Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5751-21

Reclamante:	JUAN CURUMILLA SOTO
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ANCUD
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Ancud, ordenando entregar al requirente información sobre contratos y anexos de los funcionarios que responden al nombre que se indica; previa reserva de datos personales de contexto. Lo anterior, por cuanto no consta que el órgano haya dado aplicación al procedimiento señalado en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Trasparencia, en el sentido de haber requerido al solicitante que subsane la petición, dentro del plazo indicado. Luego, conforme al principio de máxima divulgación, frente a una solicitud de acceso, él órgano de la Administración debe siempre interpretarla de forma que se permita el acceso a la información en los términos más amplios posibles, en la especie, accediéndose a la entrega de la información pedida respecto de ambos funcionarios que responden al nombre indicado en el requerimiento. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a los contratos de trabajos y anexos de los funcionarios que se indica, toda vez que la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la documentación estrictamente requerida no obraría en su poder, por inexistente; sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/16/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1163-11 C1179-11 C409-13
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Descriptores analíticos:	Otros

DECISIÓN AMPARO ROL C5751-21   Entidad pública: Municipalidad de Ancud Requirente: Juan Curumilla Soto Ingreso Consejo: 03.08.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Ancud, ordenando entregar al requirente información sobre contratos y anexos de los funcionarios que responden al nombre que se indica; previa reserva de datos personales de contexto. Lo anterior, por cuanto no consta que el órgano haya dado aplicación al procedimiento señalado en el inciso segundo del artículo 12 de la Ley de Trasparencia, en el sentido de haber requerido al solicitante que subsane la petición, dentro del plazo indicado. Luego, conforme al principio de máxima divulgación, frente a una solicitud de acceso, él órgano de la Administración debe siempre interpretarla de forma que se permita el acceso a la información en los términos más amplios posibles, en la especie, accediéndose a la entrega de la información pedida respecto de ambos funcionarios que responden al nombre indicado en el requerimiento. Se rechaza el amparo en lo que se refiere a los contratos de trabajos y anexos de los funcionarios que se indica, toda vez que la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la documentación estrictamente requerida no obraría en su poder, por inexistente; sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido. En sesión ordinaria N° 1231 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5751-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 26 de junio de 2021, don Juan Curumilla Soto solicitó a la Municipalidad de Ancud la siguiente información: "(...) los contratos y anexos de contrato de los siguientes funcionarios, de acuerdo a la ley todo acto que se realice con plata fiscales, es de información publica,. Los funcionarios son: Alexis Latorre, Oscar Día del Campo, Pamela Maldonado, Jorge Muñoz. En virtud de lo expresa la ley de transparencia entregar los contratos y anexos de contratos, contraídos por éstas personas con el municipio de Ancud. Teniendo en cuenta acciones muy poco transparente por las actuales autoridades en otros municipios y otros tiempos, por lo cual es mejor prever que lamentar. Teniendo en cuenta los déficit por los que atraviesa el municipio. Queda expresó que se debe detallar desde el inicio de las funciones de estas personas con este municipio y cada peso que se le ha entregado por parte del municipio. Como expresa la ley es público". 2) RESPUESTA: El 21 de julio de 2021, la Municipalidad de Ancud respondió a dicho requerimiento de información indicando, en síntesis, que a) Alexis Latorre: Administrador municipal, Directivo Grado 6° de la EMS, funcionario de Planta en calidad de titular en la dotación estable de personal del organismo. b) Oscar Día del Campo: Asesor jurídico, Directivo Grado 7° de la EMS, funcionario de planta en calidad de titular en la dotación estable de personal del organismo. c) Pamela Maldonado: funcionaria a contrata, profesional asimilada a grado 9° de la EMS. d) Jorge Muñoz: se solicita mayor información respecto de la individualización de la persona señalada, habida consideración que dentro de la dotación de personal de la municipalidad existen dos funcionarios con ese nombre. Se remiten decretos alcaldicios referidos a la contratación de las personas que se indican. 3) AMPARO: El 3 de agosto de 2021, el solicitante dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que la información entregada no corresponde a la solicitada, pues "En la solicitud se expresa los contratos, a los cual se me remite los decretos levantados para la contratación, tampoco se entrega la nómina completa. Los contratos y anexos de contratos vinculados a estas personas". 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud, mediante Oficio E18424, 2021 de 30 de agosto de 2021, solicitando que: (1°) señale si, a su juicio, la respuesta otorgada al reclamante satisface íntegramente su requerimiento de información; (2°) precise si solicitó a la parte requirente que subsanara lo referido al funcionario don Jorge Muñoz y, en la afirmativa, acredite dicha circunstancia, acompañando los antecedentes que dan cuenta de la fecha y medio de envío de ésta; (3°) aclare si el reclamante subsanó su requerimiento en los términos solicitados, de ser así, acredite dicha circunstancia; (4°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (5°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (6°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (7°) de encontrarse disponible la información reclamada, remita la misma al solicitante, con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Es importante destacar que en la entrega de la información, se deben resguardar todos los datos personales de personas naturales que pudieran estar incorporados en la documentación requerida, por ejemplo, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfono particular, correo electrónico particular, entre otros, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f), y 4° de la ley N° 19.628, teniendo especial consideración lo señalado en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, respecto a la forma en que debe proceder la entrega de información que contenga datos personales de los solicitantes y de personas ajenas al requerimiento. Por medio de Ord. N° 1425, de 22 de septiembre de 2021, el órgano reclamado presentó sus descargos en esta sede argumentando, en resumen, que respecto a los funcionarios cuya información se requirió, lo que existe son nombramientos que se materializan a través de la dictación de un Decreto Alcaldicio y no mediante un contrato de trabajo como lo expone el requirente. Por esta razón, se acompañó copia de cada uno de los actos administrativos en que constan las designaciones de los funcionarios requeridos. Respecto a los nombramientos de funcionarios de confianza en cargos de planta, como es el caso del Administrador Municipal (Alexis Latorre Herrera) y el Asesor Jurídico (Oscar Díaz del Campo), su nombramiento se realiza mediante Decreto Alcaldicio el que no requiere ser renovado año a año, manteniendo su vigencia y aplicación hasta que por otro decreto son removidos, lo que no ha acontecido. Refiere, que se le indicó al solicitante que se requería aclarar el nombre de otro funcionario del que se estaba pidiendo información, en atención a que existen dos funcionarios con el mismo nombre y no se sabía a cuál de los dos se refería la solicitud. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en que la información entregada por la Municipalidad de Ancud a la solicitud del reclamante, no corresponde a lo pedido, pues se requirió copia de los contratos de trabajo y anexos de los funcionarios consultados mientras que el organismo proporcionó sus decretos de nombramiento; además, la respuesta entregada sería parcial o incompleta, toda vez que no se proporcionó información de todos los funcionarios consultados, particularmente, de aquel individualizado con el nombre "Jorge Muñoz". 2) Que, en relación a los contratos solicitados, se debe tener presente que el artículo 10° de la Ley de Transparencia, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado «cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga (...)». En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3°, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que «toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración (...)» (énfasis agregado). A su turno, conforme se ha resuelto previamente, en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C1163-11 y C409-13, entre otras, la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 3) Que, la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la documentación estrictamente requerida no obraría en su poder, por inexistente; razón por la cual, sin que se dispongan de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido, se rechazará el amparo en este punto, por la inexistencia de la información reclamada. 4) Que, ahora bien, en cuanto a la falta de entrega de información sobre aquel funcionario individualizado con el nombre de "Jorge Muñoz", es menester tener presente que el artículo 12 de la Ley de Transparencia dispone que "La solicitud de acceso a la información será formulada por escrito o por sitios electrónicos y deberá contener: (...) b) Identificación clara de la información que se requiere". Sin perjuicio de lo anterior, la misma norma establece en su inciso segundo, que "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". En virtud de lo expuesto, de los antecedentes del caso no consta que el órgano haya dado aplicación al procedimiento señalado en el inciso segundo de la citada norma, en el sentido de haber requerido al solicitante que subsane la petición, dentro del plazo indicado. 5) Que, a su turno, conforme al principio de máxima divulgación descrito en la letra d) del artículo 11 de la Ley de Transparencia, frente a una solicitud de acceso, él órgano de la Administración debe siempre interpretarla de forma que se permita el acceso a la información en los términos más amplios posibles, en la especie, accediéndose a la entrega de la información pedida respecto de ambos funcionarios que responden al nombre indicado en el requerimiento. Además, el órgano no alegó en esta sede ninguna circunstancia de hecho o causal de reserva que justifique su denegación. 6) Que, en razón de lo anterior, se acogerá el amparo en este punto, ordenando entregar al requirente información sobre contratos y anexos de los funcionarios que responden al nombre de "Jorge Muñoz". Se hace presente que en el evento que la información a entregar se encuentren ciertos datos personales de contexto -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano lo solicitado, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Juan Curumilla Soto, en contra de la Municipalidad de Ancud, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud, lo siguiente: a) Hacer entrega al reclamante contratos y anexos de los funcionarios que responden al nombre de "Jorge Muñoz". Se hace presente que en el evento que la información a entregar se encuentren ciertos datos personales de contexto -tales como, RUT, domicilio particular, fecha de nacimiento, nacionalidad, estado civil, teléfonos fijos o celulares, correo electrónico particular, entre otros- en conformidad con lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y 4° de la ley N° 19.628, éstos deben ser tachados al momento de proporcionar la información, por estimarse que su revelación afectaría los derechos de los titulares de los mismos. b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Rechazar el amparo en lo que se refiere a los contratos de trabajos y anexos de los funcionarios que se indica, toda vez que la reclamada ha señalado los motivos específicos por los cuales la documentación estrictamente requerida no obraría en su poder, por inexistente; sin que se disponga de antecedentes que conduzcan a una conclusión contraria de aquella sostenida por el órgano requerido. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Juan Curumilla Soto y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Ancud. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.