Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C332-13

Reclamante:	EDUARDO HEVIA CHARAD
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que recibió respuesta incompleta y fuera de plazo sobre solicitud de a) “Copia autentificada de "Informe Caip Nº 001952", de 23 de mayo de 2006 y; b) Habiendo resultado imposible conseguir esta información de parte de Provense, solicito copia autentificada de los contratos de arriendo de Provense S.A. en el Apumanque (espacios comunes denominados con numeraciones ficticias de locales), de los que en inf. Nº 21- 2013 se da cuenta que existe copia en la Municipalidad”. El Consejo señaló que el requerimiento involucraría la revisión de una gran cantidad de expedientes, dado el periodo que la información comprende, unido a la evaluación de la aplicabilidad de alguna causal de secreto o reserva respecto de ellos y la eventual aplicación del principio de divisibilidad respecto de los contratos que contengan datos personales cuya comunicación no se encuentra autorizada en los términos de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, tales como el número de cédula de identidad de las personas naturales que los suscribieron, si bien el organismo reclamado no explicitó las dificultades de acceso a la información y no señaló claramente la forma en que se encontraría registrada, ni el tiempo requerido por sus funcionarios para obtener los datos con el procesamiento de los mismos, resulta razonable concluir que la cantidad de información que debe procesar para satisfacer la solicitud analizada permite justificar que la atención de la solicitud en comento supone destinar un tiempo excesivo de la jornada de los funcionarios del organismo, alejándolos de sus funciones habituales, en los términos dispuestos por el citado artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará el amparo.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	5/15/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C18-12
Jurisprudencia a:	C1814-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de acceso a la información >> Costos de reproducción >> Costos directos
Descriptores analíticos:	Gestión y administración territorial (Urbanismo)

DECISIÓN AMPARO ROL C332-13 Entidad pública: Municipalidad de Las Condes Requirente: Eduardo Hevia Charad Ingreso Consejo: 19.03.2013 En sesión ordinaria Nº 433 del Consejo Directivo, celebrada el 10 de mayo de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C332-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; y los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de febrero de 2013, Eduardo Hevia Charad presentó a la Municipalidad de Las Condes la siguiente solicitud de información: a) “Copia autentificada de "Informe Caip Nº 001952", de 23 de mayo de 2006 y; b) Habiendo resultado imposible conseguir esta información de parte de Provense, solicito copia autentificada de los contratos de arriendo de Provense S.A. en el Apumanque (espacios comunes denominados con numeraciones ficticias de locales), de los que en inf. Nº 21- 2013 se da cuenta que existe copia en la Municipalidad”. (sic) En cuanto a la forma de notificación, solicitó que la información le fuere remitida a la casilla postal que indicó. 2) RESPUESTA: El 12 de marzo de 2013 la Municipalidad de Las Condes remitió respuesta a dicho requerimiento de información mediante Ordinario N° 47 de 27 de febrero de 2013, en cuya virtud se remitió al solicitante copia del informe solicitado en el literal a) de su solicitud. Respecto de la letra b), remitió copia simple del contrato de arriendo que da cuenta el Ordinario Nº 21 de 24 de enero de 2013, celebrado entre Provense S.A. y Gleiser y Schachner Ltda. 3) AMPARO: El 19 de marzo de 2013, Eduardo Hevia Charad dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Las Condes, fundado en que recibió respuesta incompleta y fuera de plazo. El reclamante agregó, en síntesis, que la Municipalidad habría informado de la existencia de más de un contrato de arriendo, “yo solicité copia de ellos (se entiende de todos) pero envió copia de solamente uno de ellos” (Provense S.A. y Gleiser y Schachner Ltda.) 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación este amparo y lo trasladó al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes mediante el Oficio N° 1.132 de 28 de marzo de 2013. En dicho Oficio se hizo presente que la reclamación estaba fundada en que la respuesta fue extemporánea y además incompleta respecto de la solicitud identificada en la letra b) de la solicitud de información. Además, se solicitó especialmente que al formular sus descargos: (1°) informara, en el caso que obre en su poder uno o más contratos diferentes al entregado al reclamante, sobre la existencia de derechos de terceros que puedan verse afectados con la publicidad de la información solicitada; (2°) de ser así, que indicara si se dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley de Transparencia y acompañar a este Consejo todos los documentos incluidos en el procedimiento de comunicación a los terceros, incluyendo copia de la respectiva comunicación, de los documentos que acrediten su notificación, y del escrito de oposición de éste, si existen; (3°) proporcionar a este Consejo los datos de contacto –por ejemplo: dirección, número telefónico y correo electrónico-, de los terceros, a fin de dar aplicación a los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento; (4°) acompañar los antecedentes que acrediten la fecha en que fue ingresada a la Oficina de Correos la respuesta a la solicitud de información que motivó el presente amparo; y (5) adjuntar copia del Informe N° 21/2013 al que se hace referencia en la solicitud. Mediante Ordinario N° 1/288 de 22 de abril de 2013 el Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes presentó sus descargos señalando, en síntesis que: a) La respuesta fuera de plazo se debió a un retardo involuntario. La Secretaría Municipal respondió al Sr. Hevia el 28 de febrero de 2013, pero se envió la respuesta a una casilla de correo postal equivocada, motivo por el cual Correos de Chile devolvió la correspondencia. Se volvió a despachar la respuesta y documentación solicitada, esta vez a la dirección correcta, el 11 de marzo de 2013. Se acompaña fotocopias de los comprobantes de los envíos respectivos por carta certificada, a través de Correos de Chile. b) Mediante el Ordinario N° 47 de 2013, la Secretaría Municipal dio respuesta completa a la solicitud. Se entregó copia del Informe de Uso de Suelo CAIP N° 1952, de 23 de mayo de 2006, y del contrato de arrendamiento entre Provense S.A. y Gleiser y Schachner Ltda., de 2 de mayo de 2006. c) La solicitud no singularizó ningún expediente administrativo perteneciente a alguna unidad municipal y sólo hizo referencia al Informe CAIP N° 1952 de 2006, el cual se encontraba a nombre de la empresa Gleiser y Schachner Ltda. Por ello se entregó copia del contrato de arrendamiento celebrado entre Provense S.A. y Gleiser y Schachner Ltda., pues en caso contrario, el Municipio habría tenido que revisar todos y cada uno de los expedientes administrativos de los Departamentos de Obras y Patentes Municipales, para determinar qué negocios ubicados en los espacios comunes del referido Centro Comercial, tienen contrato de arrendamiento con la empresa Provense S.A., situación que significaba una tarea imposible o muy difícil de realizar. d) El Sr. Hevia ha continuado solicitando dichos contratos, mediante Providencias Nos. 3.255 de 26 de marzo de 2013 y 3.815 de 9 de abril de 2013, las que fueron respondidas por los Ordinarios Municipales Nos. 81 y 82, ambas de 2013, respectivamente, por medio de los cuales se remitió copia de los contratos de arrendamiento entre Provense S.A. y Globopolis S.A, y Provense S.A. y Comercial Tribanda Ltda. Se acompaña copia de los citados documentos. 5) GESTIÓN OFICIOSA: Mediante correo electrónico de 24 de abril de 2013, dirigido al Sr. Secretario Municipal de Las Condes, este Consejo, a objeto de mejor resolver este amparo, solicitó que informara lo siguiente: Desde qué año la empresa Provense S.A. administra el Centro Comercial Apumanque; cantidad de locales comerciales, incluidos los módulos y stand, que funcionan en el Apumanque e informe acerca del registro de patentes comerciales en la Municipalidad. Mediante correo electrónico de 25 de abril de 2013, el Sr. Secretario Municipal remitió correo electrónico del Departamento de Patentes Municipales, en cuya virtud se informó lo siguiente: a) Por Resolución N° 72 de 11 de Enero de 1983, se otorgó patente para el giro de prestación de servicios a Provense S.A. (Administración Centro Comercial Apumanque). b) En el sistema de Patentes Municipales existe un total de 418 contribuyentes con patentes vigentes para la dirección de Av. Manquehue Sur N° 31 (Centro Comercial Apumanque). c) El registro de patentes municipales opera en base al Número de Rol de Patente y número de RUT de cada contribuyente. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley de Transparencia, el organismo reclamado dispone de veinte días hábiles para dar respuesta a la solicitud de acceso. Atendido que la solicitud de información se presentó el 5 de febrero de 2013, el plazo para pronunciarse sobre este requerimiento, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, venció el 5 de marzo de este año. En tanto, la respuesta a la solicitud de la especie fue despachada sólo el 12 de marzo de 2013, esto es, una vez vencido el plazo legal dispuesto para estos efectos. Lo anterior constituye una infracción al deber legal descrito en el referido artículo 14, así como el principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h) de la Ley de Transparencia, motivo por el cual se representará a la Municipalidad de Las Condes dicha infracción en lo resolutivo del presente acuerdo. Asimismo, no resulta atendible el argumento del Municipio, contenido en sus descargos, en orden a expresar que la causa de la tardanza en la respuesta radicó en un error al indicar la dirección del solicitante, toda vez que corresponde a la autoridad superior del Servicio, en este caso al Alcalde, la obligación de dar respuesta a una solicitud de acceso a la información en el término legal, por lo que, en caso alguno un error imputable al órgano justifica a éste para no responder, dentro de plazo, a lo requerido. 2) Que el reclamante señaló expresamente en su amparo que la información que fue entregada resultaba incompleta respecto de la letra b) de la solicitud, toda vez que en lo referido a tal requerimiento, el órgano sólo habría remitido copia de un contrato de arrendamiento celebrado por Provense S.A., en circunstancias que lo requerido serían todos los contratos. Atendido que el reclamante señaló específicamente que la Municipalidad de Las Condes habría entregado información incompleta respecto del literal b) del requerimiento, indicando expresamente su disconformidad con esa respuesta - sin hacer referencia al literal a) de la solicitud– este Consejo estima que el presente amparo debe entenderse circunscrito únicamente al requerimiento contenido en la letra b) de la solicitud de acceso. En dichos términos fue conferido el traslado del presente amparo al órgano reclamado, a través del Oficio N° 1.132 de 28 de marzo de 2013, según se encuentra consignado en el encabezado del numeral 4° de lo expositivo. 3) Que al respecto, a modo de contexto, cabe tener presente que el Informe N° 21 de 24 de enero de 2013 - al cual hace referencia el solicitante en el requerimiento de la especie - es un documento del Jefe del Departamento de Patentes Municipales (S) dirigido al Sr. Secretario Municipal, en cuya virtud se explica que ese Departamento ha considerado que la administración del Cosmocentro Apumanque “es responsabilidad de Provense S.A., consideración sustentada en que los contratos de arriendo de los locales, siempre ha sido la citada empresa la que comparece como arrendadora (…)”. Atendido lo señalado, se colige que el requirente solicitó la totalidad de los contratos de arriendo celebrados por Provense S.A. en su calidad de administrador del Centro Comercial Apumanque, debiendo entenderse que el requerimiento de información objeto de este amparo incluye todos los contratos de arrendamiento celebrados entre esa empresa administradora con los arrendatarios de locales o espacios comerciales ubicados en el referido centro comercial, que obren en poder de la municipalidad reclamada que, hasta la fecha de la solicitud de acceso, se encuentren en poder de la reclamada, vigentes o no. 4) Que sobre esta materia, el inciso primero del artículo 23 del DL N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, dispone que el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio, arte o cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su naturaleza o denominación, está sujeta a una contribución de patente municipal. El inciso primero del artículo 24 del mismo cuerpo normativo, a su vez, establece que dicha patente grava la actividad que se ejerce por un mismo contribuyente, en su local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado con prescindencia de la clase o número de giros o rubros distintos que comprenda. Tratándose de sociedades de inversiones o sociedades profesionales, cuando estas registren domicilio comercial, la patente se deberá pagar en la comuna correspondiente al domicilio registrado por el contribuyente ante el Servicio de Impuestos Internos. 5) Que en cuanto a la concurrencia de los requisitos que hacen procedente el cobro de patente municipal, la jurisprudencia administrativa de la Contraloría General de la República contenida en el dictamen N° 2.006, de 2009, entre otros, ha precisado que tales supuestos son: a) que la actividad esté gravada con ese tributo; b) que esta sea efectivamente ejercida por el contribuyente; y c) que la misma se realice en un local, oficina, establecimiento, kiosco o lugar determinado. El mismo Órgano de Control señaló, en su dictamen N° 63.035 de 2012: “de los artículos 24 y 26 del decreto ley N° 3.063, de 1979, sobre Rentas Municipales, se desprende la necesidad de que conste la existencia de un título que habilite al solicitante de la patente para ejercer el derecho a hacer uso, sea como poseedor o como mero tenedor, del espacio físico que aquel señale como sede de sus actividades (aplica criterio contenido en el dictamen N° 72.512, de 2011)”. Agrega ese mismo dictamen que “el contrato de arrendamiento constituye un antecedente suficiente para justificar el uso de un inmueble, basta con la presentación de dicho título para efectos de acreditar la habilitación referida en el marco del proceso de otorgamiento de una patente municipal”. 6) Que a mayor abundamiento, la página web de la Municipalidad de Las Condes http://www.lascondes.cl/tramites/patentes.html (Revisada el 23 de abril de 2013), en materia de “Solicitud de Patentes Comerciales” establece, dentro de los antecedentes comunes a todas las patentes comerciales, que el solicitante debe “Acreditar el título por el cual se ocupa el inmueble: Escritura de compraventa inscrita en el Conservador de Bienes Raíces; contrato de arriendo; contrato de comodato; autorización de uso ante Notario”. 7) Que en consecuencia, uno de los documentos que debe acompañar toda persona que solicita una patente comercial en la Municipalidad respectiva, es el título que justifique el uso del inmueble dónde se llevará a efecto la actividad comercial, en la especie, de los locales comerciales ubicados dentro del Centro Comercial Apumanque, ubicado en la comuna de Las Condes. Por lo tanto, si bien la información requerida ha sido generada por privados, toda vez que se trata de los contratos de arrendamiento celebrados entre el administrador de ese Centro Comercial y los respectivos locatarios- ésta ha sido puesta a disposición de la Municipalidad de Las Condes para la verificación del cumplimiento de los requisitos que toda persona - natural o jurídica- debe cumplir para el otorgamiento de una patente comercial. Por lo tanto, atendido lo dispuesto en el artículo 5° de la Ley de Transparencia y el artículo 3°, letra g), de su Reglamento, estos antecedentes constituyen el sustento o complemento directo del acto administrativo que otorga una patente comercial, de manera que, siendo dicho procedimiento y su resolución de naturaleza pública, su complemento directo ha de poseer el mismo carácter, salvo que dicha información se encuentre sujeta a las excepciones legales que establezcan su secreto o reserva. 8) Que de conformidad con lo señalado, en atención a que lo solicitado se relaciona con información relativa a uno de los antecedentes que sirven de fundamento para el otorgamiento de una patente comercial, cabe tener presente lo señalado por este Consejo en la decisión del amparo Rol C18-12, en la que, en síntesis, se resolvió que las patentes comerciales otorgadas por los municipios, en tanto constituyen actos administrativos, tienen carácter público conforme al artículo 5° de la Ley de Transparencia, no obstante tratarse de datos personales, cuando se refieren a personas naturales, en los términos del artículo 2º letra f), de la Ley Nº 19.628, por lo cual, en principio, no les resultaría aplicable la regla de secreto contemplada por el artículo 7º de la citada ley. Dicha información se trata de información eminentemente pública, atendido que las patentes se conceden por la autoridad mediante un acto administrativo, que por esencia se exhibe respecto de terceros y que además, se encuentra dentro de los actos administrativos que deben publicarse de acuerdo al artículo 7° de la Ley de Transparencia, por lo que carece del mérito de afectar algún derecho de terceros. 9) Que la Municipalidad de Las Condes en su respuesta, entregó al solicitante copia de un contrato celebrado por la empresa Provense S.A. con uno de los locatarios del Centro Comercial Apumanque. Además, argumentó que la entrega de todos los contratos de arrendamiento suscritos por Provense S.A. en el Apumanque importaría la revisión de todos y cada uno de los expedientes administrativos de los Departamentos de Obras y Patentes Municipales, para determinar qué negocios ubicados en los espacios comunes del referido Centro Comercial, han celebrado contratos de arrendamiento con la empresa señalada, situación que significaba “una tarea imposible o muy difícil de realizar”. 10) Que si bien la Municipalidad no invocó en su respuesta una causal de secreto o reserva que permita denegar el acceso a la información solicitada, de la alegación anteriormente descrita- contenida en sus descargos - este Consejo entiende que la reclamada aludió al artículo 21 Nº 1, letra c), de la Ley de Transparencia, en cuya virtud se podrá denegar el acceso a la información cuando su comunicación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente tratándose de requerimientos de carácter genéricos, referidos a un elevado número de actos administrativos o sus antecedentes, o cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Al respecto, el Reglamento de la citada ley, al precisar los supuestos de dicha causal, señala en su artículo 7º Nº 1, letra c), inciso 3º, que “se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando su satisfacción requiera por parte de éstos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales”. 11) Que del resultado de la gestión oficiosa consignada en el numeral 5° de lo expositivo se advierte que la empresa Provense S.A. se encontraría a cargo de la administración del Centro Comercial Apumanque desde el año 1982, por lo que el periodo que comprende la información solicitada es, a la fecha de la solicitud, de 31 años aproximadamente. Asimismo, existiría un total de 418 contribuyentes con patentes vigentes en el Centro Comercial Apumanque, de acuerdo a lo señalado por la municipalidad reclamada. 12) Que la búsqueda de la totalidad de los contratos de arriendo celebrados por Provense S.A. en el Apumanque, importaría la revisión de expedientes administrativos de diversa data, que abarcaría un periodo de a lo menos 31 años, comprendiendo expedientes de patentes comerciales vigentes tanto a la fecha de la solicitud, como aquellas que no se encuentran vigentes, tales como las caducadas o no renovadas, a objeto de determinar en qué casos tales expedientes contendrían contratos de arrendamiento celebrados por la Administradora del Apumanque. A la fecha, según lo informado por la Municipalidad, las patentes comerciales vigentes en el Apumanque son 418, por lo que resulta razonable entender que dicha cantidad que ha podido variar, atendido el propio giro comercial de cada uno de los locales y el extenso periodo que comprende el requerimiento. Además, la búsqueda asociada al RUT de la empresa o persona natural o jurídica vinculada a una patente comercial determinada, de conformidad a lo indicado por la reclamada, dificultaría la identificación de tales expedientes administrativos. 13) Que en consecuencia, en el contexto de la solicitud que ha dado origen a este amparo, atendido que el requerimiento involucraría la revisión de una gran cantidad de expedientes, dado el periodo que la información comprende, unido a la evaluación de la aplicabilidad de alguna causal de secreto o reserva respecto de ellos y la eventual aplicación del principio de divisibilidad respecto de los contratos que contengan datos personales cuya comunicación no se encuentra autorizada en los términos de la Ley N° 19.628, sobre protección de datos personales, tales como el número de cédula de identidad de las personas naturales que los suscribieron, si bien el organismo reclamado no explicitó las dificultades de acceso a la información y no señaló claramente la forma en que se encontraría registrada, ni el tiempo requerido por sus funcionarios para obtener los datos con el procesamiento de los mismos, resulta razonable concluir que la cantidad de información que debe procesar para satisfacer la solicitud analizada permite justificar que la atención de la solicitud en comento supone destinar un tiempo excesivo de la jornada de los funcionarios del organismo, alejándolos de sus funciones habituales, en los términos dispuestos por el citado artículo 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, por lo que se rechazará el amparo. 14) Que sin perjuicio de lo anterior, de la revisión de los antecedentes remitidos por la reclamada al solicitante, este Consejo ha podido constatar que el órgano hizo entrega de copias de contratos suscritos por Provense S.A. - según consta en las letras c) y d) de los descargos- que contienen datos que conforme a la letra f) del artículo 2° de la Ley N° 19.628, constituyen datos personales, tales como el número de cédula de identidad de personas naturales que celebraron tales contratos. En vista de esto, cabe hacer presente al organismo reclamado que de conformidad al punto 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, sobre el Procedimiento Administrativo de Acceso a la Información, cuando la información contenga datos personales que no correspondan al peticionario y no hayan sido requeridos -como es en el caso en análisis-, debe proceder tachando los mencionados antecedentes, debiendo consignar en el formato respectivo que el tachado se procedió a efectuar en virtud de lo dispuesto en la Ley N° 19.628. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Rechazar el amparo deducido por Eduardo Hevia Charad en contra de la Municipalidad de Las Condes, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Representar al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes: a) La infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia y al principio de oportunidad, razón por la cual, a l no haber dado respuesta a la solicitud de acceso dentro del plazo previsto en el artículo 14 señalado, a fin de que adopte la medidas administrativas que sean necesarias para que, en lo sucesivo, dé respuesta a las solicitudes de información que reciba de conformidad a la norma citada. b) La entrega de datos personales de contexto, sin que estos hayan sido requeridos en la solicitud de acceso que originó el presente amparo, a fin de que adopte las medidas tendientes a evitar tal situación, de acuerdo a lo previsto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10, sobre el procedimiento de acceso a la información, impartida por este Consejo. III. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a Eduardo Hevia Charad y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Las Condes. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. En cambio, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.