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DECISIÓN AMPAROS ROLES C5919-21 y C5920-21</p>
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Entidad pública: Municipalidad de Iquique</p>
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Requirente: Felipe Contreras Reyes</p>
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Ingreso Consejo: 09.08.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acogen los amparos deducidos en contra de la Municipalidad de Iquique, relativos a la entrega de la información sobre el listado, con el detalle que se consulta, de deudores municipales morosos (personas jurídicas).</p>
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Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, que permite el control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los sujetos obligados, y consecuencialmente en los ingresos del municipio, respecto de la cual se desestimaron las alegaciones realizadas por el organismo en relación con la afectación de los derechos de terceros.</p>
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Aplica criterio de la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia Rol N° 2619-2012, y en las decisiones de los amparos roles C554-09, C971-11, C5318-19, C597-20 y C598-20, C4147-21, C4148-21, entre otros.</p>
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En sesión ordinaria N° 1225 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de octubre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información roles C5919-21 y C5920-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 18 de julio de 2021, don Felipe Contreras Reyes presentó ante la Municipalidad de Iquique dos requerimientos de información al siguiente tenor:</p>
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- Código MU112T0002469: "solicito acceso y copia a los documentos que contengan la lista de deudores municipales morosos correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2018. Solicito que esta nómina sea entregada en formato Excel, y que incluya las variables de nombre de la persona jurídica en situación de mora, RUT de la persona jurídica, monto adeudado (en peso chileno), ítem o causal de la deuda, código o número de contrato (cuando corresponda), fecha de adquisición de la deuda y fecha de prescripción de la deuda".</p>
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- Código MU112T0002470: "solicito acceso y copia a los documentos que contengan la lista de deudores municipales morosos correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2019 y la fecha de ingreso de esta solicitud. Solicito que esta nómina sea entregada en formato Excel, y que incluya las variables de nombre de la persona jurídica en situación de mora, RUT de la persona jurídica, monto adeudado (en peso chileno), ítem o causal de la deuda, código o número de contrato (cuando corresponda), fecha de adquisición de la deuda y fecha de prescripción de la deuda".</p>
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En ambos casos requirió la entrega de la información descrita en estricta sujeción al principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia.</p>
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2) RESPUESTAS: Por medio de los oficios N° 213 y N° 214, ambos de fecha 20 de julio de 2021, la Municipalidad de Iquique otorgó respuesta a los requerimientos de información formulados, denegando la entrega de lo pedido en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, toda vez que el acceso a la información solicitada afecta los derechos de las personas involucradas.</p>
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3) AMPAROS: El 9 de agosto de 2021, don Felipe Contreras Reyes dedujo dos amparos a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Iquique, fundados en la respuesta negativa. Las aludidas acciones fueron ingresadas con los roles C5919-21 -correspondiente a la respuesta dada a la solicitud MU112T0002469-, y rol C5920-21 -correspondiente a la respuesta dada a la solicitud MU112T0002470-.</p>
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En ambos reclamos, argumenta que el acceso a la información solicitada reviste importancia atendida la existencia de una auditoría por parte de la Contraloría General de la República respecto de la Municipalidad recurrida.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación, acordó admitir a tramitación los presentes amparos, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Iquique, mediante el Oficio E18277, de 26 de agosto de 2021.</p>
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Posteriormente, por medio de Oficio N° 278/2021, de 7 de septiembre de 2021, el organismo reitera la causal de reserva invocada en las respuestas objetadas. No obstante, agrega que la divulgación de lo solicitado afectaría el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, toda vez que al figurar una persona en calidad de deudora en una nómina puede verse afectada tanto en su capacidad de operar comercialmente como en lo relativo al reconocimiento de su buen nombre y prestigio comercial, en circunstancias que terceros pueden ser prevenidos frente a la situación de incumplimiento del deudor, debiendo por tanto cautelar los derechos de los deudores involucrados. A su vez, sustentan su negativa en virtud de lo establecido en la Ley N° 19.628.</p>
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Manifiestan la imposibilidad de operar conforme lo dispone el artículo 20 de la Ley de Transparencia, por cuanto el solicitante consulta sobre "deudores", no logrando determinar si aquellos corresponden a deudores de permiso de circulación, patentes comerciales, de derecho de aseo, subvenciones, etc.; razón por la cual, sin la especificación aludida, no es factible cuantificar la cantidad de terceros a emplazar.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, en atención a que entre los amparos roles C5919-21 y C5920-21, existe identidad respecto del reclamante, del órgano de la Administración reclamado e información solicitada, a efectos de facilitar la comprensión y resolución de estos y en virtud del artículo 9° de la ley N° 19.880, que consagra el principio economía procedimental, este Consejo ha resuelto acumular los citados reclamos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión.</p>
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2) Que, el artículo 8 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".</p>
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3) Que, en la especie, lo solicitado es el listado de los deudores municipales morosos -personas jurídicas- en el período y con el detalle que se indica; información denegada por el organismo en virtud de la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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4) Que, en primer término, es menester tener presente el criterio desarrollado con ocasión de los amparos Roles C4147-21 y C4148-21, referidos a información de idéntica naturaleza que debe ser seguido en el presente caso.</p>
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5) Que, respecto a la causal de reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, resulta atingente recordar que aquella está establecida en favor de los terceros interesados. Con todo, y en relación a los criterios definidos por esta Corporación para efectos de tener por configurada la causal invocada, cabe señalar que el municipio no otorgó antecedentes suficientes que permitan estimar plausible su alegación, toda vez que no precisa en qué medida la divulgación o conocimiento respecto del no pago de patentes, permisos o derechos municipales por parte de las personas jurídicas obligadas, afectaría la capacidad de aquellas de operar comercialmente, generando un daño presente o probable y con suficiente especificidad a su prestigio comercial y ventaja competitiva; no advirtiendo por tanto una vulneración a alguno de los bienes jurídicos protegidos por la hipótesis de reserva en análisis que sea superior al interés y relevancia que suscita el acceso a la información solicitada, conforme se expondrá.</p>
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6) Que, luego y considerando que la información solicitada puede vincularse sustancialmente al no pago de patentes y permisos municipales, cabe hacer presente que en cuanto a la información de esta índole, este Consejo a partir de la decisión de amparo rol C554-09, determinó que la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante un acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate. Además, razonó que la divulgación de información relativa a las mismas permite a los ciudadanos fiscalizar los ingresos que se recauden por este tipo de tributos, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.</p>
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7) Que, en esta línea, se debe tener presente que el artículo 23 del Decreto N° 2385, de 2014, del Ministerio del Interior, que Fija Texto Refundido y Sistematizado del Decreto Ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, debe pagar una contribución de patente municipal, la que es regulada en los artículos siguientes de dicho cuerpo normativo.</p>
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8) Que, a su vez, en la decisión del amparo Rol C971-11, este Corporación resolvió en relación con el RUT, que "al constituir un dato integrante del documento o acto administrativo que otorga la patente y que facilita la identificación del contribuyente, en cuanto es utilizado precisamente para fines tributarios, debe someterse también al régimen de publicidad de dicho acto, considerando que (...)". Lo anterior, ha sido ratificado por la I. Corte de Apelaciones de Santiago que, al rechazar un Reclamo de Ilegalidad Rol N° 2619-2012, interpuesto contra la decisión de amparo Rol C18-12, concluyó que "La patente es, desde esta perspectiva, un acto terminal evacuado por una autoridad pública, de modo que aunque concierna a un particular, sea que éste sea persona natural o jurídica, es en esencia de aquellos cuyo contenido y fundamentos pueden ser conocidos por el público (considerando tercero)".</p>
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9) Que, en este contexto, y en relación con el control social vinculado a los ingresos que se perciben por concepto de patentes o permisos municipales, este Consejo, en las decisiones de amparos roles C5318-19, C597-20, C598-20, entre otros, ha ordenado la entrega información sobre el pago efectivo de patentes municipales. En este sentido, se advierte asimismo, un interés público en relación a la información que da cuenta, como ocurre en la especie, de la circunstancia de no dar cumplimiento al pago de cargas públicas previstas expresamente en la ley por parte de los contribuyentes, al alero de lo previsto en el artículo 19 N° 20 de la Constitución Política de la República, y que gravan actividades o bienes que tiene una identificación local para efectos de ser aplicados, ulteriormente, para el financiamiento de obras o ejecución de programas de desarrollo en beneficio de la comunidad, para lo cual, resulta, además, relevante el control sobre la labor que en la exigencia del cumplimiento del pago de las referidas cargas realizó -o debió realizar- el municipio consultado.</p>
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10) Que, por todo lo expuesto, tratándose de información de naturaleza pública, que permite un debido control social sobre el cumplimento en el pago de cargas públicas por parte de los sujetos obligados, y consecuencialmente en los ingresos del municipio; luego, al desestimarse las alegaciones realizadas por el organismo, se acogerá el presente amparo, requiriendo la entrega de los antecedentes pedidos.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33, LETRA B), DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger los amparos Roles C5919-21 y C5920-21 deducidos por don Felipe Contreras Reyes, en contra de la Municipalidad de Iquique, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Iquique, lo siguiente:</p>
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a) Entregue al reclamante la información relativa a la lista de deudores municipales morosos correspondientes al periodo entre el 1 de enero de 2017, hasta la fecha de ingreso de la solicitud, en formato Excel, indicando: a) nombre de la persona jurídica en situación de mora; b) RUT de la persona jurídica; c) monto adeudado (en peso chileno); d) ítem o causal de la deuda; e) código o número de contrato (cuando corresponda); f) fecha de adquisición de la deuda; y, g) fecha de prescripción de la deuda.</p>
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b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Felipe Contreras Reyes y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Iquique.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.</p>