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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C273-13</strong></p>
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Entidad pública: Superintendencia del Medio Ambiente</p>
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Requirente: Manuel Hermosilla Quiroz</p>
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Ingreso Consejo: 05.03.2013</p>
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En sesión ordinaria N° 429 de su Consejo Directivo, celebrada el 26 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C273-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5° inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 24 de enero de 2013 don Manuel Hermosilla Quiroz requirió a la Superintendencia del Medio Ambiente –en adelante también SMA–información sobre denuncias recibidas ante dicho órgano. En específico, solicitó:</p>
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a) Copia de todas las denuncias recibidas, ya sea en estado de trámite o terminadas, desde la creación de la Superintendencia de Medio Ambiente al 23 de enero de 2013, incluido el período de marcha blanca, es decir, antes del 28 de diciembre de 2012.</p>
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b) Copia de todos los documentos que acompañan las denuncias y acompañan o son anexos a las respuestas procesadas por la Superintendencia reclamada, ya sea documentos evacuados por dicho órgano y/u otro ente o servicio público.</p>
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c) Documentos que registren la base legal y/o normativa sobre la que el órgano reclamado sustenta la exigencia de firma digital para presentar denuncias por medio de formulario on line en su página web.</p>
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2) RESPUESTA: La Superintendencia del Medio Ambiente respondió a dicho requerimiento mediante Resolución Exenta Nº 170, de 21 de febrero de 2013, del Superintendente de dicho órgano, informando lo siguiente:</p>
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a) Invoca la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia. Al efecto, considera que la Ley Orgánica de la SMA indica, en su artículo 31, que ésta deberá administrar un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), de acceso público, el que se conformará, entre otros, por los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados.</p>
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b) De este modo, son de carácter público, y deberán conformar el SNIFA, los procesos sancionatorios incoados, es decir, los procesos sancionatorios iniciados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados. En este contexto, la denuncia constituye un antecedente del proceso sancionatorio que se hará pública una vez que se formulen cargos al posible infractor.</p>
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c) En consecuencia, la publicación de la información previa a la formulación de cargos, atenta contra los derechos del denunciante y del denunciado, sin haberse iniciado aún un procedimiento administrativo que justifique su publicidad, y aún más, atenta contra el debido funcionamiento de las funciones esenciales de la SMA, alertando al posible infractor antes que dicha Superintendencia pueda siquiera determinar la realización de acciones de fiscalización, volviendo ilusorio el ejercicio efectivo de sus competencias.</p>
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d) Por su parte, de acuerdo a la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, junto con la del artículo 7º de la Ley Nº 19.628, sobre Protección de Datos de Carácter Personal, se concluye que la información solicitada se refiere a datos personales y propios de la vida privada de sus titulares, de los cuales la SMA debe guardar reserva.</p>
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e) Finalmente, con respecto al uso de firma electrónica, señala que de acuerdo a la Ley Nº 19.799, sobre documentos electrónicos, como requisito previo y esencial para presentar denuncias a través de formularios on line, dicha Superintendencia no exige la obligación de firmar electrónicamente las denuncias que le son presentadas, ni tampoco existe la obligación legal de hacerlo.</p>
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3) AMPARO: El 5 de marzo de 2013 don Manuel Hermosilla Quiroz dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Superintendencia de Medio Ambiente, fundado en que se le denegó la entrega de la información requerida en los literales a) y b) de la solicitud de información.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante Oficio Nº 987, de 15 de marzo de 2013, al Sr. Superintendente del Medio Ambiente, quien mediante Ordinario Nº 900, de 2 de abril de 2013, evacuó sus descargos en los siguientes términos:</p>
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a) Atendido lo poco concreto de la solicitud de información se puede deducir que el requirente al solicitar las “denuncias en trámite”, se refiere a aquellas respecto de las cuales aún no se ha dictado la respetiva resolución que da término al procedimiento administrativo sancionatorio. Entiende además que al solicitar las “denuncias terminadas”, se refiere a aquellas respecto de las cuales se ha dictado la respectiva resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio o han sido archivadas de acuerdo al artículo 47 de la Ley Orgánica de la SMA Nº 20.417.</p>
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b) A su juicio no procede la entrega de copia de todas las denuncias en trámite que se hayan recibido por la SMA, más todos los documentos que las sustentan, debiendo distinguir en este caso dos situaciones que se pueden presentar:</p>
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i. Denuncias en trámite respecto de las cuales no se han formulado cargos al posible infractor por parte de la SMA: al respecto se configura la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia. En efecto, se está frente a una solicitud de antecedentes previos a la adopción de una resolución o medida, la que sería aquella decisión de la SMA que daría inicio al procedimiento administrativo sancionatorio, que se formaliza con la correspondiente resolución que formula los cargos contra el posible infractor, alertando al posible infractor antes que la SMA pueda siquiera determinar la realización de acciones de fiscalización. Desde ese momento el expediente sancionatorio es público.</p>
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Asimismo, se configura la causal de secreto o reserva contenida en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por cuanto, de acceder a lo solicitado, se divulgarían datos personales del denunciante y del denunciado, previo a la formulación de cargos que pudiera realizársele, publicando hechos que no han sido comprobados con la correspondiente fiscalización. En similar sentido se pronuncia el artículo 7º de la Ley Nº 19.628.</p>
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ii. Denuncias en trámite, respecto de las cuales se formularon cargos al infractor por parte de la SMA: en esta situación se debe tener en consideración que la Ley Orgánica de la SMA, dispone en su artículo 31, letra c), que se deberá administrar un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), de acceso público, el que se conformará, entre otros, con “los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados”. De este modo, son de carácter público y deberán conformar el SNIFA, los procesos sancionatorios incoados, es decir, los procesos sancionatorios iniciados respecto de cada actividad, proyecto, sujeto fiscalizado y sus resultados. En este contexto, la denuncia constituye un antecedente del proceso sancionatorio que se hará pública una vez que se formulen cargos al posible infractor.</p>
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En mérito de lo anterior, es que la solicitud de información de la especie es improcedente e innecesaria, ya que los procesos sancionatorios iniciados respecto de cada actividad, proyecto, sujeto fiscalizado y sus resultados ya son de carácter público. Es así como en el sitio web del organismo www.sma.gob.cl, existe un link de acceso a SNIFA, existiendo un link directo a todos los procedimientos de sanción que contienen acceso al expediente completo desde la correspondiente formulación de cargos.</p>
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c) No procede entregar copia de todas las “denuncias terminadas”, específicamente aquellas respecto de las cuales se ha dictado la respectiva resolución que pone fin al procedimiento administrativo sancionatorio, más todos los documentos proporcionados por el denunciante, las respuestas emanadas de la SMA u otro organismo fiscal y los documentos que las respaldan, por tratarse de información pública disponible en SNIFA, de acuerdo a lo indicado por el citado artículo 31, letra c), de la Ley Orgánica de la SMA.</p>
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d) Sin perjuicio de lo anterior, señala que hasta el 27 de marzo de 2013, la SMA ha recibido 419 denuncias, de las cuales un grupo de ellas han sido archivadas, de acuerdo al artículo 47 de la Ley Orgánica de la SMA. En este último caso, no procede la entrega de dicha denuncias, pues si bien ellas no tienen mérito suficiente o no cumplen con los requisitos que la ley exige para dar origen a las correspondientes fiscalizaciones y al posterior procedimiento administrativo sancionador, igualmente son usadas por la SMA para la elaboración de futuros programas y subprogramas de fiscalización y sanción, atendido que todas ellas en su conjunto entregan información relevante para el desarrollo de dichas actividades.</p>
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e) En consecuencia, su entrega haría ineficaz las futuras fiscalizaciones de la SMA, toda vez que se alertaría al posible infractor, volviendo ilusorio el ejercicio de todas las competencias propias de fiscalización y sanción, incentivando la práctica oportunista de posibles fiscalizados a solicitar vía transparencia copia de todas las denuncias recibidas para intentar predecir y eludir los mencionados programas y subprogramas de fiscalización.</p>
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f) Agrega que, atendido el número de denuncias recibidas, y específicamente respecto de aquellas denuncias terminadas, y que han sido archivadas en conformidad al artículo 47 de la Ley Orgánica de la SMA, procede la causal de secreto o reserva señalada en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Sobre el particular, hace presente que, de acuerdo a lo indicado por la Instrucción General Nº 10 de este Consejo, existe la posibilidad para el órgano reclamado de omitir el procedimiento de notificación a que se refiere el artículo 20 de la Ley de Transparencia, cuando concurre la causal de secreto o reserva alegada en la especie.</p>
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5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 15 de abril de 2013, la Jefa de la Oficina de Atención Ciudadana de la Superintendencia del Medio Ambiente, informó a este Consejo que el número de denuncias que se encuentran archivadas, por no haberse iniciado proceso de sanción, es de 7 denuncias, que se encuentran archivadas en 5 oficios.</p>
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6) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de este Consejo, en su sesión ordinaria Nº 426, de 17 de abril de 2013, acordó como medida para mejor resolver, requerir a la Superintendencia del Medio Ambiente informe a este Consejo si las denuncias que se encuentran publicadas en el sistema SNIFA corresponden a la totalidad de denuncias respecto de las cuales se han formulado cargos en la SMA, y si dicho órgano guarda registro y copia de las denuncias que son derivadas a otros organismos.</p>
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Mediante correo electrónico de 18 de abril de 2013, la Jefa de la Oficina de Atención Ciudadana de la Superintendencia del Medio Ambiente, informó a este Consejo que “todos los cargos formulados por la SMA están en el SINFA”, agregando que dicho órgano además posee registro y copias de las denuncias derivadas a otros organismos. Señaló también que “una vez formulados los cargos por la SMA, recién ahí es publicada la denuncia en el SNIFA. Cuando llegan denuncias la SMA posee la facultad de encomendar su fiscalización, para luego formular o no cargos”.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que atendido el contenido de la respuesta entregada al solicitante –en la cual se le informó acerca de la normativa legal vigente respecto a documentos electrónicos y firma digital–, como del tenor del amparo interpuesto por éste, el presente amparo se circunscribe a aquella información requerida en los literales a) y b) de la solicitud de información.</p>
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2) Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 47 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente “el procedimiento administrativo sancionatorio podrá iniciarse de oficio, a petición del órgano sectorial o por denuncia (…) Las denuncias de infracciones administrativas deberán ser formuladas por escrito a la Superintendencia…” y deberán contener, además de la individualización del denunciante, “una descripción de los hechos concretos que se estiman constitutivos de infracción, precisando lugar y fecha de su comisión y, de ser posible, identificando al presunto infractor”. Dicha norma agrega que la denuncia “originará un procedimiento sancionatorio si a juicio de la Superintendencia está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente”. Por su parte, el artículo 49 de la citada ley, dispone que “la instrucción del procedimiento sancionatorio se realizará por un funcionario de la Superintendencia que recibirá el nombre de instructor y se iniciará con una formulación precisa de los cargos”.</p>
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3) Que de lo expuesto se puede concluir que la recepción de una denuncia por parte de la Superintendencia reclamada no origina, por ese sólo hecho, la instrucción de un procedimiento sancionatorio, lo que sólo ocurrirá si luego del análisis de la misma se observa que ésta “está revestida de seriedad y tiene mérito suficiente”. De esta forma, corresponde determinar si la divulgación de una denuncia y de los documentos acompañados a las mismas, previo a la instrucción de un procedimiento sancionatorio, configuraría la concurrencia de alguna de las causales de secreto o reserva alegadas por el órgano reclamado para las denuncias que se encuentren en dicho estado.</p>
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4) Que el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia, dispone que se podrá denegar el acceso a la información “tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas”. A su vez, el artículo 7º Nº 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, señala que “se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios”. Según la jurisprudencia de este Consejo –contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12– para configurar la causal de reserva indicada, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, a saber: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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5) Que, en cuanto al primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que: “ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido”. En la especie, a juicio de este Consejo, debiendo tomarse por parte de la Superintendencia reclamada una decisión respecto de si instruir o no un procedimiento sancionatorio, el vínculo entre la información requerida y dicha decisión resulta ser evidente y preciso, por cuanto es precisamente a partir de la seriedad y el mérito de cada denuncia, como de los documentos que se acompañan a las mismas, que dicho órgano decidirá instruir o no el respectivo procedimiento.</p>
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6) Que, en cuanto al segundo requisito, este Consejo estima que, tratándose de denuncias en trámite, respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de formular o no cargos contra el posible infractor, la divulgación de lo solicitado, en forma previa a la adopción de la decisión, afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano, al interferir en una decisión que se encuentra dentro del ámbito de su competencia, como es iniciar o no el respectivo procedimiento sancionatorio contra el posible infractor. En efecto, mientras no se haya adoptado la decisión, la divulgación de los antecedentes denunciados y que están siendo analizados por la SMA, podría impedir que el órgano acceda a todos los antecedentes necesarios para la toma de la decisión, configurando de esta forma la causal de secreto o reserva establecida en el artículo 21 Nº 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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7) Que, en consecuencia, se rechazará el presente amparo en esta parte, denegándose la entrega de las denuncias respecto de las cuales aún no se ha adoptado la decisión de iniciar o no un proceso sancionatorio. Cabe hacer presente que, habiéndose acogido una de las causales de secreto o reserva alegadas, resulta innecesario pronunciarse acerca de la otra causal invocada, esto es, la del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por resultar inoficioso para estos efectos.</p>
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8) Que respecto de aquellas denuncias acerca de las cuales ya se adoptó la decisión de iniciar un procedimiento sancionatorio –con la respectiva formulación de cargos– o, por el contrario, ya se tomó la decisión de no iniciar procedimiento alguno, se debe tener presente que, según lo disponen los artículos 5º y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público. Por lo anterior, en principio, dichas denuncias serán consideradas como información pública, salvo que tal información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
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9) Que, el artículo 31, letra c), de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, señala que dicho órgano administrará un Sistema Nacional de Información de Fiscalización Ambiental (SNIFA), el que será de acceso público y que se conformará, entre otros, con “c) Los procesos sancionatorios incoados respecto de cada actividad, proyecto y sujeto fiscalizado y sus resultados”. En este contexto, tal como lo señala el propio órgano reclamado en sus descargos, tanto la denuncia como los antecedentes acompañados a ésta, constituyen información pública desde el momento en que se formulan cargos al posible infractor, no constituyendo a su respecto causal de secreto o reserva alguna que releve a la SMA de su obligación de entregar copia de la información solicitada.</p>
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10) Que, en cuanto a la alegación de la SMA en orden a que la información descrita en el considerando anterior se encontraría permanentemente a disposición del público a través del sitio electrónico de dicho organismo, atenido lo expuesto por la reclamada en respuesta a la medida para mejor resolver descrita y de la revisión del sitio electrónico http://snifa.sma.gob.cl/RegistroPublico/ProcesoSancion, se observa que las denuncias, respecto de las cuales se ha iniciado un procedimiento sancionatorio, se encuentran permanentemente a disposición del público, pudiendo acceder a copia de los respectivos expedientes. Lo anterior, a juicio de este Consejo, permite dar por satisfecha la solicitud en esta parte, en virtud de lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Transparencia, debiendo, por lo tanto, rechazarse el amparo en esta parte, al haberse informado al requirente el sitio electrónico donde se encontraba disponible la información.</p>
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11) Que, en relación con aquellas “denuncias terminadas”, igualmente se trata, en principio, de información pública, en mérito de lo dispuesto por el ya citado artículo 31 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente. Respecto de lo alegado en esta parte por la SMA, en cuanto al eventual uso que se le puedan dar a estas denuncias por dicho órgano, para elaborar futuros programas de fiscalización, no justifica por eso solo hecho la mantención en reserva de dicha información, ya que no existe certeza de que dichas denuncias efectivamente llegarán a ser utilizadas posteriormente, tratándose sólo de una posibilidad eventual. En efecto, y de conformidad al texto expreso del artículo 21 de la Ley de Transparencia, para establecer la reserva de la información es menester determinar la afectación del interés jurídico protegido por dicha norma, afectación que, según ya ha señalado este Consejo, debe ser presente o cierta, probable y específica (decisiones de amparos Roles A96-09, A165-09, A193-09, C840-10, C850-10, C492-11, C929-11, entre otras). Por lo tanto, no se configura causal de secreto o reserva alguna por los hechos alegados.</p>
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12) Que en cuanto a la eventual concurrencia de la causal de secreto o reserva del artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, a juicio de la SMA, ésta se configuraría por el número de denuncias recibidas, específicamente respecto del número de denuncias terminadas. Sobre el particular, el artículo 7º Nº 1, letra c), del Reglamento de la Ley de Transparencia, considera que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiere por parte de éstos la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo, o un alejamiento de sus funciones habituales. En la especie, según lo informado por el propio órgano reclamado en la gestión oficiosa descrita, a la fecha sólo se encuentran archivadas 7 denuncias. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, la búsqueda y posterior entrega de ese número de denuncias no configura la causal de secreto o reserva alegada, al tratarse de un reducido número de denuncias cuya búsqueda no distrae a los funcionarios del cumplimiento de sus funciones habituales, máxime si éstas se encuentran archivadas, se trata de un órgano cuya puesta en marcha es de reciente data, todo lo cual facilita su búsqueda.</p>
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13) Que, finalmente, se debe hacer presente en relación con la identidad de los denunciantes de denuncias que se encuentran terminadas, que si éstas dieron origen a un procedimiento sancionatorio, no resulta aplicable el criterio desarrollado por este Consejo (amparos Roles A91-09 y C520-09), en orden a proteger la identidad de los denunciantes, por cuanto el propio artículo 31, letra c), de la Ley Orgánica de la SMA, dispone que es el mismo órgano reclamado quien debe publicar el expediente íntegro de los procesos sancionatorios que lleva a cabo, incluyendo copia de la denuncia, que identifica claramente al denunciante. Con todo, respecto de aquellas denuncias que no dieron origen al procedimiento sancionatorio, siendo archivadas por no estar revestidas de seriedad ni tener mérito suficiente, no resulta aplicable la norma de publicidad a que se ha hecho referencia. Por ello, al efectuar la entrega de dicha información, se deberá reservar la identidad de los denunciantes y de todo otro antecedente que permita inferirla, por tratarse de datos personales respecto de los cuales no se cuenta con la autorización de su titular para su tratamiento, conforme lo requiere la Ley N° 19.628. Lo anterior en cumplimiento de la atribución conferida a este Consejo por el artículo 33 letra m) de la Ley de Transparencia.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Manuel Hermosilla Quiroz, en contra de la Superintendencia del Medio Ambiente, por los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Superintendente del Medio Ambiente que:</p>
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a) Entregue al solicitante copia de todas las denuncias recibidas en dicho órgano, y que se encontraren terminadas, desde su creación y hasta la fecha de la interposición de la solicitud de información que originó el presente amparo, junto con todos los documentos acompañados a las mismas, debiendo tarjar la identidad, o cualquier antecedente que permita identificar al denunciante, respecto de aquellas denuncias terminadas y que no hayan dado origen a un procedimiento sancionatorio, conforme a lo señalado en el considerando 13º de la presente decisión.</p>
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b) Cumplir el presente requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
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III. Encomendar al Director General de este Consejo y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente acuerdo a don Manuel Hermosilla Quiroz y al Sr. Superintendente del Medio Ambiente.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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