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DECISIÓN AMPARO ROL C8157-21</p>
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Entidad pública: Subsecretaría del Interior.</p>
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Requirente: Mayleth Peñuela Durán.</p>
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Ingreso Consejo: 03.11.2021</p>
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RESUMEN</p>
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Se acoge el amparo interpuesto en contra de la Subsecretaría del Interior, ordenando la entrega de copia del expediente migratorio de regularización de la hija menor de edad de la requirente.</p>
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Lo anterior, por cuanto, se trata de información asociada a procedimientos administrativos de regularización migratoria iniciados en favor de la hija de la solicitante, respecto del cual se estima que resulta procedente su petición por medio del ejercicio del derecho de acceso a la información pública, sin que se advierta la concurrencia de la causal de secreto o reserva de afectación al privilegio deliberativo, por no acreditarlo fehacientemente. Se hace presente al organismo que la información deberá ser proporcionada en cumplimiento a lo dispuesto en el numeral 4.3 de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, acreditándose, además, la relación de parentesco invocada por la solicitante respecto de la menor en cuyo favor se inició el procedimiento administrativo.</p>
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La Consejera doña Natalia González Bañados se abstuvo de intervenir y votar en el presente caso.</p>
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Finalmente, se representa al organismo el hecho de no haber otorgado respuesta dentro de los plazos legales establecidos para ello.</p>
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En sesión ordinaria N° 1252 del Consejo Directivo, celebrada el 1 de febrero de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante e indistintamente, el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C8157-21.</p>
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VISTO:</p>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</p>
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1) SOLICITUDES DE ACCESO: El 30 de septiembre de 2021, doña Marisol Venegas Rosas requirió a la Subsecretaría del Interior lo siguiente: "solicito estado actual de la solicitud de regularización migratoria de mi hija menor de edad (...) de nacionalidad (...) de fecha 20 de enero del 2020 y copia de todo su expediente administrativo. Soy su madre Mayleth Peñuela Duran, pasaporte (...)".</p>
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2) RESPUESTA: El 2 de noviembre de 2021, mediante Oficio N° 47234, la Subsecretaría del Interior otorgó respuesta a la solicitud, citando el artículo 10 de la Ley de Transparencia, destacando que dicha ley permite acceder a información que, al momento de la solicitud, obre en poder del órgano, sin obligar a los órganos públicos a generar, elaborar o producir información nueva, e informando que "esta autoridad no podrá acceder a su solicitud en atención a que, según nuestros registros, los trámites consultados aún no se encuentran concluidos, por lo que acceder a lo solicitado afectaría el debido proceso y la validez del acto administrativo en cuestión y teniendo en consideración que corresponde a antecedentes previos a la adopción de una resolución debemos denegar su requerimiento de conformidad al artículo 21 número 1 letra b), de la citada Ley N° 20.285, puesto que su documentación es parte de un proceso continuo e indivisible, necesarios para la adopción de la medida en cuestión, cuya divulgación previa afecta el funcionamiento de este servicio, que tiene como misión velar por el cumplimiento de la normativa migratoria y regulación de los ciudadanos extranjeros que permanecen en el territorio nacional, justamente, dictando actos administrativos para tales efectos, cuya notificación debe ser realizada por los medios legales dispuestos al efecto, puesto que no solo corresponde a la comunicación del acto en cuestión sino que, a la vez, constituye una garantía para su titular que lo habilita para presentar descargos ante las autoridades que corresponda según sea el contenido de la misma".</p>
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3) AMPARO: El 3 de noviembre de 2021, doña Mayleth Peñuela Durán, en representación de su hija menor de edad, dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Subsecretaría del Interior, fundado en la respuesta negativa a su solicitud. Asimismo, alegó que "Solicito información sobre la solicitud de regularización migratoria de fecha 20 de enero 2020 de mi hija menor de edad (...) y aún no hay respuesta, ya lleva 1 año y 11 meses de espera".</p>
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4) SUBSANACIÓN DEL AMPARO: Este Consejo, mediante Oficio N° E24168, de fecha 26 de noviembre de 2021, solicitó a la reclamante subsanar su amparo, toda vez que la identidad de la persona que efectuó la solicitud de información y de quien interpuso el presente amparo no coinciden, aclarando la identidad de quien interpone este reclamo, o indicar si doña Marisol Venegas Rosas compareció en representación de doña Mayleth Peñuela Durán, acompañando el respectivo documento en que conste dicha facultad, y acompañar antecedente que acredite el parentesco de doña Mayleth Peñuela Durán y su hija menor de edad.</p>
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En virtud de lo anterior, mediante correo electrónico de fecha 29 de noviembre de 2021, doña Marisol Venegas Rosas subsanó el amparo, acompañando mandato administrativo para actuar en representación de doña Mayleth Peñuela Durán, y diversos documentos para acreditar el vínculo de parentesco entre esta última y su hija.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación el presente amparo, y mediante Oficio N° E24931, de 9 de diciembre de 2021, confirió traslado al Sr. Subsecretario del Interior, notificando el reclamo y solicitando que: (1°) indique las razones por las cuales la solicitud de información no habría sido atendida oportunamente; (2°) se refiera, específicamente, a las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada, teniendo en consideración que la parte recurrente es interesada en el procedimiento administrativo de regularización migratoria consultada, y que, a este respecto, este Consejo ha determinado que no se debe "olvidar lo dispuesto en el artículo 17 letra a) de la ley N° 19.880, que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado, en orden a que las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente." (decisión amparo Rol C1268-21, la que se adjunta a esta comunicación); (3°) señale cómo la entrega de la información reclamada afectaría el debido cumplimiento de las funciones del órgano que usted representa, precisando en qué medida lo solicitado serviría de antecedente para la adopción de una medida o política futura; detallando las implicancias de dicha medida, y explicitando las características particulares de lo solicitado que, a juicio del órgano que usted representa, justificaría que su comunicación vulnera el correcto cumplimiento de los objetivos de la medida o política en curso, identificando los efectos que produciría su comunicación; y, (4°) informe el estado del proceso sobre el que recae la información denegada y fecha aproximada del término del mismo.</p>
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Asimismo, mediante Oficio N° E24930, de igual fecha, este Consejo notificó el reclamo al Sr. Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones, en los mismos términos.</p>
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Mediante Ord. N° 29316, de fecha 23 de diciembre de 2021, el órgano reclamado formuló sus descargos, señalando en síntesis, que "esta Subsecretaría informa que se accede a lo solicitado", indicando que accede a la entrega del oficio que indica, y detallando la forma de acceder a la documentación, toda vez que contiene datos personales. Finalmente, acompaña a este Consejo copia del oficio por medio del cual requiere mayores antecedentes a la solicitante de regularización.</p>
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Y CONSIDERANDO:</p>
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1) Que, el artículo 14 de la Ley de Transparencia dispone que la autoridad o jefatura del organismo requerido deberá pronunciarse sobre la solicitud, sea entregando la información solicitada o negándose a ello, en un plazo máximo de veinte días hábiles, contados desde la recepción de la misma. No obstante ello, en el presente caso, la solicitud en análisis no fue respondida dentro del plazo legal indicado. En razón de lo anterior, este Consejo representará al Sr. Subsecretario del Interior, en lo resolutivo de la presente decisión, la infracción tanto a la precitada disposición, como al principio de oportunidad consagrado en el artículo 11, letra h), del cuerpo legal citado.</p>
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2) Que, el presente amparo se funda en la respuesta negativa por parte de la Subsecretaría del Interior, a la solicitud de la reclamante. En efecto, dicho requerimiento se refiere a información sobre el estado actual de la solicitud de regularización migratoria de la hija menor de edad de la solicitante, y copia de todo su expediente administrativo. Al respecto, en su respuesta, el órgano denegó la entrega de la información solicitada conforme lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia.</p>
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3) Que, en primer lugar, cabe tener presente que el artículo 8°, inciso 2°, de la Constitución Política de la República, en lo que interesa, establece que "son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional".</p>
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4) Que, en segundo lugar, respecto a lo señalado por la reclamada en orden a que las solicitudes de regularización aludidas se encuentran en trámite, no habiéndose adoptado sobre las mismas una decisión, y que una vez resuelta, deberá ser notificada a su titular, cabe tener presente que, conforme a la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21, N° 1, letra b) de la Ley de Transparencia, se podrá denegar total o parcialmente lo requerido cuando la divulgación de lo pedido afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano, particularmente, tratándose de antecedentes o deliberaciones previas a la adopción de una resolución, medida o política, sin perjuicio que los fundamentos de aquéllas sean públicos una vez que sean adoptadas. Además, según lo previsto en el artículo 7, N° 1, letra b), del Reglamento de la Ley de Transparencia, se entiende por antecedentes todos aquellos que informan la adopción de una resolución, medida o política, y por deliberaciones, las consideraciones formuladas para la adopción de las mismas, que consten, entre otros, en discusiones, informes, minutas u oficios. Así, según lo razonado sostenidamente por este Consejo, en las decisiones de los amparos rol C12-09, C79-09 y C3014-15, entre otras, para que se configure la causal de reserva en comento, se requiere la concurrencia de dos requisitos copulativos: a) que la información requerida sea un antecedente o deliberación previa a la adopción de una resolución, medida o política; y, b) que la publicidad, conocimiento o divulgación de dicha información afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano.</p>
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5) Que, en la especie, respecto del primero de los requisitos, cabe tener presente que, en adecuación a lo informado por la reclamada en su respuesta y descargos, los antecedentes pedidos aún se encuentran en proceso de tramitación, en el marco de los procedimientos migratorios iniciados, cuya resolución final aún se encontraría pendiente. Sin embargo, en relación al segundo de los requisitos, la reclamada no indicó la forma específica en la que la entrega de la información podría afectar el debido cumplimiento de las funciones de la Subsecretaría del Interior, especialmente, en lo referido a la adopción de una medida o decisión en los procedimientos migratorios que se consultan. Asimismo, a juicio de esta Corporación, la reclamada no acompañó antecedentes suficientes que permitieran acreditar una eventual afectación a sus funciones específicas con la divulgación de lo solicitado, producto de la falta de dictación de un acto terminal.</p>
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6) Que, en efecto, según la jurisprudencia reiterada de este Consejo, no basta con invocar una causal de secreto o reserva para eximir al órgano reclamado del cumplimiento de su obligación de entregar la información requerida, sino que, además, debe indicar los hechos que la configuran y aportar los antecedentes que acrediten la afectación a los bienes jurídicos respectivos, circunstancias que no se advierten en la especie. Así, del análisis de los antecedentes se advierte que el órgano no especificó ni detalló de qué manera la entrega de los antecedentes pedidos, aún en tramitación, podría generar la afectación alegada, o la manera en que se vería perjudicado el privilegio deliberativo de la autoridad respectiva, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 21 N° 1, letra b), de la Ley de Transparencia, teniendo en consideración que, por tratarse de normas de derecho estricto, las causales de secreto deben aplicarse en forma restrictiva. En este sentido, esta Corporación no advierte una afectación al debido cumplimiento de las funciones del órgano reclamado con la entrega del expediente solicitado, por lo que, se desestimará lo señalado por la Subsecretaría en este punto.</p>
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7) Que, en tercer lugar, cabe hacer presente que la peticionaria tiene la calidad de interesado en el procedimiento consultado -como madre de la menor solicitante en el procedimiento migratorio-, circunstancia que no ha sido desvirtuada por el órgano reclamado, por lo que resulta aplicable lo previsto en el artículo 17 de la Ley N° 19.880, que establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la administración del estado, el cual dispone que: "Las personas, en sus relaciones con la Administración, tienen derecho a: a) Conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, y obtener copia autorizada de los documentos que rolan en el expediente y la devolución de los originales, salvo que por mandato legal o reglamentario éstos deban ser acompañados a los autos, a su costa; d) acceder a los actos administrativos y sus documentos, en los términos previstos en la ley".</p>
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8) Que, en cuarto lugar, cebe tener presente que, según indica en sus descargos, la Subsecretaría accedió a la entrega de la información solicitada, según se consigna en el numeral 5) de la parte expositiva.</p>
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9) Que, asimismo, atendida la materia sobre la que versan los expedientes solicitados, este Consejo presume que el mismo contiene datos personales y sensibles de la parte solicitante, menor de edad, referidos a hechos o circunstancias de su vida privada, según la definición prevista en el artículo 2, letras f) y g), de la Ley N° 19.628, sobre Protección de la Vida Privada. Al respecto, el artículo 12 del mismo cuerpo legal, reconoce que "toda persona tiene derecho a exigir a quien sea responsable de un banco, que se dedique en forma pública o privada al tratamiento de datos personales, información sobre datos relativos a su persona, su procedencia y destinatario, el propósito del almacenamiento y la individualización de las personas u organismos a los cuales sus datos son transmitidos regularmente". De esta forma, en la especie, el peticionario ha hecho uso del denominado "habeas data impropio" a efectos de acceder a los datos de carácter personal y sensibles de su hija, que obran en poder de un tercero, en este caso, de la Subsecretaría del Interior. Tal derecho, puede ejercerse a través del procedimiento establecido por la Ley de Transparencia mediante el ejercicio del derecho de acceso a información pública, según ha sido resuelto anteriormente por este Consejo, por ejemplo, en las decisiones de amparos roles C134-10, C178-10 o C432-13, entre otras.</p>
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10) Que, en mérito de lo expuesto, tratándose lo solicitado de información referida a un expediente administrativo iniciado en favor de la hija de la propia solicitante, que obra en poder del órgano reclamado, respecto del cual no se advierte la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido, este Consejo procederá a acoger el presente amparo, ordenando la entrega de la información solicitada. Se recomienda a la Subsecretaría que realice la entrega efectiva de la documentación solicitada a la requirente o a su apoderado, de manera excepcional, por un medio alternativo a la entrega presencial. A modo meramente ejemplar, a través de correo electrónico o la que estime pertinente, previa acreditación de la identidad del titular o envío de mandato por mecanismos telemáticos.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</p>
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I. Acoger el amparo deducido por doña Mayleth Peñuela Durán, representada por doña Marisol Venegas Rosas, en contra de la Subsecretaría del Interior en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente.</p>
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II. Requerir al Sr. Subsecretario del Interior, lo siguiente:</p>
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a) Entregar a la reclamante copia del expediente migratorio de regularización de la hija menor de edad de la solicitante, previa acreditación de la identidad del titular de la información o de su apoderado, y del parentesco con la menor sobre la que se refiere el procedimiento administrativo, en conformidad a lo dispuesto en el numeral 4.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo.</p>
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b) Cumplir dicho requerimiento en un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Acreditar la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma.</p>
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III. Representar al Sr. Subsecretario del Interior la infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo legal, al no haber otorgado respuesta a la solicitud dentro del plazo legalmente previsto para ello. Lo anterior, con la finalidad de que se adopten las medidas necesarias para que, en lo sucesivo, no se reiteren tales infracciones.</p>
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IV. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Mayleth Peñuela Durán, representada por doña Marisol Venegas Rosas, y al Sr. Subsecretario del Interior.</p>
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En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. La Presidenta doña Gloria de la Fuente González no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente. Se deja constancia que la Consejera doña Natalia González Bañados, sin perjuicio de concurrir para formar quórum, en forma previa al conocimiento del presente caso, manifestó su voluntad de abstenerse de intervenir y votar en el mismo, por estimar que podría concurrir a su respecto la causal establecida en el número 6 del artículo 62 del decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado y en el numeral 1° del acuerdo de este Consejo sobre tratamiento de los conflictos de intereses, adoptado en su sesión N° 101, de 9 de noviembre de 2009, es decir, existir circunstancias que le restan imparcialidad para conocer y resolver el asunto controvertido, solicitud y voluntad que este Consejo acoge en su integridad.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Leslie Montoya Riveros.</p>