Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C5940-21

Reclamante:	ARACELLY HERMOSILLA TERRA
Reclamado:	SUPERINTENDENCIA DE SEGURIDAD SOCIAL
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando la entrega del listado con información relativa a las sanciones aplicadas al profesional médico - año, código de expediente, número de resolución, fecha de resolución, tipo de sanción o materia, sanción en UTM y sanción en días de suspensión-, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.585, por el periodo consultado. Lo anterior por cuanto lo solicitado es información relativa a los procedimientos sancionatorios desarrollados por la SUSESO respecto de la materia consultada; razón por la cual, dichos antecedentes, sin perjuicio que versan en procesos cuyas sanciones se encuentran cumplidas, su acceso propicia un adecuado control social sobre la forma en que se ejerce una determinada potestad pública de control, correspondiente a la emisión de instrumentos que inciden en los sistemas de seguridad social en salud, siendo manifiesto su interés público. Se rechaza la entrega de la información sobre el nombre y RUT de los profesionales médicos sancionados, por cuanto conforme lo señalado por la entidad recurrida, las sanciones impuestas durante el periodo consultado se encuentran cumplidas; razón por la cual, incluir los referidos antecedentes en la nómina solicitada, conlleva el tratamiento y acceso de datos en transgresión a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/26/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Constitución Política de la República
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1443-13 C1454-13 C2082-13 C910-14 C162-17 C546-17 C2841-20 C3265-15
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Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
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DECISIÓN AMPARO ROL C5940-21   Entidad pública: Superintendencia de Seguridad Social Requirente: Aracelly Hermosilla Terra Ingreso Consejo: 10.08.2021 RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, ordenando la entrega del listado con información relativa a las sanciones aplicadas al profesional médico - año, código de expediente, número de resolución, fecha de resolución, tipo de sanción o materia, sanción en UTM y sanción en días de suspensión-, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.585, por el periodo consultado. Lo anterior por cuanto lo solicitado es información relativa a los procedimientos sancionatorios desarrollados por la SUSESO respecto de la materia consultada; razón por la cual, dichos antecedentes, sin perjuicio que versan en procesos cuyas sanciones se encuentran cumplidas, su acceso propicia un adecuado control social sobre la forma en que se ejerce una determinada potestad pública de control, correspondiente a la emisión de instrumentos que inciden en los sistemas de seguridad social en salud, siendo manifiesto su interés público. Se rechaza la entrega de la información sobre el nombre y RUT de los profesionales médicos sancionados, por cuanto conforme lo señalado por la entidad recurrida, las sanciones impuestas durante el periodo consultado se encuentran cumplidas; razón por la cual, incluir los referidos antecedentes en la nómina solicitada, conlleva el tratamiento y acceso de datos en transgresión a lo establecido en el artículo 21 de la Ley N° 19.628 sobre protección de la vida privada. Se siguen criterios desarrollados en decisiones roles C1443-13 y C546-17. En sesión ordinaria N° 1232 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C5940-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 30 de julio de 2021, doña Aracelly Hermosilla Terra solicitó a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), lo siguiente: "listado de los médicos que hayan sido sancionados por vuestra Superintendencia en virtud de la Ley 20.585 y de sus facultades, durante el siguiente periodo: desde Enero de 2021 a Julio de 2021 inclusive, el cual contenga la siguiente información; año, código de expediente, número de resolución, fecha de resolución, rut de profesional sancionado, nombre de profesional sancionado, tipo de sanción o materia, sanción en UTM, sanción en días de suspensión". 2) RESPUESTA: Por medio de Ord. N° 2865, de 3 de agosto de 2021, la Superintendencia de Seguridad Social denegó la información solicitada, con base a la casual del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, en relación con lo dispuesto en los artículos 9 y 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada y lo señalado en el numeral 4.2 del texto de recomendaciones de esta Corporación sobre protección de datos personales por parte de los órganos de la Administración del Estado. Conforme lo anterior, argumentan, los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena. Luego, los datos personales deben utilizarse sólo para los fines para los cuales hubieren sido recolectados, salvo que provengan o se hayan recolectado de fuentes accesibles al público, finalidad que en el caso de los órganos de la administración del Estado estará determinada en función de las materias propias de su competencia. Hacen presente que la única excepción que contempla el inciso segundo del artículo 21 de la ley N° 19.628 se refiere a aquellos requerimientos realizados por los tribunales de justicia u otros organismos públicos dentro del ámbito de su competencia, quienes deberán guardar reserva de los antecedentes que se les proporcionen. Finalmente, expresan que la Ley N° 20.585 tiene por objeto establecer regulaciones que permitan asegurar el otorgamiento, uso correcto de la licencia médica y una adecuada protección al cotizante y beneficiarios de las instituciones de salud previsional y del fondo nacional de salud, mediante la aplicación de medidas de control y fiscalización, y de sanciones respecto de las conductas fraudulentas, ilegales o abusivas relacionadas con dicho instrumento, no estableciendo en su articulado la facultad para esta Superintendencia de disponer de un Registro Público de las sanciones aplicadas en conformidad a la normativa señalada, por lo que no es posible proporcionar la información en forma de listado de profesionales sancionados. 3) AMPARO: El 10 de agosto de 2021, doña Aracelly Hermosilla Terra dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa. A continuación, argumenta: "Se insiste en la solicitud de información respecto al listado de médicos sancionados por Ley 20.585 y e información de aquellas sanciones que se encuentren ejecutoriada, debido a que el sustento de ser secreto no se extiende a sanciones por la ley 20.585 pues conforme a los dictámenes del CPLT ni el legislador contempló su reserva, la voz "tratamiento" del art. 21, no comprende a las sanciones de médicos, por cuanto tal expresión no puede alcanzar a actos administrativos que dan lugar u originan una medida disciplinaria o sancionatoria, sino más bien al volcamiento de datos por ejemplo nombre y diagnóstico de un paciente. Además, ni el constituyente, ni el legislador han excluido expresamente a dichos actos sancionatorios de la publicidad. Todo lo contrario, la población necesita contar con dicha información para resguardar su propia salud e integridad física como psíquica. Lo anterior en virtud de variados dictámenes emitidos por vuestro CPLT". Acompaña copia de la decisión Rol C1454-13. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado a la Sra. Superintendenta de Seguridad Social, mediante Oficio N° E18449, de 27 de agosto de 2021, solicitando presente sus descargos y observaciones a este amparo. Por medio de Ord. N° 3198 de 30 de agosto de 2021, la Superintendencia de Seguridad Social reiteró las argumentaciones expuestas en la respuesta objetada, agregando que las sanciones administrativas aplicadas en los meses de enero y julio de 2021 se encuentran actualmente cumplidas; haciendo presente lo resuelto por este Consejo en el amparo rol C2841-20. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 2) Que, el artículo 5° de la Ley N° 20.585, sobre otorgamiento y uso de licencias médicas, establece: "En caso de que el profesional habilitado para otorgar licencias médicas las emita con evidente ausencia de fundamento médico, la Superintendencia de Seguridad Social, de oficio o a petición de la Secretaría Regional Ministerial de Salud o de la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez respectiva, del Fondo Nacional de Salud o de una Institución de Salud Previsional o de cualquier particular, podrá, si existe mérito para ello, iniciar una investigación". Posteriormente, la citada disposición, en síntesis, señala que de acreditarse los hechos denunciados la SUSESO aplicará las sanciones que se describen, considerando la cantidad de licencias emitidas sin existir fundamento médico, esto es, ausencia de una patología que produzca incapacidad laboral temporal por el periodo y la extensión del reposo prescrito. 3) Que, se debe hacer presente que el artículo 21 de la ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada, dispone en su inciso primero que: "Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena". Al respecto, esta Corporación, por ejemplo, en las decisiones Roles C1454-13, C2082-13, C910-14, C3265-15 y C162-17, entre otras, ha concluido que: "debe efectuarse una interpretación del artículo 21 de la ley N° 19.628 que resulte armónica con los principios y normas que gobiernan la publicidad de los actos administrativos. Dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para los organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos de orden caduco -sanciones prescritas o cumplidas- en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero no puede extenderse a la prohibición de conocer la sanción contenida en el acto administrativo que originalmente impuso la medida disciplinaria. Esta interpretación coincide con la práctica de, por ejemplo, excluir del certificado de antecedentes de una persona determinadas sanciones ya cumplidas, sin que ello conlleve el secreto de la sentencia judicial que la adoptó en su oportunidad. Así pues, es posible y necesario distinguir entre el tratamiento posterior de un dato que la ley considera caduco, de la publicidad que rige a los actos administrativos que originalmente impusieron la sanción que por el paso del tiempo, o su cumplimiento efectivo, devienen en dato caduco. En definitiva, el artículo 21 es un llamado a abstenerse de difundir un dato caduco, pero no un mandato de reserva absoluto sobre un acto administrativo". 4) Que, en el mismo sentido, se ha pronunciado la Corte de Apelaciones de Santiago, en sentencia de fecha 3 de marzo de 2016, en causa Rol N° 13.562-2015 (sentencia confirmada por la Corte Suprema, rechazando la Queja que se interpuso al respecto, en causal Rol N° 16.628-2016), la que al efecto sostuvo que: "estos sentenciadores comparten el criterio sustentado por el Consejo de Transparencia en cuanto a que el artículo 21 de la Ley 19.628 debe interpretarse de una forma armónica con el principio general de publicidad de los actos administrativos, y que dicha interpretación exige ajustar su alcance al de una prohibición para organismos públicos que hacen tratamiento de datos para revelar aquellos caducos como sanciones prescritas o cumplidas en las publicaciones o registros confeccionados a partir de determinados datos, pero que no puede extenderse a las sanciones contenidas en actos administrativos que originalmente impusieron la medida disciplinaria. Es como si por ejemplo extrapolada la situación al caso de las sanciones penales, se pretendiera que por no poder figurar ya una sanción en el extracto de filiación y antecedentes, pasare por ello a estar prohibido el otorgar copia de la sentencia que la impuso". 5) Que, en el presente caso, la solicitud de acceso a la información no recae en la entrega de las resoluciones que impusieron sanciones al personal médico por la emisión de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento, sino que un listado contenido de los antecedentes extraídos de dichas resoluciones sancionatorias, pronunciadas entre enero de 2021 a julio de 2021, comprendiendo: "año, código de expediente, número de resolución, fecha de resolución, RUT de profesional sancionado, nombre de profesional sancionado, tipo de sanción o materia, sanción en UTM, sanción en días de suspensión". 6) Que, en conclusión, dar respuesta íntegra al requerimiento conlleva inherente la necesidad de realizar el tratamiento de aquellos datos definidos en el artículo 21, inciso primero, de la ley N° 19.628, por lo que sólo resulta procedente la entrega total de la información pedida respecto de las sanciones vigentes o no cumplidas, excluyéndose ciertos antecedentes de los solicitados, correspondientes a aquellas en las que se encuentre prescrita la acción administrativa, o cumplida o prescrita la sanción. Luego, la entidad recurrida, en sus descargos, expresa que las sanciones impuestas durante el periodo consultado se encuentran cumplidas. 7) Que, en relación con lo anterior, es oportuno hacer presente que lo solicitado es información relativa a los procedimientos desarrollados por la SUSESO, por emisión de licencias médicas con evidente ausencia de fundamento médico, razón por la cual, y siguiendo lo razonado en decisión Rol C1454-13, la mayoría de los datos en esta oportunidad solicitados, sin perjuicio que versen en procesos cuyas sanciones se encuentran cumplidas, propicia un adecuado control social sobre la forma en que se ejerce una determinada potestad pública de control sobre el proceso de emisión de instrumentos que generan la posibilidad de acceder a reposo médico y goce de beneficios pecuniarios, cuyo mal uso repercute en gastos que terminarán soportando los demás cotizantes de los sistemas de seguridad social en salud, siendo manifiesto su interés público. 8) Que, igualmente, es pertinente mencionar lo resuelto en amparo Rol C546-17, con ocasión del cual se ordenó a la SUSESO la entrega del listado de procedimientos administrativos sancionatorios desarrollados contra médicos por la emisión de licencias médicas falsas o con ausencia de fundamento médico, con la siguiente desagregación: nombre del facultativo; fecha de inicio de la investigación en curso; fecha de la sanción; número de licencias emitidas en el período investigado; motivo de la sanción o investigación en curso, según corresponda; y, tipo y monto de la sanción; no obstante, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la ley N° 19.628, se dispuso la abstención de comunicar los datos personales relativos a infracciones administrativas en aquellos casos en que se encuentre prescrita la acción administrativa o cumplida o prescrita la sanción. Lo anterior, por aplicación del principio de divisibilidad establecido en el artículo 11, literal e), de la Ley de Transparencia. 9) Que, en virtud de lo anterior, se acogerá parcialmente el presente amparo, requiriendo a la SUSESO la entrega del listado solicitado, con excepción del RUT y nombre de los profesionales sancionados en el periodo consultado. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Aracelly Hermosilla Terra en contra de la Superintendencia de Seguridad Social, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Superintendenta de Seguridad Social: a) Entregue a la reclamante el listado con información relativa a las sanciones aplicadas al profesional médico - año, código de expediente, número de resolución, fecha de resolución, tipo de sanción o materia, sanción en UTM y sanción en días de suspensión-, en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 20.585, por el periodo consultado. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Se rechaza el amparo respecto a la entrega del RUT y nombre de los profesionales médicos sancionados, en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Aracelly Hermosilla Terra y a la Sra. Superintendenta de Seguridad Social. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.