Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C160-13

Reclamante:	MAURIZIO SOVINO MELÉNDEZ
Reclamado:	GENDARMERÍA DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que le fue denegada la información solicitada en relación a 26 personas que identifica con nombre, apellido, delito por el que fueron condenados y pena impuesta, sobre el recinto penitenciario en que se encuentran actualmente cumpliendo la condena respectiva y la fecha en que les será posible solicitar beneficios penitenciarios. El Consejo acoge el amparo ya que señaló que la información en cuestión si bien constituye datos personales, no se corresponde con la definición de “datos sensibles” de la Ley Nº 19.628. En efecto, la esfera de publicidad que rodea la misma información impide que pueda ser considerada dentro de esta categoría. Resulta indicativo en este sentido la Historia de la Ley Nº 19.628, cuyo texto original al referirse a la categoría en cuestión incluía la información referida a “condenas criminales” (Segundo Informe de la Comisión de Constitución del Senado); sin embargo, en la tramitación posterior dicha categoría fue eliminada como dato sensible, y así figura en el texto definitivo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	4/29/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C1370-11 C1377-11 C1415-11
Jurisprudencia a:	C419-18
Recursos relacionados:	3210-2013 5073-2013
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Enviadas a correos electrónicos de funcionarios
Descriptores analíticos:	Justicia

DECISIÓN AMPARO ROL C160-13 Entidad pública: Gendarmería de Chile Requirente Mauricio Sovino Meléndez Ingreso Consejo: 05.02.2013 En sesión ordinaria Nº 429 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C160-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 19.628; Nº 20.285 y Nº 19.880; la Ley N° 20.230, que adecua el D.L. N° 321, de 1925, a la regulación vigente del delito de violación de menores; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; el Decreto Ley Nº 321, de 1925, del Ministerio de Justicia, que establece la libertad condicional para los penados; el Decreto Ley Nº 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia, que fija la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile; el D.S. N° 518, de 1998, del Ministerio de Justicia, que aprueba el Reglamento de Establecimientos Penitenciarios; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 10 de diciembre de 2012, don Mauricio Sovino Meléndez solicitó a Gendarmería de Chile le informara, en relación a 26 personas que identifica con nombre, apellido, delito por el que fueron condenados y pena impuesta, sobre el recinto penitenciario en que se encuentran actualmente cumpliendo la condena respectiva y la fecha en que les será posible solicitar beneficios penitenciarios. 2) TRASLADO A LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: Gendarmería de Chile comunicó la solicitud a los 26 terceros individualizados en la solicitud de información, en su calidad de terceros potencialmente afectados, conforme al procedimiento contemplado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, en una fecha que no consta en los antecedentes remitidos a este Consejo por dicho organismo. Del total de terceros notificados por el servicio, 14 accedieron a que se entregara la información solicitada, mientras que los 12 restantes ejercieron su derecho de oposición. De esto últimos, algunos oponentes argumentaron que no conocían al solicitante y otros que desconocían los motivos de la solicitud. 3) RESPUESTA: En virtud de lo anterior, Gendarmería de Chile respondió a la solicitud de acceso mediante el Ord. Nº 14.10.17 P-27/12, de 8 de enero de 2013 –remitido al reclamante mediante correo electrónico de 9 de enero de 2013–. Gendarmería de Chile, invocando el principio de divisibilidad, entregó la información referida a los terceros que consintieron en su entrega y denegó la referida a aquellos terceros que ejercieron su derecho de oposición. Además de la oposición hecha valer por los terceros oponentes, Gendarmería fundó la denegación en que lo solicitado es información de carácter personal y sensible, por lo que a su respecto concurren las causales de reserva establecidas en el artículo 21 N° 2 y N° 5 de la Ley de Transparencia. Respecto de la primera causal señaló que la información solicitada dice relación con la esfera de intimidad y la vida privada de los terceros oponentes. En relación a la segunda causal, sostiene que ella tiene lugar por aplicación de la regla de reserva que contemplan los artículos 7º y 10 de la Ley 19.628. 4) AMPARO: El 30 de enero de 2013 el solicitante dedujo ante este Consejo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de Gendarmería de Chile, fundado en que le fue denegada la información solicitada, y argumentando, en resumen, lo siguiente: a) La información se ha solicitado en nombre de la Fundación Amparo y Justicia, que entrega asesoría legal gratuita a familias de escasos recursos que han perdido un hijo o hija por el delito de violación con homicidio. La entidad ha intervenido en diversos procesos criminales, con el objeto de mantener informadas a las familias y, por otro lado, que se sancione a los autores de los delitos a las penas que correspondan. Por lo mismo, es importante estar al tanto del cumplimiento de las condenas de los agresores, para así poder desarrollar un plan de intervención con las víctimas, p. ej. en el caso de cambio de recintos penales o por la obtención de beneficios carcelarios. b) Garantizar la información oportuna de las víctimas de un delito es uno de los principales derechos que tienen los afectados por una conducta criminal, lo cual se relaciona directamente con la reparación integral del daño causado por la acción delictiva, así como la prevención de la victimización secundaria y de la re-victimización. Ello se encuentra recogido en la Constitución Política de la República, a través de la protección que debe efectuar el Ministerio Público y mediante la asesoría y defensa jurídica gratuita que se establece desde la reforma constitucional de julio del año 2011. Además, se encuentra plasmado en diferentes artículos del Código Procesal Penal. c) En tal sentido, cobra relevancia lo establecido en la Política Nacional de Víctimas de Delito, coordinada por la Subsecretaría de Prevención del Delito del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. En dicho documento se establecen como desafíos para el Estado avanzar en el acceso a la información de las causas respectivas. Por lo mismo, al ser la Fundación representante de las víctimas en los respectivos procesos judiciales, le asiste el legítimo derecho a acceder a la información pedida, como de todo lo obrado durante el procedimiento. En tal sentido, el artículo 44 del Código Procesal Penal establece que los intervinientes siempre tendrán acceso al contenido de los registros judiciales e incluso pueden ser consultados por terceros. Asimismo establece que todos los registros serán públicos transcurridos cinco años desde la realización de las actuaciones consignadas en ellos. d) Por otro lado, la información solicitada en caso alguno afecta la vida privada y la honra de los reclusos, y menos se debe considerar como datos personales y sensibles, dado que son antecedentes que forman parte del proceso. Tener conocimiento del lugar en que cumple una condena una persona en virtud de una sentencia judicial o el cálculo de años en que dicho recluso podrá optar a libertad condicional, no afecta de manera alguna a su dignidad u honra, y tampoco estos datos entran en las definiciones que da la Ley N° 19.628. e) No existe, entonces, causal legal para denegar la información solicitada; y por el contrario, denegar la misma vulneraría el derecho de información que le asiste a la Fundación que representa como interviniente de los procesos respectivos. Adicionalmente, se afecta directamente a las víctimas de cada uno de los delitos, por cuanto la entrega de toda la información que tenga que ver con el proceso y condena de un agresor facilita de sobremanera el proceso reparatorio de las víctimas, principalmente por la sensación de justicia y control que se les entrega, lo cual debe ser preocupación actual del Estado. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo admitió a tramitación el presente amparo y mediante Oficio N° 607, de 14 de marzo de 2013, confirió traslado al Sr. Director Nacional de Gendarmería, solicitándole que, al formular sus descargos, indicara las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida. Dicha autoridad contestó el traslado mediante el Ord. N° 14.00.00. 314/13, de 28 de febrero de 2013, y en él reiteró los términos de su respuesta a la solicitud. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INTERESADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante los Oficios Nos 608 a 619 (ambos inclusive), de 11 de febrero de 2013, confirió traslado a los 12 terceros que ejercieron su derecho de oposición ante Gendarmería de Chile. Para gestionar dicha notificación, en el mismo oficio de traslado se solicitó colaboración a Gendarmería de Chile, específicamente, en orden a que entregara los respectivos oficios de traslado e informara de sus resultas a este Consejo. Según consta en los antecedentes que remitiera dicho organismo a este Consejo el 26 de marzo de 2013, de los 12 terceros notificados, 5 accedieron a entregar la información solicitada y los 7 restantes mantuvieron su voluntad de oponerse a la entrega de la información. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, como se desprende de lo expositivo, el amparo de la especie se circunscribe a la información alusiva a 7 (siete) de los 26 (veintiséis) terceros que el reclamante individualizó en la solicitud de información. En efecto, en los antecedentes que Gendarmería acompañó a esta sede, consta que, habiendo dicho organismo comunicado la solicitud al total de los terceros involucrados conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, 14 (catorce) de ellos accedieron expresamente a entregar la información solicitada, razón por la cual el servicio entregó la misma al reclamante en la respuesta; mientras que los 12 (doce) terceros restantes ejercieron su derecho de oposición. Por su parte, trasladado el amparo a estos últimos por esta Corporación, cinco accedieron expresamente a la entrega de la información, mientras que los siete restantes mantuvieron su oposición. 2) Que, en consecuencia, la solicitud del reclamante supone la comunicación, con respecto a los 7 (siete) terceros oponentes, de información referida a dos aspectos: i. el recinto penitenciario en que se encuentran «actualmente» cumpliendo la condena que les fuera impuesta por determinados delitos (que el mismo requirente indica en su presentación); y ii. la fecha a partir de la cual les sería posible a éstos solicitar beneficios penitenciarios asociados al cumplimiento de la misma condena. Ello permite delimitar la naturaleza de la información requerida, en dos dimensiones, una material u objetiva y otra temporal, a saber: a) La primera, que la información se refiere a los terceros oponentes a quienes fue impuesta una pena privativa de libertad por una sentencia judicial firme y ejecutoriada, y que cumplen la misma en un recinto penitenciario determinado. Cabe consignar que la administración de estos recintos corresponde a Gendarmería de Chile, según lo establece el artículo 3º de su Ley Orgánica (D.L. Nº 2.859, de 1979, del Ministerio de Justicia). b) La segunda, que la información se refiere a los terceros oponentes que a la fecha de la solicitud, esto es, al 10 de diciembre de 2012, se encontraban cumpliendo efectivamente la condena en determinado recinto penitenciario. Ello incluye a aquellos terceros que, con posterioridad a esa fecha (y hasta la resolución del presente amparo), continúen cumpliendo su condena en privación de libertad; hayan obtenido algún beneficio penitenciario, o que, habiéndose encontrado cumpliendo su condena al 10 de diciembre de 2012, a la fecha ya la hayan cumplido efectivamente. 3) Que, la información objeto de controversia, en cuanto se refiere a personas «identificadas», es constitutiva de datos personales, pues necesariamente implica vincular los dos aspectos comprendidos en la solicitud con la identidad de ciertas personas (terceros), y por lo mismo resulta subsumible en la definición de datos personales que contempla el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Más específicamente, a juicio de este Consejo, dicha información es constitutiva de datos personales relativos a condenas por delitos, pues dice relación con las circunstancias en que se desarrolla el cumplimiento y la ejecución de las condenas (lugar de cumplimiento y fecha en que podrán obtenerse beneficios penitenciarios asociados a su cumplimiento). Por lo mismo, atendida la naturaleza de la información pedida, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 21 de la misma Ley Nº 19.628, que preceptúa al respecto: «Los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, no podrán comunicarlos una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena». 4) Que, en las decisiones de amparo Roles C1370-11, C1377-11 y C1415-11, este Consejo se ha referido a los presupuestos copulativos que deben concurrir para aplicar la hipótesis que contempla la norma señalada, esto es: a) Debe tratarse de «datos personales relativos a condenas por delitos». Es decir debe ser información relacionada con condenas por determinados delitos de personas naturales identificadas o identificables; y b) Las condenas a las que se relaciona la información deben encontrarse “cumplidas” o la pena asignada debe estar “prescrita”. Conforme a los presupuestos antes descritos, la hipótesis contemplada en la norma del citado artículo 21 de la Ley N° 19.628 no resulta aplicable respecto de los terceros que se han opuesto en esta sede pues, si bien la información se relaciona con condenas del modo que se ha indicado, los antecedentes solicitados se refieren a aquellas condenas que aún no sido cumplidas, al referirse expresamente el requirente a personas que, a la fecha de la solicitud, se encontraban cumpliendo la respectiva condena –«actualmente»–. En consecuencia, cabe descartar las alegaciones formuladas por Gendarmería en torno a la reserva de la información objeto del presente amparo, pues debe concluirse que ha sido el propio legislador quien al consagrar la citada norma ha efectuado ex ante un juicio de ponderación que le ha llevado a descartar la eventual afectación de los derechos de los condenados o a considerar un interés público prevalente en la divulgación de información relativa a condenas mientras estas aún no se cumplen. Tal aserto es la forma como nuestro legislador ha consagrado el llamado “derecho al olvido”. 5) Que, sin perjuicio de lo anterior, y dado el carácter de dato personal que mantiene la información requerida, debe determinarse si resultaría aplicable el régimen general de protección que se refiere el artículo 7º de la Ley N° 19.628, tal como lo ha alegado Gendarmería de Chile. Sobre el particular, a juicio de este Consejo, dicho régimen no resulta aplicable respecto de la información pedida. Ello por cuanto: a) Respecto de la información referida al primer aspecto –el recinto penitenciario en que los terceros oponentes se encuentran actualmente cumpliendo la condena que les fuera impuesta por determinados delitos–, su divulgación se encuentra amparada por lo dispuesto por el artículo 19 N° 7, letra d), de la Constitución Política, que al reconocer el derecho a la libertad personal y la seguridad individual, ordena que: «Los encargados de las prisiones no pueden recibir en ellas a nadie en calidad de arrestado o detenido, procesado o preso, sin dejar constancia de la orden correspondiente, emanada de autoridad que tenga facultad legal, en un registro que será público». En consecuencia, es el propio Constituyente quien ha resuelto expresamente el carácter público de la fuente donde se encuentran el dato en cuestión; es decir, debe estimarse que estos datos se encuentran disponibles en una fuente accesible al público, siguiendo la nomenclatura utilizada por el artículo 7º de la Ley Nº 19.628. b) A similar conclusión puede arribarse respecto de la información referida al segundo aspecto –fecha a partir de la cual podrán los terceros oponentes (condenados) que actualmente cumplen la pena, solicitar beneficios penitenciarios–. En efecto, dicha solicitud debe entenderse referida a aquellos beneficios (intrapenitenciarios) que podría otorgar Gendarmería de Chile en ejercicio de sus facultades legales , que entre sus requisitos exijan el cumplimiento efectivo de cierta fracción de la pena. Pues bien, atendido que el otorgamiento de este tipo de beneficios se encuentra debidamente reglado en normas legales y/o reglamentarias, que precisamente establecen el tiempo mínimo necesario de cumplimiento efectivo para poder optar a los mismos, conjuntamente con otros requisitos (p. ej. requisitos de conducta, informes psicológicos favorables, u opinión favorable de Consejos Técnicos, que no han sido requeridos en la especie), es manifiesto que la determinación o cálculo de la fecha a partir de la cual podría optarse al beneficio respectivo resulta ser un dato objetivo que puede obtenerse del sólo conocimiento de la pena –antecedente conocido por el solicitante–; la fecha en que ésta se ha comenzado a cumplir y de lo que establecen las normas respectivas, según el beneficio de que se trate . Por esta razón, y dado que los datos que permitirían efectuar el cálculo son antecedentes relativos a condenas no cumplidas, que como deben estimarse públicos, cabe estimárselos como provenientes de fuentes accesibles al público, por lo que se configura uno de los supuestos que permite soslayar la aplicación de la regla de secreto contemplada en el artículo 7º de la Ley Nº 19.628. 6) Que, por otra parte, a juicio de este Consejo la información en cuestión si bien constituye datos personales, no se corresponde con la definición de “datos sensibles” a que se refiere el artículo 2º, letra g), de la Ley Nº 19.628 –“aquellos datos personales que se refieran a las características físicas o morales de las personas, o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como hábitos personales, el origen racial, las ideologías u opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos o la vida sexual”–. En efecto, la esfera de publicidad que rodea la misma información impide que pueda ser considerada dentro de esta categoría. Resulta indicativo en este sentido la Historia de la Ley Nº 19.628, cuyo texto original al referirse a la categoría en cuestión incluía la información referida a “condenas criminales” (Segundo Informe de la Comisión de Constitución del Senado); sin embargo, en la tramitación posterior dicha categoría fue eliminada como dato sensible, y así figura en el texto definitivo. 7) Que, por todo lo anterior, cabe desechar las alegaciones invocadas por Gendarmería para denegar la información, esto es, la supuesta afectación de los derechos de la intimidad y esfera de privacidad de los terceros oponentes en esta sede, y por esta vía las causales de reserva previstas en los Nos 2 y 5 de la Ley de Transparencia. 8) Que, en cuanto a las alegaciones de los terceros respecto del desconocimiento del solicitante y de los motivos de su solicitud, debe estarse a lo dispuesto por el principio de no discriminación en materia de acceso a la información pública (artículo 11, letra g), según el cual la entrega de información deberá realizarse «sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud». Consecuentemente, las citadas alegaciones deberán ser desestimadas. 9) Que, por último, y sin perjuicio de lo anteriormente razonado, cabe anotar que la información en cuestión se refiere a la fase de la ejecución de la sentencia que impuso las condenas respectivas, razón por la cual no resulta aplicable lo dispuesto el artículo 44 del Código Procesal Penal, ni es preciso atender a la calidad de interviniente en los procesos respectivos del reclamante para decidir sobre el acceso a la información en cuestión. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Mauricio Sovino Meléndez en contra de Gendarmería de Chile, por las razones expuestas precedentemente. II. Requerir a la Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, que: a) Entregue al reclamante, respecto de los 12 (doce) terceros a quienes se confirió traslado en esta sede, la entrega de la siguiente información: i. El recinto penitenciario en que se encuentran actualmente cumpliendo su condena; ii. La fecha en que les será posible solicitar beneficios penitenciarios. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director Nacional de Gendarmería de Chile, a don Mauricio Sovino Meléndez y a los 12 (doce) terceros a quienes se confirió traslado en esta sede, solicitándole a Gendarmería de Chile, conforme al artículo 34 de la Ley de Transparencia, la cooperación necesaria para que dicha notificación sea válidamente practicada. En contra de la presente decisión, procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N°19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.