<p>
<strong>DECISIÓN AMPAROS ROLES C275-13 Y C276-13</strong></p>
<p>
Entidad pública: Universidad de Chile</p>
<p>
Requirente: Max Schilling Ferrari</p>
<p>
Ingreso Consejo: 06.03.2013</p>
<p>
En sesión ordinaria Nº 425 del Consejo Directivo, celebrada el 9 de abril de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de las solicitudes de amparos al derecho de acceso a la información Roles C275-13 y C276-13.</p>
<h3>
VISTO:</h3>
<p>
Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
<h3>
TENIENDO PRESENTE:</h3>
<p>
1) SOLICITUD DE ACCESO: Don Max Schilling Ferrari, efectuó las siguientes solicitudes de acceso a la información a la Universidad de Chile, en las fechas que en cada caso se indican:</p>
<p>
a) Solicitud de 30 de enero de 2013: requirió copia completa del nuevo Programa de Pregrado y el plan detallado de estudios, incluyendo los contenidos detallados de cada ramo o asignatura correspondiente a la carrera de Tecnología Médica mención Oftalmología, que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad.</p>
<p>
b) Solicitud de 1° de febrero de 2013: solicitó copia completa del expediente de estudios con todas las actas, documentos, antecedentes y nómina de profesionales intervinientes, desde el inicio del proceso en el cual se analizaron, evaluaron y acordaron las modificaciones en las mallas curriculares, planes y programas de estudio de pregrado de la carrera de Tecnología Médica en todas sus menciones.</p>
<p>
2) INFORMACIÓN SOBRE PLAZO DE LA RESPUESTA: La Universidad de Chile, a través del encargado de la Unidad de Gestión de la Información Institucional, le informó al solicitante por correo electrónico de 31 de enero de 2013, que “los plazos asociados (20 días hábiles como regla general) se verán afectados por el próximo Receso Universitario 2013. Al respecto le señalan que puede consultar más detalles sobre la situación en el link http://www.uchile.cl/portal/presentacion/informacion-publica/88761/ru2013”.</p>
<p>
3) AUSENCIA DE RESPUESTA Y AMPARO: El 6 de marzo de 2013, don Max Schilling Ferrari dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que no recibió respuesta a sus solicitudes de información, encontrándose vencido el plazo para ello. Ello dio lugar a los amparos Roles C275-13 (referido a la solicitud de 1° de febrero de 2013) y C276-13 (respecto de la solicitud de 30 de enero de 2013).</p>
<p>
Además, adjuntó copia de un correo electrónico por el cual el solicitante le indicó al encargado de Transparencia de la Universidad de Chile que los plazos de respuesta para las solicitudes de acceso se encontraban fijados por ley, razón por la que, a su juicio, no podrían ser modificados por un simple decreto del Sr. Rector de dicha casa de estudios.</p>
<p>
4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación los presentes amparos, trasladándolos conjuntamente mediante el Oficio N° 949, de 13 de marzo de 2013 al Sr. Rector de la Universidad de Chile; quien a través del Oficio U.G.I.I. (O) N° 48/2013, de 28 de marzo de 2008, presentó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, que:</p>
<p>
a) Respecto de ambas solicitudes de acceso a la información presentadas por el recurrente, concurriría a su juicio la causal de reserva contemplada en el artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia, por cuanto la comunicación o publicidad de lo requerido, afectaría el debido cumplimiento de las funciones de dicho órgano, por cuanto corresponden a antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que sean públicas una vez que sean adoptadas.</p>
<p>
b) Además señala que el programa y el plan de estudios de la carrera de tecnología médica se encuentran fijados en el Decreto Universitario N° 2927, de 1995 y en el Reglamento General de los Planes de Formación conducentes a las Licenciaturas y Títulos Profesionales otorgados por la Facultad de Medicina, fijado en el Decreto Universitario N° 3625, de 2009. Es por ello que cualquier modificación a las normas universitarias en cuestión, requiere la sustitución o enmienda de ellas, mediante la dictación del decreto respectivo.</p>
<p>
c) En relación al caso en análisis, indica que “mediante la carta N° 2104, de 6 de diciembre de 2012 y carta N° 17 de 7 de enero de 2013, se remitieron al Sr. Vicerrector de Asuntos Académicos, respectivamente, la actualización de programas y planes de estudio de las carreras de la Facultad de Medicina para su estudio y aprobación y la modificación al Reglamento General de Pregrado de las carreras que imparte la Facultad. De ese análisis, de existir conformidad con las modificaciones, se procederá en su momento a la dictación de los decretos correspondientes por el Sr. Rector de la Universidad”.</p>
<p>
d) Conforme con lo anterior, hasta la fecha no se ha dictado el acto administrativo final que sancione los cambios, por lo tanto las peticiones efectuadas por el peticionario no son posibles de satisfacer, al encontrarse afectas a la causal de reserva antes indicada.</p>
<p>
e) Finalmente indican que se informó oportunamente al solicitante respecto de las implicancias del denominado “receso universitario” en el mes de febrero pasado, en cuanto al cumplimiento efectivo de los plazos de respuesta asociados. Al respecto, reiteran la voluntad institucional de cumplir con entregar una respuesta oportuna a los requerimientos, en la medida de sus reales posibilidades.</p>
<p>
5) GESTIONES OFICIOSAS: El 5 de abril de 2013 se solicitó al enlace de la Universidad de Chile, que, para una adecuada resolución del presente amparo, remitiera copia de las Cartas Nos 2104 y 17, de 6 de diciembre de 2012 y 7 de enero de 2013, respectivamente. Además, se requirió que informara detalladamente el procedimiento al cual se somete el análisis y revisión de los planes de estudio y particularmente que indicara si existe un plazo dentro del cual deben pronunciarse acerca de las modificaciones propuestas a los planes de estudio.</p>
<p>
Por correo electrónico de 8 de abril de 2013, la reclamada remitió copia de los documentos solicitados y además, adjuntó el Oficio U.G.I.I. (O) N° 54/2013, de esa misma fecha, por el cual informó lo siguiente:</p>
<p>
a) En cuanto al procedimiento al cual se ajusta el análisis y revisión de los planes de estudio, señala que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 del Estatuto Orgánico de la Universidad de Chile, los planes y programas de estudio serán propuestos al Rector por la respectiva Unidad Académica. Por su parte, el Reglamento General de Facultades dispone que los planes de estudio con su respectiva reglamentación, deberán ser propuestos al Rector por el Decano correspondiente, previo acuerdo del Consejo de la respectiva Facultad. Finalmente el Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado, señala que corresponderá al Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, supervisar la correcta aplicación de las políticas aprobadas por las autoridades superiores de la universidad relativas a la estructura, contenidos y funcionamiento de los estudios de pregrado y deberá velar por el aseguramiento de la calidad de los mismos.</p>
<p>
b) Sobre la base de dichas disposiciones los nuevos planes de estudios se inician por la respectiva Facultad con aprobación del Consejo. Dicha propuesta es revisada por el Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos. Luego es sometida a la consideración del Rector, para finalmente con su visación, la Dirección Jurídica de la Universidad elabore y tramite el Decreto Universitario aprobatorio correspondiente. Además, indica que respecto de estos procedimientos no existen plazos establecidos.</p>
<p>
c) Finalmente agrega que en el caso que se analiza, el Departamento de Pregrado, dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos emitió un informe favorable a los cambios propuestos por la Sra. Decana de la Facultad de Medicina, de manera que la modificación a los planes fueron sometidos a la consideración del Rector, el 12 de marzo pasado, sin que a la fecha conste la total tramitación del acto administrativo aprobatorio de las nuevas mallas curriculares por las que se consultan.</p>
<h3>
Y CONSIDERANDO:</h3>
<p>
1) Que, de conformidad al principio de economía procedimental, previsto en el artículo 9° de la Ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado y, atendido el hecho que en los amparos Roles C275-13 y C276-13, existe identidad respecto del reclamante y de la autoridad requerida, como asimismo, versan sobre la misma materia, con los alcances indicados en el numeral 1° de la parte expositiva de este acuerdo; este Consejo, para facilitar la comprensión y resolución de aquéllos –en virtud del citado principio– ha resuelto acumular los amparos señalados, resolviéndolos a través de su revisión en conjunto.</p>
<p>
2) Que, el no haber dado respuesta a la solicitud de información del recurrente dentro del plazo legal de 20 días hábiles, constituye una transgresión al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como el principio de oportunidad previsto en el artículo 11, letra h), de dicho cuerpo legal, infracción que le será representada al Sr. Rector de la Universidad de Chile. En tal sentido, resulta improcedente la suspensión de los plazos establecidos por la Ley de Transparencia, que efectúa el Sr. Rector de la Universidad de Chile durante el denominado receso universitario, desde el 4 de febrero al 1° de marzo de 2013, por cuanto el referido cuerpo legal no establece excepción alguna a la contabilización de los plazos. Con todo, de estimar el organismo reclamado que el periodo de feriado legal de sus funcionarios constituye una circunstancia que hace difícil reunir la información solicitada, puede, en tal evento, disponer de la prórroga del plazo para otorgar respuesta que concede el citado artículo 14, cumpliendo con los requisitos y formas que establece dicha disposición legal. Conforme a ello, se recomendará que se adopten las medidas necesarias para que en lo sucesivo no se reitere un hecho como el que ha motivado el presente amparo.</p>
<p>
3) Que, a modo de contexto, es menester destacar las siguientes disposiciones comprendidas en el marco normativo aplicable a la información que ha sido requerida en el presente amparo:</p>
<p>
a) El artículo 19, letra b) del Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 2006, del Ministerio de Educación, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado del D.F.L. N° 153, de 1981 que establece los Estatutos de la Universidad de Chile, señala que corresponde al Rector, dictar los reglamentos, decretos y resoluciones de la Universidad. A su vez, el artículo 37, letra g), del mismo cuerpo normativo, previene, dentro de las atribuciones del Decano de cada Facultad, la de proponer al Rector los planes de estudio de la facultad con su respectiva reglamentación, agregando el artículo siguiente que el reglamento de funcionamiento del Consejo de Facultad, fijará sus funciones y atribuciones, debiendo considerar, entre otras, la de proponer al Rector a través del Decano, los planes de estudio de la Facultad, con su respectiva reglamentación.</p>
<p>
b) El Reglamento General de Facultades, establecido por Decreto Universitario Exento N° 906, de 2009, establece que el Decano deberá proponer al Rector los planes de estudio de la Facultad, previo acuerdo del Consejo de Facultad y a propuesta del Consejo de Escuela.</p>
<p>
c) Finalmente, el Reglamento General de los Estudios Universitarios de Pregrado, establecido por Decreto Universitario Exento N° 0017946, de 7 de agosto de 2008, señala en su artículo 23 que “sin perjuicio de las atribuciones que las normas reglamentarias le asignan al Consejo de Escuela o Unidad Académica equivalente, los planes de formación y sus modificaciones, con su respectivo reglamento, serán aprobados por el Consejo de Facultad, o autoridad que corresponda, y propuestos al Rector a través del Decano u otra autoridad pertinente, para su aprobación o rechazo. También requerirán del informe previo del Vicerrector de Asuntos Académicos. Los planes de formación y sus modificaciones sólo se podrán aplicar una vez aprobados y sancionados por el Rector”. Además, en su artículo 26, establece que corresponderá al Departamento de Pregrado de la Vicerrectoría de Asuntos Académicos, supervisar la correcta aplicación de las políticas aprobadas por las autoridades superiores de la universidad relativas a la estructura, contenidos y funcionamiento de los estudios de pregrado y deberá velar por el aseguramiento de la calidad de los mismos.</p>
<p>
4) Que, a la luz de lo señalado en el considerando precedente, cabe concluir que el proceso de modificación de los planes de estudio se generan en cada Facultad, para luego ser aprobados por el Rector, previo pronunciamiento del Vicerrector de Asuntos Académicos de la Universidad de Chile. En la especie, según da cuenta la documentación acompañada y lo manifestado por la reclamada, los planes de estudios por los que se consultan, han sido aprobados por el Vicerrector de Asuntos Académicos, pero aún se encuentra pendiente el pronunciamiento del Rector de la Universidad, a quien corresponde emitir el decreto aprobatorio correspondiente, que constituiría el acto administrativo final.</p>
<p>
5) Que, la información requerida por el solicitante el 30 de enero de 2013 y que dio lugar al amparo Rol C276-13, no existía a dicha época –como tampoco al momento de resolverse el presente amparo–, dado que, como se ha señalado, aún no se ha emitido el decreto universitario correspondiente por el cual se da cuenta de la aprobación del nuevo plan de estudios del programa de pregrado de la carrera de Tecnología Médica con mención Oftalmología, que imparte la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. De esta forma, cabe rechazar dicho amparo, toda vez que no resulta posible ordenar al servicio reclamado entregar información inexistente.</p>
<p>
6) Que, en lo que dice relación con el amparo Rol C275-13, el solicitante requirió una serie de antecedentes relacionados con el proceso en el cual se analizaron, evaluaron y acordaron las modificaciones en las mallas curriculares, planes y programas de estudio de pregrado de la carrera de Tecnología Médica en todas sus menciones. Al respecto, según lo disponen los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquélla que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquélla contenida en actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público, salvo que dicha información se encontrare sujeta a las excepciones establecidas en el artículo 21 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
7) Que, en el presente caso, la Universidad de Chile alegó que concurriría la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra b) de la citada ley, por la que se podrá denegar total o parcialmente la información cuando su publicidad, comunicación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente “tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquellas sean públicos una vez que sean adoptados”. Se entiende por “antecedentes” todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por “deliberaciones”, las consideraciones, formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios (así lo establece el artículo 7° N° 1, letra b), del Reglamento).</p>
<p>
8) Que, según la jurisprudencia de este Consejo –contenida, entre otras, en sus decisiones recaídas en los amparos Roles A12-09, A47-09, A79-09, C248-10 y C67-12–, para configurar la causal de reserva indicada se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos, cuales son: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
<p>
9) Que, en cuanto al primer requisito, este Consejo ha sostenido que debe existir un vínculo preciso de causalidad entre el antecedente o deliberación previa y la resolución, debiendo dicho vínculo ser claro y evidente. En tal sentido, en la decisión recaída en el amparo Rol A79-09 se estableció que “ésta también supone que exista certidumbre de la adopción de la resolución, medida o política dentro de un plazo prudencial, incluso si la decisión consistiese, al final, en no hacer nada. No entenderlo así llevaría a que los fundamentos de la decisión fuesen indefinidamente reservados, lo que pugna con el sentido de la Ley de Transparencia y los principios de su artículo 11. En otras palabras, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1 letra b) no puede quedar sometida a una condición meramente potestativa, esto es, no puede depender de la mera voluntad o discrecionalidad del órgano requerido. De allí que si no existe la evidencia de un plazo prudencial en que deba adoptarse la medida o política, como ocurre en este caso, este Consejo debe rechazar su invocación”.</p>
<p>
10) Que, según lo manifestado por la reclamada en sus descargos, la información solicitada constituiría antecedentes que servirían para adoptar una decisión, en este caso, la del Rector, de aprobar las modificaciones a los planes de estudios propuestas por la Decana de la Facultad de Medicina de la universidad. Con todo, según se puede apreciar de la normativa que rige la materia, y de lo señalado por la propia reclamada, el proceso deliberativo de modificación de los planes de estudios se lleva a cabo en la propia Facultad proponente, quien finalmente elabora el documento que se somete a la aprobación de la autoridad correspondiente. De esta forma, es posible apreciar dos etapas dentro de este proceso, una, llevada a cabo en la propia Facultad y otra ante la Vicerrectoría de Asuntos Académicos y el Rector, quienes finalmente aprueban o no las modificaciones que se proponen.</p>
<p>
11) Que, conforme a ello, no es posible establecer un nexo causal entre los antecedentes que se pretenden reservar –actas, documentos, antecedentes y nómina de profesionales intervinientes, desde el inicio del proceso en el cual se analizaron, evaluaron y acordaron las modificaciones en las mallas curriculares–, y la obstaculización en la toma de decisiones concretas por parte del Rector de la Universidad de Chile, quien por lo demás, no tiene definido un plazo o periodo dentro del cual pudiera pronunciarse al respecto. Por lo tanto, a juicio de este Consejo, acoger la argumentación planteada por el organismo reclamado, implicaría reservar indefinidamente cualquier antecedente que pudiere guardar relación con eventuales decisiones de la autoridad. Lo anterior se torna contradictorio con los principios de publicidad y transparencia establecidos en la Constitución Política de la República y en la Ley de Transparencia.</p>
<p>
12) Que respecto del segundo requisito en comento -referido a la afectación del debido cumplimiento de las funciones-, no se ha acreditado por el órgano reclamado de qué modo la divulgación de la información que se analiza podría afectar la adopción de una resolución o medida dentro del ámbito de su competencia, no existiendo una afectación presente o cierta, probable y específica a un derecho determinado. Por esta razón, la causal de reserva del artículo 21 N° 1 letra b) de la Ley de Transparencia alegada por la Universidad de Chile deberá ser desestimada. A mayor abundamiento, cabe señalar que a juicio de este Consejo, se observa la concurrencia de un interés público preponderante en el conocimiento de la información materia del amparo Rol C275-13, por cuanto precisamente su publicidad, haría posible o enriquecería el debate público, especialmente relevante en el ámbito universitario, sobre las modificaciones a los planes de estudio de las carreras de pregrado que imparte dicha casa de estudio.</p>
<p>
13) Que, conforme con los antecedentes tenidos a la vista, cabe entender que el expediente que se solicita pudiera comprender las actas y/o documentos elaborados por el Consejo de Escuela o Unidad Académica equivalente, el Consejo de Facultad, o autoridad que corresponda; así como los antecedentes aportados por docentes, profesionales y estudiantes involucrados, quienes habrían participado de dicho proceso, según se aprecia de lo manifestado por la Sra. Decana de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, en la Carta de 6 de diciembre de 2012. En consecuencia, se acogerá el amparo Rol C275-13, ordenándose a la reclamada proporcionar copia del expediente requerido en la solicitud de 1° de febrero de 2013, en el cual estarían comprendidos los documentos indicados.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
<p>
I. Rechazar el amparo Rol C276-13, deducido por don Max Schilling Ferrari, en contra de la Universidad de Chile, por resultar inexistente la información requerida a la fecha de la solicitud y la respuesta.</p>
<p>
II. Acoger el amparo Rol C275-13, deducido por don Max Schilling Ferrari, en contra de la Universidad de Chile, conforme con las argumentaciones señaladas precedentemente.</p>
<p>
III. Requerir al Sr. Rector de la Universidad de Chile, lo siguiente:</p>
<p>
a) Entregar al reclamante copia completa del expediente de estudios con todas las actas, documentos, antecedentes y nómina de profesionales intervinientes, desde el inicio del proceso en el cual se analizaron, evaluaron y acordaron las modificaciones en las mallas curriculares, planes y programas de estudio de pregrado de la carrera de Tecnología Médica en todas sus menciones, entendiendo comprendido dentro de ellos, los documentos indicados en el considerando 14° del presente acuerdo.</p>
<p>
b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informar el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
IV. Representar al Sr. Rector de la Universidad de Chile el no haber dado respuesta a la solicitud del requirente dentro del plazo establecido en la Ley, pues con ello ha infringido lo dispuesto en los artículos 14 y 16 de la Ley de Transparencia y el principio de oportunidad consagrado en la letra h), del artículo 11 del mismo cuerpo legal.</p>
<p>
V. Recomendar al Sr. Rector de la Universidad de Chile que adopte las medidas administrativas y técnicas necesarias con el objeto de atender oportunamente las solicitudes de acceso a la información que sean presentadas, aún en el período de receso universitario.</p>
<p>
VI. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Max Schilling Ferrari y al Sr. Rector de la Universidad de Chile.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede, por parte del reclamante, la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
<p>
Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Alejandro Ferreiro Yazigi y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Jorge Jaraquemada Roblero y don José Luis Santa María Zañartu.</p>
<p>
Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
<p>
</p>