Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C6345-21

Reclamante:	CARLOS OLAVARRÍA IANISZEWSKY
Reclamado:	DELEGACIÓN PRESIDENCIAL REGIONAL DE AYSÉN
Resumen del caso: Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, ordenando la entrega de la información requerida a) copia íntegra de informes, actas, temas tratados y participantes de las reuniones de gabinete de la Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo en los meses de febrero y marzo de 2012; y b) copia íntegra de resoluciones, memorándum, circulares y otros actos administrativos emanadas de las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de la Región de Aysén hacia la Intendencia Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en el período de los meses de febrero y marzo de 2012, conforme lo indicado los considerandos respectivos de la decisión. Lo anterior, por rechazarse la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, sobre distracción indebida de funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales; y tratarse de información pública. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia, el órgano recurrido en forma previa a la entrega de la información a la recurrente, deberá tarjar los datos personales de contexto, tales como nombres, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de las personas naturales que pudieran aparecer en los documentos, instrumentos o antecedentes que se proporcionarán al recurrente; sin embargo, tratándose de personas naturales que sean funcionarios públicos sus nombres no podrán ser tarjados. En caso de que los antecedentes requeridos no existan, dicha situación deberá ser explicada en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	11/19/2021
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Constitución Política de la República Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C377-13 C4765-20 C729-21 C4575-21 C3866-21
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Descriptores analíticos:	Grupos de interés especial

DECISIÓN AMPARO ROL C6345-21   Entidad pública: Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Requirente: Carlos Olavarría Ianiszewsky. Ingreso Consejo: 25.08.2021. RESUMEN Se acoge parcialmente el amparo deducido en contra de la Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, ordenando la entrega de la información requerida a) copia íntegra de informes, actas, temas tratados y participantes de las reuniones de gabinete de la Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo en los meses de febrero y marzo de 2012; y b) copia íntegra de resoluciones, memorándum, circulares y otros actos administrativos emanadas de las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de la Región de Aysén hacia la Intendencia Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en el período de los meses de febrero y marzo de 2012, conforme lo indicado los considerandos respectivos de la decisión. Lo anterior, por rechazarse la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, sobre distracción indebida de funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales; y tratarse de información pública. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia, el órgano recurrido en forma previa a la entrega de la información a la recurrente, deberá tarjar los datos personales de contexto, tales como nombres, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de las personas naturales que pudieran aparecer en los documentos, instrumentos o antecedentes que se proporcionarán al recurrente; sin embargo, tratándose de personas naturales que sean funcionarios públicos sus nombres no podrán ser tarjados. En caso de que los antecedentes requeridos no existan, dicha situación deberá ser explicada en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de conformidad a la normativa aplicable en la especie. Aplica criterios contenidos en las decisiones de los amparos roles C377-13, C4765-20, C729-21, C3866-21 y C4575-21. En sesión ordinaria N° 1231 del Consejo Directivo, celebrada el 16 de noviembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C6345-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de agosto de 2021, don Carlos Olavarría Ianiszewsky solicitó a la Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo (en adelante e indistintamente la Delegación Presidencial Regional de Aysén), la siguiente información: "copia integra de informes, actas, temas tratados participantes de las reuniones de gabinete febrero y marzo 2012, informes resoluciones, memorándum circulares y otros emanadas de las diferentes seremis". (sic) 2) RESPUESTA: El 23 de agosto de 2021, por medio de Oficio Ord. N° 428, la Delegación Presidencial Regional de Aysén respondió a dicho requerimiento de información indicando, en resumen, que se configura la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, esto es, se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información "1. Cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente: c) tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales.", debido a que en la solicitud se requiere un elevado número de documentación, toda de carácter genérico sin especificar el número ni fecha de los informes, actas, resoluciones, memorándums, circulares ni antecedentes emanados de diferentes Secretarías Regionales existentes en esa región. 3) AMPARO: El 25 de agosto de 2021, don Carlos Olavarría Ianiszewsky dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que recibió respuesta negativa a su solicitud de información. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Superintendente de Educación Superior, mediante Oficio E19285, de 10 de septiembre de 2021, solicitando que: (1°) señale si requirió oportunamente al reclamante que subsanara su solicitud, pues según se indica en la respuesta, el requerimiento no especifica el número ni fecha de los informes, actas, resoluciones, memorándum, circulares ni antecedentes emanados de diferentes Seremis Regionales; (2°) se refiera, específicamente, a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada; (3°) señale cómo la entrega de la información solicitada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa; (4°) aclare si la información denegada se encuentra en formato digital y/o papel; (5°) se refiera al volumen de la información solicitada, la cantidad de tiempo y funcionarios que se destinarían a recopilar la información requerida; (6°) indique si la publicidad de la información requerida, a su juicio, afecta derechos de terceros y, en la afirmativa, si procedió de conformidad a lo estipulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia; (7°) de haber procedido conforme al artículo 20 de la Ley de Transparencia, señale si los terceros eventualmente afectados presentaron su oposición a la solicitud que motivó el presente amparo y en la afirmativa acompañe a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, de la oposición deducida y los antecedentes que den cuenta de la fecha en que ésta se presentó ante el órgano que usted representa; y, (8°) proporcione los datos de contacto de los terceros -por ejemplo: nombre, dirección, número telefónico y correo electrónico-, a fin de evaluar una eventual aplicación de lo dispuesto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento. Mediante Ord. N° 545, de 22 de septiembre de 2021, el órgano recurrido presentó sus descargos y observaciones en esta sede, reiterando lo expuesto en su respuesta a la solicitud de acceso a la información, agregando que el alto número de documentación implica distraer a funcionarios en la búsqueda de esta, ya que se solicita toda la documentación tramitada por la Intendencia Regional de Aysén en el período de 2 meses del año 2012. Por último, señala que dicho organismo habría recibido un llamado telefónico del recurrente quien habría manifestado "no sé qué es lo que busco, pero cuando tenga todos los documentos sabré que encontrar", lo que demostraría la falta de rigurosidad en la solicitud de acceso formulada por este. Y CONSIDERANDO: 1) Que, del tenor del requerimiento se desprende que lo solicitado corresponde a copia integra de informes, actas, temas tratados y participantes de las reuniones de gabinete febrero y marzo 2012, resoluciones, memorándum, circulares y otros emanadas de las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales existente en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo en el período de meses antes indicado. Luego, el amparo se interpuso por la respuesta negativa del órgano recurrido a entregar esa información invocando la causal de reserva contenida en el artículo 21, N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia. 2) Que, de acuerdo con el artículo 8, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que: "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". 3) Que, en cuanto a la hipótesis de reserva consagrada en el artículo 21 N° 1, letra c) de la Ley de Transparencia, cabe tener presente que dicha causal permite reservar aquella información referida a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. En tal sentido, el artículo 7°, numeral 1°, letra c) del Reglamento de la citada ley precisa, que se distrae a los funcionarios de sus funciones cuando la satisfacción de un requerimiento requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. 4) Que, respecto de la interpretación de la causal en comento, la jurisprudencia de este Consejo ha establecido que ésta sólo puede configurarse en la medida que las tareas que supone la búsqueda o eventualmente la sistematización y posterior entrega de lo pedido demanden esfuerzos de tal entidad, que entorpezcan el normal o debido funcionamiento del organismo. Resumiendo este criterio, la decisión de amparo Rol C377-13, razonó que: "la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucraría entregar lo solicitado". Por ende, la configuración de la causal supone una ponderación de hecho sobre los aspectos que configuran tales esfuerzos, entre ellos el volumen de información, relación entre funcionarios y tareas, tiempo estimado o costo de oportunidad, entre otras circunstancias. 5) Que, en dicho contexto, se debe tener presente lo señalado por la Excma. Corte Suprema, en su sentencia recaída en el recurso de queja Rol N° 6663-2012, de 17 de enero de 2013, en orden a que "la reserva basada en el debido ejercicio de las funciones del órgano deberá explicarse pormenorizadamente y probarse de modo fehaciente de qué manera el control ciudadano reflejado en la solicitud [de acceso] podría afectar el debido cumplimiento de las funciones (...), mencionarse las atribuciones precisas que la revelación de la información le impediría o entorpecería de cumplir debidamente (...), sin que basten para estos efectos meras invocaciones generales". 6) Que, de acuerdo con lo anterior, esta Corporación debe analizar la naturaleza, origen y volumen de la información requerida. En este orden de ideas, analizadas las alegaciones del órgano recurrido se advierte que los fundamentos dados por este para sustentar la presente causal de reserva resultan ser insuficientes para acreditar el supuesto establecido en el artículo 21, N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. En efecto, las alegaciones esgrimidas resultan ser vagas y generales, no habiéndose explicado pormenorizadamente por qué el órgano recurrido entiende que lo solicitado por el recurrente es información genérica, en circunstancia que lo requerido se encuentra debidamente explicitado y claro, no existiendo confusión o ambigüedad sobre la información y/o antecedentes que eventualmente se tendrían que entregar; tampoco se señalan de manera plausible y detallada los eventuales esfuerzos que se deberían desplegar para recopilar o sistematizar la información, ni la cantidad de tiempo que ello requeriría, ni el número de horas-hombre destinadas especialmente para la recopilación, tratamiento y entrega de la información peticionada. De este modo, la falta de una fundamentación adecuada, suficiente, pertinente y razonable de la presente causal, conlleva a que esta Corporación estime que no cuenta con elementos o medios de prueba suficientes para ponderar que la información requerida es de una entidad tal que pueda constituir para el órgano una distracción que afecte el debido cumplimiento de sus funciones, considerando, además, que los antecedentes solicitados se circunscriben solo a los meses de febrero y marzo de 2012, todo lo cual lleva a desestimar esta causal de reserva. 7) Que, en virtud de lo expuesto, el órgano recurrido deberá entregar: a) Copia íntegra de informes, actas, temas tratados y participantes de las reuniones de gabinete de la Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo en los meses de febrero y marzo de 2012. b) Copia íntegra de resoluciones, memorándum, circulares y otros actos administrativos emanadas de las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de la Región de Aysén hacia la Intendencia Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en el período de los meses de febrero y marzo de 2012. 8) Que, sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia, el órgano recurrido en forma previa a la entrega de la información a la recurrente, deberá tarjar los datos personales de contexto, tales como nombres, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de las personas naturales que pudieran aparecer en los documentos, instrumentos o antecedentes que se proporcionarán al recurrente; sin embargo, tratándose de personas naturales que sean funcionarios públicos sus nombres no podrán ser tarjados. 9) Que, no obstante, lo anterior, en el evento que la información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Carlos Olavarría Ianiszewsky en contra de la Delegación Presidencial Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Delegado Presidencial de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, lo siguiente: a) Entregar copia íntegra de: i) Informes, actas, temas tratados y participantes de las reuniones de gabinete de la Intendencia de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en el período de los meses de febrero y marzo de 2012. ii) Resoluciones, memorándum, circulares y otros actos administrativos emanadas de las diferentes Secretarías Regionales Ministeriales de la Región de Aysén hacia la Intendencia Regional de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo, en el período de los meses de febrero y marzo de 2012. Sin perjuicio de lo anterior, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11, letra e) de la Ley de Transparencia, y de lo dispuesto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia, el órgano recurrido en forma previa a la entrega de la información a la recurrente, deberá tarjar los datos personales de contexto, tales como nombres, números de cédula de identidad, domicilios particulares, fechas de nacimiento, estado civil, teléfonos, correos electrónicos particulares, entre otros, de las personas naturales que pudieran aparecer en los documentos, instrumentos o antecedentes que se proporcionarán al recurrente; sin embargo, tratándose de personas naturales que sean funcionarios públicos sus nombres no podrán ser tarjados. No obstante, lo anterior, en el evento que la información o parte de ella no obre en poder del órgano, se deberá comunicar dicha circunstancia al reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Carlos Olavarría Ianiszewsky y al Sr. Delegado Presidencial de la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante, doña Natalia González Bañados y don Bernardo Navarrete Yañez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.