Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7031-21

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Reclamante:	JAVIER ALEJANDRO SOTO ROJAS
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Salamanca, ordenándose la entrega de los contratos de prestación de servicios del recurrente, los decretos alcaldicios que los aprueban y los informes mensuales emitidos para el pago de sus servicios en el periodo que se indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, advirtiéndose que lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales del propio solicitante. Asimismo, no se acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación y la jurisprudencia sostenida por este Consejo sobre la materia. Atendido que la información contiene datos personales del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de su identidad. Se recomienda que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	12/10/2021
Consejeros:	-Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
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Descriptores jurídicos:	- Transparencia activa >> Actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C7031-21   Entidad pública: Municipalidad de Salamanca Requirente: Javier Alejandro Soto Rojas Ingreso Consejo: 21.09.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Municipalidad de Salamanca, ordenándose la entrega de los contratos de prestación de servicios del recurrente, los decretos alcaldicios que los aprueban y los informes mensuales emitidos para el pago de sus servicios en el periodo que se indica. Lo anterior, por tratarse de antecedentes de naturaleza pública, advirtiéndose que lo requerido versa sobre el acceso a antecedentes laborales del propio solicitante. Asimismo, no se acreditó suficientemente la inexistencia de la información peticionada, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación y la jurisprudencia sostenida por este Consejo sobre la materia. Atendido que la información contiene datos personales del reclamante, el órgano deberá proporcionarla previa acreditación de su identidad. Se recomienda que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. En sesión ordinaria N° 1235 del Consejo Directivo, celebrada el 7 de diciembre de 2021, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7031-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 19 de agosto de 2021, don Javier Alejandro Soto Rojas solicitó a la Municipalidad de Salamanca lo siguiente: documentación del suscrito: "Contratos de prestación de servicios y decretos alcaldicios que los aprueban desde diciembre de 2016 a julio 2021. Además se solicita los informes mensuales emitidos para el pago de sus servicios a partir del mes de Diciembre de 2016 a Julio de 2021". 2) RESPUESTA: Mediante Oficio Ord. N° 823, de fecha 15 de septiembre de 2021, la Municipalidad de Salamanca respondió a dicho requerimiento de información, esgrimiendo su inexistencia material. Señaló que el Departamento de Gestión de Personas no cuenta con antecedentes bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios y decretos alcaldicios que los aprueben del solicitante. A fin de refrendar dicha circunstancia, acompañó Certificado N° 123, de fecha 15 de septiembre de 2021, emitido por el Jefe de Gestión de Personas. 3) AMPARO: El 21 de septiembre de 2021, don Javier Alejandro Soto Rojas dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en la respuesta negativa a la solicitud. Hizo presente que, "solicité mis contratos de prestación de servicios e informes a la municipalidad de Salamanca, prestación que realicé durante el periodo señalado en la solicitud, manifiestan que no existe información en el Departamento de Gestión de Personas. Respecto a esto encuentro inaudito que como municipio no revisen a través de Departamento de Administración y Finanzas los pagos que se me realizaron, mediante los sistemas informáticos de CAS Chile que poseen para recopilar la información. Además cuentan con la documentación sustentadora en físico y escaneada (...)". 4) AUSENCIA DE DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Salamanca, mediante Oficio N° E21255, de fecha 14 de octubre de 2021, solicitándole que: (1°) considerando lo expuesto por el reclamante y la respuesta proporcionada por el órgano que Ud. representa, aclare si la información requerida obra en su poder, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (2°) se refiera a las circunstancias de hecho que hacen procedente la denegación de la información solicitada; (3°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información requerida; y, (4°) en caso de no existir inconvenientes para la entrega de la información pedida, se solicita la remisión de la misma a la parte recurrente con copia a este Consejo, a fin de evaluar el cierre del presente caso a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Lo anterior, dando aplicación de lo dispuesto en la Ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, al numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo y a la Recomendación de esta Corporación sobre Protección de Datos Personales por parte de los Órganos de la Administración del Estado. A la fecha del presente acuerdo no consta que el órgano recurrido haya evacuado sus descargos y observaciones al procedimiento de acceso en análisis. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa a la solicitud de acceso, referente a la entrega de los contratos de prestación de servicios del recurrente, los decretos alcaldicios que los aprueban y los informes mensuales emitidos para el pago de sus servicios en el periodo que se indica. Al respecto, la Entidad Edilicia esgrimió la inexistencia material de los antecedentes laborales pedidos. 2) Que, en cuanto a la publicidad de los antecedentes consultados, cabe tener presente que el artículo 8° inciso segundo de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional". Asimismo, cabe tener presente que la información requerida dice relación con antecedentes laborales del propio recurrente. 3) Que, seguidamente, en cuanto a la inexistencia material alegada por el organismo, este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. 4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen". 5) Que, en la especie, el órgano reclamado se limitó a señalar que no obran en su poder los antecedentes laborales consultados, no aportando mayores medios de prueba o elementos de juicio que permitan fundar la inexistencia material alegada -ya sea por expurgación, extravío u otra razón-. En efecto, el organismo no precisó los motivos específicos por los cuales la información requerida no obraría en su poder, ni desvirtuó las circunstancias de hecho expuestas por la parte activa en su reclamación, en orden a que prestó servicios en el periodo que indica. 6) Que, a mayor abundamiento, resulta del caso tener presente que el Dictamen N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General, sobre disposiciones y recomendaciones referentes a la eliminación de documentos, dispone en su apartado III, numeral 1° -sobre documentos relativos a personal- que: "Es de conveniencia mantener estos documentos indefinidamente, salvo que los antecedentes del caso se encuentren registrados en libros o tarjetas individuales, lo que permitiría prescindir de los documentos que daten de cinco años, conservándose sólo aquellos cuya información no se encuentre consignada en la forma enunciada". 7) Que, por consiguiente, tratándose de antecedentes de naturaleza pública, referidos al propio peticionario, atendiéndose que el órgano reclamado no justificó suficientemente la inexistencia de los documentos peticionados, conforme al estándar fijado en la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, y en conformidad a la jurisprudencia sostenida por este Consejo, se procederá a acoger el presente amparo, y conjuntamente con ello, se ordenará la entrega de los antecedentes laborales peticionados. Sin perjuicio de lo cual, en atención a que aquél ha de contener datos personales del reclamante, el organismo deberá proceder a su entrega, previa acreditación de su identidad, dando cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3., de la Instrucción General N° 10, dictada por esta Corporación. No obstante lo anterior, teniendo en consideración la emergencia de salud pública que afecta al país a consecuencia de la pandemia por Covid-19 y el estado de alerta sanitaria establecido en el decreto N° 4, de 2020, de Salud, se recomienda a la reclamada que realice la entrega efectiva de lo solicitado al reclamante o su apoderado, por un medio alternativo a la entrega personal en la oficina indicada. A modo meramente ejemplar, por medio de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos. 8) Que, no obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por don Javier Alejandro Soto Rojas, en contra de la Municipalidad de Salamanca, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Salamanca, lo siguiente; a) Entregue al peticionario copia de sus contratos de prestación de servicios, decretos alcaldicios que los aprueban desde diciembre de 2016 a julio 2021 y los informes mensuales emitidos para el pago de sus servicios a partir del mes de Diciembre de 2016 a Julio de 2021, previa acreditación de identidad de aquél. Se recomienda al órgano que aquella se realice por un medio alternativo a la entrega persona. No obstante lo anterior, en el evento que todo o parte de ella no obre en su poder, deberá comunicar dicha circunstancia al solicitante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en la etapa de cumplimiento de la presente decisión. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Javier Alejandro Soto Rojas; y, al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Salamanca. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.