Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C537-09

Reclamante:	ALDO RAGGIO ALVARADO
Reclamado:	DIRECCIÓN DEL TRABAJO REGIÓN DE VALPARAÍSO
Resumen del caso: Se solicita amparo en contra del Director Regional del Trabajo de Valparaíso por denegar su solicitud de acceso a información relativa a copia de las actas de cada una de las sesiones de la Junta Calificadora Regional de dicho Servicio. El Consejo acoge al amparo ya que estima que se debe modificar la Resolución Exenta N° 1005, de 28.08.09, que establece el cobro por reproducción de documentos que indica y fija valor, en lo relativo a los costos directos de reproducción, de manera que éstos se adecúen a criterios de realidad verificables, procediendo a cobrar al solicitante las sumas que resulten de la aplicación de tales criterios y que restituya al reclamante lo cobrado en exceso.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/13/2010
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C509-09
Jurisprudencia a:	C2111-19 C323-10
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Causales de secreto o reserva >> Debido cumplimiento de las funciones del órgano >> Distraer indebidamente a sus funcionarios
Descriptores analíticos:	Trabajo

DECISIÓN AMPARO C537-09 Entidad Publica: Director Regional del Trabajo de Valparaíso Requirente: Aldo Raggio Alvarado Ingreso Consejo: 27.11.2009 En sesión ordinaria N° 125 de su Consejo Directivo, celebrada el 3 de febrero de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del reclamo Rol C509-09. <h3> VISTOS:</h3> Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 4 y 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal; el D.F.L N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834, sobre Estatuto Administrativo; los D.S. N° 13/2009 y N° 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento; los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; y, la Resolución Exenta N° 1005, de 20.08.09, de la Dirección del Trabajo que establece el cobro por reproducción de documentos que indica y fija valor. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 14 de octubre de 2009 don Aldo Raggio Alvarado solicitó al Director Regional del Trabajo de Valparaíso copia de las actas de cada una de las sesiones de la Junta Calificadora Regional de dicho Servicio, efectuadas entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre de 2009, en consideración a que el proceso de calificaciones terminó el 13 de octubre de 2009 y le correspondió participar en él como representante electo por la inmensa mayoría del escalafón fiscalizador. Todas las actas se encontrarían redactadas y firmadas por los integrantes participantes. 2) RESPUESTA: La Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso respondió dicha solicitud dentro de plazo, el 11 de noviembre de 2009, mediante Ordinario N° 1811, de su Director Regional, que señala lo siguiente: a) Conforme a lo dispuesto en los artículos 20 de la Ley de Transparencia y 34 de su Reglamento la Dirección estimó que la solicitud recaía en información que podía afectar derechos de terceros. Por ello, una vez que se realizó la última de las sesiones de la Junta Calificadora y se notificó a la totalidad de los funcionarios la calificación obtenida se procedió, a través de las respectivas Jefaturas, a comunicar a todos los funcionarios de la Región de Valparaíso la presentación de esta solicitud de información y su derecho a oponerse a ella. De la totalidad de los funcionarios 35 hicieron uso de este derecho en tiempo y forma. b) Por lo anterior se entregó la información requerida con excepción de la relativa a los funcionarios que hicieron uso de su derecho de oposición. c) Reitera lo comunicado mediante correo electrónico de 10.11.09, esto es, que conforme a las instrucciones contenidas en la Resolución Exenta N° 1.005, de 28.08.09 de la Directora del Trabajo, las copias de las Actas de la Junta Calificadora se entregarían previa exhibición del comprobante de depósito de $ 8.600, correspondiente al costo de las 86 copias fotostáticas necesarias para entregar lo solicitado. 3) AMPARO: En virtud de dicha respuesta y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Transparencia, don Aldo Raggio Alvarado dedujo amparo a su derecho de acceso a la información ante este Consejo el 27 de noviembre de 2009, fundamentado principalmente en lo siguiente: a) La autoridad requerida estimó que su solicitud afectaba derechos de terceros y procedió extemporáneamente a instruir a las jefaturas provinciales y comunales, para que por su intermedio se les consultara a cada uno de los funcionarios de la Dirección del Trabajo, involucrados en las actas solicitadas. Señala que, según mandata la norma del artículo 20 de la Ley de Transparencia, dicha comunicación debe realizarse dentro de los 2 días hábiles siguientes a la recepción de la solicitud. b) Asimismo, agrega, la documentación solicitada no tiene el carácter de sensible ni afecta los derechos de las personas allí calificadas, por lo que, nuevamente, la autoridad no se ajusta a derecho en el principio básico que inspira la Ley de Transparencia, cual es el de la máxima transparencia de todos los actos de la Administración del Estado, salvo las excepciones dispuestas en las leyes de quórum calificado y que, teniendo en cuenta la modificación del artículo 8° de la Constitución a partir del 2005, en cuanto a que deja sin efecto toda disposición legal que se refiera a secretos o confidencialidad de la información y, por cierto, los reglamentos de calificaciones de los funcionarios públicos. c) Por otra parte, señala que la autoridad requerida, mediante la Coordinadora de Gestión de la Dirección del Trabajo le informó, por correo electrónico de 9 de noviembre, que a partir del 12 de noviembre —esto es, a un día del vencimiento del plazo para responder— estaría la respuesta a su solicitud en las oficinas de la Dirección del Trabajo de Valparaíso, a entregar previo pago de $ 8.600 correspondientes al cobro de 86 fotocopias que representan la respuesta a su solicitud. Según dicho cobro debió pagar $100 por cada hoja fotocopiada, cuestión que a su juicio excede en mucho el costo de reproducción de dichas hojas, lo que se basa en los mismos documentos sustentadores de la Resolución Exenta que autoriza dicho cobro y que adjunta, estimando que para él es excesivo el cobro por dichas fotocopias, teniendo en consideración que además es funcionario de la misma repartición pública. d) Por esto, el 17 de noviembre de 2009 le envió un correo electrónico a la Coordinadora de Gestión de la Dirección Regional del Trabajo, solicitando se le entregase la información en un CD compacto, para ahorrarse el importe que se le exigía, lo que fue respondido de manera negativa, por medio de correo electrónico el 23 de noviembre de 2009. e) Señala que revisando el sustento de la Resolución Exenta N° 1005, de 28 de agosto de 2009 de la Directora el Trabajo, esto es, el Pase N° 140, de 20.08.09 del Departamento de Gestión y Desarrollo de la Dirección Nacional del Trabajo, se indica como costo por impresión o fotocopia de $10 por unidad y no $100 como finalmente la autoridad dictaminó mediante dicha Resolución Exenta, por lo que para él no queda claro ni es transparente la razonabilidad que tuvo la autoridad para determinar dicho valor por fotocopia, en especial teniendo en cuenta que el valor de mercado en las empresas o negocios de fotocopiadora está muy por debajo de los $100. f) El 24 de noviembre de 2009 accedió a pagar lo solicitado y así tomó conocimiento del Oficio N° 1811, de 11 de noviembre de 2009, con respuesta a su requerimiento, mediante el cual se le informa parcialmente lo requerido, en razón de que la autoridad estimó que se afectaban derecho de terceros, lo que no cabe bajo ningún punto de vista toda vez que lo solicitado dice relación con notas de calificación asignadas a funcionarios y no tienen nada que ver con datos relacionados con la vida privada o costumbres de aquellos. Por otra parte, la autoridad debió fundamentar por qué considera que su solicitud afecta los derechos de terceros, tal como lo prescribe el artículo 35 del Reglamento. g) Por otra parte hace presente que el Director Regional del Trabajo de Valparaíso es un subordinado directo de la Directora del Trabajo, con acceso, apoyo y asesoría jurídica amplísima, con un encargado nacional de respuesta y control de solicitudes de acceso a la información pública, para que la implementación de la Ley de Transparencia sea al menos adecuada y apropiada a las directrices abundante del Consejo y las leyes relacionadas con la probidad y gestión pública moderna. h) Asimismo, alega que la autoridad requerida no cumplió con el principio de celeridad para responder, agotando el plazo de 20 días hábiles para entregar información que fue requerida con urgencia, en razón de que esta estaba disponible en los días siguientes a su solicitud. i) Por otra parte, el requirente señala que participó de la Junta Calificadora como representante del Estamento Fiscalizador, elegido por la mayoría de los funcionarios para representarlos ante dicho cuerpo colegiado, viendo, con limitaciones, cada uno de los expedientes de los funcionarios de dicho escalafón y ahora puede ver dichas actas con los nombres e información tachada. 4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo, acordó admitir a tramitación este amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 1042, de 18 de diciembre de 2009, al Director Regional del Trabajo de Valparaíso. Éste contestó mediante Ordinario N° 105, de 15 de enero de 2010, formulando los siguientes descargos u observaciones: a) Las actas solicitadas contienen la calificación de cada uno de los funcionarios de la Dirección Regional, proceso que se desarrolla conforme a lo dispuesto en los artículos 32 y siguientes del D.F.L N° 29/2004, del Ministerio de Hacienda, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.834 sobre Estatuto Administrativo, y que conforme al artículo 32 “tendrá por objeto evaluar el desempeño y las aptitudes de cada funcionario, atendidas las exigencias y características de su cargo, y servirá de base para la promoción, los estímulos y la eliminación del servicio”, proceso que finalizó el mismo día de la solicitud y en el que el requirente participó como representante del Estamento Fiscalizador. b) Por esto, y atendido a que las calificaciones de los funcionarios no se encontraban ejecutoriadas, toda vez que al momento del requerimiento no podían ni siquiera encontrarse notificadas a los funcionarios ni menos éstos habían podido ejercer los derechos de apelación y reclamo que establecen los artículos 48 y 49 del D.F.L N° 29, se estimó que sólo una vez que aquéllas estuvieron ejecutoriadas podría continuarse con la tramitación de la solicitud de información. c) Considerando el carácter de la información requerida y teniendo especialmente presente que de lo señalado en el artículo 32 citado, tal calificación evalúa el desempeño y aptitud de cada funcionario y sirve de base para su promoción, estímulos e incluso la eliminación del servicio, se entendió que divulgar su contenido podía afectar derechos de terceros, por lo que hubo de activarse el procedimiento establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y el artículo 34 de su Reglamento, comunicándosele la solicitud de información del Sr. Raggio a todos los funcionarios de la Región que fueron calificados por la Junta Calificadora Regional. Así, el 03.11.09 se comunicó a los respectivos Jefes de Oficina de la Región la solicitud señalada a fin de que notificaran a los funcionarios afectados, proceso que se desarrolló a partir de la misma fecha y en el cual se les otorgó el plazo legal para que hicieren uso de su derecho de oposición, solicitándoles que comunicaran lo pertinente mediante correo electrónico a la Coordinadora de Gestión de la Dirección Regional del Trabajo, funcionaria encargada de la tramitación de las solicitudes de información pública. d) Concluido dicho proceso y atendido lo dispuesto en las normas citadas, mediante Ordinario N° 1811, de 11.11.09, se le comunicó al solicitante el procedimiento adoptado respecto de su solicitud. Respecto de dicho procedimiento hace presente que, atendido el derecho de oposición que ejercieron 35 funcionarios calificados y la imposibilidad de transcribir las calificaciones contenidas en las actas de dicha Junta, bajo riesgo de estimar el solicitante que la información carecía de la fidelidad necesaria, estimó procedente tarjar las calificaciones de los funcionarios que se opusieron a la entrega, a fin de velar por la debida reserva de la información, lo que ha seguido estrictamente el criterio fijado por el Consejo para la Transparencia, conforme al numeral 1) de la parte resolutiva de la decisión pronunciada en sesión N° 72 de 31.07.09, respecto del amparo Rol A53-09 e) Por otra parte, indica que el actuar del servicio ha sido desarrollado con la debida coherencia con los procedimientos adoptados ante solicitudes de similar naturaleza, tal como aquella solicitud del mismo reclamante que luego derivó en reclamo Rol A323-09, al solicitar copia íntegra y legible de la programación individual de desempeño da cada uno de los funcionarios del estamento fiscalizador, por lo que no se trata de un procedimiento extraño o ignorado por el solicitante, ni menos contrario a las disposiciones de la Ley de Transparencia. f) En cuanto al cobro efectuado por la entrega de las copias solicitadas, señala que éste se realizó con estricto apego a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia y lo establecido a su turno por el artículo 20 de su Reglamento, en cuanto ambas normas permiten exigir el pago de los costos directos de reproducción. Al efecto, la Dirección del Trabajo dictó la Resolución Exenta N° 1005, de 20.08.09, que establece el cobro por reproducción de documentos que indica y fija valor, dictada como consecuencia de las solicitudes de la Ley de Transparencia y en uso de la facultad que le otorga el artículo 83 de la Ley N° 18.768, de 1988, que establece Normas Complementarias de Administración Financiera, de Incidencia Presupuestaria y de Personal. g) Respecto de los demás documentos que el solicitante acompaña en relación a dicha Resolución Exenta —los antecedentes que le habrían dado origen— afirma que sólo esta última fija el valor determinado para la entrega de la información, distinguiendo según el soporte en que se solicite. En dicho sentido, el valor fijado cubre precisamente los costos directos de reproducción, en cuanto costos necesarios para obtener la información solicitada en los términos que señala el inciso 3° del artículo 20 del Reglamento de la Ley de Transparencia, es decir, cubriendo todos los insumos necesarios para la reproducción de la información solicitada. h) Por último, señala que una vez que el Servicio incurrió en los costos directos de reproducción respecto de la información requerida, y habiéndosele comunicado al solicitante que la información se encontraba disponible, éste solicitó modificar el soporte en que le sería entregada la información, solicitud que no pudo ser acogida, al haberse incurrido ya en los costos de reproducción señalados. i) Acompañan los siguientes documentos, entre otros: i. Comunicación a los Jefes de Oficina de la Región de la solicitud de 03.11.09, para que notificaran de ella a los funcionarios que fueron calificados por la Junta Calificadora Regional informándoles de su derecho a oposición a la entrega de la información. ii. Respuestas otorgadas por 35 funcionarios de la Dirección Regional que ejercieron su derecho de oposición a la entrega de la información solicitada. iii. Actas de calificación de la Junta Calificadora Regional entregadas al solicitante. iv. Resolución Exenta N° 1005, de 28.08.2009, de la Dirección del Trabajo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que respecto a la solicitud del reclamante, esto es copia de todas las actas de cada una de las sesiones de la Junta Calificadora Regional, efectuadas entre el 21 de septiembre y el 14 de octubre de 2009, de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso, cabe señalar que se trata de información pública de acuerdo a lo prescrito por los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia. 2) Que en este caso se acompañó copia de dichas actas –con la información de los funcionarios que se opusieron tarjada-, las que contienen cierta información de cada funcionario, tal como nombre completo, cargo y grado, nombre de la persona que lo precalificó y nota de precalificación. Asimismo se señalan las notas asignadas por la Junta, de acuerdo a los factores evaluados, la ponderación, la calificación final y la lista en que quedó ubicado el funcionario. Por último, se hace mención al juicio conjunto por el que se le otorgó tal calificación. Por esto, puede establecerse que dichas actas no contienen datos personales y/o sensibles que deban protegerse, de acuerdo a lo establecido por la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales. 3) Que, en efecto, este Consejo Directivo, al resolver los amparos A10-09 y A126-09, señaló que “…no hay duda del interés público que tienen las calificaciones funcionarias como mecanismo de rendición de cuentas no sólo ante las jefaturas, sino también ante la sociedad”, razonamiento que cabe aplicar plenamente en este caso. Por otra parte no se ve cómo la publicidad de dicha información puede afectar los derechos de los funcionarios que han sido calificados, por lo que en este caso no procedió haber invocado la posible afectación de derechos de terceros ni haber comunicado a éstos su derecho a oposición al requerimiento, por lo que tampoco se trasladó el reclamo a éstos, de acuerdo a lo ya decidido respecto de los amparos A210-09 en contra de la I. Municipalidad de Combarbalá y A323-09 en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso. En efecto, no toda información que se refiera a terceros afecta sus derechos y, en modo alguno si como en este caso, el Consejo ya ha declarado en decisiones anteriores que lo pedido es información pública. 4) Que, asimismo, cabe reiterar lo ya acordado por este Consejo en otras decisiones, tales como las recaídas en los amparos A47-09 y A323-09, en cuanto a que los funcionarios públicos poseen una esfera de vida privada más delimitada que los particulares en virtud, precisamente, de la función que ejercen, prevaleciendo en estos casos la publicidad en función del interés público existente en conocer el correcto funcionamiento de la Administración del Estado, adoptar medidas para investigar y sancionar, en su caso, a los responsables de actos irregulares y reparar los daños que dichas irregularidades pudieren haber causado. 5) Que, por esto, cabe acoger el amparo respecto de la información que ha sido tarjada toda vez que se trata de información pública que, si bien se refiere a terceros, no afecta sus derechos en los términos del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, por lo que se ordenará su entrega. 6) Que en cuanto al alegato del reclamante respecto a que los costos exigidos por la reproducción de la información exceden lo dispuesto por la Ley de Transparencia y su Reglamento, cabe señalar que el artículo 18 de la Ley establece que sólo se podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción, a lo que el artículo 20 del Reglamento agrega que se entenderá por costos directos de reproducción “todos aquellos que sean necesarios para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado, excluyendo el valor del tiempo que ocupe el o los funcionarios para realizar la reproducción”. 7) Que la Dirección del Trabajo, mediante Resolución Exenta N° 1005, de 28 de agosto de 2009, estableció el valor de los costos directos de reproducción, de la siguiente manera: impresión o fotocopia de documentos, $100 por cada hoja y entrega de información mediante formato electrónico CD/DVDR, $1.000 por unidad. Asimismo, consta que para fijar dichos valores se tuvo como antecedente el Pase N° 140, de 20 de agosto de 2009, del Departamento de Gestión y Desarrollo, que señala que los costos fueron establecidos de acuerdo a la información entregada por la Unidad de Abastecimiento y Logística del Departamento de Administración y Finanzas, siendo estos de $10 por impresión o fotocopia y $500 por CDR/DVDR. 8) Que respecto a los costos directos de reproducción este Consejo acordó en la decisión recaída en el amparo A125-09 contra la I. Municipalidad de Recoleta que los costos de reproducción deben ajustarse estrictamente a las disposiciones ya señaladas, las que persiguen impedir que su cuantía obstaculice el acceso a la información por parte del requirente, pues de ser así se estarían vulnerando los principios de facilitación, oportunidad y gratuidad establecidos en el art. 11 de la Ley de Transparencia. 9) Que, así, el Consejo ha acordado los siguientes parámetros para analizar los costos directos de reproducción que pueden cobrar los organismos sujetos a la Ley de Transparencia: a) El valor que se exija pagar por costos directos de reproducción deberá tener relación con el que se cobre por el mismo servicio a los órganos o servicios de la Administración del Estado y que, en principio, es el establecido en el convenio marco respectivo, por lo que este último será considerado el valor de referencia para estos efectos. b) En la Región Metropolitana el valor de referencia de los costos directos de reproducción corresponde al valor del servicio que se cobra a través del Convenio Marco (Código CM N°05/2008) denominado Servicios de Impresión y Reproducción, N° Licitación 2239-5-LP08, adjudicado al proveedor GRAFHIKA COPY CENTER Ltda., cuyos valores son: Producto Características Precio Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g carta Valor por hoja: $14 más IVA Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g oficio Valor por hoja: $14 más IVA Fotocopia Blanco y negro papel bond 90 g doble carta Valor por hoja: $25 más IVA Fotocopia Color papel bond 90 g carta Valor por hoja: $250 más IVA Fotocopia Color papel bond 90 g oficio Valor por hoja: $250 más IVA Fotocopia Color papel bond 90 g doble carta Valor por hoja: $350 más IVA Ploteo de planos Blanco y negro en polyester Valor por metro lineal: $2.500 más IVA Ploteo de planos Blanco y negro papel bond Valor por metro lineal: $990 más IVA Ploteo de planos Color en polyester Valor por metro lineal: $4.500 más IVA Ploteo de planos Color material papel bond Valor por metro lineal: $2.100 más IVA c) Si el órgano o servicio se encuentra sometido a un convenio marco para la provisión de este servicio: i. Deberá cobrar por concepto de costos directos de reproducción el precio que establece dicho convenio, esto es, el valor de referencia. ii. Sin embargo, si el órgano o servicio ha contratado el servicio de reproducción a un precio inferior al valor de referencia (sea mediante licitación pública, licitación privada o trato directo) primará dicho precio al ser inferior al de referencia, aplicando un criterio de realidad. d) Si el órgano no puede acceder a un convenio marco y ha contratado el servicio de reproducción vía licitación pública, licitación privada o trato directo, primará el costo real que debe asumir el organismo para efectuar la reproducción, es decir, podrá exigir el pago del valor que le corresponderá pagar por dicho motivo en virtud del contrato, aún cuando este precio sea superior al valor de referencia. Lo anterior no obsta a que el órgano opte por cobrar un valor inferior. e) Si el órgano no tiene contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada) podrá: i. Estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia exigiendo ese pago al solicitante de información o ii. Estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que debe incurrir, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo, de oficio o a instancia de algún solicitante de información. f) En las hipótesis de las letras c) y d) el órgano deberá dejar constancia, en el acto administrativo correspondiente, de los datos de identificación de la contratación. Además, deberá acreditar que se ajusta al precio establecido en el convenio marco o contrato respectivo de ser requerido por este Consejo, de oficio o a instancia de algún solicitante de información. g) La información solicitada se entregará en la forma y por el medio que el requirente haya señalado, salvo que el valor total del costo directo de reproducción de la información solicitada exceda al que el solicitante está dispuesto a solventar, caso en el que la entrega se hará en la forma y a través de los medios que éste indique, por lo que el órgano deberá informar en el acto que determine los costos para la solicitud concreta, los medios alternativos y más económicos por los cuales se puede acceder a la información. Por ejemplo, podrá proponer sustituir el formato papel (fotocopia o impresión) por medios digitales (CD, VCD, DVD, memoria externa, etc.). 10) Que este Consejo considera que el cobro de valores superiores a los que resulten de las reglas anteriores contraviene los principios de facilitación, oportunidad y gratuidad establecidos en el art. 11 de la Ley de Transparencia y, además, los criterios del art. 20 del Reglamento de la misma Ley. Por lo mismo, dichos cobros se considerarán una forma de obstaculizar la entrega de información sin fundamento legal. 11) Que dado que el valor que cobra la Dirección del Trabajo por la impresión o fotocopias simples -$100- es superior al que para estos servicios establece el Convenio Marco que rige en esta materia para la Región Metropolitana se resolverá que éste sobrepasa los costos directos de reproducción que autoriza a cobrar la Ley. 12) Que, para decidir lo anterior, también se ha tenido en cuenta que la Dirección del Trabajo no acreditó: i) el valor de los insumos que forman parte de sus costos directos de reproducción, ii) las razones por las que se excluye de la aplicación del convenio marco, caso en el que sería ese el costo directo de reproducción en el que incurriría, y iii) si tiene suscrito algún contrato con un proveedor de servicio de reproducción, por qué no aplica ese precio. Por otro lado, también se tiene en cuenta que para fijar dichos valores se tuvo como antecedente el Pase N° 140, de 20 de agosto de 2009, del Departamento de Gestión y Desarrollo del Servicio, que señala que los costos fueron establecidos de acuerdo a la información entregada por la Unidad de Abastecimiento y Logística del Departamento de Administración y Finanzas, siendo éstos de $10 por impresión o fotocopia y $500 por CDR/DVDR, o sea, inferiores a los que se están cobrando. 13) En consecuencia, y ejerciendo la potestad que le confiere el art. 33 d) de la Ley de Transparencia, este Consejo requerirá a la Directora del Trabajo que modifique su Resolución Exenta N° 1005, de 28.08.09, que establece el cobro por reproducción de documentos que indica y fija valor, en lo relativo a los costos directos de reproducción, de manera que éstos se adecúen a criterios de realidad verificables conforme a los parámetros establecidos en el considerando 9º, procediendo a cobrar al solicitante las sumas que resulten de la aplicación de tales criterios y que restituya al reclamante lo cobrado en exceso. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y D) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger el amparo interpuesto por don Aldo Raggio Alvarado en contra de la Dirección Regional del Trabajo de Valparaíso. II. Requerir al Director Regional del Trabajo de Valparaíso, bajo el apercibimiento de proceder en caso de infracción conforme lo dispone el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que entregue a don Aldo Raggio Alvarado la información requerida y que aún no se ha entregado, según se expresa en el considerando 5º de esta decisión y de acuerdo a los demás fundamentos señalados precedentemente en ésta misma. III. Requerir al Director Regional del Trabajo de Valparaíso: a. Cumplir el presente requerimiento, en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada. b. Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la dirección postal de este Consejo (Morandé N° 115, Piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. IV. Requerir a la Directora del Trabajo que modifique la Resolución Exenta N° 1005, de 28.08.09, que establece el cobro por reproducción de documentos que indica y fija valor, en el punto relativo a los costos directos de reproducción, por considerar que el precio que se exige pagar por dicho concepto es excesivo e impide el acceso a la información requerida, por lo que los deben ajuste en conformidad a los parámetros indicados en el considerando 9º de esta decisión, procediendo a restituir al solicitante lo que exceda de las sumas que resulten de la aplicación de tales criterios. V. Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Aldo Raggio Alvarado, al Director Regional del Trabajo de Valparaíso y a la Directora Nacional del Trabajo. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Se deja constancia que el Consejero don Roberto Guerrero Valenzuela no firma la presente decisión por encontrarse fuera del país, pese a participar en el acuerdo. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.