Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C7691-21

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Reclamante:	SOLEDAD LUTTINO
Reclamado:	SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN DE LA REGIÓN DE ANTOFAGASTA
Resumen del caso: Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega del detalle de los proyectos habitacionales ingresados por las entidades que indica, al SECPLAC desde el año 2017, indicando su estado, y señalando las materias de ingresos efectuados al SECPLAC por la referida entidad, desde el año 2015. Lo anterior, por cuanto, de los antecedentes del caso es posible concluir que la información requerida puede obrar en poder del órgano, por referirse a materias que se encuentran en la órbita de sus competencias, respecto de la cual, no se encuentra satisfecho el estándar para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de los antecedentes en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se representa al órgano la infracción al artículo 12 de la Ley de Transparencia, al haber requerido de manera improcedente e inoficiosa la subsanación de la solicitud de acceso a la información.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	1/27/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C4950-18 C4603-18 C4846-18
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DECISIÓN AMPARO ROL C7691-21   Entidad pública: Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta Requirente: Soledad Luttino Ingreso Consejo: 18.10.2021 RESUMEN Se acoge el amparo interpuesto en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, ordenando la entrega del detalle de los proyectos habitacionales ingresados por las entidades que indica, al SECPLAC desde el año 2017, indicando su estado, y señalando las materias de ingresos efectuados al SECPLAC por la referida entidad, desde el año 2015. Lo anterior, por cuanto, de los antecedentes del caso es posible concluir que la información requerida puede obrar en poder del órgano, por referirse a materias que se encuentran en la órbita de sus competencias, respecto de la cual, no se encuentra satisfecho el estándar para la configuración de la circunstancia de hecho de inexistencia de los antecedentes en poder del órgano, que ha determinado la normativa que regula el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y que se ha reflejado en la jurisprudencia de este Consejo. Con todo, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes solicitados, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. Se representa al órgano la infracción al artículo 12 de la Ley de Transparencia, al haber requerido de manera improcedente e inoficiosa la subsanación de la solicitud de acceso a la información. En sesión ordinaria N° 1249 del Consejo Directivo, celebrada el 25 de enero de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C7691-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de septiembre de 2021, doña Soledad Luttino solicitó a la Municipalidad de Calama la siguiente información: "Buenas tardes, solicito detalle de proyectos habitacionales ingresados por la Empresa Constructora Guzmán y Larraín Ltda. - Gestora Más Hogar Ltda., al SECPLAC entre los años 2017 a la fecha y estado de los mismos. Señale materias de ingresos efectuado al SECPLAC por la Empresa Constructora Guzmán y Larraín Ltda. - Gestora Más Hogar Ltda., entre los años 2015 a la fecha". Mediante Ord. N° 36 del 9 de septiembre de 2021, el municipio derivó la solicitud al Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, de acuerdo al artículo 13 de la Ley de Transparencia, precisando que el municipio no dispone de la información, según lo indicado por el Director de SECPLAC. 2) RESPUESTA: El 24 de septiembre de 2021, el Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta respondió al requerimiento, indicando que, al revisar la solicitud se ha advertido la omisión de algunos de los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, por lo tanto, solicitan precisar el requerimiento en los siguientes aspectos: "Debe aclarar si se refiere a proyectos ingresados a Serviu, ya que en el presentación menciona a SECPLAC, que no es un organismo de este Serviu si no que del Municipio, no obstante el mismo Municipio deriva el caso a este Serviu, por dicho motivo es necesario que la requirente aclare si desea información de ingresos a Serviu o del Municipio, si fuese el primer caso su respuesta, podremos responder este Servicio en base a su competencia y si fuese el último caso, podremos derivar a la Municipalidad correspondiente". 3) AMPARO: El 18 de octubre de 2021, doña Soledad Luttino dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se solicita subsanar indicando si se dirige la solicitud al Serviu o al municipio, pese a que aquel señaló no tener la información derivando el requerimiento al primero. Además, la reclamante hizo presente que los reclamados se han negado a hacer entrega de la información, solicitando subsanación indicando si lo requerido es de ellos o del municipio, pese a que la solicitud fue derivada desde el municipio, de lo que se entiende que aquel no tiene la información sino Serviu, como lo menciona la carta de derivación. A su vez, solicita aplicar SARC, por las razones que indica. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo, confiriendo traslado al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, mediante Oficio E22429, de 3 de noviembre de 2021, solicitando que: (1°) refiérase a las alegaciones de la reclamante, específicamente a los motivos por los cuales le requirió subsanar la solicitud, considerando que previamente la Municipalidad de Calama procedió a derivar el requerimiento al organismo que usted dirige por no contar con información respecto a la materia consultada; (2°) señale si la información reclamada obra en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; y, (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada. Mediante Ord. N° 3107 de fecha 3 de diciembre de 2021, el órgano reclamado formuló descargos, en los que, en síntesis, manifestó que no cuenta con la información en los términos consultados, toda vez que, lo requerido en relación a la Empresa Constructora Guzmán y Larraín Ltda. - Gestora Más Hogar y a los proyectos habitacionales ingresados por esta desde el año 2015 a SECPLAC, son gestiones de índole particular y exceden las funciones del órgano y de los soportes documentales con los que cuenta, siendo los ingresos a las distintas unidades municipales, y entidades públicas y privadas, parte de la función interna que ellos desarrollan, no teniendo un registro el SERVIU del trabajo que internamente ellos realizan en cuanto a gestión de documentos por los proyectos que desarrollan. Aclara que el Servicio sí tiene proyectos con la referida empresa, sin embargo, estos se han desarrollado desde el año 2015 a lo largo de toda la región, en las diversas comunas, y bajo distintos programas habitacionales, por lo que, la aclaración requerida no tiene más finalidad que pedir que se acote la consulta, porque la empresa, además, tiene proyectos privados de los cuales el Servicio no tiene absoluta injerencia ni conocimiento de gestión. Lo anterior, se sustenta en que, además, la información pedida dice relación con un trámite que se formula ante otro ente, municipal, SECPLAC, que es a quien se hace referencia en la solicitud, pidiendo textual "los ingresos formulados a SECPLAC", detalle que Serviu no posee. Recalca que en cuanto a los proyectos desarrollados a través de programas del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, las Entidades Patrocinantes y empresas constructoras, deben ingresar sus proyectos ante la Dirección de Obras Municipales para la obtención de los permisos de edificación y de especialidades lo que en ocasiones incluye SECPLAC, conforme lo establecido en Ley General de Urbanismo y Construcción, y en la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, situación que ocurre antes de la calificación definitiva del proyecto por parte de SERVIU, momento a partir del cual se da inicio al proceso constructivo y comienza la fiscalización del Servicio, y registro de gestión, por lo que, la solicitud de aclaración es absolutamente fundada y no tiene sustancia dilatoria, sino por el contrario, permite entender el detalle de lo requerido para analizar si se cuenta o no con la información idónea. Lo anterior, está establecido en el artículo 15 del D.S N° 49, de 2011. Indica que es importante se precise la consulta, sobre si refiere a proyectos ya ingresados en calidad de calificados que la empresa y entidad referidos estén gestionando con SERVIU. No se invoca causal del artículo 21, de la Ley N° 20.285, sino aclaración de la letra b) artículo 12 de la misma norma. Por lo expuesto, no se configura infracción a la Ley N° 20.285, habiéndose dado la posibilidad de aclarar la consulta, conforme a la facultad establecida en la letra b) del artículo 12 de la Ley N° 20.285, no dándose el supuesto de vulneración al derecho establecido en el artículo 10 y siguientes. Y CONSIDERANDO: 1) Que, el objeto del presente amparo dice relación con la falta de entrega de la información requerida, correspondiente al detalle de los proyectos habitacionales ingresados por las entidades que indica, al SECPLAC desde el año 2017, indicando su estado, y señalando las materias de ingresos efectuado al SECPLAC por la referida entidad, desde el año 2015. Por su parte, el órgano reclamado requirió la subsanación de la solicitud, alegando además en esta sede no obrar en su poder la información pedida. 2) Que, en primer término, respecto de la solicitud de subsanación realizada por el órgano reclamado, se debe hacer presente que el artículo 12, inciso segundo, de la Ley de Transparencia establece que: "Si la solicitud no reúne los requisitos señalados en el inciso anterior, se requerirá al solicitante para que, en un plazo de cinco días contado desde la respectiva notificación, subsane la falta, con indicación de que, si así no lo hiciere, se le tendrá por desistido de su petición". Por su parte, el Servicio solicitó a la reclamante subsanar su petición en los siguientes términos: "Debe aclarar si se refiere a proyectos ingresados a Serviu, ya que en el presentación menciona a SECPLAC, que no es un organismo de este Serviu si no que del Municipio, no obstante el mismo Municipio deriva el caso a este Serviu, por dicho motivo es necesario que la requirente aclare si desea información de ingresos a Serviu o del Municipio, si fuese el primer caso su respuesta, podremos responder este Servicio en base a su competencia y si fuese el último caso, podremos derivar a la Municipalidad correspondiente". 3) Que, en este contexto, a juicio de este Consejo, la solicitud de subsanación efectuada por el órgano resulta inoficiosa e improcedente, por cuanto, de los antecedentes a los que tuvo acceso, era posible determinar que la solicitud de acceso se acotaba al detalle de aquellos proyectos habitacionales ingresados por la entidad consultada al SECPLAC que obraran en poder del Servicio en el periodo referido, así como a informar las materias de ingresos efectuados al SECPLAC por la misma empresa en el periodo que se indica, de los que tuviera conocimiento o que obraran en poder del Serviu. 4) Que, en este sentido, según lo dispuesto en los artículos 5, inciso segundo, y 10, de la Ley de Transparencia, se considera información pública toda aquella que obre en poder de los órganos de la Administración del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, clasificación o procesamiento, además de aquella contenida en "actos, resoluciones, actas, expedientes, contratos y acuerdos, así como a toda información elaborada con presupuesto público", resultando por ello procedente la entrega de información que, si bien pudo haber sido generada por otro órgano, es posible que obre en poder del Servicio, en el ejercicio de sus funciones y facultades legales. En efecto, el propio órgano reclamado ha informado en esta sede que en cuanto a los proyectos desarrollados a través de programas del Minvu, las Entidades Patrocinantes y empresas constructoras, deben ingresar sus proyectos ante la DOM respectiva para la obtención de los permisos de edificación y de especialidades lo que en ocasiones incluye SECPLAC, situación que ocurre antes de la calificación definitiva del proyecto por parte de SERVIU, momento a partir del cual se da inicio al proceso constructivo y comienza la fiscalización del Servicio y registro de gestión, labores en mérito de las cuales la información requerida puede obrar en poder del órgano, o a lo menos encontrarse en su órbita de control y competencias, pese a que se haya ingresado primigeniamente a SECPLAC. 5) Que, por otra parte, en el Ord. N° 036, de fecha 9 de septiembre de 2021, por medio del cual el municipio de Calama derivó la solicitud, dicha entidad manifiesta que no dispone de la información requerida, de acuerdo a lo indicado por el Director de SECPLAC, resultando por ello inoficioso que el Serviu pidiera subsanar la solicitud a efectos de derivar al municipio, en el caso de tratarse de antecedentes ingresados a la entidad edilicia. A su vez, se debe hacer presente que, en sus descargos, el órgano indica que es importante que se precise la consulta, sobre si refiere a proyectos ya ingresados en calidad de calificados que la empresa y entidad referidos estén gestionando con SERVIU, incorporando de esa manera una variante no señalada en la solicitud de subsanación cuestionada. 6) Que, por lo expuesto, a juicio de esta Corporación, la solicitud de subsanación efectuada por el Servicio no resultaba procedente, debiendo responder derechamente la solicitud, proporcionando la información requerida, o en su defecto, alegando y acreditando su inexistencia, motivos por los cuales se representará al órgano en lo resolutivo de esta decisión la infracción al artículo 12 de la Ley de Transparencia. 7) Que, luego, respecto de la inexistencia de la información alegada por el Servicio en esta sede, se debe recordar que, conforme se ha resuelto previamente por parte de esta Corporación en las decisiones de amparo Roles C4950-18, C4603-18 y C4846-18, entre otras, aquella constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder, debiendo acreditarla fehacientemente. 8) Que, por su parte, de acuerdo con los ya referidos artículos 5 y 10 de la Ley de Transparencia, es pública aquella información que efectivamente obre en poder de los órganos de la Administración, no pudiendo requerirse la entrega de información inexistente. En efecto, el artículo 10 de la antedicha ley, dispone que toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información de cualquier órgano de la Administración del Estado "cualquiera sea el formato o soporte en que se contenga". En tal sentido y complementando lo anterior, el artículo 3, letra d), del Reglamento del cuerpo legal citado, preceptúa que "toda persona tiene derecho a solicitar y recibir información que obre en poder de cualquier órgano de la Administración". 9) Que, a su turno el numeral 2.3 de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación, prescribe: "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: a) En caso de existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, comunicar esta circunstancia al solicitante, haciendo entrega de copia del acto y del acta respectiva, en los términos señalados en la Circular N° 28.704, de 1981, de la Contraloría General de la República, que regula la eliminación de documentos en la Administración Pública y en las demás disposiciones aplicables. Una vez notificada la referida respuesta, el órgano deberá dar por terminado el procedimiento administrativo de acceso iniciado ante él. b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregados). 10) Que, en el presente caso, si bien el órgano reclamado ha señalado no poseer la información requerida, por cuanto aquella se ingresa a las unidades municipales respectivas, a su vez, reconoce que en cuanto a los proyectos desarrollados a través de programas del Minvu, las Entidades Patrocinantes y empresas constructoras, deben ingresar sus proyectos ante la DOM respectiva para la obtención de los permisos de edificación y de especialidades lo que en ocasiones incluye SECPLAC, situación que ocurre antes de la calificación definitiva del proyecto por parte de SERVIU, momento a partir del cual se da inicio al proceso constructivo y comienza la fiscalización del Servicio y registro de gestión, labores en mérito de las cuales la información requerida puede obrar en poder del órgano, o a lo menos encontrarse en su órbita de control o competencias, resultando por ello procedente la debida acreditación de la circunstancia de hecho de inexistencia de la información, en los términos descritos en los considerandos precedentes, por ejemplo, a través de las respectivas actas de búsqueda o certificados correspondientes. 11) Que, en mérito de dichos antecedentes, a juicio de esta Corporación, no se logra satisfacer el estándar de búsqueda y acreditación impuesto por la Instrucción General N° 10 y que fuere fijado por este Consejo, estimándose que no se ha demostrado suficientemente la inexistencia de la información requerida. Razones por las cuales se desestimará la alegación del órgano, acogiéndose, en consecuencia, el presente amparo. 12) Que, en consideración de lo anterior, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, al alero de lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 8 de la Carta Fundamental, que puede obrar en alguno de los soportes documentales consignados en el inciso 2° del artículo 10 de la Ley de Transparencia, o en la órbita de control y competencias del órgano, respecto de la cual, se desestima la alegación de inexistencia en poder del Servicio, por no haber sido debidamente argumentada y acreditada, se ordenará la entrega de la información requerida. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo con el punto 2.3, de la instrucción general N° 10. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Soledad Luttino en contra del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, lo siguiente: a) Entregue a la reclamante el detalle de proyectos habitacionales ingresados por la Empresa Constructora Guzmán y Larraín Ltda. - Gestora Más Hogar Ltda., al SECPLAC entre los años 2017 a la fecha de la solicitud y estado de los mismos. Señale materias de ingresos efectuado al SECPLAC por la Empresa Constructora Guzmán y Larraín Ltda. - Gestora Más Hogar Ltda., entre los años 2015 a la fecha de la solicitud. No obstante, en el evento de no obrar en poder del órgano alguno de los antecedentes cuya entrega se ordena, dicha circunstancia se deberá explicar y acreditar en forma pormenorizada en sede de cumplimiento, de acuerdo al punto 2.3, de la instrucción general N° 10. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Representar al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta, la infracción a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley de Transparencia, al haber solicitado a la reclamante subsanar su solicitud de manera improcedente e inoficiosa. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reitere tal infracción. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Soledad Luttino y al Sr. Director Regional del Servicio de Vivienda y Urbanización de la Región de Antofagasta. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y su Consejero don Bernardo Navarrete Yáñez. El Consejero don Francisco Leturia Infante no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.