providencia, fundado en el hecho de haber recibido una respuesta negativa a su requerimiento de información, en virtud de la oposición del tercero a quien se refería lo solicitado.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo estimó admisible este amparo y procedió a notificarlo mediante Oficio N° 993, de 16 de diciembre de 2009, confiriendo traslado al Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia. Éste contestó mediante escrito recibido el 30 de diciembre de 2009, señalando principalmente que:</p>
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a) Que una vez ingresada la solicitud de información, la Secretaría Municipal consultó a través de un memorándum a la Dirección Jurídica acerca de la procedencia de denegar o no la entrega de la información solicitada, adjuntado al efecto el fallo del amparo A91-09 del Consejo para la Transparencia. Dicha dirección, indicó –mediante Informe N° 814, de 2 de noviembre de 2009- que correspondía dar traslado a la o las personas que habían actuado como denunciantes en la especie, de acuerdo a lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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b) Que el 6 de noviembre de 2009, mediante Oficio N° 8.122, se procedió a notificar en tiempo y forma, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, a la persona denunciante, toda vez que la información solicitada podía afectar eventualmente los derechos de terceros. Agrega que el 10 de noviembre de 2009, vía correo electrónico, se interpuso oposición, en tiempo y forma, a la entrega de la información requerida, de acuerdo al documento que acompaña a este escrito.</p>
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c) Que, de acuerdo con lo anterior y a lo dispuesto en el artículo 20, inciso 3° de la Ley de Transparencia, la Municipalidad reclamada quedó impedida de entregar la información solicitada.</p>
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d) Indica que por esto la autoridad administrativa estimó que en el presente caso se hacía aplicable lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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e) Que, a mayor abundamiento, señala que una materia similar a la expuesta en el presente amparo ya fue resulta por el Consejo para la Transparencia con ocasión del amparo A91-09, según se transcribe en la presentación.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que en este caso lo solicitado es el nombre de el o los denunciantes de ciertos trabajos a realizar en una Comunidad, los que se opusieron a la entrega de la información requerida. El artículo 20 de la Ley de Transparencia establece que “Cuando la solicitud de acceso se refiera a documentos o antecedentes que contengan información que pueda afectar los derechos de terceros, la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, dentro del plazo de dos días hábiles, contado desde la recepción de la solicitud…deberá comunicar mediante carta certificada, a la o las personas a que se refiere o afecta la información correspondiente, la facultad que les asiste para oponerse a la entrega de los documentos solicitados, adjuntando copia del requerimiento respectivo. / Los terceros afectados podrán ejercer su derecho de oposición dentro del plazo de tres días hábiles contado desde la fecha de notificación. La oposición deberá presentarse por escrito y requerirá expresión de causa…” (lo destacado es nuestro). De los documentos acompañados se desprende que la comunicación a el o los terceros interesados fue realizada con posterioridad al plazo indicado en el artículo precitado, toda vez que la solicitud de acceso ingresó al Municipio reclamado el 26 de octubre de 2009 y la comunicación se concretó el 6 de noviembre –luego de realizar las pertinentes consultas internas dentro del órgano- y la oposición se interpuso dentro del plazo de dos días hábiles de dicha comunicación, y se basa en la preocupación por la seguridad de los habitantes de dicha Comunidad.</p>
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2) Que si bien la comunicación del derecho a oponerse se realizó fuera del plazo establecido para este efecto en el artículo 20, cabe tener por interpuesta la oposición, toda vez que dicho(s) tercero(s) ejercieron su derecho dentro del plazo establecido en la Ley desde que le fue notificada tal comunicación y no es imputable a éste el que el órgano requerido no le haya comunicado dicho derecho dentro del plazo establecido para este efecto por la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por su parte, establece la siguiente causal de secreto o reserva: “Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico”, a lo que el numeral 2 del artículo 7° del Reglamento agrega, “Se entenderá por tales aquellos que el ordenamiento jurídico atribuye a las personas, en título de derecho y no de simple interés”.</p>
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4) Que a este respecto cabe tener presente que este Consejo, respecto del amparo A91-09 contra la Subsecretaría de Carabineros estableció que el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de la personalidad, que como tal se encuentra amparado por la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal, y sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público. Además, se determinó que la divulgación o entrega de los nombres de denunciantes o reclamantes podría inhibir futuras denuncias o reclamos.</p>
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5) Que asimismo, en la decisión del amparo A53-09 contra la Dirección del Trabajo se estableció que “…no puede desconocer la naturaleza especial de las denuncias realizadas por los trabajadores ante la Dirección del Trabajo y el riesgo de que su divulgación, así como la de la identidad de los denunciantes o la de los trabajadores que han declarado en un proceso de fiscalización en contra del empleador, afecte su estabilidad en el empleo o los haga víctimas de represalias (especialmente si se mantienen laboralmente vinculados con el mismo empleador)” y se decidió, por tanto, “…respecto de aquellos datos personales señalados…cabe entender que la publicidad, comunicación o conocimiento de dicha información puede afectar derechos de terceros —en el caso en análisis de los trabajadores denunciantes o de los que han prestado declaración—, en particular tratándose de la esfera de su vida privada y sus derechos de carácter económico emanados de la relación laboral, configurándose de esta forma y respecto de aquellos datos la causal del artículo 21, numeral 2 de la Ley de Transparencia, causal que se encuentra reforzada por la especial función que el artículo 33, letra m), de la Ley de Transparencia, encomienda al Consejo, en orden a velar por el adecuado cumplimiento de la Ley N°19.628, de protección de datos de carácter personal, por parte de los órganos de la Administración del Estado”.</p>
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6) Que en el caso que nos ocupa, la oposición se funda en la seguridad de las personas, según señala(n) dicho(s) tercero(s), no obstante cabe estimar que el derecho que se vería afectado por la comunicación de dicha información es la seguridad y la esfera de la vida privada del propio denunciante, en particular el derecho a resguardar su identidad.</p>
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7) Que asimismo el acceder a la entrega del nombre de él o los denunciantes podría inhibir a realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración, como las Municipalidades en este caso, realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias. Por otra parte, en este caso no se percibe un interés público en conocer dicha información, como sucede en el caso del amparo A91-09, respecto de las denuncias realizadas por funcionarios públicos, por ejemplo, y tal como se desprende de los antecedentes aportados, la denuncia realizada no paralizó las obras de pintura y reparación de dicha Comunidad.</p>
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8) Que por todo lo señalado, no se confirió traslado del amparo interpuesto al tercero interesado, toda vez que en aplicación de la jurisprudencia de este Consejo se estimó que no era necesario, pues al darle aplicación no cabe sino rechazar el amparo interpuesto.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el reclamo de doña Isabel Arrau de la Cerda en contra de la I. Municipalidad de Providencia, por los fundamentos señalados precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a doña Isabel Arrau de la Cerda y al Alcalde de la I. Municipalidad de Providencia.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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