Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C162-13

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Reclamante:	EDUARDO FLORES JARA
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Cartagena, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud sobre las acciones a realizar por parte del Municipio respecto de los inmuebles de interés o condición patrimonial, que se encuentran abandonados. El Consejo acoge el amparo ya que señaló que del análisis de los documentos allegados por la reclamada no se advierte de qué manera 3 solicitudes de información en el lapso de un mes puedan afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, cabe hacer presente a la reclamada que la falta de organización o coordinación interna y la eventualidad de haber cambiado la administración comunal no es óbice para dar cumplimiento a la normativa legal que regula esta materia. Por tanto estas circunstancias de orden interno de los órganos, en este caso especial de la Municipalidad de Cartagena, no deben producir una alteración que se proyecte en el incumplimiento de la ley, que por consiguiente deba ser asumida por los ciudadanos.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/7/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C533-09 C1101-11 C1482-11 C819-12 C1186-12 C1426-12
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Descriptores analíticos:	Vivienda

DECISIÓN AMPARO ROL C162-13 Entidad pública: Municipalidad de Cartagena Requirente: Eduardo Flores Jara Ingreso Consejo: 30.01.2013 En sesión ordinaria Nº 416 del Consejo Directivo, celebrada el 6 de marzo de 2013 con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C162-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 11 de diciembre de 2012, Eduardo Flores Jara presentó a la Municipalidad de Cartagena mediante el sistema de atención en línea de solicitudes de acceso a la información, el siguiente requerimiento: "Acciones a realizar por parte del Municipio respecto de los inmuebles de interés o condición patrimonial, que se encuentran abandonados". 2) SOLICITUD DE SUBSANACIÓN: El 11 de diciembre de 2012 la Municipalidad de Cartagena, mediante correo electrónico, solicitó al Sr. Flores Jara que subsanara su requerimiento de información, en el sentido de que su solicitud no estaba redactada en términos claros, pues no se entendía. Además le indicó que era necesario que precisara la información que estaba requiriendo. En respuesta a la solicitud de subsanación, el requirente remitió un correo electrónico de la misma fecha, por el cual señaló textualmente lo siguiente: “Mi solicitud es: Acciones a realizar por el Municipio respecto de los inmuebles de interés o condición patrimonial, que se encuentren abandonados”. 3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 30 de enero de 2013, Eduardo Flores Jara dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a su solicitud. Adjuntó copia de la solicitud, identificada con el código E-131. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y lo trasladó al Sr. Alcalde de Cartagena mediante el Oficio N° 590 de 8 de febrero de 2013. En dicho Oficio se requirió que indicara las razones por las cuales la solicitud no habría sido respondida oportunamente. Además se hizo presente especialmente que analizada por este Consejo la admisibilidad de lo requerido por el solicitante, se concluyó que sólo sería una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia en la medida que lo solicitado conste en alguno de los soportes documentales que señala el inciso 2° del art. 10 de la citada Ley. Mediante el Oficio N° 97 de 21 de febrero de 2013 el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena presentó sus descargos señalando, en síntesis que: a) En la misma fecha en que se presentó la solicitud, el departamento de transparencia de la Municipalidad remitió un correo electrónico al solicitante pidiendo claridad en los términos empleados en el requerimiento. Agregó que el solicitante en una actitud irónica respondió, pero reiteró exactamente los mismos términos empleados en su solicitud, demostrando una actitud presumida, en la forma de solicitar información al municipio, “el que no está para juegos”. Quizás la funcionaria debió señalarle de manera formal que se rechazaría su solicitud, de no cumplir con lo solicitado. a) Por ello, considera que al haber solicitado la subsanación de la solicitud y no haber sido ésta satisfecha, se debió haber denegado la información en forma expresa. A juicio de la Municipalidad, el Consejo es demasiado riguroso con ese órgano en hacer aplicar la Ley, y no así para el usuario en cuestión, al tomar en cuenta este reclamo y conferir traslado. b) Analizada jurídicamente la solicitud, ésta no cumple con los requisitos legales del artículo 12 y 21 N° letra c) de la Ley de Transparencia y la Instrucción General N° 10, específicamente el numeral 1.2, letra c) y 2.2. c) La solicitud del Sr. Flores, carece de todo tipo de información precisa para darle respuesta. Además responderla, como en otras ocasiones ocurrió con la anterior administración municipal, implicaría un acto con características de ilegalidad, en contravención de la Ley N° 18.883 sobre Estatuto Administrativo así como la Ley 18.965 Orgánica Constitucional de Municipalidades, pues prácticamente se tendría que ordenar, con la presentación de estas solicitudes, que los funcionarios municipales confeccionen informes exclusivos a los usuarios. Agregó que la Ley de Transparencia se ha transformado por muchos usuarios en una continua persecución y abuso del derecho, ya que para esas personas no hay ninguna sanción aparejada al mal uso o uso indiscriminado del mismo y muchos organismos se sienten presionados, de manera antojadiza al criterio de los usuarios. d) Se adjunta documentación con las solicitudes que ha efectuado el mismo solicitante desde que asumió la nueva administración municipal el 7 Diciembre de 2012, la cual solicita se tome en cuenta en este caso y que permita fijar un criterio comprensivo para la Municipalidad, como así a las solicitudes que prácticamente están fuera del espíritu de la ley, recayendo en lo absurdo, cómodo y redundante sin considerar lo seguido y continuo de solicitudes presentadas por el mismo usuario. e) La obligación legal de entregar información, contemplada en Ley de Transparencia se relaciona con actos administrativos perfectos o terminados en su existencia y procedimiento cita como ejemplo un decreto de nombramiento de un funcionario determinado. Pero no así las solicitudes del Sr. Flores. Sólo en diciembre del año pasado, presentó 3 solicitudes carentes de forma y fondo y todas fueron respondidas, aunque debieron ser rechazadas como sucederá de hoy en adelante. f) Reitera que es una nueva administración, que se han efectuado muchos cambios, tanto de personal como de los directores de las distintas unidades, todo esto sumado a que no se contaba con un equipo jurídico y que la dirección de la unidad de transparencia, estaba sin jefatura. Agrega que la población regular de Cartagena, de Marzo a Diciembre, es de 25 mil personas y en la temporada de verano aumenta a 400 mil, por lo que es entendible que pueda colapsar pues debe funcionar con el mismo presupuesto. g) Solicita respetuosamente al Consejo, como sugerencia, que confeccione un reglamento o instructivo que aborde la cantidad de veces que un mismo ciudadano ejerce su derecho en forma abusiva y en cuanto al tipo de información que requiera, como al estudio más detallado del reclamo por parte del usuario y la posibilidad de sancionar o amonestarlo por el mal uso de ley h) Finalmente, señala que se remitirán los antecedentes para conocimiento a la Contraloría Regional de Valparaíso y a la Contraloría General de la República, para obtener un pronunciamiento de la legalidad sobre estas situaciones. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que respecto de la solicitud de subsanación efectuada al solicitante, por la cual se requirió que debía redactar su presentación en términos claros y precisando la información pedida, cabe señalar que la municipalidad reclamada no dio cumplimiento a los dispuesto en el artículo 12 inciso 2° de la Ley de Transparencia en relación a las solicitudes de subsanación, en orden a indicar al solicitante que en caso de no proceder a subsanar dentro del plazo de 5 días su solicitud de acceso, se le tendrá por desistido de la misma, razón por la cual este Consejo se ve impedido de validar tal actuación. Además, del análisis de la solicitud de acceso se aprecia que ésta detalla con total claridad el objeto de la solicitud y el periodo que comprende la información requerida, además de dar cumplimiento a los demás requisitos obligatorios exigidos por el artículo 12 de la Ley de Transparencia. En efecto, el solicitante lo que requiere a la Municipalidad es que ésta le indique cuáles son las acciones – entendiendo tales, a juicio de este Consejo, los documentos en que consten decisiones formales referidas a las medidas o políticas a adoptar por ese órgano - respecto de inmuebles que tengan la condición o interés patrimonial y que ese encuentren abandonados. Esto es, se trata de una solicitud que abarca un determinado periodo determinado, pues son las acciones a adoptar para el futuro, y además restringe la materia específica respecto de la cual recae, esto es, inmuebles patrimoniales ubicados en esa comuna, que se encuentran abandonados. Por lo tanto este Consejo estima que requerir la subsanación en los términos efectuados por la reclamada resultaba innecesario y ha significado dilatar el procedimiento de acceso, vulnerándose los principios de facilitación y oportunidad previstos en el artículo 11, letras f) y h), de la Ley de Transparencia. 2) Que, por lo anterior, la subsanación de la solicitud significó que la Municipalidad no diera respuesta oportuna al solicitante, dentro del plazo establecido en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, configurándose en definitiva el fundamento del presente amparo, cual es la ausencia de respuesta. Por lo tanto, se representará al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena la infracción al citado artículo 14, actitud que además contravino el principio de oportunidad, consagrado en el artículo 11 letra h) de la misma Ley. 3) Que, en relación al fondo de la solicitud que ha dado origen a este amparo, este Consejo ha concluido que la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2º del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad (decisión de amparo Rol C533-09). De esa manera fue entendida, tramitada y comunicada por este Consejo esta solicitud, según da cuenta el Oficio de traslado de este amparo, que consta en el numeral 4° de lo expositivo, en que se indicó que lo solicitado, en los términos ya abordados en el considerando 1° de este acuerdo, sólo sería una solicitud de información amparable por la Ley de Transparencia en la medida que conste en alguno de los soportes documentales que señala el inciso 2° del art. 10 de la citada Ley. 4) Que, por lo tanto, atendido a que el órgano reclamado no respondió la solicitud en los términos ya indicados, y tampoco hizo referencia alguna al requerimiento en los descargos evacuados a este Consejo, pese a que tal pronunciamiento le fue solicitado expresamente, se acogerá el presente amparo y se requerirá a la Municipalidad de Cartagena que se pronuncie derechamente sobre la solicitud de información de la especie, debiendo informar al solicitante cuales son las acciones que va a realizar respecto de los inmuebles de interés o condición patrimonial, que se encuentren abandonados, en la medida que dicha información conste en un soporte documental, o de lo contrario, informe expresamente al reclamante que la información requerida no obra en soporte alguno, de aquellos señalados en el inciso 2° del art. 10 de la Ley de Transparencia. 5) Que sin perjuicio de lo anteriormente razonado, este Consejo estima pertinente abordar algunas alegaciones planteadas por la Municipalidad de Cartagena en sus descargos, a objeto de precisar ciertos aspectos propios del marco normativo que rige la transparencia y acceso da la información en el ordenamiento jurídico nacional vigente. 6) Que, en primer término, acerca de la redacción empleada por el solicitante en su solicitud y posterior subsanación, la Municipalidad empleó diversas consideraciones en relación al comportamiento de este solicitante en particular así como de los diversos usuarios de la Ley de Transparencia, lo que implicaría a su juicio un abuso de sus derechos de acceso. En este punto, este Consejo estima hacer presente al órgano reclamado que uno de los principios rectores del derecho de acceso a la información es el de no discriminación, que establece el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, por el cual los órganos de la Administración del Estado “deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, en igualdad de condiciones, sin hacer distinciones arbitrarias y sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Por este motivo, si bien puede resultar razonable el cuestionamiento acerca de las maneras usadas por los ciudadanos para requerir información de los órganos de la Administración, lo cierto es que las solicitudes, en la medida que cumplan con los requisitos establecidos en el art. 12 de la Ley de Transparencia, deben ser atendidas sin discriminación alguna, lo que aplica en este caso en particular, máxime si la solicitud en análisis ingresó por el canal especialmente dispuesto por la reclamada en su página web, cumpliendo los requisitos exigidos por el legislador para que a la misma se le diera la tramitación correspondiente, debiendo por tanto el órgano haber entregado o bien negado la entrega de lo requerido, de acuerdo al art. 14 de la Ley de Transparencia, lo cual no hizo. 7) Que, en segundo lugar la Municipalidad de Cartagena señaló, con ocasión de sus descargos, que el ámbito aplicación de la Ley de Transparencia se restringía a aquellos actos administrativos “perfectos y terminados”, citando incluso un ejemplo de actos que considera cumplen con esos requisitos. Sobre esta materia cabe hacer presente al organismo reclamado que el derecho de acceso a la información, no sólo comprende los actos o resoluciones de los órganos del Estado, sus fundamentos, los documentos que les sirvan de sustento o complemento directo o esencial y los procedimientos que se utilicen para su dictación, sino también se extiende, en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 5º de la Ley de Transparencia a “…la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre en poder de los órganos de la Administración, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento…” (en tal sentido se ha expresado este Consejo en las decisiones Roles C1101-11, C1482-11, C819-12, entre otras). 8) Que, en tercer lugar la Municipalidad de Cartagena esbozó, dentro del cúmulo de alegaciones formuladas en sus descargos, una alegación de la causal de secreto o reserva contemplada en el art. 21 N° 1 letra c) de la Ley de Transparencia. Al respecto, cabe señalar que en virtud esa causal se podrá denegar total o parcialmente el acceso a la información, cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente tratándose de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Por su parte, el artículo 7° N° 1 literal c) del Reglamento de la Ley, dispone que “se considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales”. Sobre este punto el municipio señaló que el mismo solicitante ingresó en el mes de diciembre de 2012 la cantidad de 3 requerimientos de información- cuyas copias se adjuntaron a los descargos- lo cual unido al cambio en la Administración y a otros aspectos internos del departamento de transparencia municipal habrían dificultado evacuar la respuesta. Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que el Consejo ha acogido la referida causal de reserva atendiendo al número de solicitudes presentadas en determinado plazo, como por ejemplo en las decisiones de los Amparos C1186-12 y C1426-12. 9) Que, en relación con lo anterior, cabe rechazar tales alegaciones, pues del análisis de los documentos allegados por la reclamada no se advierte de qué manera 3 solicitudes de información en el lapso de un mes puedan afectar el debido cumplimiento de las funciones del órgano. Asimismo, cabe hacer presente a la reclamada que la falta de organización o coordinación interna y la eventualidad de haber cambiado la administración comunal no es óbice para dar cumplimiento a la normativa legal que regula esta materia. Por tanto estas circunstancias de orden interno de los órganos, en este caso especial de la Municipalidad de Cartagena, no deben producir una alteración que se proyecte en el incumplimiento de la ley, que por consiguiente deba ser asumida por los ciudadanos. 10) Que, finalmente, en cuanto a la solicitud del Municipio para que este Consejo confeccione un instructivo o reglamento que regule la cantidad de veces que un mismo ciudadano ejerce su derecho, el tipo de información que requiera y la posibilidad de sancionar o amonestarlo por el mal uso de ley, cabe hacer presente a la Municipalidad de Cartagena que el derecho de acceso a la información se encuentra regulado en la Ley de Transparencia y en su Reglamento, y que por tanto, las instrucciones que emite el Consejo, en uso de sus atribuciones especiales establecidas en el artículo 33 de la citada Ley, deben ajustarse a los cuerpos normativos señalados. Tal normativa no contempla la posibilidad de limitar o restringir el ejercicio del derecho de toda persona para solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado, salvo las causales de reserva previstas en su artículo 21, como tampoco se contempla la potestad para ajustar o restringir las materias sobre las cuales recae el ejercicio del mismo, el que por definición es amplio, conforme los principios que gobiernan su ejercicio, establecidos en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. Asimismo, no se prevé la aplicación de sanciones como las señaladas por la Municipalidad, así como tampoco faculta a esta Corporación para establecerlas. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo deducido por Eduardo Flores Jara, en contra de la Municipalidad de Cartagena, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena que: a) Entregue al Sr. Flores Jara los documentos en que consten decisiones formales referidas a las acciones que ese Municipio va a realizar respecto de los inmuebles de interés o condición patrimonial ubicados en esa comuna y que se encuentren abandonados, en la medida que dicha información conste en un soporte documental, o de lo contrario, informe expresamente al reclamante que la información requerida no obra en soporte alguno, de aquellos señalados en el inciso 2° del art. 10 de la Ley de Transparencia. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena lo siguiente: a) La infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia y lo establecido en el numeral 2.2 de la Instrucción General Nº 10, impartida por este Consejo, al haber solicitado la subsanación de una solicitud que cumplía con los requisitos previstos en el citado artículo 12, a fin de que no se reiteren, en lo sucesivo, una situación como la acontecida en el presente caso. b) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra f) del mismo cuerpo legal, al no haber respondido a la solicitud dentro del plazo legal, a fin de que , en lo sucesivo, adopte las medidas administrativas que permitan a su representada cumplir estrictamente los plazos legales. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Eduardo Flores Jara y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Cartagena. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.