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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C136-13</strong></p>
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Entidad pública: Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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Requirente: Santiago González Sepúlveda</p>
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Ingreso Consejo: 24.01.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 417 del Consejo Directivo, celebrada el 8 de marzo de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C136-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 2 de enero de 2013, don Santiago González Sepúlveda solicitó al Servicio de Registro Civil e Identificación, entre otras, la información relativa al siguiente literal citado en su requerimiento:</p>
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d) “Direcciones de correos electrónicos de los funcionarios/as del Servicio de Registro Civil e Identificación”</p>
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2) RESPUESTA: El 23 de enero de 2013, el Servicio de Registro Civil e Identificación respondió a dicho requerimiento de información mediante Carta N° 54, denegando el acceso a la información señalada en el aludido literal. Fundó su negativa en que ésta contiene datos del ámbito personal de los funcionarios, por lo que al ser conocidos por terceros se produciría una vulneración a la esfera de su privacidad, afectando de esta forma sus derechos fundamentales reconocidos y garantizados en el artículo 19 Nos 4 y 5, de la Constitución Política de la República. Cita la sentencia Rol N° 2153-11 del Tribunal Constitucional, de 11 de septiembre de 2012, y la sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago Rol N° 6704-2011, de 17 de diciembre de 2012.</p>
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3) AMPARO: El 24 de enero de 2013, don Santiago González Sepúlveda dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que “se responde algo diferente a lo solicitado”.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo, trasladándolo al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación, mediante Oficio N° 497 de 4 de febrero de 2013. Al respecto, la precitada autoridad, a través de Oficio N° 128 de 20 de febrero de 2013, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis que:</p>
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a) La sentencia Rol N° 2153-11 del Tribunal Constitucional declaró la inconstitucionalidad del inciso segundo del artículo 5° de la Ley de Transparencia, en la parte que dispone que es pública "toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento", el cual fuera aplicado en la decisión que, en lo que interesa a la presente reclamación, resolvió entregar "...las cuentas de correos electrónicos, tanto de la Gobernadora Provincial Paula Gárate como la del Subsecretario o del funcionario designado por el Ministerio del Interior como contraparte de la Gobernación Provincial de Melipilla...".</p>
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b) A juicio de la reclamada, este razonamiento justifica la protección que debe brindarse a las casillas o direcciones de correos electrónicos de los funcionarios públicos del Servicio de Registro Civil e Identificación, y la denegatoria a su entrega, conforme a la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) El Servicio ha dictado una instrucción acerca del "Uso del correo electrónico institucional", el cual establece que la dirección de correo es un conjunto de palabras que identifican a una persona que puede enviar y recibir correo, el cual pasa a ser un dato personal del funcionario.</p>
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d) La sección 5.11 del referido instructivo establece un conjunto de prohibiciones a los funcionarios del Servicio, respecto del uso del correo electrónico, indicando que "Las conductas, que caen dentro del ámbito del "uso no aceptable del correo electrónico" son las que se mencionan a continuación, a manera de ejemplo, sin estar limitada a que en el futuro puedan ser incorporadas otras dentro de la misma Instrucción de Trabajo: Letra k) Difundir contacto (s) de la libreta de direcciones institucional a través de correo electrónico que no sean para uso institucional”. En tal contexto, el conocimiento de las direcciones de correo electrónico institucionales, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que no sólo significarían la vulneración de la intimidad del funcionario, sino que además constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte éstos.</p>
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e) A este respecto, útil resulta señalar que al solicitante le afecta expresamente la señalada prohibición en su calidad de funcionario del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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f) Por todo lo indicado, la imposibilidad de acceder a lo solicitado no sólo se fundamenta en la protección de los derechos y garantías constitucionales establecidos en el artículo 19 N° 4 y 5 de la Constitución Política, sino que además encuentra su fundamento en la obligación que pesa sobre el propio solicitante en su calidad de funcionario público del Servicio de Registro Civil e Identificación, de no difundir los contactos de la libreta de direcciones institucionales a través de correo electrónico que no sean para uso institucional, conforme al instructivo sobre "Uso del correo electrónico institucional" de este Servicio.</p>
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g) Agrega que, en virtud de las sentencias que cita, se asienta la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en orden a determinar que la entrega de los correos electrónicos y, por consiguiente, de las casillas o direcciones electrónicas de correos, no resulta procedente toda vez que esta información tiene el carácter de reservada, por cuanto su revelación atenta contra los derechos y garantías fundamentales de los funcionarios públicos, quienes gozan del mismo nivel de protección constitucional de sus derechos que cualquier persona en Chile.</p>
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h) En consecuencia, la casilla o dirección de correo electrónico, aunque sea institucional, constituye un dato personal del funcionario público, cuya revelación a terceros se encuentra protegida por la garantía constitucional del artículo 19 N° 4 y N° 5 de la Carta Fundamental, puesto que a través de ella los funcionarios públicos efectúan comunicaciones tanto para el cumplimiento de los fines del organismo público, como para su uso personal en términos razonables y prudentes, por lo tanto su entrega a terceros violaría la Constitución Política de la República, de conformidad a los argumentos expresados por el Tribunal Constitucional y por la I. Corte de Apelaciones de Santiago en los fallos citados.</p>
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i) Finalmente, acompaña copia del Instructivo sobre "Uso del correo electrónico institucional", de ese Servicio.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que lo solicitado en la especie, esto es, las direcciones de correo electrónico de los funcionarios del Servicio de Registro Civil e Identificación, han sido puestas a disposición de éstos por dicho organismo, siendo financiadas con cargo a su presupuesto, constituyéndose en una herramienta para el ejercicio de sus funciones. Dicha información, en aplicación de lo dispuesto en los artículos 5° y 10° de la Ley de Transparencia, tiene, en principio, el carácter de información pública, salvo la concurrencia de alguna causal legal de reserva.</p>
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2) Que, respecto de lo señalado por el órgano reclamado en torno a la protección que ameritaría la casilla de correo electrónico, en relación con una eventual afectación de la vida privada de su titular que provocaría su divulgación, por estimar que se trataría de un dato personal del funcionario, este Consejo estima que ello no resulta atendible. Lo anterior, en razón de que lo solicitado no es el contenido de correo electrónico alguno, que pudiera develar algún aspecto de la vida privada de su titular o comunicación privada (el órgano invoca los numerales 4° y 5° de la Constitución). No se advierte de qué modo el conocimiento de la dirección del correo electrónico de un funcionario, tenga el mérito de afectar en alguna medida cierto ámbito de su vida personal. Por lo anterior, se descarta la concurrencia de la causal de secreto del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia alegada por la reclamada.</p>
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3) Que, por otra parte, procede rechazar las alegaciones mediante las cuales el órgano reclamado pretende hacer aplicable a la información solicitada las sentencias que cita en su respuesta y descargos, por cuanto el asunto controvertido en el presente amparo no dice relación con el contenido de los correos electrónicos, sino que se refiere específicamente a la dirección de correo electrónico entregada por el órgano requerido a sus funcionarios. Por lo demás, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 93, N° 6 de la Constitución Política y el artículo 3°, inciso segundo, del Código Civil, las sentencias judiciales citadas solo producen efectos relativos, no teniendo fuerza obligatoria sino respecto de las causas en que se pronunciaron.</p>
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4) Que aclarado lo anterior, dada la naturaleza de la información solicitada –direcciones de correos electrónicos institucionales de los funcionarios-, resulta pertinente tener presente lo resuelto por este Consejo, entre otras, en las decisiones recaídas en los amparos Roles C611-10 y C982-12, en donde lo solicitado fue información relativa a números telefónicos (anexos) proveídos a los funcionarios para el desempeño de sus labores. Sobre el particular, en tales pronunciamientos se concluyó que “…la decisión de un órgano de la Administración de informar a través de su sitio electrónico determinados números telefónicos, obviando otros, tiene por objeto canalizar el flujo de comunicaciones recibidas por el organismo, permitiéndole sistematizar el ingreso de llamadas conforme a los criterios de prevalencia que éste haya determinado (…) y actuar en relación con dichos criterios (….) para lo cual el Municipio destina recursos y personal al efecto, mediante la contratación de cuentas telefónicas y secretarias. Que, conforme a lo anterior, divulgar aquellos números telefónicos respecto de los cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito o aquellos que permiten el acceso directo a autoridades o funcionarios respecto de los cuales, precisamente, se ha elaborado dicho mecanismo, permitiría a las personas sortear el sistema de acceso telefónico a las autoridades o funcionarios públicos dispuesto por el órgano, impidiendo a los funcionarios que ejecutan dicha labor cumplir regularmente con los fines por los cuales han sido contratados. Ello obligaría a las autoridades o funcionarios cuya función regular no es la atención de comunicaciones telefónicas o de público en general, a atender éstos, distrayéndolos de sus labores habituales”.</p>
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5) Que, a juicio de este Consejo, lo razonado en las aludidas decisiones resulta plenamente aplicable a la materia en análisis, toda vez que el sitio web del Servicio de Registro Civil e Identificación tiene a disposición de los usuarios un Sistema Integral de Atención Ciudadana el cual le permite canalizar el flujo de comunicaciones electrónicas que recibe. De este modo, la divulgación de las casillas de correo electrónico respecto de las cuales el órgano no cuenta con el mecanismo de canalización de comunicaciones precedentemente descrito, podría significar una afectación semejante a la descrita en el considerando precedente respecto de los números telefónicos. A mayor abundamiento, el órgano reclamado señaló en sus descargos que el conocimiento de las direcciones de correo electrónicas institucionales, permitiría el envío masivo de correos, utilizados con fines netamente particulares, que constituirían un serio entorpecimiento en el correcto y eficiente desarrollo y ejercicio de la función pública por parte de sus funcionarios. Con dichas alegaciones, si bien no se explicita, se desprende que la reclamada entiende puede configurarse en este caso la causal de reserva del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.</p>
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6) Que, en consecuencia, considerando que el órgano reclamado se encuentra dotado de un sistema centralizado de atención ciudadana con la finalidad precisa de evitar distraer de sus funciones habituales a su personal y de esa forma dar respuesta a los requerimientos de los usuarios de manera oportuna, este Consejo estima que el dar a conocer las casillas de correo electrónico de sus funcionarios, podría afectar el debido cumplimiento de sus funciones, motivo por el cual se rechazará el presente amparo dando por justificada la concurrencia de la causal de reserva del artículo 21 N° 1 ya citado.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Rechazar el amparo deducido por don Santiago González Sepúlveda, en contra del Servicio de Registro Civil e Identificación, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (s) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Santiago González Sepúlveda, y al Sr. Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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