Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C304-13

Volver

Reclamante:	JUANA DE DIOS GONZÁLEZ MELLA
Reclamado:	JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES (JUNJI)
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles –JUNJI–, argumentando que éste no habría respondido a la solicitud que motivó el amparo sobre a) Resoluciones, con toma de razón incluida, referidas a todos los programas y proyectos existentes en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. b) Resoluciones, con toma de razón incluida, referidas a todos los programas y proyectos existentes en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, referidos al convenio de transferencia de recursos celebrado entre dicha institución y el Ministerio de Desarrollo Social. c) Con respecto a la fiscalización que corresponde llevar a cabo a la JUNJI, copia de todos los reclamos, comentarios o sugerencias dirigidas a los fiscalizadores a través del SIAC, incluyendo el nombre de los funcionarios, desde el año 2010 a la fecha. d) Con respecto a los jardines infantiles fiscalizados, copia de todas las actas de fiscalización de jardines infantiles empadronados y/o revocados, respecto al periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2012, en las regiones IV, V, VI y Región Metropolitana. e) Copia del instrumento de validación que se aplica en el proceso de fiscalización que lleva a cabo la JUNJI, institución que lo validó y la fecha del mismo. El Consejo señaló que estima que la divulgación de las denuncias o reclamos –letra c) de la solicitud– y actas de fiscalización –letra d) de la solicitud– envuelve un elevado interés público que refuerza la idea de publicidad de esta información, y que por su intensidad es capaz de vencer la reserva que pudiera derivarse de los esfuerzos requeridos para entregar los volúmenes pedidos aplicando la protección indicada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	7/26/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C91-09 C377-13 C816-10 C80-10
Jurisprudencia a:	C1646-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Certificación de entrega >> Otros
Descriptores analíticos:	Educación

DECISIÓN AMPARO ROL C304-13 Entidad pública: Junta Nacional de Jardines Infantiles –JUNJI– Requirente: Juana González Mella y otras. Ingreso Consejo: 13.03.2013 En sesión ordinaria Nº 448 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C304-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; en la Ley Nº 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado; en la Ley Nº 17.301 que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 9 de enero de 2013, doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, invocando la representación de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (AJUNJI), solicitaron a la Junta Nacional de Jardines Infantiles, en adelante, indistintamente JUNJI, entre otra información, la que se indica a continuación, respecto de la cual viene en deducir amparo: a) Resoluciones, con toma de razón incluida, referidas a todos los programas y proyectos existentes en la Junta Nacional de Jardines Infantiles. b) Resoluciones, con toma de razón incluida, referidas a todos los programas y proyectos existentes en la Junta Nacional de Jardines Infantiles, referidos al convenio de transferencia de recursos celebrado entre dicha institución y el Ministerio de Desarrollo Social. c) Con respecto a la fiscalización que corresponde llevar a cabo a la JUNJI, copia de todos los reclamos, comentarios o sugerencias dirigidas a los fiscalizadores a través del SIAC, incluyendo el nombre de los funcionarios, desde el año 2010 a la fecha. d) Con respecto a los jardines infantiles fiscalizados, copia de todas las actas de fiscalización de jardines infantiles empadronados y/o revocados, respecto al periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2012, en las regiones IV, V, VI y Región Metropolitana. e) Copia del instrumento de validación que se aplica en el proceso de fiscalización que lleva a cabo la JUNJI, institución que lo validó y la fecha del mismo. 2) RESPUESTA: Previa subsanación de la solicitud por parte de la reclamante, y prórroga del plazo de respuesta por 10 días dispuesto por la JUNJI, este último organismo respondió a la solicitud mediante el Ordinario Nº 015/P0547, de 12 de marzo de 2013. En la respuesta denegó la información solicitada invocando la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por la supuesta distracción indebida que supondría para sus funcionarios atender el requerimiento de información, respecto de lo cual argumentó, en resumen, lo que se indica a continuación respecto de cada punto comprendido en la solicitud: a) En lo referido a las letras a) y b) de la solicitud: i. Las funciones de la JUNJI se encuentran delegadas en sus Direcciones Regionales, según consta en las Resoluciones de su Vicepresidencia Ejecutiva Nos 015/87, de 20.03.09; 015/189, de 08.10.08; y 015/0965, de 09.05.07. Conforme a ello, cada una de esas reparticiones recibe la documentación pertinente, emite las resoluciones que le corresponden y asimismo las tramita en cada Contraloría Regional para gestionar la toma de razón, en caso que corresponda dar cumplimiento a dicho trámite. ii. De este modo, para entregar lo solicitado se requeriría recabar la información de cada Dirección Regional del organismo, lo que exigiría destinar en cada una de ellas una o más personas dedicadas exclusivamente a recopilar las resoluciones en cada uno de los recintos en que se encuentran, esto es, oficinas territoriales, oficinas de partes y/o bodegas. Así, la documentación debería primero ser ubicada dentro de los archivadores o bodegas que correspondan, luego ser derivada a alguno de los recintos de las Direcciones Regionales en que exista una máquina copiadora o escáner, para finalmente devolver la documentación cuya copia se solicita a sus recintos originales de almacenamiento. iii. Esto último, en términos cuantitativos, significaría un trabajo de, al menos, nueve horas a nivel regional, lo que multiplicado por las 15 regiones, más la Dirección Nacional de la JUNJI, hace un total de 135 horas, debiendo considerarse también que las condiciones de esas direcciones son diversas. Por otra parte, las fotocopiadoras son utilizadas para diversos requerimientos del organismo, por lo que dejar de utilizarlas para esos fines afectaría el quehacer normal de las diversas unidades existentes tanto en las Direcciones Regionales como en la misma Dirección Nacional. iv. Asimismo, en el evento de recopilar los antecedentes por correo electrónico institucional, la realización de esta actividad implicaría la saturación del correo, fuera de considerar los funcionarios del nivel central que se necesitarían para recolectar, fotocopiar y ordenar las resoluciones pedidas. v. Finalmente, los equipos regionales del área cuentan con personal que cumple, además, otras funciones, como salidas a terrenos, coordinaciones internas y externas, inspecciones de obras, emisión de informes por cumplimiento de metas, etc. por lo que resulta imposible agregar una carga de trabajo adicional al personal del área de Cobertura e Infraestructura. b) En cuanto a lo señalado en la letra c) de la solicitud: i. La unidad SIAC de la JUNJI cuenta con 15 Oficinas de Información, Reclamos y Sugerencias (OIRS), a nivel nacional, cada cual está a cargo de un solo profesional, a quien le corresponde por función, entre otras: informar a los requirentes (servicios, trámites, programas); atender a los interesados; recibir y estudiar sugerencias; recibir, responder y/o derivar solicitudes ciudadanas; recibir y derivar reclamos; registrar solicitudes ciudadanas y realizar seguimientos; coordinar la realización de encuestas y mediciones; establecer la coordinación con otros espacios de atención; difundir la Carta de Derechos y Deberes Ciudadanos; acoger y realizar seguimiento a las solicitudes de acceso a la información pública; gestionar consultas, solicitudes, sugerencias, agradecimientos, felicitaciones y reclamos. Es así como durante el año 2012 a nivel nacional en la JUNJI se registraron 31.716 consultas o solicitudes y 2.614 reclamos en el SIAC. ii. Los registros del SIAC se trabajan en planillas Excel, por tanto la entrega de lo pedido haría necesario procesar la información existente. Lo anterior significaría distraer tiempo de las principales funciones que debe desarrollar cada encargada regional del SIAC, fundamentalmente la atención del público y de solicitudes ciudadanas; o en caso contrario, asignar a una persona en cada región que se dedique exclusivamente a ello. iii. Por otra parte, de acuerdo a lo informado por esa unidad, no existe la certeza de producir la información solicitada, por cuanto las planillas que obran en poder de la JUNJI no se encuentran clasificadas de acuerdo a los parámetros requeridos en la solicitud ("reclamos, comentarios o sugerencias hacia los fiscalizadores y nombres de estos funcionarios"). En razón a lo anterior, se requeriría la revisión de los registros de cada región, luego ubicar cada documento dentro de los expedientes de reclamos archivados en bodega y trasladarlos a cada Dirección Regional, para finalmente escanearlos, enviarlos al SIAC de la Dirección Nacional, para que a su vez proceda a consolidar la documentación derivada. c) Respecto a la letra d) de la solicitud: i. Es evidente que el beneficio público resultante de dar a conocer la información pedida es mayor al daño que podría causar su revelación. Ello en función del interés público preeminente que reviste la fiscalización de un jardín infantil, dado que no tan sólo se cristaliza la función de la JUNJI, sino que también se convierte en una herramienta de control ciudadano respecto de la administración de los establecimientos de educación parvularia que se sujetan a la supervigilancia del mismo organismo. ii. Pese a lo anterior la cantidad de documentación requerida (actas y pautas de fiscalización), corresponde a un total de 2.897 copias digitales en extensión PDF que obran en poder de la Sección de Fiscalización. Previo a entregar dicha documentación, la unidad competente, cual es, el Departamento de Fiscalía, debería proceder al análisis de los mencionados instrumentos, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Instrucción General N° 10 del Consejo para la Transparencia, que indica que "... cuando se soliciten documentos y otros formatos en los que se contemplen datos personales que no correspondan a los del peticionario y no hayan sido requeridos, se deberá proceder a tachar los mencionados antecedentes, debiendo consignar en el formato respectivo que el tachado se procedió a efectuar en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628". iii. En este orden de consideraciones, la preocupación de la JUNJI no recae únicamente en el riesgo que se develen ciertos datos personales de los administradores, directores y/o personal de los jardines infantiles fiscalizados –por ejemplo RUT– sino que, principalmente, las identidades u otra información de contexto que implique individualizar a los menores de edad que asisten a jardines infantiles fiscalizados por la JUNJI, pues se trata de información que podría constar en dichos instrumentos. iv. A mayor abundamiento, en lo que concierne a la identidad de los menores de edad –así como cualquier otra información que hagan identificables a estos, incluyendo los nombres de sus padres–, la misma jurisprudencia del Consejo para la Transparencia, ha establecido que los datos personales de los menores que son tratados en el sistema educacional no pueden considerarse como provenientes de fuentes de acceso al público para acceder a su revelación, sino que merecen particular protección, teniendo en consideración que uno de los principios de nuestra legislación es el interés superior del niño, niña o adolescente, lo que configura la causal de reserva contenida en el articulo 21 N° 2 de la Ley N° 20.285. v. En atención a lo precedentemente señalado, el Departamento Fiscalía de la JUNJI se encuentra impedido, en razón a la cantidad de la información requerida (2.897 copias digitales de las actas y pautas de fiscalización), de realizar el análisis documental de rigor y otorgar la debida protección a los terceros eventualmente afectados. En efecto, en dicha unidad se desempeñan 9 abogados, de los cuales 2 se encuentran haciendo uso de su feriado legal; por lo demás, se debe considerar que a dicha repartición corresponde, en términos generales, generar los medios y condiciones necesarias para que la JUNJI enmarque su acción dentro del ámbito jurídico que le es aplicable, velando por la legalidad de sus actuaciones y permitiendo el cumplimiento de la misión institucional. vi. Es dable señalar que durante el año 2013, el Departamento Fiscalía ha tenido un total aproximado de 310 ingresos de diversa naturaleza y complejidad. Ahora bien, para efectos de examinar las actas y pautas indicadas y aplicar la divisibilidad necesaria, según una estimación cuantitativa que se ha efectuado y que considera la carga de trabajo, se requerirían cerca de 97 días hábiles (considerando 30 instrumentos por día) para efectos de concluir la revisión de la documentación consultada. vii. En consecuencia, establecer como carga de ese Departamento el estudio de los antecedentes anotados, entorpecería su funcionamiento, en términos de distraer indebidamente el cumplimiento regular de sus labores habituales, configurándose así la causal de secreto que se ha invocado. 3) AMPARO: El 13 de marzo de 2013, doña Juana Gonzalez Mella y otras personas, invocando la representación de la Asociación de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, dedujeron amparo al derecho de acceso a la información de su representada en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, argumentando que éste no habría respondido a la solicitud que motivó el amparo. 4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: En conformidad a lo prescrito en el artículo 46, inciso segundo, del Reglamento de la Ley de Transparencia, este Consejo Directivo acordó requerir al reclamante que subsanara su amparo, en el sentido de: 1º) precisar el fundamento del amparo; y 2º) señalar de manera clara y detallada cuál es la información que, habiendo sido solicitada, no fue entregada por la JUNJI. La solicitud se materializó a través del Oficio N° 1.066, de 22 de marzo de 2013. El reclamante, por su parte, dio cumplimiento a lo requerido mediante presentación de 1º de abril de 2013, en la cual señaló, en síntesis, lo siguiente: a) Lo solicitado en los puntos a) y b) de la solicitud dice relación, respectivamente con: “Resoluciones y Toma de Razón de los programas o proyectos de la Junta Nacional de Jardines Infantiles” y “Resoluciones y Toma de Razón de los programas y proyectos vinculados al convenio de Transferencia de Recursos entre JUNJI y el Ministerio de Desarrollo Social”. b) En relación a las letras a), b) y c) de la solicitud, argumenta que lo sostenido por la JUNJI en su respuesta no se ajusta a la realidad, en consideración a lo que sigue: i. En función de la organización centralizada y no federativa que posee el Estado de Chile, la información que se solicita a cualquier organismo estatal, aunque tuviere ramificaciones regionales, debe estar disponible en las oficinas centrales. Esto teniendo en cuenta que, toda institución nacional tiene una jerarquía y una organización centralizada para el flujo de recursos e información que pudiera ser de interés ciudadano. ii. En el supuesto caso que la información se encontrase dispersa y poco accesible en las bodegas regionales, este hecho tampoco debiera ser una traba, ya que siempre debe haber un orden para archivar todo tipo de documentación. Esto porque regularmente, en todas las instituciones, se requiere desarchivar alguna resolución o documento. En efecto, si se tratase de una investigación judicial este argumento no sería considerado válido. iii. Las horas de trabajo que se mencionan parecen excesivas, y por otra parte, existe suficiente personal competente para desarrollar esta tarea que consagra la ley. También pudiera darse el caso que, múltiples ciudadanos solicitaran información de distinto tipo a la institución y la suma de todas las horas de trabajo que se necesitarían para satisfacer esas múltiples solicitudes superaran latamente las 135 horas señaladas, no obstante lo cual el organismo debería responderlas todas de igual manera. En este caso, convendría verificar cuantas solicitudes de información debe responder actualmente esta institución, pues ello incidiría en su capacidad para dar cumplimiento a la Ley de Transparencia. iv. Por último, en relación a la letra c) de la solicitud, si la Junta Nacional de Jardines Infantiles no tiene la capacidad de procesar la información de la planilla Excel, solicita le sea entregada completamente en un disco sin necesidad de procesarla. c) Con respecto a la letra d), señala que lo requerido son las copias de las Actas de Fiscalización y no las pautas, ya que las primeras son un resumen de las segundas. Las Actas solo contienen información del establecimiento, el sostenedor y/o administrador, pero en ningún caso contienen información de los niños o los padres. Tanto es así que cuando se solicitó información alusiva al procedimiento de fiscalización, la JUNJI entregó el Oficio Circular Nº 015/048 del 6 de marzo de 2012, incluyendo el formulario en blanco del acta de fiscalización de la JUNJI, en el cual se aprecia que no hay espacio alguno para la identificación de niños o padres, por lo que no existe el riego alegado. d) Referente a la letra e) de la solicitud, la JUNJI no responde a lo requerido, obviando la información pedida sin emitir pronunciamiento alguno. 5) TÉNGASE PRESENTE DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE FUNCIONARIOS DE LA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES: El 28 de marzo de 2013 doña Julia Requena Castillo, en su calidad de presidenta de la Asociación de Funcionarios de la JUNJI, efectuó una presentación en la que señaló, en síntesis, lo siguiente: a) Si bien el amparo fue deducido por doña Juana González Mella invocando la representación de la AJUNJI, lo cierto es que dicha persona carece de personería para actuar en nombre de dicha entidad. Ello porque los estatutos de la organización confieren facultades de representación a su presidenta nacional, única y exclusivamente, ya sea para fines judiciales, extrajudiciales y administrativos. Acompaña, al efecto, los Estatutos de la AJUNJI y copia del certificado que da cuenta del directorio vigente de la Asociación, emitido por la Dirección del Trabajo. b) Por lo anterior, la solicitud de información y el amparo que le motivan deben entenderse como actuaciones efectuados por doña Juana González Mella a título personal, no correspondiendo que se involucre a la AJUNJI como requirente, ni que su nombre aparezca en la carátula del expediente. Por lo mismo, solicita corregir el amparo y eliminar toda alusión que sugiera que la requirente y reclamante es la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. 6) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1.241, de 8 de abril de 2013, a la Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, solicitándole que se refiriera especialmente a las causales de secreto que, a su juicio, harían procedente denegar la información requerida. Mediante Ordinario Nº 0993, de 25 de abril de 2013, dicha autoridad evacuó el traslado conferido, y junto con reiterar los términos de la respuesta, señaló, en resumen, lo siguiente: a) En cuanto a las letras a) y b) de la solicitud: i. En torno a la respuesta entregada por la JUNJI, las reclamantes sostienen que la información se encontraría dispersa y poco accesible en las bodegas regionales. Sin embargo, el archivo de la documentación solicitada se encuentra radicada en las Direcciones Regionales respectivas, en atención a la delegación de facultades a que se hizo mención. Por lo mismo establecer un lugar permanente en la Dirección Nacional que pudiera contener toda la documentación producida en cada Dirección Regional, afectaría los principios de eficiencia y eficacia que establece la Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, así como la planificación presupuestaria institucional. ii. Por otro lado, los libros que contienen las resoluciones objeto del requerimiento, se encuentran apaisados en bodega, siguiendo el número correlativo, de todos los actos administrativos dictados en la respectiva región, y no existe una organización por materia de los mismos. En virtud de lo anterior, para recopilar los antecedentes en cuestión, deben examinarse no solo las resoluciones referidas a programas y proyectos de jardines infantiles, sino que también todas las otras resoluciones contenidas en el mismo archivo, para determinar cuáles corresponden a la solicitud efectuada y cuáles deben ser mantenidas en el orden original. iii. Finalmente, según figura en el archivo Excel entregado a las solicitantes en su oportunidad, la cantidad de programas y proyectos a los que se hace referencia en dicha documentación electrónica, ascienden a la cantidad de 2.889, lo que es demostrativo, en la práctica, de la gran envergadura de documentos a recopilar y sistematizar, que da lugar a la causal invocada. b) Respecto a la letra c) de la solicitud: i. En el SIAC a nivel central se desempeñan dos profesionales —una de ellas ingresada al servicio sólo a partir de enero del presente año— y una funcionaria administrativa, quienes tendrían que distraer sus funciones habituales para revisar y generar la información, y requerirían para este efecto de un tiempo aproximado de 40 horas. Debe considerarse además que durante el período de búsqueda de los antecedentes solicitados, una de las profesionales se encontraba haciendo uso de feriado legal. ii. Los argumentaciones expuestos por las requirentes para rebatir lo señalado en la respuesta, se delinean, en síntesis, en torno a la gestión documental de determinadas resoluciones de programas y proyectos, relacionados con jardines infantiles, y no, como ocurre en el caso concreto, a la imposibilidad de la unidad SIAC de recopilar, sistematizar y producir los filtros asociados a los parámetros definidos por las solicitantes en su requerimiento. iii. Si bien las requirentes, al rebatir los argumentos de la respuesta en función de la falta de capacidad de procesar la información en planilla Excel esgrimida por la JUNJI, solicitaron la entrega de la misma sin procesar, no es posible acceder a dicha petición, por cuanto lo que debiera entregarse en virtud de ella no fue requerido en la solicitud de acceso a la información, por lo que mal podría ser objeto del amparo. iv. Por último, respecto de la función realizada por los profesionales de las unidades SIAC en todo el país, existe un indicador de medición de gestión asociado al tiempo de respuestas a las solicitudes que la ciudadanía ha realizado a este órgano de la JUNJI. En efecto, sucesivamente, desde el año 2010 al presente, se ha incorporado como uno de los índices de medición institucionales el porcentaje de respuesta a reclamos recibidos de parte de las personas, respondidos en un plazo máximo de 15 días hábiles. En razón a lo anterior, los funcionarios de dichas unidades no pueden dedicarse, en términos exclusivos, a atender el requerimiento en cuestión, por cuanto significaría dedicar un tiempo excesivo a la recopilación de esa solicitud en desmedro de la atención que el servicio debe brindar a las personas. c) En lo relativo a la letra d) de la solicitud: i. Si bien a la fecha de la respuesta se desempeñaban en el Departamento de Fiscalía de la JUNJI 9 abogados, de los cuales dos se encontraban haciendo uso de su feriado legal, en la actualidad, integran dicha unidad ocho abogados, de los cuales dos se incorporaron recientemente al servicio. Si bien el personal existente se encuentra capacitado para efectuar el análisis que se requiere para proteger los datos de terceros, por las razones ya expuestas en la respuesta, el cumplimiento de dicha labor les distraería de sus funciones habituales, atendido el volumen de información que se precisa examinar. ii. En cuanto a lo alegado por las requirentes, relativo a que lo solicitado fueron las actas y no las pautas de fiscalización, cabe señalar que con el establecimiento de la nueva estructura orgánica de la JUNJI (a través de la Resolución Exenta N° 015/471, de 16 de febrero de 2012) que creó la Sección Fiscalización, dependiente del Departamento Contraloría Interna, encargada —en síntesis— de las fiscalizaciones de los jardines infantiles, se inició una revisión exhaustiva del procedimiento y sus alcances, advirtiéndose la necesidad de actualizarlo y modernizarlo. iii. Por lo mismo dicha sección comenzó a archivar de forma gradual, copias digitalizadas de las Pautas y las Actas de Fiscalización (éstas últimas, a partir del año 2012), en la carpeta compartida dispuesta, tanto para los funcionarios de esa sección como para las Unidades Regionales de Fiscalización. Lo anterior, es coherente con el procedimiento implementado —en marcha blanca— por esa unidad, a partir del mes de marzo del año pasado, en torno a la adopción de instrumentos de forma digital, a todas las Unidades de Fiscalización del país, a fin de que, a través de un computador portátil, los fiscalizadores de las Direcciones Regionales aplicaran los procesos antes mencionados y las registraren en la carpeta compartida dispuesta al efecto. Dicho proceso, en definitiva, fue sancionado por la Jefatura Superior del Servicio a través del Oficio Circular N° 015/0042, de 06 de marzo de 2013, el cual se acompaña a esta presentación, a fin de que se implementase a partir del 11 de marzo del presente año. iv. Lo anterior dio como resultado que existiesen en la carpeta compartida de la Sección Fiscalización, en relación a la solicitud de las requirentes, copias fotostáticas de las pautas de fiscalización, las cuales, para efectos del registro, remplazaron las actas (digitales) de fiscalización, en aquellos casos en que aun se encontrare en proceso la implementación de las directrices antes mencionadas. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, cabe hacer mención que las Unidades de Fiscalización, dependientes de cada Dirección Regional, tienen físicamente las Actas de Fiscalización requeridas por las solicitantes, en sus respectivos archivos. v. Finalmente, cabe anotar que a diferencia de lo afirmado por las reclamantes, el examen de las Actas de Fiscalización es absolutamente necesario, pues si bien no tiene ningún recuadro especial para introducir nombres de párvulos o padres y apoderados, existen espacios para la introducción de observaciones, los cuales eventualmente pueden ser completadas con antecedentes relacionados con datos que contextualizan el motivo de la respectiva fiscalización —p. ej. la presentación de una denuncia relacionada con maltrato infantil—; por lo tanto, la eventualidad de que existan datos que deban ser protegidos por el servicio, es real, y por ende, debe procederse necesariamente al análisis de cada uno de los documentos requeridos. d) En relación a lo solicitado en la letra e), las reclamantes indican que el servicio habría obviado la información solicitada. Sin embargo, según se informara oportunamente a través del Oficio Ord. N° 015/P 0547, de 12 de marzo de 2013, se entregó copia fotostática de la documentación requerida, consistente en el Oficio Circular N° 015/48, de 6 de marzo de 2012, sobre el "Procedimiento de Fiscalización", que validó el proceso como el acta de fiscalización (archivo PDF). 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria Nº 444, de 21 de junio de 2013, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, lo que se materializó a través del Oficio Nº 2.511, de 21 de junio de 2013. La señalada medida tuvo por objeto de la JUNJI remitiera a este Consejo los siguientes antecedentes: a) En relación a la letra c) de la solicitud de información, copia de las planillas Excel en que la JUNJI registra la información que recibe el SIAC, desde el año 2010 al 9 de marzo del presente año. Lo anterior con el objeto de establecer si tales planillas contienen o no información susceptible de ser protegida y, en su caso, ponderar los esfuerzos que ello le significaría. b) En cuanto a la letra d) de la solicitud de información, copia de las actas de fiscalización referidas a los dos últimos meses del presente año. Lo anterior, con el fin de que el examen de dichas actas —a modo ejemplar— permita ilustrar respecto de la existencia de información, datos o antecedentes contenidos en ellas que merezcan ser protegidos. 8) CUMPLIMIENTO DE LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER: Mediante el Ordinario Nº 1.557, de 3 de julio de 2013, la JUNJI respondió a la antedicha medida, remitiendo la información solicitada, y señalando al respecto lo siguiente: a) La Sección de Fiscalización del Departamento Contraloría Interna de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, comenzó a archivar de forma gradual, copias digitalizadas de las actas y las pautas de fiscalización —éstas últimas, a partir del año 2012— en la carpeta compartida dispuesta, tanto para los funcionarios de esa sección como para las unidades regionales de fiscalización. b) El proceso se materializó a través de una etapa de marcha blanca, por parte de esa sección, a partir del mes de marzo del año 2012, traduciéndose en la adopción de instrumentos de forma digital, en todas las unidades de fiscalización del país, a fin de que, a través de un computador portátil, los fiscalizadores de las Direcciones Regionales aplicaran los procesos de fiscalización de rigor y las registraren en la carpeta compartida dispuesta al efecto. El proceso, en definitiva, fue sancionado por la jefatura superior del servicio a través del Oficio Circular N° 015/0042, de 06 de marzo de 2013, cuya copia adjunta. c) Reitera su disposición a que se efectúe una visita técnica a la Dirección Nacional de la JUNJI, así como también a las Direcciones Regionales del organismo, a fin de apreciar las alegaciones formuladas por el organismo. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que, tanto la solicitud de información de la especie como la reclamación a que dio origen a la misma, fueron presentadas por funcionarias que invisten la calidad de directoras de la Asociación Nacional de Funcionarios de la Junta Nacional de Jardines Infantiles –según figura en certificado emitido por la Dirección del Trabajo Nº 1301/2013/1544, de 13 de marzo de 2013–; sin embargo, dichas personas carecen de personería respecto de dicha entidad. En efecto, según el mismo certificado, integran el directorio de la entidad 39 personas, estableciendo el artículo 23 de sus Estatutos, y que refrenda el artículo 16 de la Ley Nº 19.296, sobre Asociaciones de Funcionarios de la Administración del Estado, que «la facultad de representar judicial y extrajudicialmente a de dicha entidad corresponde exclusivamente a su Directorio», que según el mismo precepto debe adoptar sus acuerdos por mayoría absoluta, sin perjuicio de corresponder a su presidente las facultades del artículo 8º del Código de Procedimiento Civil. Por lo tanto, no estando acreditada la personería de doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, respecto de la señalada AJUNJI, debe concluirse que tanto ante el organismo reclamado como en esta sede, dichas personas han actuado a nombre propio. 2) Que, la JUNJI denegó la información requerida en los literales a), b), c) y d) de la solicitud, por estimar que concurre la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia. Conforme a dicha norma se podrá denegar total o parcialmente la información solicitada cuando su publicidad, divulgación o conocimiento afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose de requerimientos de carácter genérico, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Sobre este motivo de reserva, el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 7° N° 1, literal c), párrafo tercero, precisa que: «Se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales.» 3) Que, para argumentar en torno de la causal en comento la JUNJI ha esgrimido fundamentos que consideran específicamente lo que se le ha solicitado en cada uno de los literales indicados en el considerando precedente, y entre otros aspectos, el formato en que posee dicha información. Por lo tanto, para decidir sobre la procedencia de la causal se examinará por separado cada punto de la solicitud. 4) Que, con respecto a los literales a) y b) de la solicitud, se hace necesario precisar a qué resoluciones éstas se refieren. Examinados en su literalidad ambos requerimientos, así como lo señalado por las reclamantes al subsanar el presente amparo, se concluye que el literal a) se refirió a las «resoluciones, con toma de razón incluida, mediante las cuales la JUNJI ha sancionado y/o aprobado los programas y proyectos que se encontraban vigentes o en ejecución al 9 de enero de 2013»; por su parte, el literal b) se refirió a «resoluciones, con toma de razón incluida, mediante las cuales la JUNJI ha sancionado los programas o proyectos que se encontraban vigentes o en ejecución al 9 de enero de 2013, en el contexto del convenio de transferencia de recursos celebrado entre la JUNJI y el Ministerio de Desarrollo Social». A efectos de justificar la procedencia de la causal de reserva con respecto a lo pedido en ambos literales, el organismo junto con indicar que las solicitudes comprenden un total de 2.889 resoluciones, que se encontrarían dispersas en dependencias de sus distintas Direcciones Regionales, sostuvo que la búsqueda, recopilación, entrega y posterior devolución de las mismas a su lugar de origen, demandaría de su parte esfuerzos tales que afectaría el debido cumplimiento de sus funciones por distracción indebida. 5) Que, si bien este Consejo reconoce que en las circunstancias actuales la entrega de la información pedida demandaría significativos esfuerzos de parte de la JUNJI, considera que ellos resultan plenamente justificados, en el marco de una política de datos abiertos que garantice el acceso a información relevante de la Administración. En este sentido cabe consignar que: a) Conforme establece el artículo 7º, letra g), de la Ley de Transparencia, la obligación de transparencia activa se extiende a «Los actos y resoluciones que tengan efectos sobre terceros», categoría en la que caben las resoluciones pedidas. Es decir, es el propio legislador quien ha ponderado ex ante los esfuerzos que demandaría al organismo no sólo la recopilación de esta información, sino además el hecho de mantenerla permanentemente a disposición del público en su página web, e incluso de actualizarla una vez al mes. Esto por sí sólo justifica los esfuerzos que demandaría recopilar y entregar la información sobre que versan los puntos a) y b) de la solicitud de información. b) A mayor abundamiento, existe un elevado interés público en la divulgación de la información objeto de esta solicitud. En efecto, el acceder a esta información facilita conocer a cabalidad los programas y proyectos que actualmente ejecuta el organismo encargado de administrar y/o fiscalizar un importante área del quehacer educacional, como es la educación preescolar, y que se enmarca en la función que atribuye el organismo el artículo 1º de la Ley Nº 17.301 (que crea la Junta Nacional de Jardines Infantiles) en cuanto a «…crear, planificar, coordinar, promocionar, estimular y supervigilar la organización, y funcionamiento de los Jardines Infantiles». En este mismo sentido, la página web de la institución –disponible en su enlace: http://www.junji.gob.cl/portal/index.php?option=com_k2&view=item&layout=item&id=1441&Itemid=160– señala que: «Los programas educativos de la JUNJI están presentes en todo Chile. A través de ellos, la institución entrega educación de calidad, oportuna y pertinente que propicia aprendizajes relevantes y significativos en función del bienestar y el desarrollo del párvulo como persona que se vincula con su medioambiente sociocultural y natural». 6) Que, por lo demás, los esfuerzos en términos de cantidad de horas que se requerirían invertir en cada Dirección Regional para buscar y recopilar la información, no parecen, a juicio de este Consejo, especialmente desproporcionados. En este sentido, no existe suficiente evidencia que permitan concluir que el servicio reclamado deba destinar personal con dedicación exclusiva a las labores de búsqueda y recopilación de dicha información, sobre todo considerando que, dada la relevancia de la misma, podría ser necesario recabarla para múltiples fines, entre ellos, para el adecuado cumplimiento de las funciones de la JUNJI. Ello porque se trata de resoluciones que sancionan programas o proyectos que actualmente están siendo ejecutados por parte de la JUNJI, por lo que la inversión de tiempo y la destinación de funcionarios a efectos de dar satisfacción a lo solicitado en los literales a) y b) de la solicitud, no puede configurar la distracción alegada como reserva. 7) Que, por último, tampoco resultan atendibles las circunstancias de hecho que alega el órgano para entender fundada dicha reserva, en especial, el no contar con soportes informáticos para respaldar la información; y el que ésta se almacene sin un orden adecuado que garantice su acceso expedito. Ello porque se trata de hechos que son imputables al propio órgano reclamado, de lo cual, por tanto, no puede derivarse como consecuencia la invocación de una causal que lo releve de entregar la documentación pedida. Por ello, y atendido lo señalado por la JUNJI en sus descargos respecto del modo en que se encuentra actualmente almacenada la información, se le requerirá arbitrar las medidas pertinentes a fin de que la documentación sea archivada de forma tal que permita el acceso a las mismas sin que medien las dificultades invocadas. 8) Que, por todo lo anterior, este Consejo desestimará la concurrencia de la causal invocada –artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia– en relación a los puntos a) y b) de la solicitud. Sin perjuicio de ello, en función de los esfuerzos que puede demandar la búsqueda, recopilación y entrega de la misma, se le conferirá excepcionalmente a la JUNJI un plazo prudencial mayor para proceder a su entrega, según se indicará en la parte resolutiva de esta decisión. 9) Que, respecto de lo requerido en la letra c) de la solicitud –copia de todos los reclamos, comentarios o sugerencias dirigidas a los fiscalizadores de la JUNJI a través del SIAC, incluyendo el nombre de los funcionarios respectivos, desde el año 2010 al 9 de enero de 2013– el organismo ha explicado, en síntesis, que sólo posee registros del SIAC a través de planillas Excel, sin que éstas clasifiquen la información siguiendo la totalidad de los parámetros que interesan al solicitante (reclamos, comentarios o sugerencias y nombres de los funcionarios). Por lo mismo, sostuvo que previo a entregar dicha información, requeriría llevar a cabo una labor de tratamiento con dos finalidades definidas, una, la búsqueda de los parámetros solicitados; y otra, la de proteger información sensible, lo cual implicaría desplegar esfuerzos tales que configurarían también la causal prevista en el artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia. 10) Que, habiendo este Consejo revisado las planillas que remitió la JUNJI en cumplimiento de la medida para mejor resolver decretada en el presente caso, ha constatado que las mismas contienen, al menos en parte, la información que interesa al peticionario (reclamos o denuncias). Sin embargo, incluye además otra información que, no sólo no ha sido solicitada, sino que debe ser objeto de protección, lo que impide acceder a lo planteado por el reclamante en su amparo en orden a que se le entreguen las planillas Excel sin tratar previamente la información que éstas contengan. En efecto, debe ser objeto de protección o reserva la siguiente información: a) La información referida a la identificación de los denunciantes o reclamantes y otros datos de contexto alusivos a los mismos, particularmente el domicilio y número telefónico. En este sentido, cabe tener presente lo razonado por este Consejo en su decisión de amparo Rol C91-09, en el sentido que «…el nombre de una persona natural es un dato personal del cual ella es titular, además de un atributo de la personalidad, que como tal se encuentra amparado por la Ley N° 19.628, de 1999, sobre protección de datos de carácter personal, y sólo con su consentimiento se puede entregar o publicar dicho dato, a menos que se obtenga de una fuente accesible al público…». Respecto de los restantes datos personales de los denunciantes, cabe tener en cuenta la protección que contempla el acápite 4.2 de la Instrucción General N° 10. Por tanto, concurre respecto de dicha información, la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, en la misma decisión antes citada, este Consejo razonó que «…el acceder a la entrega del nombre de él o los denunciantes podría inhibir a realizar futuras denuncias e impedir que los órganos de la Administración… realicen las fiscalizaciones necesarias que surgen de dichas denuncias», por lo que, además, se configuraría respecto de dicha identidad, la causal del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. b) Los datos o antecedentes de las denuncias o reclamaciones que directamente revelen la identidad de menores de edad, o que, en su caso, permitan colegir dicha información. En este sentido, cabe consignar lo razonado por este Consejo en la decisión de amparo Rol C80-10, en el sentido que «…según la doctrina, los datos personales de los menores que son tratados por el sistema educacional no pueden considerarse como provenientes de fuente de acceso al público para proceder a la revelación (artículo 7° de la Ley N° 19.628) y merecen protección pese a las falencias de nuestra legislación en la materia, especialmente teniendo en consideración que uno de los principios de nuestra legislación es el “interés superior del niño” (DONOSO Lorena. “El tratamiento de datos personales en el sector de la educación. /en/ En Foco N° 136, Expansiva UDP, de 15 de abril de 2009)”. Asimismo, la Convención de los Derechos el Niño –ratificada por Chile el 14 de agosto del año 1990 y promulgada como Ley de la República, mediante el Decreto Supremo N° 830/1990 del Ministerio Relaciones Exteriores de Chile– en su artículo 16 .1 establece que “Ningún niño será objeto de injerencia arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su vida privada o su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra o reputación”. Por su parte, en la decisión de amparo Rol C816-10, este Consejo razonó que «…el respeto y promoción de tales derechos envuelve un imperativo estatal, a la luz de lo dispuesto en el artículo 5°, inciso segundo, de la Constitución Política de la República», por lo que revelar dicha información configura la causal de reserva del artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia. 11) Que, a juicio de este Consejo, los esfuerzos que debería desplegar la JUNJI a efectos de aplicar el principio de divisibilidad en las planillas Excel, a fin de hacer efectiva la protección indicada en el considerando precedente, no configuran la causal de distracción indebida prevista en el artículo 21 Nº 1 letra c) de la Ley de Transparencia. En efecto, la identificación y demás datos personales de los denunciantes se contienen en determinados campos de las planillas Excel destinados al efecto (referidos precisamente a su: nombre, sexo y número telefónico), razón por la cual proteger esa información supone realizar una simple operación dirigida a tachar, o en su caso, eliminar los campos respectivos de las respectivas planillas. Si bien la protección de la información alusiva a menores de edad podría demandar mayores esfuerzos de parte de la JUNJI, dado que ello exigiría revisar en detalle los campos de cada denuncia en donde podrían contenerse tales datos, ello no constituye el esfuerzo desproporcionado que este Consejo ha fijado como estándar para la procedencia de esta causal de reserva, según ha resuelto recientemente en la decisión de amparo Rol C377-13. Por todo lo anterior, se desestimará también en la causal de reserva en análisis respecto de lo solicitado en el literal c). Con todo, si bien los esfuerzos que deben desplegarse para proteger la referida información no configuran la casual de reserva invocada, sí justifican, en cambio, conceder al organismo de manera excepcional un plazo prudencial mayor para entregar lo pedido, tal como se hizo efectivo respecto de los literales a) y b) de la solicitud. 12) Que, por su parte, la letra d) de la solicitud se refirió a las actas de fiscalización de jardines infantiles empadronados y/o cuyo empadronamiento ha sido revocado, en relación al periodo comprendido entre enero de 2011 y diciembre de 2012, en las regiones IV, V, VI y Región Metropolitana. Con respecto a la fiscalización que ejecuta la JUNJI, dicho organismo, su página web –disponible en el enlace: http://www.junji.gob.cl/portal/index.php?option=com_k2&view=item&id=3997:sobre-el-empadronamiento-y-más– informa que «Consiste en velar a través de la fiscalización integral (supervigilancia) el cumplimiento de la normativa legal vigente en los establecimientos educacionales de primera infancia, con el fin de resguardar los derechos de las niñas y niños que asisten a Salas Cunas y Jardines Infantiles del ámbito público y privado». En cuanto a los objetivos de la fiscalización, la misma fuente informa que estos dicen relación con «Orientar los procesos de fiscalización en las áreas de: Gestión Organizacional; Procesos Educativos; Buen Trato y Familia; Higiene y Alimentación; Seguridad e Infraestructura. Promover la adopción de medidas preventivas y/o correctivas a fin de superar las deficiencias detectadas en los procesos de fiscalización. Promover acciones de coordinación con subdepartamentos de JUNJI y/o entidades externas para corregir las irregularidades». Por último, sobre lo qué se fiscaliza, se señala que: «…una fiscalización integral, la que se ejecuta mediante la aplicación de una pauta que mide el nivel de cumplimiento en 5 áreas: gestión organizacional, gestión de procesos educativos, buen trato y familia, higiene y alimentación, infraestructura y seguridad. Después de 10 días hábiles el establecimiento educacional recibe el Informe de Fiscalización que contiene los incumplimientos detectados, los compromisos y plazos». 13) Que, las actas de fiscalización mencionadas constituyen información pública a luz del artículo 8° de la Constitución Política y de los artículos 5° y 10 de la Ley de Transparencia, ya que se trata de actos emanados de un órgano de la Administración del Estado, pronunciados en ejercicio de las facultades inspectivas y sancionadoras de que éste se encuentra investido. En efecto, se trata de actos administrativos al tenor de lo prescrito en el artículo 3°, inciso sexto, de la Ley N° 19.880, pues se trata de «declaraciones de juicio, constancia o conocimiento» que han sido realizadas por un órgano de la Administración en el ejercicio de sus competencias. En este sentido la Contraloría General de la República en su Dictamen N° 80.261, de 2012, señaló que las «actas de fiscalización revisten el carácter de instrumentos públicos, por constituir actos administrativos de constancia». Con todo, ciertas partes de las mismas actas pudieren ser reservadas por concurrir alguna causal de reserva. 14) Que, respecto de las antedichas actas de fiscalización, la JUNJI también ha alegado la distracción indebida como motivo de reserva, en función de los esfuerzos que señala demandaría la necesidad de revisarlas, para eventualmente, en virtud del principio de divisibilidad, proteger especialmente en el apartado referido a «observaciones» aquella información de contexto que suponga revelar datos personales de los funcionarios(as) de los jardines infantiles o que que pudiere permitir identificar a menores de edad. Al respecto, este Consejo estima que al constituir las actas en cuestión actos administrativos, son por antonomasia información de naturaleza pública, lo que hace improcedente proteger la información referente a los funcionarios de los Jardines o Salas Cunas que figuran en las mismas actas, sobre todo si ello no hace más que revelar las condiciones de funcionamiento de dichos establecimientos, que es precisamente el objeto de dicho acto administrativo. 15) Que, por otra parte, en lo que se refiere a la información que pudieran contener las actas alusivas a la identidad de menores de edad u a otros datos que eventualmente impliquen la posibilidad de individualizar a los mismos o a su entorno familiar, cabe consignar que en las actas revisadas por este Consejo no se ha constatado que exista este tipo de información. Sin embargo, en la eventualidad que las otras actas solicitadas pudieran contener este tipo de información –como alegó la JUNJI en sus descargos–, resulta manifiesto que ésta debe ser protegida, no obstante el carácter público que poseen dichas actas. En efecto, a diferencia de lo que sucede con la información a que se refiere el considerando que antecede, aquí no se trata de información que diga relación con la funcionalidad misma del acto administrativo, sino con antecedentes de especial sensibilidad que, por lo mismo, debe ser resguardada, pues su divulgación configuraría la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, por las razones a que se ha hecho referencia en el considerando 10º, letra b), precedente. En este sentido, conforme al principio de la divisibilidad consagrado en el artículo 11, letra e), de la Ley de Transparencia, «si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda». 16) Que, tal como sucede respecto de los otros literales, este Consejo estima que, si bien la aplicación del principio de divisibilidad en los términos indicados respecto de las actas requeridas en la letra d) de la solicitud, supone que la JUNJI despliegue un significativo esfuerzo, no se ha formado la convicción suficiente que se exige como estándar para configurar un motivo de reserva, dado el carácter excepcional que revisten estos últimos. En efecto, las condiciones en que se almacena actualmente esta información (en soporte papel) es una circunstancia atribuible al organismo; por lo demás, los esfuerzos para su entrega podrían verse minimizados, en función de la gestión documental que actualmente lleva a cabo el organismo para lograr ordenar la información referente a fiscalizaciones, según ha explicado detalladamente en sus descargos. Lo anterior también considera que se ha solicitado información que comprende un periodo de dos años y referente únicamente a cuatro regiones del país. Por todo lo anterior, se desestimará la concurrencia de la causal de reserva invocada, no obstante lo cual, de manera excepcional, se concederá a la JUNJI un plazo prudencial mayor para entregar las actas de fiscalización pedidas. 17) Que, sin perjuicio de lo anterior, y a mayor abundamiento, este Consejo estima que la divulgación de las denuncias o reclamos –letra c) de la solicitud– y actas de fiscalización –letra d) de la solicitud– envuelve un elevado interés público que refuerza la idea de publicidad de esta información, y que por su intensidad es capaz de vencer la reserva que pudiera derivarse de los esfuerzos requeridos para entregar los volúmenes pedidos aplicando la protección indicada. Ello por cuanto: a) Si bien las denuncias [o reclamos] contienen un resumen pormenorizado de las situaciones que motivan unas u otras, e identifican al Jardín Infantil o Sala Cuna involucrado y al personal de los mismos, lo cual posee una connotación negativa para los involucrados, no puede soslayare, por otra parte, que revelar esta información conlleva el beneficio social de permitir identificar qué establecimientos adscritos al sistema de educación pre-escolar, se encuentran permanentemente sometidos a cuestionamientos en su funcionamiento por los padres y/o apoderados. Esto permitiría llamar la atención en función de prevenir situaciones graves o irregulares acaecidas en los mismos, que revisten especial criticidad cuando en ellas se ven involucrados directamente menores de edad. b) Los informes de fiscalización, a su vez, pueden dar cuenta de ciertas imperfecciones detectadas por la autoridad en el funcionamiento de Jardines Infantiles o Salas Cunas, cuando son sometidos a evaluación. Es más, probablemente esos errores disminuirían de ser conocidas públicamente las actas, pues la publicidad funcionaría como un potente incentivo en este sentido. Adicionalmente, tal divulgación solucionaría un problema de asimetría de información del sistema, cual no se aviene con la uniformidad que pretende aplicar la JUNJI en cuanto a la exigencia de parámetros mínimos de calidad, que constituye una de las materias que precisamente fiscaliza dicho organismo. c) La publicidad de ambos géneros de información contribuirá a garantizar la elección informada de padres y apoderados, con la subsecuente contribución al funcionamiento óptimo del sistema preescolar. Todo lo anterior es particularmente relevante tratándose del sistema de educación, pues se trata de un sector de gran importancia para alcanzar una adecuada calidad de vida de las personas, que contribuye al desarrollo de los menores de edad y en que tanto el Estado como los particulares invierten ingentes sumas de dinero. d) En suma, no sólo resulta aconsejable sino que también imperativo, establecer elevados estándares de transparencia en lo que refiere al funcionamiento del sistema de educación parvulario o preescolar, objetivo al que ciertamente contribuye la publicidad la información sobre que se razona. 18) Que, por último, referente a la letra e) de la solicitud, si bien la JUNJI no se pronunció sobre el punto en la respuesta, lo cierto es que al formular sus descargos señaló haber remitido a las reclamantes la información que posee sobre el punto, esto es, el "Procedimiento de Fiscalización", que validó el proceso como el acta de fiscalización (archivo PDF), lo cual ha constatado este Consejo. Por lo tanto, si bien se acogerá el amparo en este punto, se tendrá por entregada la información pedida, aunque de modo extemporáneo. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, en contra de la Junta Nacional de Jardines Infantiles Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles que: a) Haga entrega al reclamante de copia de la siguiente información: i. Resoluciones, con toma de razón incluida, mediante las cuales la JUNJI ha sancionado y/o aprobado los programas y proyectos que se encontraban vigentes o en ejecución al 9 de enero de 2013. ii. Resoluciones, con toma de razón incluida, mediante las cuales la JUNJI ha sancionado los programas o proyectos que se encontraban vigentes o en ejecución al 9 de enero de 2013, en el contexto del convenio de transferencia de recursos celebrado entre la Junta Nacional de Jardines Infantiles y el Ministerio de Desarrollo Social. iii. Copia de las planillas Excel que contienen el registro de los reclamos o denuncias que le han sido dirigidas a través del SIAC, reservando en ellas la identidad del denunciante, los datos de los mismos sobre: número telefónico y domicilio; así como también la identidad de menores de edad que puedan contener las denuncias, u otra información que permita revelar esa identidad u otra información sobre su entorno personal o familiar, en los términos indicados en el considerando 10°. iv. Copia de todas las actas levantadas con ocasión de la fiscalización llevada a cabo respecto de de jardines infantiles empadronados y/o revocados, respecto al periodo comprendido entre enero de 2011 a diciembre de 2012, en las regiones IV, V, VI y Región Metropolitana. En caso que dichas actas contengan información alusiva a la identidad de menores de edad, u otra información que permita revelar esa identidad u otra información sobre su entorno personal familiar, ésta deberá ser protegida. b) Cumpla dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 25 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Requerir a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles arbitrar las medidas pertinentes a fin de que la documentación sea archivada de forma tal que permita el acceso a las mismas sin que medien las dificultades invocadas con ocasión del presente amparo. IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Juana González Mella, doña Sandra Oses Alarcón y doña Soledad González Aravena, y a la Sra. Vicepresidenta Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines Infantiles. En contra de la presente decisión procede de parte del reclamante la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en los artículos 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. No procede, en cambio, el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María. Se deja constancia que la Consejera doña Vivianne Blanlot Soza no concurre al presente acuerdo por no asistir a esta sesión. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.