Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C221-13

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Reclamante:	PATRICIO DEL SANTE SCROGGIE; HERNÁN DE LAS HERAS MARÍN
Reclamado:	DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS
Resumen del caso: Se dedujeron dos amparos en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, fundado en la no entrega de la información solicitada sobre antecedentes relativos al "Acuerdo individual de Mitigación de Impacto Vial en Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana”, suscrito entre diversos organismos públicos y la Sociedad Inmobiliaria. El Consejo señaló que no irrogaría un costo excesivo al órgano dar respuesta a los numerales ix xii, xiii, xiv, y xv, de la solicitud. A la misma conclusión, es posible arribar respecto de lo solicitado en el numeral x, de la solicitud. Por lo tanto, se requerirá a la reclamada hacer entrega de dicha información al reclamante, siempre que la misma sea obtenida a partir de los antecedentes que ya obran en su poder. Con todo, el órgano reclamado podrá acreditar la inexistencia de la información reclamada, debiendo comunicar tal circunstancia al reclamante.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	6/27/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C603-09 C97-09 C533-09 C39-12 C477-13 C16-10 C539-10 C641-10
Jurisprudencia a:	C2295-13 C1390-14 C1779-14 C681-13 C1490-13 C1869-13 C2274-13 C1862-14 C1130-16 C477-13 C718-13 C873-13 C931-13 C934-13 C2219-13 C91-14 C1434-14 C1488-14 C37-15
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Solicitud de acceso >> Que no invoca la LT
Descriptores analíticos:	Obras Públicas (Vialidad)

DECISIÓN AMPAROS ROLES C221-13 y C477-13 Entidad pública: Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas Requirente: Patricio del Sante Scroggie y Hernán de Las Heras Marín. Ingreso Consejo: 19.02.2013 y 17.04.2013 En sesión ordinaria Nº 445 del Consejo Directivo, celebrada el 26 de junio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitudes de amparo al derecho de acceso a la información Roles C221-13 y C477-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUDES DE ACCESO: Don Patricio del Sante Scroggie y don Hernán de Las Heras Marín presentaron las siguientes solicitudes de información a la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas –en adelante indistintamente DGOP- requiriendo diversos antecedentes relativos al "Acuerdo individual de Mitigación de Impacto Vial en Provincia de Chacabuco, Región Metropolitana”, suscrito entre diversos organismos públicos y la Sociedad Inmobiliaria Valle Grande S.A. a) Solicitud de 21 de diciembre de 2013 que dio origen al Amparo Rol C221-13,: i. Copia de la o las Boletas de Garantía, o bien de la o las Pólizas de Garantía entregadas en virtud de la disposición que indica del precitado acuerdo; ii. Copia de la o las Boletas de Garantía, o bien de la o las Pólizas de Garantía entregadas en reemplazo de las anteriores; iii. Copia de la correspondencia recibida por la DGOP y enviada por la DGOP a la contraparte u otras dependencias del MOP u otros Ministerios en virtud de este "Acuerdo". iv. Copia del convenio de aporte que se suscribirá y garantizará antes del 31 de Diciembre del año 2007. v. Copia de cualquier otro "Acuerdo" y/o "Convenio" y/o "Addendum" y/o intercambio de correspondencia entre las partes, y/o relativo al proyecto inmobiliario Valle Grande ZDUC. vi. Copia de la o las Boletas de Garantía, o bien de la o las Pólizas de Garantía que debían garantizar antes del 31 de Diciembre del año 2007 y enterarse antes del 31 de Diciembre del 2011. vii. Copia de la o las Boletas de Garantía, o bien de la o las Pólizas de Garantía que sustituyeron por alguna razón a las anteriores. viii. Informar si se ha producido alguna situación de las señaladas en el punto 2.6 y si Inmobiliaria Valle Grande S.A. ha enajenado "todo o parte de los terrenos que forman el Proyecto Inmobiliario Valle Grande ZDUC". En la afirmativa, agradeceremos entregar copia de toda documentación emanada en virtud de lo señalado. ix. Entregar la información relativa a cualquier otro pago de acuerdo a lo señalado en 3.3 o aporte distinto del aporte inicial realizado en beneficio de Valle Grande ZDUC. x. Cantidad de viviendas recibidas por el DOM de Lampa previa a la fecha de la entrega de "una o más Boletas de Garantía, o bien una o más Pólizas de garantía" "por la suma total de UF 72.822" "equivalentes al 38% del aporte inicial indicado en el punto 2.3." xi. Forma en que fueron garantizadas y por quien, las viviendas recibidas previamente a lo señalado en el punto anterior. xii. Acompañar copia de toda la documentación pertinente a lo señalado en el literal anterior. xiii. Desarrollo de la "cuenta corriente" de viviendas recibidas y "Mayores Aportes o Anticipos" y de eventuales "Menores Aportes o Deuda" desde su inicio hasta la fecha. b) Solicitud de 18 de febrero de 2013 que dio origen al Amparo Rol C477-13 (Relativa a “ZUDC Valle Grande”(Fundada en aquella información que no habría sido entregada en respuesta a la solicitud anterior): i. Endoso Nº 01 a la póliza Nº 01-20-058602; ii. Endoso Nº 01 a la póliza Nº 01-20-091694-001; iii. Pólizas de garantía y endosos que cubran el período desde el 31 de enero de 2009 al 16 de abril de 2010; iv. Endoso Nº 01 a la póliza Nº 01-20-058602 ; v. Endoso Nº 01 a la póliza Nº 01-20-091694-001; vi. En el Ordinario Nº 1406 de fecha 22 de noviembre de 2011, se señala que incluyen antecedentes, lo que se ratifica en la segunda página del ordinario al señalar que adjunta cuadro explicativo denominado pólizas de garantía Valle Grande. Solicitan adjuntar los mencionados antecedentes; vii. En el ordinario Nº 3527, 30 de diciembre de 2010, se menciona el oficio Nº 63377 de 25 de diciembre de 2010 de la Contraloría General de la República. Se solicita copia de dicho oficio; viii. En el ordinario Nº 3527, 30 de diciembre de 2010, se indica que se adjunta ordinario SOP Nº 3253, de 2 de diciembre de 2010, del que se solicita adjuntar copia; ix. Indique si se diseñó el procedimiento que se señala en el ordinario Nº 3527, y en la afirmativa acompañar copia; x. Se reitera la petición de copia del convenio solicitado en el numeral iv de la solicitud. xi. Respecto de los numerales v, vi, vii, y x, de la solicitud de acceso, no se acompaña ningún documento ni se responde la consulta; xii. Atendido que la DGOP indica que no obra en su poder la información solicitada en los numerales x) a xiii), se solicita informar qué Dirección del MOP o de los otros Ministerios firmantes lleva el control de la "cuenta corriente" de garantías otorgadas, pagos de mitigación vial y "permisos de construcción" de viviendas según el acuerdo marco y los acuerdos individuales suscritos; xiii. Con respecto a la información remitida en respuesta al numeral xiii), requieren que se informe qué obras y cuál es el monto de éstas que han sido reconocidas por el MOP como reconocimiento de mitigación de obras viales; xiv. La respuesta al ordinario Nº 12429 y los aportes efectuados al MOP en relación al enlace La Montaña; y, xv. Informar fecha y hora para exhibir el "archivador" en que se adjuntan los respaldos a la carta CVG-387/12, fechada 12 de septiembre de 2012. 2) RESPUESTAS: La Dirección de Obras Públicas respondió las solicitudes de acceso, a través de los siguientes documentos: a) La solicitud de información de 21 de diciembre de 2013 (amparo Rol C221-13), una vez comunicada a los solicitantes la prórroga del plazo para dar respuesta mediante Oficio N° 580 de 23 enero de 2013, fue respondida a través del Oficio N° 171, el 6 de febrero de 2013, del siguiente modo: i. Adjunta copias de Pólizas de Garantía entregadas por la Sociedad Inmobiliaria Valle Grande correspondientes al 38% del aporte inicial, que dan respuesta a lo solicitado en las numerales i) y ii); ii. Acompaña copias de oficios y documentos enviados y recibidos por la DGOP, que dan respuesta a lo solicitado en el punto iii); iii. Remite copias de las Pólizas de Garantía entregadas por la Sociedad Inmobiliaria Valle Grande, correspondiente al 62% del aporte inicial, que dan respuesta a lo solicitado en los puntos vi) y vii); iv. Indica que lo solicitado en los puntos x), xi), y xii), no es información que obre en poder de ese servicio. b) La solicitud de información de 18 de febrero de 2013 (amparo Rol C477-13), una vez comunicada a los solicitantes la prórroga del plazo para dar respuesta mediante Oficio N° 305 de 15 marzo de 2013, fue respondida a través de la resolución N° 1324, de 2 de abril de 2013, del siguiente modo: i. Se recibió en oficina de partes la carta N° CVG-67/13 de fecha 19 de marzo, suscrita por los señores Jaime del Valle Swinburn y Fernando Hurtado Llona ambos en representación de Desarrollos inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A., documento en el que manifiestan su oposición a la entrega de información invocando las causales establecidas en el artículo 21 N° 1, letra c) y 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. ii. En virtud de dicha oposición, el órgano reclamado deniega la información solicitada, salvo respecto del oficio N° 63377 de fecha 25 de octubre de 2010 de la Contraloría General de la República, respecto del cual se indica el link en el que dicho documento se encuentra disponible. 3) AMPAROS: A través de dos presentaciones, los señores Patricio del Sante Scroggie y Hernán de Las Heras Marín dedujeron sendos amparos a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en lo siguiente: a) Amparo Rol C221-13 de 19 de febrero de 2013: Fundado en que el órgano dio respuesta fuera de plazo a su solicitud y remitió de manera incompleta la información requerida, según lo precisan en la solicitud de acceso de 18 de febrero de 2013 que dio origen al amparo Rol C477-13, detallada en numeral 1°, letra b), de la parte expositiva de la presente decisión. b) Amparo Rol C477-13 de 17 de abril de 2013: Fundado en que la respuesta del órgano a su solicitud fue extemporánea e incompleta. Agregan que: i. La DGOP no estimó que la información solicitada pudiera afectar los derechos de terceros ya que no tomó ninguna determinación dentro del plazo establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. ii. De lo solicitado con fecha 18 de febrero de 2013, solamente se les ha entregado un "link" para obtener el oficio N° 63377 de fecha 25/10/2010 de la Contraloría General de la República, que corresponde al punto vii, de dicho requerimiento. iii. Toda la demás información ha sido denegada a solicitud de los señores Jaime Del Valle Swinburn y Fernando Hurtado Llona en representación de "Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A. De un simple análisis de la información denegada, se aprecia que, a lo menos, los numerales ix y x, no tienen ninguna relación directa con Valle Grande. iv. En su carta de oposición, la empresa esgrime el Art. 21 N°1 letra c), y no la DGOP. v. En cuanto a la causal contenida en el artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia, ésta no se configura en la especie, toda vez que la información solicitada es pública, y, además, es conocida por los competidores. Al efecto, indican que el monto por concepto de "Mitigaciones Futuras" por cada vivienda no social se expresa en UF por vivienda para cada uno de los 8 proyectos en el punto 3.3.1 página 6 del "Acuerdo Marco". Por lo tanto, los "competidores" conocen, no solamente cuanto debe erogar cada uno, sino en qué se utilizarán los fondos. Asimismo, exponen que ninguno de los proyectos tiene alguna ventaja comparativa y todas enfrentan una industria de construcción que es un sector altamente competitivo y de márgenes estrechos, atomizado en diversos actores y además transparente. vi. Por otra parte, formulan diversas consideraciones acerca de la calidad de representantes de la Inmobiliaria Valla Grande que tendrían los terceros que se opusieron, y si les corresponde algún derecho sobre la información que solicita denegar. vii. Finalmente, requieren a este Consejo una serie de antecedentes vinculados con la tramitación de los amparos en análisis. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los amparos Roles C221-13, y C477-13, trasladándolos a la Sra. Directora General de Obras Públicas, mediante los Oficios Nos 1.138 y 1.579, de 28 de marzo y 7 de mayo de 2013, respectivamente. Al respecto, se formularon los siguientes descargos y observaciones: a) Descargos al amparo Rol C221-13: El Sr. Director General de Obras Públicas (S), a través de Oficio Ord. 13.007, de 28 de mayo de 2012, indicó que: i. Analizada la solicitud se estableció que lo solicitado correspondía a información pública toda vez que la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) efectuada por la empresa Inmobiliaria para dicho proyecto de Valle Grande, da cuenta de la mencionada mitigación por impacto vial y que la DIA, junto a sus antecedentes, se encuentra publicada en un sistema de acceso público, esto es, en el sitio web www.sea.cl. Asimismo, dicha materia trata del cumplimiento de la normativa y obligaciones urbanísticas que deben cumplir los proyectos inmobiliarios que se ubican en Zonas Urbanizables de Desarrollo Condicionado o ZDUC de la Región Metropolitana, en el sentido que dichos proyectos deben mitigar impactos viales que su urbanización pueda originar. Para dichos efectos, y previo al desarrollo de los mencionados proyectos, la SEREMI RM del MINVU debía aprobar factibilidad del sistema de transporte y capacidad vial, cuando ellos generaran nuevas demandas de transporte. Es decir, es requisito previo al desarrollo de tal actividad inmobiliaria el cumplimiento de obligaciones de mitigación de impacto vial. ii. Ante esto, se suscribe entre los órganos públicos antes mencionados, por una parte y por la otra por las empresas inmobiliarias, acuerdos individuales que dan cuentan del cumplimiento de las medidas de mitigación acordadas en las respectivas Declaraciones de Impacto Ambiental. En ese sentido la Jurisprudencia del Consejo para la Transparencia ha señalado que toda información que sea el sustento o complemento directo y esencial de un acto administrativo que es público, es por tanto de naturaleza pública. iii. Debido a las dificultades encontradas por ese Servicio para recabar la totalidad de la información y ante la imposibilidad de realizar más gestiones en el plazo establecido para dar respuesta, se procedió a responder mediante Oficio Ord. N° 171 del 6 de febrero de 2013, respuesta que fue emitida un día después del plazo legal (05/02/2013) y que si bien no daba respuesta a la totalidad de los requerimientos de los requirentes (13 en total), se entregaron todos los antecedentes que obraban en poder de la Dirección General. iv. En virtud, del nuevo requerimiento hecho por los ciudadanos (solicitud N° 33.087), a la notificación del Amparo Rol C221-13, y a que se mantienen las dificultades para ubicar la información requerida, con fecha 7 de marzo se envía correo electrónico a personal de la Empresa Inmobiliaria Valle Grande para solicitar información faltante. Al día siguiente se recibe respuesta mediante correo electrónico del abogado que representa a la Inmobiliaria Valle Grande, indicando que se oponen a la entrega de información a los requirentes, por cuanto los mismos han tenido una actitud hostil e intentado paralizar o entorpecer los permisos y aprobaciones del proyecto Valle Grande y que además habría en dichos antecedentes información estratégica de la empresa. (Se adjuntan correos electrónicos). v. Analizada la situación, se procedió a notificar a los requirentes mediante Oficio Ord. DGOP N° 305, de la extensión del plazo de respuesta de la solicitud N° 33.087; y mediante Oficio Ord. DGOP N° 306 a la Empresa Inmobiliaria Valle Grande S.A. se les comunica presentación de solicitud de información para efectos de ejercer su derecho de oposición, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia (se adjuntan copias de ambos documentos). vi. Adjunta a sus descargos copia del Acuerdo Individual de Mitigación de Impacto Vial en la provincia de Chacabuco y copia de los antecedentes entregados a los requirentes junto al Oficio N° 171 de 06 de febrero de 2013 y de los demás antecedentes mencionados en sus descargos. b) Complementación de descargos: Atendido que entre los antecedentes remitidos por el órgano reclamado se encontraba un correo electrónico de 7 de marzo de 2013 por el cual solicitó a la Inmobiliaria Valle Grande S.A. que "...nos puedan facilitar las pólizas de garantía y sus correspondientes endosos asociados a Valle Grande y copia del primer addendum al acuerdo individual de Mitigación de Impacto Vial de fecha 5 de noviembre de 2007, además de cualquier otro documento o addendum posterior", este Consejo, mediante Oficio N° 1138, de 28 de marzo de 2013, solicitó al Sr. Director General de Obras Públicas que complementara sus descargos en orden a indicar si efectivamente los antecedentes precedentemente mencionados obran en poder de la Dirección General de Obras Públicas. Mediante Oficio N° 403, de 8 de abril de 2013, el Sr. Director General de Obras Públicas informó, en síntesis, que los documentos entregados a los recurrentes corresponden a información que se encontraba en custodia de la Dirección de Contabilidad y Finanzas del Ministerio de Obras Públicas, razón por la cual, la Dirección General solicitó a dicha entidad copia de los mismos, los cuales se entregaron a los solicitantes. Sin embargo, se advirtió que faltaban algunos endosos de las pólizas de garantía (que complementan vigencia de las pólizas), y en ese entendido se contactó a través de correo electrónico de fecha 7 de marzo de 2013, a la Inmobiliaria Valle Grande, para que hiciera llegar tal información. c) Descargos al amparo Rol C477-13: Mediante Oficio N° 616, de 27 de mayo de 2013, el Sr. Director General de Obras Públicas informó lo siguiente: i. En virtud del extenso y complejo requerimiento hecho por los ciudadanos y a que se presentaron dificultades para ubicar la información requerida, con fecha 7 de marzo de 2013 se envía correo electrónico a personal de la Empresa Inmobiliaria Valle Grande para solicitar información faltante y para complementar la que ya posee el Servicio. ii. Estando esa Dirección General en conocimiento de la oposición manifestada por terceros, debió extender el plazo de respuesta de la solicitud N° 33.087, notificada mediante oficio DGOP N° 305 de 15 de marzo de 2013, para poder de esta manera comunicar formalmente, mediante oficio DGOP N° 306 de la misma data, a la empresa su derecho de oposición a la entrega de información, de acuerdo a lo señalado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. iii. Con fecha 20 de marzo de 2013 se recibe carta CVG-67/13 que se adjunta que responde el oficio DGOP N° 306 que deduce oposición a la solicitud de información, manifestando como fundamento lo establecido en los artículos 21 N° 1 letra c y 21 N° 2. iv. Analizados los antecedentes, se procedió a emitir la Resolución Exenta DGOP N° 1324 del 02 de abril de 2013 que deniega parcialmente la entrega de información relativa a la solicitud MOP N° 33.087 de fecha 18 de febrero de 2013, conforme lo dispone la Ley de Transparencia. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL TERCERO INTERESADO: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante el Oficio Nº 1578, todos de 29 de abril de 2013, notificó al tercero que, durante la tramitación de la solicitud de información de la especie, se opuso a su entrega. A través de presentación ingresada el 20 de mayo de 2013, los representantes legales de la empresa Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A. presentaron sus descargos y observaciones al presente amparo, señalando, en síntesis, lo siguiente: a) Las diversas solicitudes de acceso a la información pública que los solicitantes han presentado ante distintos órganos, como también los amparos presentados ante el Consejo para la Transparencia, carecen de razonabilidad, desde que nada de interés legítimo tienen en ellos, e incluso, piden una y otra vez los mismos antecedentes con el sólo propósito de generar dudas y desconfianzas acerca de la legalidad del proyecto y, de esa forma desprestigiar a su representada. b) En el amparo de autos (Rol C477-13), se ha solicitado información que no consta en las solicitudes de información ya resueltas por la DGOP, sino en actos administrativos denegatorios de información o bien en una solicitud de información realizada posteriormente, la cual aún no ha sido resuelta. No se puede solicitar amparo a este Consejo, toda vez que la tercera solicitud, a través de la cual se requirieron dichos antecedentes a la DGOP, aún no ha sido resuelta por dicho órgano, no cumpliéndose el supuesto de hecho necesario que habilita a solicitar el amparo respectivo. c) En el pasado, Inmobiliaria Valle Grande S.A. fue titular del proyecto ZDUC Valle Grande, sin embargo, dicha titularidad fue modificada posteriormente, mediante Junta General Extraordinaria de Accionistas, de fecha 13 de diciembre del año 2006, pasando a ser una sociedad de responsabilidad limitada denominada Valle Grande Limitada. En consecuencia, no es cierta la afirmación de que Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A., nuestra representada, no es la actual titular del proyecto ZDUC Valle Grande, ni mucho menos que no tiene derecho a oponerse a la entrega de la información solicitada. d) Atendida la indeterminación y vaguedad de los documentos solicitados en el reclamo de amparo de autos, como también debido a la gran cantidad de solicitudes de acceso a la información presentadas ante diversos órganos de la Administración del Estado, es que se debe denegar el otorgamiento de la información solicitada, ya que con ello se afecta el debido cumplimiento de las funciones de la DGOP y de otros órganos, conforme con la causal de reserva establecida en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. e) Además, dentro de la documentación solicitada se encuentra contenida información cuya divulgación afectaría gravemente los derechos económicos y comerciales de Valle Grande, por tratarse de negociaciones privadas y legítimas, es que las competidoras y el público en general, no conocen la información particular contenida en ella y en la cual se encuentran datos cuyo otorgamiento puede ocasionar perjuicios para nuestra representada y a terceros. Es errado concluir, como pretenden los solicitantes, que las competidoras de nuestra representada son sólo otras 8 inmobiliarias que desarrollan proyectos ZDUC o AUDP en el sector, obviando que a nivel país se compite con muchas otras que también desarrollan proyectos de características constructivas similares. Tampoco es cierto que los costos de los insumos o el valor por metro cuadrado de los inmuebles no varíen mayormente de un constructor a otro, como pretenden exponer los solicitantes, ya que existen distintos tipos de viviendas, cada una con calidades y materiales distintos, lo cual origina distintos proyectos, no pudiendo ser homologables unos a otros. Las solicitudes y estudios que Valle Grande ha desarrollado para su proyecto inmobiliario homónimo, se basan en una experticia que ella posee al interior del mercado inmobiliario y contiene el resultado de la experiencia adquirida a lo largo de años de trabajo, estudio y perfeccionamiento, lo que permite ofrecer viviendas e infraestructura de alta calidad a sus clientes, constituyendo ello un activo que debe ser resguardado. En tal contexto, la entrega de la información solicitada causaría serios perjuicios a Valle Grande, ya que significaría difundir a terceros su información sobre infraestructura, planes de inversión, endeudamiento, antecedentes patrimoniales, garantías y otros antecedentes. Así, la divulgación de estas materias permitiría a las competidoras trazar sus lineamientos comerciales futuros utilizando las estrategias, planes, técnicas y estudios que ha elaborado Valle Grande y conocer los costos de habilitación de la ZDUC, permitiéndoles mejorar su posición en el mercado en forma indebida, otorgándose un beneficio a aquellos que no han invertido en el desarrollo de dichos métodos y conocimientos. f) En concreto, la oposición a la entrega de la información solicitada encuentra fundamento en el derecho de propiedad sobre toda clase de bienes incorporales, garantizado constitucionalmente, que permite a Valle Grande hacer uso de sus estudios, planes, desarrollos y estructura de costos en forma exclusiva, excluyendo a cualquier tercero que eventualmente pretenda utilizar dicha información para fines propios. g) Por último, señala que las comunicaciones sostenidas entre nuestra representada y la DGOP, las cuales incluso abarcan correos electrónicos entre ambas, conforme con los pronunciamientos que indica, no constituyen información pública que sea divulgable mediante el procedimiento establecido en la Ley de Transparencia. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que el principio de economía procedimental, contemplado en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece las Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado, exige a estos últimos responder a la máxima economía de medios con eficacia, evitando trámites dilatorios. Por lo tanto, atendiendo al hecho que entre los amparos Roles C221-13 y C477-13, existe identidad respecto de los reclamantes y del órgano requerido, además de tratarse de solicitudes relativas a información de similar naturaleza, este Consejo, para facilitar su comprensión y resolución, ha resuelto acumular los citados amparos, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto en la presente decisión. 2) Que según lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, la autoridad o jefatura del órgano requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de 20 días hábiles, contados desde la recepción de la misma, el cual podrá ser prorrogado excepcionalmente por otros diez días hábiles, cuando existan circunstancias que hagan difícil reunir la información solicitada, caso en el órgano requerido deberá comunicar al solicitante, antes del vencimiento del plazo, la prórroga y sus fundamentos. En cuanto al amparo Rol C221-13, la prórroga del plazo para dar respuesta a la solicitud de acceso que le dio origen fue comunicada al solicitante mediante correo electrónico de 23 de enero del año en curso, esto es, una vez vencido el término de veinte días hábiles de que disponía para atender al requerimiento. Por su parte, si bien el órgano reclamado comunicó dentro de plazo la prórroga para dar respuesta al requerimiento de información que motivó la interposición del amparo Rol C477-13, finalmente, dio respuesta a ésta el 2 de abril del año en curso, una vez vencida la prórroga excepcional de diez días hábiles adicionales que dicha prerrogativa excepcional permite. En consecuencia, se ha configurado el fundamento del presente amparo, cual es, la ausencia de respuesta dentro de plazo legal. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el citado artículo 14, así como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la Dirección General de Obras Públicas la referida infracción en lo resolutivo del presente acuerdo. 3) Que, en cuanto al fondo de los amparos, atendida la vinculación existente entre ambas reclamaciones, y que, en definitiva, en la solicitud de acceso de 18 de febrero –que motivó el amparo Rol C477-13-, los solicitantes manifestaron su falta de conformidad frente a la respuesta dada por el órgano a ciertos puntos de su solicitud anterior-que dio origen al amparo Rol C221-13-, dando por contestado conforme el resto de los numerales de la solicitudes, el presente análisis se hará, precisamente, sobre la base de tales aspectos, que no habrían sido suficientemente contestados por la reclamada. 4) Que, a modo de contexto, cabe tener presente que, mediante un Acuerdo Marco suscrito el 7 de septiembre de 2001, entre las Secretarias Regionales Ministeriales Metropolitanas de Transportes y Telecomunicaciones, Obras Públicas, y Vivienda y Urbanismo, y las inmobiliarias que materializan proyectos en Áreas Urbanizables de Desarrollo Prioritario y en Zonas Urbanizables de Desarrollo Condicionado, definidas en el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, se establecieron las bases y principios sobre mitigación de impacto vial en la Provincia de Chacabuco. Conforme con el mencionado acuerdo marco, con fecha 31 de julio de 2006, se suscribió un Acuerdo Individual de Mitigación de Impacto Vial en la Provincia de Chacabuco, entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y la Sociedad Inmobiliaria Valle Grande S.A. En lo pertinente, el punto 2.3 de dicho acuerdo individual, establece que Valle Grande garantizará el aporte de UF 72.822 equivalente al 38 % de su aporte inicial, que le permitirá la mitigación vial de 1.403 viviendas no sociales del proyecto, aporte que debía materializarse antes del 31 de diciembre del año 2007, en tanto, la segunda parte, correspondiente al 62 %, correspondiente a UF 118.814, destinados a la mitigación de las restantes 2.289 viviendas no sociales, debía enterarse antes del 31 de diciembre de 2011. Según dispone el punto 2.4 del acuerdo, por ese acto Valle Grande se obligó a entregar al Director General de Obras Públicas dentro del plazo de 90 días de suscripción de dicho acuerdo, una o más Boletas de Garantía, o bien una o más Pólizas de Garantía, a elección de Valle Grande, con pago incondicional e irrevocable y debidamente aceptadas por la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas. Dichas garantías debían ser pagaderas a la vista o de ejecución inmediata con una validez de dos años, y, si fuere el caso, Valle Grande debía renovar tales garantías con 30 días de anticipación. Por su parte, el punto 2.5 del documento en comento, dispuso que acreditados los montos efectivamente invertidos por la inmobiliaria en las formas establecidas en el acápite 6 del acuerdo, la inmobiliaria solicitaría a la Dirección General de Obras Púbicas en la medida que correspondiere, sustituir sus garantías, a fin de ajustar su monto al saldo insoluto de los aportes comprometidos. 5) Que, establecido lo anterior, conviene tener presente que, respecto de la información no entregada por la reclamada junto al Oficio N° 171, el 6 de febrero de 2013 –singularizada en el numeral 1°, letra b) de la parte expositiva del presente acuerdo- que motivó la interposición del amparo Rol C477-13, y que, en definitiva, constituye el asunto controvertido en los presentes amparos, el órgano reclamado en sus descargos, junto con afirmar que tales documentos constituyen información pública, informó que había denegado su entrega únicamente fundado en la oposición manifestada por el tercero involucrado. 6) Que, el tercero involucrado en la presente solicitud ha fundado su oposición a la divulgación de la información en que las solicitudes carecerían de razonabilidad, no existiría congruencia respecto de la totalidad de los antecedentes cuyo acceso de las solicitudes de información y los presentes amparos, y la causal prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Además, alega la concurrencia de la causal contemplada en el artículo 21 Nº 2 del mismo cuerpo legal, por cuanto la entrega de la información le causaría perjuicios de índole económica, ya que significaría difundir a terceros su información sobre infraestructura, planes de inversión, endeudamiento, antecedentes patrimoniales, garantías y otros antecedentes. 7) Que conforme al principio de la no discriminación en materia de acceso a la información pública, consagrado en el artículo 11, letra g), de la Ley de Transparencia, “los órganos de la Administración del Estado deberán entregar información a todas las personas que lo soliciten, (…) sin exigir expresión de causa o motivo para la solicitud”. Conforme a ello, resulta indiferente para la resolución del presente caso el motivo o la intención invocada por los solicitantes para requerir información de carácter público, toda vez que ha sido solicitada en ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información. 8) Que, en cuanto a la procedencia de la causal del artículo 21 N°1 letra c) del cuerpo legal citado invocada por el tercero, éste indicó que el carácter genérico e inespecífico del requerimiento, implicaría distraer a los funcionarios del órgano, en el cumplimiento regular de sus labores. Al respecto, cabe reiterar en este punto lo señalado por este Consejo en cuanto a que dicha causal únicamente puede ser invocada por el órgano de la Administración que ha sido objeto del requerimiento, pues es justamente éste quién se encuentra en la posición adecuada para ponderar en qué medida la naturaleza del requerimiento afecta su debido funcionamiento –razonamiento expresado por ejemplo en las decisiones de amparo Roles C641-10 y C39-12-. En virtud de lo anterior, se desestimará la referida causal de reserva alegada por el tercero. 9) Que respecto de la eventual afectación a los derechos comerciales o económicos del tercero involucrado, cabe hacer presente que atendida la naturaleza de la información que se viene solicitando –singularizada en el numeral 1°, letra b) de la parte expositiva del presente acuerdo- no es posible verificar una expectativa razonable de que ésta acontezca en los términos expuestos por el tercero. En efecto, contrariamente a lo sostenido éste, en los documentos requeridos en la especie, no resulta posible constatar información alguna relativa a “infraestructura, planes de inversión, endeudamiento, y antecedentes patrimoniales”, de modo que las alegaciones expuestas al respecto no resultan atingentes a la información cuya entrega se encuentra controvertida. Del mismo modo, debe descartarse la eventual afectación expuesta respecto de “las comunicaciones sostenidas entre nuestra representada y la DGOP, las cuales incluso abarcan correos electrónicos entre ambas”, toda vez que, si bien dicha información formó parte de la solicitud de información que motivó el amparo Rol C221-13, tal aspecto no fue objeto de ninguno de los dos amparos en análisis. 10) Que, establecido lo anterior, cabe hacer presente que, del análisis de la documentación solicitada y no entregada, se advierte que ésta, conforme a los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, es de naturaleza pública, ya que obra en poder de la administración y ha sido elaborada con fondos públicos. Además, los oficios solicitados eventualmente pueden constituir actos administrativos a la luz del artículo 3° de la Ley N° 19.880 por tratarse de “declaraciones de juicio, constancia o conocimiento” que han sido realizadas por un órgano de la Administración en el ejercicio de sus competencias. Por su parte, los endosos y pólizas de garantía, acorde con lo indicado en el considerando 4°, fueron entregados por la Inmobiliaria Valle Grande S.A. al órgano reclamado a fin de garantizar el cumplimiento de la obligación de realizar las obras de mitigación vial contraída por ésta en el marco del acuerdo individual suscrito por ambas. Tales documentos constituyen el complemento directo y esencial de actos administrativos evacuados por la Fiscalía del Ministerio de Obras Públicas, mediante los cuales debía pronunciarse en cuanto a si tales documentos se encontraban conformes a derecho y, por ende, podían ser aprobados. A mayor abundamiento, dichos documentos han sido entregados por la citada sociedad durante la sustanciación de un procedimiento administrativo reglado, a objeto de generar una declaración del órgano en el ejercicio de potestades públicas, y no puede sino ser de conocimiento de ésta el carácter público de dicho procedimiento. Consecuentemente, su divulgación no supone una afectación a los derechos del tercero involucrado, en los términos del artículo 21 N° 2, de la Ley de Transparencia. 11) Que, a mayor abundamiento, conforme con lo informado por el órgano reclamado en los descargos evacuados al amparo Rol C221-13, “la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) efectuado por la empresa Inmobiliaria ante el SEIA para dicho proyecto de Valle Grande, da cuenta de la mencionada mitigación por impacto vial.” En tal contexto, existe un interés público en el conocimiento de los precitados endosos y pólizas de garantía presentados por la empresa en comento, toda vez que han sido entregados por la empresa a la autoridad a fin de garantizar el cumplimiento de su obligación de mitigar los impactos viales que su urbanización pueda originar. 12) Que, conforme con lo razonado precedentemente, se requerirá al órgano reclamado que entregue la información solicitada en los numerales i a v, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C477-13, relativos a endosos y póliza que ahí se indican, así como respecto de los numerales vi, viii de la misma solicitud, sobre antecedentes señalados en el ordinario Nº 1406 de fecha 22 de noviembre de 2011, y copia del ordinario SOP Nº 3253 de 2 de diciembre de 2010. Igualmente, se le ordenará entregar lo solicitado en los numerales iv, vi y vii, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C221-13, en los que se solicitó “copia del convenio de aporte que se suscribirá y garantizará antes del 31 de diciembre del año 2007”; “copia de la o las boletas de garantía, o bien de la o las pólizas de garantía que debían garantizar antes del 31 de diciembre del año 2007 y enterarse antes del 31 de diciembre del 2011”, así como “copia de la o las boletas de garantía, o bien de la o las pólizas de garantía que sustituyeron por alguna razón a las anteriores.” Con todo, en caso de no contar con la documentación que ahí se solicita, comunique expresa y fundadamente dicha circunstancia a los solicitantes. 13) Que, en cuanto al numeral vii, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C477-13, relativo a copia del oficio Nº 63.377 de 25 de diciembre de 2010 de la Contraloría General de la República, cabe hacer presente que sólo mediante resolución exenta N° 1324 del 02 de abril de 2013, la reclamada informó a los solicitantes el link desde el cual podían acceder a dicha información, de modo que se tendrá por contestada dicha parte de la solicitud, aunque extemporáneamente. 14) Que, enseguida, cabe tener presente que, si bien este Consejo ha concluido que “la información cuya entrega puede ordenar debe contenerse «en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos» o en un «formato o soporte» determinado, según reza el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, no pudiendo requerirse la entrega de información que sólo está en la mente de la autoridad” (decisión de amparo Rol C533-09), ello no obsta a que en aplicación de lo dispuesto por el artículo 17 de la Ley de Transparencia y conforme a la historia fidedigna de la Ley N° 20.285, sobre Acceso a la Información Pública, se encuentren amparadas por la Ley de Transparencia aquellas solicitudes que implican elaborar documentos o respuestas, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y no suponga un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional (decisión de amparo Rol C97-09). En efecto, según se indicó en la precitada decisión, “la supresión (en la historia de la Ley) de la norma que establecía que los órganos de la Administración del Estado no estaban obligados a elaborar información y restringía su obligación a entregar sólo información ya existente no fue una omisión involuntaria del legislador. Por el contrario, la intención del legislador fue eliminar esta restricción lo que permite solicitar a los órganos de la Administración elaborar documentos, en tanto la información que allí se vuelque obre en poder de la Administración y con un límite financiero: no irrogar al Servicio un costo excesivo o un gasto no previsto en el presupuesto institucional”. En esos mismos términos, a su vez, este Consejo ha concluido que se encuentran amparados por el derecho de acceso a la información aquellas solicitudes que impliquen informar, afirmativa o negativamente, “si se realizó o no una acción que habría acaecido en el pasado” (decisión de amparo Rol C539-10 y decisión de amparo Rol C603-09 y C16-10). 15) Que, teniendo presente el antedicho criterio, cabe concluir que no irrogaría un costo excesivo al órgano dar respuesta a los numerales ix xii, xiii, xiv, y xv, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C477-13, a través de los cuales se solicita al órgano informar : “si se diseñó el procedimiento que se señala en el ordinario Nº 3527, y en la afirmativa acompañar copia “; “la Dirección del MOP o de los otros Ministerios firmantes que lleva el control de la cuenta corriente de garantías otorgadas, pagos de mitigación vial y permisos de construcción de viviendas según el acuerdo marco y los acuerdos individuales suscritos”, así como las “obras y cuál es el monto de éstas que han sido reconocidas por el MOP como reconocimiento de mitigación de obras viales”; “respuesta al ordinario Nº 12429 y los aportes efectuados al MOP en relación al enlace La Montaña”. A la misma conclusión, es posible arribar respecto de lo solicitado en el numeral x, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C221-13, en el cual se solicitó informar “Cantidad de viviendas recibidas por el DOM de Lampa previa a la fecha de la entrega de una o más Boletas de Garantía, o bien una o más Pólizas de garantía por la suma total de UF 72.822 equivalentes al 38% del aporte inicial indicado en el punto 2.3.” Por lo tanto, se requerirá a la reclamada hacer entrega de dicha información al reclamante, siempre que la misma sea obtenida a partir de los antecedentes que ya obran en su poder. Con todo, el órgano reclamado podrá acreditar la inexistencia de la información reclamada, debiendo comunicar tal circunstancia al reclamante. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger los amparos roles C221-13 y C477-13 deducidos por los señores Patricio del Sante Scroggie y Hernán de Las Heras Marín, todos en contra de la Dirección General de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sra. Directora General de Obras Públicas : a) Hacer entrega a los reclamantes de la documentación que obre en su poder relativa a lo pedido en los numerales iv, vi y vii de la solicitud que motivó el amparo Rol C221-13, y numerales i, ii, iii, iv, v, vi y viii de la solicitud que dio origen al amparo Rol C477-13, y en caso de no contar con ésta, comunicar expresamente dicha circunstancia a los solicitantes. b) Dar respuesta directa a los solicitantes acerca de lo requerido en los numerales ix xii, xiii, xiv, y xv, de la solicitud que motivó el amparo Rol C221-13, y numeral x, de la solicitud que dio origen al amparo Rol C477-13. c) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. d) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Representar a la Sra. Directora General de Obras Públicas la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), del mismo cuerpo legal, al no haber respondido al solicitante dentro del plazo previsto en el referido artículo 14. Lo anterior, con la finalidad de que adopte las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se repitan tales infracciones. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a la Sra. Directora General de Obras Públicas, a los reclamantes don Patricio del Sante Scroggie y don Hernán de Las Heras Marín, y a los representantes legales de la empresa Desarrollos Inmobiliarios y Constructora Valle Grande S.A., en su calidad de tercero involucrado en este procedimiento. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María Zañartu. Se deja constancia de que el Consejero don Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.