Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5606-21

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Reclamante:	ALEJANDRO TORRES MUSATTO
Reclamado:	TESORERÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA
Resumen del caso: RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de copia de los oficios, resoluciones y convenios relativos a deudas tributarias y condonaciones que indica, respecto de los clubes de fútbol profesional que señala, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que dicha información pudiera contener. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, que permite el control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes, y consecuencialmente en los ingresos del Estado, respecto de lo cual, además, se desestimó la concurrencia de la causal de reserva referida a la afectación de los derechos de terceros y de afectación al secreto tributario, alegadas por los terceros. Asimismo, por tratarse de información que no es secreta y que se encuentra publicada en diversos medios de prensa, por lo que la calidad de deudores de los contribuyentes aludidos constituye un hecho público y notorio. Aplica criterio de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol N°2619-2012, y en las decisiones de los amparos roles C554-09, C610-10, C971-11, C5318-19, C597-20 y C598-20, entre otros. Hay voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados, quien estima que el presente amparo debió ser rechazado por cuanto la entrega de la información, en la forma pedida, permite atribuir la calidad de deudor a los contribuyentes mencionados, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por estimar que su publicidad supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de dichas personas, afectando su honra y prestigio comercial. En sesión ordinaria Nº 1249 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, Morandé 360 piso 7. Santiago, Chile \| Teléfono: 56-2 495 21 00 www.consejotransparencia.cl - oficinadepartes@consejotransparencia.clPágina 2 Unidad de Análisis de Fondo C5606-21aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5606-21.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/31/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C554-09 C971-11 C2750-14 C3776-16 C1709-19 C597-20 C598-20 C5724-19 C610-10 C1823-16 C5318-19 C4659-20 C5232-20 C6982-20 C1345-21
Jurisprudencia a:	C6752-22
Recursos relacionados:	69-2022 71-2022 72-2022
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Economía y Finanzas

DECISIÓN AMPARO ROL C5606-21   Entidad pública: Tesorería General de la República. Requirente: Alejandro Torres Musatto. Ingreso Consejo: 28.07.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Tesorería General de la República, ordenando la entrega de copia de los oficios, resoluciones y convenios relativos a deudas tributarias y condonaciones que indica, respecto de los clubes de fútbol profesional que señala, debiendo tarjar, previamente, los datos personales de contexto que dicha información pudiera contener. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, que permite el control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes, y consecuencialmente en los ingresos del Estado, respecto de lo cual, además, se desestimó la concurrencia de la causal de reserva referida a la afectación de los derechos de terceros y de afectación al secreto tributario, alegadas por los terceros. Asimismo, por tratarse de información que no es secreta y que se encuentra publicada en diversos medios de prensa, por lo que la calidad de deudores de los contribuyentes aludidos constituye un hecho público y notorio. Aplica criterio de la I. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol N° 2619-2012, y en las decisiones de los amparos roles C554-09, C610-10, C971-11, C5318-19, C597-20 y C598-20, entre otros. Hay voto disidente de la Consejera doña Natalia González Bañados, quien estima que el presente amparo debió ser rechazado por cuanto la entrega de la información, en la forma pedida, permite atribuir la calidad de deudor a los contribuyentes mencionados, con lo cual se configura la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por estimar que su publicidad supone afectar en forma cierta, probable y específica los derechos comerciales y económicos de dichas personas, afectando su honra y prestigio comercial. En sesión ordinaria N° 1249 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5606-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de julio de 2021, don Alejandro Torres Musatto requirió a la Tesorería General de la República lo siguiente: "Conocer el detalle de algunas obligaciones de los clubes del futbol profesional chileno, en materia de convenios celebrados entre dichos clubes y la Tesorería General de la República (algunos de los oficios fueron emitidos en conjunto con el Servicio de Impuestos Internos): a) Copia Oficio N° 1243 de 22 de junio de 2007 que establece el monto global de la deuda, porcentajes de reajuste futuro del monto informado por la Tesorería General de la República a la sociedad Concesionaria Azul Azul S.A., RUT 76838140-2. b) Copia Resolución Exenta N° 844 de 6 de junio de 2007, emitida por la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, que establece el monto de la condonación de intereses y multas (también enviado a sociedad Azul Azul S.A., RUT 76838140-2). c) Copia de convenio suscrito con fecha 8 de junio de 2007, relativo al pago de la deuda, que había sido informada en la resolución exenta N° 844 antes citada. d) Copia Oficio N° 900 de 22 de junio de 2005 que establece el monto global de la deuda, porcentajes de reajuste futuro del monto informado por la Tesorería General de la República a la sociedad Concesionaria Blanco y Negro S.A., RUT 99589230-8 e) Copia Resolución Exenta N° 399 de 22 de diciembre de 2005, emitida por la Tesorería General de la República y el Servicio de Impuestos Internos, que establece el monto de la condonación de intereses y multas (también enviado a sociedad Concesionaria Blanco y Negro S.A. RUT 99589230-8). f) Copia de convenio suscrito con fecha 23 de diciembre de 2005, relativo al pago de la deuda, que había sido informada en la resolución exenta N° 399 antes citada. g) Copia de los convenios de igual naturaleza de los clubes del fútbol profesional que se detallan en el archivo anexo adjunto". En sus observaciones, el solicitante indicó que "Las solicitudes 1,2 y 3 dicen relación con la Tesorería General de la República y el club Universidad de Chile, este último a través de la sociedad concesionaria Azul Azul S.A. RUT 76838140-2, de la cual es codeudora solidaria de la Corporación de Fútbol Profesional Universidad de Chile. Las solicitudes 4,5 y 6 dicen relación con la Tesorería General de la República y el club Colo Colo, este último a través de la sociedad concesionaria Blanco y Negro S.A. RUT 99589230-8, de la cual es codeudora solidaria del Club Social y Deportivo Colo Colo". Asimismo, adjunta planilla Excel con los datos de 33 clubes de fútbol. 2) RESPUESTA: El 13 de julio de 2021, mediante Oficio Ordinario N° 10474-DJ, el órgano otorgó respuesta a la solicitud, denegando la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, y citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, sobre la materia. 3) AMPARO: El 28 de julio de 2021, don Alejandro Torres Musatto dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Tesorería General de la República, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "Se solicitó una serie de convenios entre el organismo recaudador y algunos clubes del fútbol profesional, cuyos estados financieros y cita de dichas resoluciones son publicadas en la Comisión para el Mercado Financiero (CMF)". Acto seguido, reclamó que "Lo solicitado son actos administrativos y documentos que les sirven de sustento o complemento esencial, regidos por los artículos 3° y 16 de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, emitidos por la Tesorería General de la República hace más de diecinueve años. Esos actos no han sido declarados secretos o reservados por ley de quórum calificado y, aunque así hubiese sucedido, no se encuentran amparados por ninguna de las dos excepciones a la publicidad que contempla el artículo 22 de la ley de transparencia, esto es, la prórroga por una sola vez del secreto o reserva por la misma Tesorería General de la República, o la conservación indefinida en el tiempo de tal calidad tratándose de ciertos actos y documentos del ámbito de la defensa nacional". Asimismo, argumentó que "Tampoco se reúne ninguna de las hipótesis que mencionan los fallos y decisiones de amparo aludidos: el ámbito de desenvolvimiento de las sociedades concesionarias es estrictamente el deportivo, por regla muy general, el fútbol profesional, de acuerdo al artículo 16 de la ley N° 20.019, de 2005, que regula las sociedades anónimas deportivas profesionales, las que define como "aquéllas que tienen por objeto exclusivo organizar, producir, comercializar y participar en actividades deportivas de carácter profesional y en otras relacionadas o derivadas de éstas". En consecuencia, dada la naturaleza específica de tal regulación, no se aplican las reflexiones contenidas en esos pronunciamientos sobre una eventual afectación a operaciones comerciales o a prestigio comercial, y todavía menos a la honra, que se circunscribe a personas naturales. Los actos administrativos que se solicitan se relacionan directamente con el interés público que regulan los artículos 2°, 3° y 4° transitorios de la citada ley N° 20.019, de 2005, que permitió a las organizaciones deportivas que mantenían deudas tributarias con el Fisco suscribir convenios de pago con la Tesorería General de la República, distinguiendo entre aquellas que optasen por transformarse en corporaciones o fundaciones destinadas a desarrollar actividades deportivas profesionales, los que optasen por transformarse en sociedades anónimas deportivas profesionales, y regulando de forma especial el caso de las que se encontraban en estado de insolvencia o en quiebra a la fecha de publicación de la ley y participaban en torneos deportivos profesionales. En el caso de estas últimas, se dispuso que debían entregar por escritura pública la concesión del uso y goce de todos sus bienes, a una sociedad anónima abierta, por el plazo que establecieran las partes, el cual no podría ser inferior a treinta años ni, en todo caso, al tiempo necesario para pagar la deuda tributaria exigible a la fecha de suscripción del contrato de concesión. Dicho plazo tuvo que subinscribirse al margen del convenio de pago suscrito con la Tesorería General de la República. Otorgada la escritura pública de concesión, la sociedad concesionaria asumió los derechos y las obligaciones emanados del convenio de pago y, por el solo ministerio de la ley, se constituyó como codeudora solidaria de esa deuda tributaria. Se regula, además, la oportunidad del pago de las cuotas anuales, la forma de determinar el monto de éstas, la fiscalización y el eventual incumplimiento del pago". Finalmente, el reclamante manifestó que "El otorgamiento de esas concesiones y la suscripción de los convenios de pago con la Tesorería General de la República han sido ampliamente publicitados por los medios de comunicación social, y, hasta la fecha, los balances y memorias, que son públicos, de las sociedades anónimas concesionarias registran ese hecho", haciendo mención a diversas notas de prensa donde se entrega información extensa referida a las deudas de los clubes deportivos con el Fisco, montos pagados, cuotas pendientes, convenios caducados, entre otros, agregando que "Nada de ello les ha ocasionado afectación "tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial" ni que "terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor", cuales fueron las consideraciones que tuvo presente la Excma. Corte Suprema en su referido fallo del año 2013, porque, debido a la naturaleza de su giro, que es exclusivo conforme a la ley N° 20.019, median consideraciones de otra índole para evaluar su desenvolvimiento económico. La referida calidad de deudores, que es públicamente conocida y mantienen desde diecinueve años, tampoco ha perjudicado su derecho al buen nombre, fama, reputación, imagen o prestigio, que es la preocupación adicional que ha consignado este Consejo en sus decisiones de amparo antes indicadas", adjuntando copia de las notas de prensa aludidas, y de las memorias anuales con sus estados financieros y el detalle de la deuda fiscal, de las concesionarias Blanco y Negro S.A. y de Azul Azul S.A. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio E18385, de 26 de agosto de 2021, confirió traslado a la Sra. Tesorera General de la República, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; (2°) explique cómo lo solicitado afectaría los derechos de los terceros; (3°) indique si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (4°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y, en la afirmativa, acompañe todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación al tercero, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y de los antecedentes que den cuenta de la fecha en la que ésta ingresó ante el órgano que usted representa; y, (5°) proporcione los datos de contacto -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros involucrados, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Oficio Ordinario N° 15731-TG, de fecha 10 de septiembre de 2021, el órgano evacuó sus descargos, señalando en síntesis, que "todo lo relacionado con la existencia de deudas ajenas y otros datos relativos a las mismas, como son montos adeudados, porcentaje pagado y plazo pactado para el pago, se encuentra afecto a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que su publicidad, comunicación o conocimiento afecta los derechos de las personas referidos a la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico y en el caso de las personas jurídicas su buen nombre o prestigio comercial", citando jurisprudencia de este Consejo sobre deudas tributarias y de la Excma. Corte Suprema, y denegando la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo regulado en la ley N° 19.628, agregando que "sin perjuicio que los contribuyentes cuya información se solicita son personas jurídicas, a juicio de ese Consejo de igual manera, serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, que en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio". 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS: De conformidad a lo prescrito en el artículo 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo directivo de esta Corporación acordó dar traslado del amparo a los terceros individualizados en el requerimiento, mediante Oficio N° E23977 de fecha 25 de noviembre de 2021, a fin de que presenten sus descargos y observaciones. El 1 de diciembre de 2021, el Club de Deportes Cobresal, informó que "al día de hoy nuestra institución NO mantiene convenios celebrados con Tesorería General de la República por deudas de obligaciones tributarias". Luego, mediante presentación enviada con fecha 7 de diciembre de 2021, el Club de Deportes Copiapó S.A.D.P. se opuso a la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, señalando que su entrega afecta los derechos de carácter comercial o económico de los clubes de fútbol profesional chileno, afectando su buen nombre o prestigio comercial, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 5, inciso 2°, y 19 N° 4 de la Carta Fundamental, y citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, sobre información de contribuyentes morosos de patentes comerciales. Finalmente, agregó que "puede ser -según lo expone el recurrente en su presentación- que la revelación de dicha información no afecte a los clubes denominados como "grandes" que son aquellos que cuentan con un patrimonio considerablemente superior al de los otros clubes del futbol profesional de menor envergadura, pero si podría llegar a afectar el nombre o prestigio de los otros clubes deportivos que no cuentan con un respaldo financiero tan importante por diversos motivos, ya sea porque concurren una menor cantidad de "hinchas" al estadio, por lo tanto, tienen menos recaudación por concepto de venta de entradas o porque tienen menos auspiciadores, entre otros". Con igual fecha, y en los mismos términos, las sociedades Rojinegro S.A.D.P. y Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P. también manifestaron su oposición. Por su parte, el Club Deportivo Ñublense S.A.D.P. solicitó el rechazo de la solicitud del reclamante, señalando que se trata de información privada, haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley de Transparencia, y señalando que "autorizar la divulgación de los convenios mencionados anteriormente, atentaría claramente contra nuestro prestigio comercial y la honra de nuestras Instituciones ya que los terceros interesados en invertir, al enterarse de nuestro comportamiento comercial se desmotivarían a invertir en las Sociedades Anónimas, produciendo graves pérdidas de índole económicas y de prestigio, lo que atenta contra el Derecho a la privacidad, la honra y Derechos Comerciales", al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema sobre la materia. Asimismo, el 10 de diciembre de 2021, el Club de Deportes Everton de Viña del Mar S.A.D.P., evacuó sus descargos solicitando el rechazo del presente amparo por cuanto "la difusión de la información y datos que el tercero pretende le sean entregados afectaría los derechos comerciales o económicos de mi representada, ya que dicha información forma parte de un proyecto de negocios y contiene información comercial y estratégica, cuya difusión puede perjudicar el desarrollo del negocio y ser mal utilizada por terceros, que pueden darla a conocer a empresas competidoras, lo cual no es discutido por el solicitante", configurando la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, citando jurisprudencia de la Excma. Corte Suprema y de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, agregando que "al publicarse las deudas y convenios de pago verían afectada su capacidad de negociación y, a su vez, perjudicaría las relaciones comerciales que los clubes necesitan para desarrollar y complementar la actividad deportiva", haciendo mención a lo dispuesto en el artículo 19 N° 21 y 24 de la Carta Fundamental y adjuntando copia de las sentencias mencionadas en sus descargos. Por su lado, el 13 de diciembre de 2021, la Corporación Club de Deportes Santiago Wanderers remitió a este Consejo copia del Convenio suscrito con la TGR, de fecha 7 de diciembre de 2006, y de la Resolución Conjunta Ex. N° 755 de 24 de noviembre de 2006 que concede condonación de multas e intereses de deuda tributaria que señala. Con igual fecha, la empresa Azul Azul S.A., igualmente solicitó el rechazo del presente amparo, señalando que la información es reservada porque afecta los derechos comerciales y económicos de la sociedad y de los clubes deportivos, configurándose la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, que la situación de la sociedad respecto a esos convenios es regular por cuanto han sido y seguirán siendo cumplidos con regularidad, según se consigna en la Memoria del año 2020, y que la documentación solicitada no se identifica con el contenido de las memorias y notas de prensa acompañadas por el reclamante, ya que no se incluyen los montos de dinero, agregando que "Tener claridad respecto de los montos involucrados en el principal pasivo de una concesionaria que arrastra dicha deuda desde sus orígenes, por supuesto que supone hacerse de parte importante de la estructura de costos financiera de la sociedad, lo que sin dudas determina su proyección comercial y posibilidades de inversión en nuevos planes. Se terminan por inmiscuir ilegítimamente en el seno y núcleo de la planificación comercial del club. (...) Cabe aclarar, que esta circunstancia no requiere de prueba alguna, pues el hecho de constituir un atentado a los derechos económicos de Azul Azul es evidente y fluye de la propia naturaleza de la información solicitada. No es necesario entonces rendir prueba documental ni de ningún tipo encaminada a comprobar una ilicitud evidente". Acto seguido, el tercero argumenta que la información solicitada tiene la aptitud de dañar también derechos personales vinculados a la honra de Azul Azul y su prestigio comercial, señalando que "Publicitar la calidad de deudor no solo tiene impacto sobre la honra de la persona jurídica, sino que también sobre su prestigio comercial, impactando en el precio de acciones y consecuente valorización en el mercado de valores. Pero no solo ello, sino que también la calidad de deudor o un eventual estado de insolvencia, por ejemplo, que podría desprenderse de los documentos solicitados, conduce necesariamente a un impacto reputacional severo de la comunidad seguidora de las actividades de Azul Azul, lo que necesariamente afecta las posibilidades de movimientos competitivos disruptivo que eventualmente pudiera llevar adelante la sociedad", e indicando que la intención del solicitante es poner en cuestionamiento la institucionalidad de las sociedades anónimas deportivas, refiriéndose a una nota de prensa que sustentaría sus alegaciones y "pretendiendo vincular a las sociedades anónimas deportivas con quiebras fraudulentas y deudas no pagadas", citando, finalmente, jurisprudencia de este Consejo sobre solicitudes de información similares a la que dio origen al presente amparo. El 15 de diciembre de 2021, OHiggins SADP, en su calidad de continuadora legal de la Corporación Club Deportivo OHiggins, informó que "Al momento de hacernos cargo el 01 de Enero 2006 como continuadores legales de la Corporación Club Deportivo OHIGGINS ellos mantenían una deuda con la Tesorería General de la República, razón por lo cual hicimos un convenio de pago de corto plazo el que fue oportunamente pagado. En consecuencia, informamos a ustedes que al día de hoy no tenemos Convenio de pago con la Tesorería General de la República, tal cual lo muestran nuestro Estados Financieros que pueden ser revisados en nuestra Página Web". Finalmente, el 22 de diciembre de 2021, la sociedad Blanco y Negro S.A., presentó sus descargos, solicitando el rechazo del amparo conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, señalando que lo requerido constituye información comercialmente sensible para la empresa pues versa sobre el detalle de sus deudas de carácter tributario, en su calidad de contribuyente, y afectaría la honra de una persona jurídica y su capacidad de operar comercialmente, citando jurisprudencia de este Consejo sobre la materia y de la Excma. Corte Suprema, haciendo mención a los criterios fijados para la configuración de la causal de reserva. Asimismo, el tercero argumentó que lo requerido constituye información reservada por ley de quorum calificado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con el artículo 35 del Código Tributario, y que acoger el presente reclamo desincentivaría la entrega de información de particulares a órganos públicos, toda vez que existe una confianza legítima de que dicha información no será divulgada. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Tesorería General de la República, a la solicitud del reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a copia de los oficios, resoluciones y convenios relativos a deudas tributarias y condonaciones que indica, respecto de los clubes de fútbol profesional que señala. Al respecto, el órgano denegó la entrega de la información conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 2) Que, en primer lugar, resulta atingente tener presente que el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, en segundo lugar, lo solicitado se refiere a diversos actos administrativos y antecedentes que dan cuenta de los montos adeudados al fisco por parte de las instituciones que individualiza, deudas condonadas y convenios de pago celebrados, los cuales tienen un evidente carácter público, conforme a lo expuesto en el considerando precedente, respecto de lo cual la reclamada denegó su entrega conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia y en la ley N° 19.628. 4) Que, en dicho contexto, tanto el órgano como los terceros debidamente emplazados, manifestaron su oposición a la entrega de la documentación solicitada fundado en la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, según el cual se podrá denegar la información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de (...) derechos de carácter comercial o económico". Al respecto, este Consejo ha establecido los criterios que deben considerarse copulativamente para determinar si la información que se solicita contiene antecedentes cuya divulgación pueda afectar los derechos económicos y comerciales de una persona, natural o jurídica. Así, la información debe cumplir con las siguientes condiciones o requisitos: a) ser secreta, es decir, no generalmente conocida ni fácilmente accesible para personas introducidas en los círculos en que normalmente se utiliza ese tipo de información; b) ser objeto de razonables esfuerzos para mantener su secreto; y c) tener un valor comercial por ser secreta, esto es, que dicho carácter proporcione a su titular una ventaja competitiva (y por el contrario, su publicidad afectar significativamente su desenvolvimiento competitivo). 5) Que, en la especie, a juicio de esta Corporación, los terceros interesados no han acompañado antecedentes suficientes que acrediten una afectación presente y/o probable, y con suficiente especificidad a sus derechos comerciales y económicos, toda vez que no se ha acreditado la concurrencia de la totalidad de los requisitos fijados por este Consejo para tener por configurada la causal de reserva alegada. En efecto, los terceros se limitaron a hacer mención a la causal de reserva y a fundamentar sus oposiciones en apreciaciones generales, hipotéticas y subjetivas, sin especificar, detalladamente, la forma en que se verían afectados sus derechos económicos y comerciales, ni señalando qué parte de la documentación requerida, en particular, podría generar afectar su honra o el prestigio comercial de los mismos. Teniendo en cuenta lo anterior, el criterio que ha aplicado uniformemente este Consejo es que la afectación de los bienes jurídicos protegidos por el artículo 21 de la Ley de Transparencia no se presume, sino que debe acreditarse una expectativa razonable de daño o afectación, la cual debe ser presente o probable y con suficiente especificidad para justificar la reserva, lo cual en la especie no ocurre, en tanto los terceros no han fundado ni acreditado cómo la entrega de los antecedentes solicitados podría afectar sus derechos. Por tanto, no habiéndose acreditado ni concurriendo en la especie los supuestos que permitan tener por configurada la afectación de derechos comerciales y/o económicos del tercero, se procederá a desestimar la invocación de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. 6) Que, en tercer lugar, en relación a la causal de reserva invocada por uno de los terceros, contenida en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en orden a que la información requerida estaría amparada por el secreto tributario establecido en el inciso 2°, del artículo 35 del Código Tributario, este Consejo estima que la entrega o la publicidad de copia de los actos administrativos requeridos y convenios de pago suscritos con los clubes deportivos, no está amparada en el Secreto Tributario, por cuanto la información solicitada no contempla datos relativos a la cuantía o fuente de las rentas, ni las pérdidas, gastos o cualesquiera datos relativos a ella, que figuren en las declaraciones obligatorias de los contribuyentes, por lo que no resulta aplicable, al presente caso, la causal de reserva contemplada en la citada norma. En consecuencia, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia. 7) Que, en cuarto lugar, en relación al control social vinculado a los ingresos que se perciben por concepto de impuestos, se advierte un evidente interés público en relación a la información que da cuenta, como ocurre en la especie, de la circunstancia de no dar cumplimiento al pago de las cargas públicas previstas expresamente en la ley por parte de los contribuyentes, al alero de lo previsto en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, para lo cual, resulta, además, relevante el control sobre la labor que en la exigencia del cumplimiento del pago de las referidas cargas realizó -o debió realizar- el organismo consultado. 8) Que, en quinto lugar, vale tener en consideración que el reclamante, en su amparo, remitió notas de prensa que contienen diversos antecedentes con el detalle de los montos adeudados por varios clubes de fútbol profesional, por lo que lo requerido se refiere a información de carácter público. En efecto, en los enlaces a las páginas https://www.latercera.com/pulso/noticia/deuda-tributaria-blanco-negro-azul-azul-fisco-supera-los-14-mil-millones/189975/, https://www.latercera.com/noticia/deuda-tributaria-del-futbol-chileno-supera-los-us-32-millones/, https://columnadeportiva.cl/2018/06/02/las-deudas-de-los-clubes-chilenos-con-tesoreria/, https://www.eldesconcierto.cl/deportes/2017/05/23/clubes-del-futbol-chileno-mantienen-deuda-tributaria-que-supera-los-us32-millones.html, entre otras, es posible acceder al detalle de los montos adeudados por cada institución, montos pagados y convenios celebrados. 9) Que, en virtud de lo expuesto, tratándose de información de naturaleza pública, que no es secreta y que se encuentra publicada en diversos medios de prensa, por lo que la calidad de deudores de los contribuyentes aludidos constituye un hecho público y notorio, que permite el control social sobre el cumplimento del pago de cargas públicas por parte de los contribuyentes, y de la obtención de ingresos en las arcas fiscales en virtud de un tributo previsto en la ley, y habiéndose desestimado la concurrencia de las alegaciones del órgano, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de los actos administrativos y convenios pedidos, que se vinculen con deudas contraídas por no pago de las obligaciones tributarias correspondientes. 10) Que, conforme a lo resuelto precedentemente, en virtud del principio de divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano deberá tarjar todos aquellos datos personales y sensibles de contexto, que figuren en los documentos cuya entrega se ordena, como por ejemplo la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Alejandro Torres Musatto en contra de la Tesorería General de la República, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Tesorera General de la República, lo siguiente: a) Entregar al reclamante copia de los oficios, resoluciones y convenios de pago señalados en el numeral 1) de la parte expositiva. En forma previa a la entrega de la información, el órgano deberá tarjar todos aquellos datos personales y sensibles de contexto que figuren en los documentos cuya entrega se ordena, como por ejemplo la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Alejandro Torres Musatto, a la Sra. Tesorera General de la República, y a los clubes deportivos requeridos, en su calidad de terceros, a las casillas electrónicas indicadas en sus respectivas presentaciones. VOTO DISIDENTE: La presente decisión es acordada con el voto en contra de la Consejera doña Natalia González Bañados, quien estima que el presente amparo debe ser rechazado, en base a las siguientes consideraciones: 1) Que, en primer lugar, el órgano recurrido alegó que la información requerida se refiere a antecedentes de carácter personal o comercial de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, el cual indica que procede reservar aquella información "Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte los derechos de las personas, particularmente tratándose de su seguridad, su salud, la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico". Así las cosas, según lo razonado por este Consejo en la decisión del amparo rol C2750-14, entre otras, cabe tener presente que la información relativa a antecedentes relacionados con morosidades de deudas tributarias, se refiere a información de carácter personal de los contribuyentes, motivo por el cual sería reservada según lo dispuesto en la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en concordancia con lo preceptuado en la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, y lo resuelto por la Excelentísima Corte Suprema en causa sobre recurso de queja Rol N° 4681-2013, de 26 de noviembre de 2013. 2) Que, efectivamente, en dicha causa, el Máximo Tribunal sostuvo que "es indudable que cuando una persona aparece como deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor. Es dable entonces presumir fundadamente que la entrega de la información requerida (...) puede afectar los derechos de carácter comercial o económico de los deudores comprometidos". Agregó que "la Municipalidad recurrente, en cuanto organismo estatal, se encuentra obligada a cautelar los derechos fundamentales de los ciudadanos, entre ellos de quienes podrían verse afectados por la divulgación de que se trata, para lo cual no solo está habilitada sino obligada, tanto para denegar la información pedida en virtud de la causal contemplada en el artículo 21 N° 2 de la ley N° 20.285, como para intentar una reclamación como la de autos, porque como se ha dejado apuntado más arriba, su publicidad, comunicación o conocimiento es capaz de afectar los derechos de las personas involucradas, particularmente de aquellos que inciden en la esfera de su vida privada o derechos de carácter comercial o económico que pudieran afectar su honra" (considerandos 12° y 13). Luego, "divulgar información que potencialmente pueda afectar derechos de personas, atribuyéndoles la referida calidad, es improcedente a la luz de los citados cuerpos normativos". 3) Que, a su vez, los razonamientos referidos en el fallo señalado en el considerando precedente sirvieron posteriormente de base para la sentencia de la I. Corte de Apelaciones de Santiago, de fecha 26 de enero de 2015, que acogió Reclamo de Ilegalidad Rol 6531-2014. En la mencionada sentencia, el citado tribunal concluye que "la entrega de la información requerida consistente en una nómina o listado de los contribuyentes morosos de patentes comerciales de la I. Municipalidad de Las Condes, con sus nombres, domicilios, números de Rut, nombre de los representantes legales, resulta para esta Corte, fundadamente puede afectar - a dichas personas - en cuanto su capacidad para operar comercialmente, su prestigio comercial y financiero y de esta forma vulnerada su honra y honor". 4) Que, en conformidad a lo anterior, se estima que la entrega de la información reclamada referida a los antecedentes o actos administrativos que contienen datos relativos a las deudas tributarias de las corporaciones de fútbol mencionadas, montos condonados y convenios de pago celebrados, por cuanto permite atribuir la calidad de deudor a los contribuyentes mencionados, y más aún, conocer los montos adeudados y saldos pendientes de pago, supone afectar en forma cierta o probable, y con suficiente especificidad, sus derechos comerciales y económicos, tal como lo señalaron los fallos judiciales citados precedentemente. Asimismo, es pertinente destacar que, sin perjuicio que los contribuyentes cuya información se solicita pueden ser personas jurídicas, a juicio de este Consejo, de igual manera serían titulares de un derecho al buen nombre, fama o reputación, la que puede verse afectada para operar comercialmente en lo relativo al reconocimiento de su prestigio comercial que, en el evento de dar publicidad referida a su estado de morosidad de deudas tributarias, conllevaría la afectación de sus derechos comerciales y económicos, asimismo, a su imagen o prestigio, todo lo cual ha sido recogido por la jurisprudencia de este Consejo en las decisiones de amparo roles C1823-16, C3776-16, C1709-19, C5724-19, C6982-20 y C1345-21, entre otras, y particularmente, en los amparos rol C4659-20 y C5232-20, referidos a solicitudes donde se requirió información similar a la que dio origen al presente reclamo, respecto de deudas tributarias de los clubes de fútbol profesional, y que fueron rechazados por esta Corporación. 5) Que, en consecuencia, conforme a lo razonado, este Consejo debió rechazar el presente amparo, por configurarse la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.