Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C354-13

Reclamante:	PABLO ORTIZ CHAMORRO
Reclamado:	CARABINEROS DE CHILE
Resumen del caso: Se dedujo amparo en contra de Carabineros de Chile, fundado en que se le denegó la información solicitada sobre protocolos de uso de armas letales en operativos de drogas; protocolos de uso de armas contra civiles, y protocolos de uso de armas letales en disturbios. El Consejo señaló que existe un interés público involucrado en la revelación de los documentos antes mencionados, especialmente en lo que refiere al conocimiento de las precauciones generales o metodología de acción con que debe proceder el personal policial en el uso del armamento institucional, cuando deba utilizar dichos elementos en resguardo del orden público, y ese interés justifica suficientemente su publicidad. El vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad bien puede beneficiar el propio interés nacional o la seguridad de la Nación.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	10/30/2013
Consejeros:	-
Legislación aplicada:	Ley de Transparencia
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C45-09 C512-09 C1173-11 C848-12 C1421-12 C137-13 C185-13 C375-13 C669-10 C734-10 C162-11 C349-11 C536-11
Jurisprudencia a:	C5046-21 C1145-18 C1094-13 C1566-13
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:
Descriptores analíticos:	Orden y Seguridad Interior

DECISIÓN DE AMPARO ROL C354-13 Entidad pública: Carabineros de Chile Requirente: Pablo Ortiz Chamorro Ingreso Consejo: 13.03.2013 En sesión ordinaria Nº 475 del Consejo Directivo, celebrada el 23 de octubre de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C354-13. <h3> VISTO:</h3> Los artículos 5º, inc. 2º, 8º y 19 Nº 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes Nº 20.285 y Nº 19.880; lo previsto en el D.F.L. Nº 1-19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Nº 18.575; los D.S. Nº 13/2009 y Nº 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley Nº 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia; las disposiciones del Código de Justicia Militar. <h3> TENIENDO PRESENTE:</h3> 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 4 de marzo de 2013, don Pablo Ortiz Chamorro solicitó a Carabineros de Chile los “protocolos de uso de armas letales en operativos de drogas; protocolos de uso de armas contra civiles, y protocolos de uso de armas letales en disturbios”. 2) RESPUESTA: Carabineros de Chile respondió a la antedicha solicitud mediante la Resolución Exenta Nº 29, de 6 de marzo de 2013, denegando la información solicitada en virtud de los siguientes argumentos: a) Respecto de los protocolos solicitados concurre la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 Nº 3 de la Ley de Transparencia, en razón de lo establecido en el artículo 436 del Código de Justicia Militar, conforme al cual “[s]e entiende por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa Nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas”, refiriéndose su N° 2 a los atinentes a “planes de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia”. La información solicitada dice relación con instrumentos que se utilizan para el control del orden público, por lo que resulta subsumible en la hipótesis descrita. En consecuencia, revelarla pondría en serio riesgo el éxito de los operativos en que deban ser utilizados los referidos protocolos, e iría en desmedro del personal policial y del adecuado mantenimiento del orden y la seguridad pública. b) Sin perjuicio de lo anterior, al referirse el citado artículo 436 del Código de Justicia Militar a documentos que califica como reservados, debe entenderse que sus regulaciones poseen el carácter de ley de quórum calificado, en virtud de la ficción creada el artículo 1º transitorio de la Ley Nº 20.285, en relación con la disposición cuarta transitoria de la Constitución. En consecuencia, debe concluirse que concurre respecto de la información solicitada la causal de secreto o reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia. c) Esto ha sido ratificado por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia recaída en reclamo de ilegalidad Rol C-4366-2012, que se pronunció a favor de la reserva o secreto con que deben mantenerse los documentos a los que le da esta característica el artículo 436 del Código de Justicia Militar. 3) AMPARO: El 26 de marzo de 2013, don Pablo Ortiz Chamorro dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra del señalado órgano de la Administración del Estado, fundado en que se le denegó la información solicitada, respecto de lo cual argumentó, en resumen, lo siguiente: a) Reiteradamente el Consejo para la Transparencia, al resolver amparos, ha establecido que para decretar la reserva de información pedida que obre en poder de la Administración, no basta sólo con la existencia de una norma de quórum calificado, sino que en cada caso concreto se requiere que concurra una "afectación". Para ello es preciso efectuar en examen que permita determinar si la revelación de esa información puede generar de manera real y efectiva esa afectación a alguno de los bienes jurídicos protegidos en el artículo 8° de la Carta Fundamental, recayendo la carga de la prueba en el organismo que invoca la causal. Este criterio ha sido recogido tanto por la doctrina, como también por la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones. b) El informe en derecho elaborado por el profesor Jorge Correa Sutil, con ocasión del análisis de constitucionalidad del artículo Nº 436 del Código de Justicia Militar precisó que «...el único modo de compatibilizar la norma de justicia militar que analizamos con la Carta Fundamental consistiría en interpretar que lo que este hace es simplemente establecer, en sus cuatro numerales, un listado de clases o tipos de documentos, respecto de los cuales debe luego enjuiciarse si afectan o dañan la seguridad de la Nación. Esa inteligencia del precepto lo haría compatible con el artículo 8° de la Carta Fundamental» (CORREA SUTIL, JORGE; «La Seguridad de la Nación y el Interés Nacional como límites a la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado”. p. 76). En esta misma línea, la jurisprudencia de las Cortes de Apelaciones ha desestimado aplicar en forma directa el secreto o reserva que contempla el artículo 436 del Código de Justicia Militar, cuando los reclamantes de ilegalidad no han sido capaces de probar una real y efectiva afectación del bien jurídico protegido por la reserva a la seguridad de la nación (Sentencia C.A. Rol N° 2275/2010, "Ejército de Chile con Consejo para la Transparencia"; y Sentencia C.A. Rol N° 7497/2011, caratulada "Estado Mayor Conjunto con Consejo para la Transparencia). c) En cuanto al uso de la fuerza, señala, «[e]n un estado de derecho democrático la policía es el único organismo público que se encuentra facultado, en circunstancias excepcionales, para requerir coactivamente de los ciudadanos una determinada conducta, mediante la aplicación inmediata, si fuere necesario, de un amplio rango de fuerza que se extiende desde la mera presencia –con la presión psicológica que ésta implica– hasta la fuerza física propiamente tal, en sus diversos grados, cuya cúspide se encuentra representada por la fuerza letal" (Martínez, F; “Investigación aplicada Uso de la Fuerza, CESC, U. de Chile”; s/ fecha, p. 3). Tal facultad, desde la teoría política, se entiende que proviene de un mandato soberano dirigido desde los ciudadanos hacia las instituciones que los representan. d) En este sentido, precisa, "la policía es una de las instituciones más importantes en una sociedad, pues contribuye a la seguridad de los ciudadanos, a la sostenibilidad y garantía del orden democrático y al cumplimiento del imperio de la ley. No obstante su responsabilidad y trabajo cotidiano, es una institución poco conocida y, además, estigmatizada por la sociedad a raíz de problemas de ilegalidad, falta de profesionalismo y el irrespeto de los derechos humanos y ciudadanos." (Herrera, A: Experiencia de Accountability en la Policía de Investigaciones de Chile, 2004 — 2007, Lecciones y Retos, 2007). Hoy es necesario mediante actos concretos actuar para fomentar la confianza en las instituciones. "[S]e requieren condiciones externas e internas propicias para el desarrollo de escenarios que facilitan la construcción de una relación de confianza, credibilidad y cogestión de seguridad" (Ibidem). Y tales condiciones, señala, están medidas por el tipo de respuesta que den las autoridades ante los requerimientos que se le formulen. e) Cita, al efecto, literatura comparada alusiva a los motivos por los cuales las personas colaboran con las instituciones de justicia. Y en este sentido, agrega, que existe evidencia demostrativa que una de las razones principales por las que las personas colaboran con la policía es porque los ven como "moralmente representativos de los valores que defiende el grupo" (Tyler, 2006; Tyler and Huo, 2003; Jackson and Sunshine, 2007); por lo tanto, en la medida que exista un alineamiento entre la policía y los requerimientos ciudadanos, la gente tenderá a colaborar de manera progresiva con ellos. Señala, además, que existe una mirada más instrumental, señalada por Tankebe, que indica que las personas además colaboran con la justicia porque ven que la policía "funciona", o hace su trabajo (Tankebe, J., 2009, "Public cooperation with the police in Ghana: does procedural fairness matter?" Criminology, p. 47: 1265-1293). f) Indica que permitir el acceso a la información pedida cumpliría inmediatamente con ambas visiones, puesto que desde la promulgación de la Ley de Transparencia comprender que una institución funciona y hace su trabajo es también comprender que cumple con la ley y con los nuevos requerimientos que la evolución de la vida en sociedad va solicitando de ella. Es por ello que la revelación de dicha información redundaría en beneficios tanto para el país como para la institución, ya que antes que poner en peligro la seguridad de la nación, asegura fortalecer la relación existente entre aquellos que persiguen los delitos y cada ciudadano, logrando de esta forma una nación más segura. g) Sostiene que lo anterior fuerza a concluir que no existe un daño presente, probable y especifico a los intereses o valores protegidos por la reserva invocadas, al menos uno que sea de mayor entidad que los beneficios obtenidos, en los que participarían ambas partes. Por otro lado, el interés público en tal información permitirá como se ha demostrado a la postre mayor colaboración de los ciudadanos con la justicia, en la medida que los primeros vean que la policía también colabora con ellos. 4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: En virtud de lo anterior, el Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación el presente amparo, trasladándolo mediante el Oficio N° 1246, de 8 de abril de 2013, al Sr. General Director de Carabineros, a quien se solicitó especialmente referirse en sus descargos a las causales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información solicitada. La mencionada autoridad contestó el traslado mediante el Ordinario Nº 164, de 15 de abril de 2013, señalando, en resumen, lo siguiente: a) La información solicitada fue denegada en atención a dos causales de reserva: primero, la prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, cuya procedencia requiere una apreciación de la Administración, cual es, la afectación de la seguridad de la Nación; y la segunda, prevista en el artículo 21 N° 5 de la misma ley, en relación al artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, dado el estatus de ley de quórum calificado que posee dicha norma, en virtud de una ficción legal, y respecto de la cual no cabe ponderación alguna a la Administración, al haberla efectuado el propio legislador al establecer la norma de reserva. b) Los protocolos que solicita el requirente no son más que un plan escrito y detallado de actuación. En este entendido, Carabineros de Chile posee distintos planes de acción, entre los cuales figuran aquellos relacionados con el uso de armamento, sea cual sea la calificación que se les otorgue, es decir, disuasivos, para identificación de elementos encubiertos, o letales. Para el cumplimiento eficaz del protocolo o plan, esto es, para que alcance los fines para los cuales fue trazado, es requisito fundamental que su contenido no sea conocido para quienes será aplicado, porque de lo contrario sus fines se tornarían ilusorios. c) Lo anterior porque se trata de planes que involucran el eventual uso de armas, y más aún, letales, lo cual implica que se ha alcanzado el máximo nivel en el uso diferenciado y gradual de la fuerza, sinónimo de agresión activa potencialmente mortal, y que se traduce en el ataque premeditado que legalmente autoriza al personal institucional para controlar al agresor y defender la vida, primero, de terceros y luego la propia del personal institucional. Ello supone que los otros medios idóneos para anular al agresor han fracasado, por lo que se trata de la última escala en la proporcionalidad en el uso de la fuerza. d) Lo anterior explica que concurra la causal de reserva prevista en artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia. En efecto, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública establecidas en el artículo 101 de la Carta Fundamental, que incluyen a Carabineros e Investigaciones, existen para dar eficacia al derecho, garantizar el orden público y la seguridad pública interior en la forma que lo determinen sus respectivas leyes orgánicas. En este sentido, como una aproximación de definición de orden público en doctrina se señala que "es el estado de paz de la colectividad nacional resultante de la protección del Estado contra las diferentes amenazas que pudieran atentar contra la seguridad, tranquilidad, moralidad e higiene de sus habitantes" [Luis Orellana Reyes. "Orden Público, Su conservación y protección. Memoria de Prueba U. de Concepción 1993]. Pues bien, resulta del concepto señalado que el Estado debe proveer a ese estado de paz mediante la actuación de los organismos públicos pertinentes, cuya función es evitar todo hecho que amenace o que atente contra la seguridad o tranquilidad de la sociedad (decisión de amparo Rol C848-12). e) Es sabido que la interpretación de los preceptos constitucionales debe ser aquella que entregue sentido a cada una de ellas, y no a unas en perjuicio de otras. "La Constitución es un todo orgánico y el sentido de sus normas debe ser determinado de modo tal que exista entre ellas la debida correspondencia y armonía, excluyéndose aquellas interpretaciones que conduzcan a anular o privar de eficacia algún precepto de ella" (Sentencia TC, Rol N° 33, en "Tribunal Calificador de Elecciones", sentencia de 24.09.1985, considerando 19°). Por ello, no es posible que el derecho de acceso a la información que resulta del artículo 19 N° 12 de la Carta Política, sea capaz de dejar sin efecto el mandato constitucional que su mismo artículo 101 entrega a Carabineros de Chile, referido a mantener el orden público, y que para tales efectos desarrolla planes de acción. En definitiva, las causales de secreto o reserva son un límite que el constituyente autorizó para no develar los actos y resoluciones que puedan hacer ilusoria la finalidad que la institucionalidad entregó a Carabineros de Chile: en este caso mantener el orden público. f) La Constitución, al utilizar la expresión "afectare", permite que el legislador considere cualquier lesión, alteración o menoscabo, como una razón calificada para establecer la excepción a la publicidad. Es así que revelar los protocolos solicitados, no puede sino perjudicar la finalidad que el secreto busca prevenir: la preservación de la seguridad de la Nación, en lo que hace a la mantención de la seguridad pública y el orden público. Es decir, la Constitución cede a la publicidad cuando hay un interés superior y general, como en este caso es la seguridad pública y el orden público, ubicándose por sobre el interés individual, como es el de acceder a determinada información. g) Las argumentaciones anteriores son coherentes con la forma como Carabineros ha tratado esta información, en el contexto del deber de transparencia activa que le resulta aplicable. En efecto, en el banner Gobierno Transparente de su página web –www.carabineros.cl–, bajo el "índice de actos y documentos clasificados como secretos o reservados", en "Antecedentes y Documentación", aparecen listados los que tienen relación con la petición de información: a) Orden General N° 2125, de 02.10.2012, que aprobó el Manuel de Operaciones para el Control del Orden Público; b) Orden General N° 2048, de 02.12.2011, que aprobó el Manual de Operaciones del Departamento Drogas O.S.7; c) Circular N° 1725, de 23.11.2011, sobre Operaciones policiales en el Orden Público; d) Circular N° 1722, de 18.08.2011, sobre Operaciones policiales en el Orden Público. Más recientemente, la Resolución Exenta N° 29 de 06.03.2013, de protocolos de uso de armas en Carabineros; la N° 06, de 25.01.2013, sobre planes operacionales institucionales, y la N° 201, de 23.11.2012, alusiva a protocolos de desalojo. h) Existe un segundo argumento, esta vez meramente normativo, para configurar la reserva, y que resulta de aplicar la disposición primera transitoria de la Ley N° 20.285, que hizo suyo el texto de la disposición cuarta transitoria de la Carta Política. En efecto, en virtud de esas disposiciones cuando determinada norma ha calificado lisa y llanamente determinado documento, dato o información como secreta o reservada, no cabe más que respetar esa calificación legal, aún cuando se trata de una norma anterior a la Ley de Reforma Constitucional Nº 20.050, pues en tal caso resulta aplicable la ficción legal a que se refieren las citadas disposiciones transitorias. Y en este contexto, es el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia la norma que legitima como causal de reserva la norma de secreto prevista en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar. i) Con todo, se precisa un ejercicio de ponderación para determinar si la limitación que el artículo 8° inc. 2°, de la Constitución hace respecto del derecho fundamental que resulta del artículo 19 N° 12 de la Carta Política, resulta o no útil, necesaria o proporcionada. Lo que, en definitiva, obliga a efectuar un examen de proporcionalidad para medir o balancear los valores en conflicto. j) Es por tanto en este escenario, en el que debe ponderarse la confluencia del derecho fundamental a la libertad de información y el principio de transparencia de la función pública, derecho que el propio constituyente consideró relativo, cuando señaló las causas por las cuales es posible declarar el secreto o reserva. Ahora bien, es manifiesto que la aplicación de esta limitación no hace que la garantía de información desaparezca, ni que su ejercicio se haga ilusorio; por el contrario, aquella subsiste, sólo que debe existir bajo una forma especial, como es que otra norma de rango constitucional instalada en las bases de la institucionalidad, establezca causales de secreto o reserva; o si se quiere, de transparencia limitada, y que el constituyente aceptó por considerar que hay otros motivos superiores a la libertad de información, susceptibles de tutela. k) Esa restricción resulta necesaria y proporcional respecto de los protocolos sobre uso de armas letales de Carabineros de Chile, pues deja subsistente el derecho fundamental de libertad de información, y permite también el cumplimiento de la finalidad que se ha asignado al órgano encargado de integrar la fuerza pública, en cuanto a dar eficacia al derecho, garantizar la seguridad pública y el orden público. Lo anterior fuerza a concluir la necesidad de reservar la información pedida, pues de lo contrario la acción de Carabineros de Chile se tornaría ineficaz para alcanzar los objetivos que se trazaron al crear eso planes, esto es, alcanzar la seguridad y el orden público. 5) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (1): El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria Nº 445, de 26 de junio de 2013, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, materializada a través del Oficio Nº 2.511 de la misma fecha. En virtud de dicha medida se solicitó a Carabineros remitir a esta Corporación copia de los documentos donde consten los tres protocolos solicitados por el peticionario. Se hizo presente que ello tenía por objeto que examinar el contenido de tales protocolos y, en base a dicha revisión, ponderar la procedencia de las causales de reserva que Carabineros invocó para denegar su entrega. 6) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (1): Carabineros de Chile respondió a la antedicha medida a través del Oficio Nº 303, de 17 de julio de 2013, señalando, en resumen, que: a) En caso de acceder a lo requerido por el Consejo para la Transparencia, Carabineros de Chile quedaría en la imposibilidad de cumplir los fines que le asigna la ley, y en determinada hipótesis fáctica, se provocaría un grave daño a la seguridad pública que sería imposible de revertir, inclusive en presencia de lo que establece el artículo 26 inc. 2° de la Ley de Transparencia. Ello porque si en definitiva la resolución que falla el reclamo declara que la información que lo motivó no es secreta o reservada, la información y los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento, serán públicos. Y este efecto tendría lugar incluso cuando a Carabineros le asista el derecho de reclamar de ilegalidad contra la decisión, pues la información ya estaría develada, tornando ilusorio cualquier mecanismo de protección. b) La información que solicitó el peticionario es secreta, no por mero capricho o arbitrio de la institución, sino porque su publicidad, comunicación o conocimiento afectaría la mantención del orden público o la seguridad pública, y porque el documento que la sostiene, fue declarado secreta por dar cuenta de planes operativos en el cumplimiento del orden público. Tanto el contenido como el continente son secretos, declaración que Carabineros ha hecho de manera sistemática y uniforme en todas las resoluciones denegatorias que mantiene publicadas en su página web -índice de actos y documentos calificados como secretos o reservados-. Por lo demás se trata una información sensible para la seguridad del personal de Carabineros de Chile. c) Sin perjuicio de lo anterior, el Consejo para la Transparencia funda la solicitud en lo que prescribe el artículo 34 de la Ley de Transparencia. Sin embargo, tal preceptiva, en parte alguna, se refiere a las medidas para mejor resolver, más bien discurre sobre la colaboración que dicho organismo puede solicitar a los distintos órganos del Estado. Si bien esta atribución podría producir los mismos resultados que una medida para mejor resolver, lo cierto es que ésta última es reglada, y mal puede entonces el Consejo decretar alguna. En este sentido, el artículo 7º de la Constitución, prescribe que los órganos del Estado, actúan válidamente cuando lo hacen dentro de sus competencias. Por lo mismo, dicho órgano obra fuera de sus competencias cuando decreta medidas para mejor resolver, pues la ley que lo crea y fija sus competencias, funciones y atribuciones, no lo autoriza para decretar medidas para mejor resolver. d) Las medidas para mejor resolver son facultades otorgadas privativamente a los tribunales de justicia, según se desprende del artículo 159 del Código de Procedimiento Civil. Las facultades otorgadas a la judicatura, en el marco de sus funciones, no son posibles de extender a los órganos de la Administración del Estado, ni aun a pretexto de aquellos que ejercen jurisdicción en la voz del artículo 19 N° 3 inciso 6° de la Carta Política. En definitiva, cuando una entidad distinta de aquellas las decreta, atentaría en contra el artículo 76 de la misma Constitución, el cual reconoce exclusivamente a los tribunales establecidos por ley la facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de resolverlas y de hacer ejecutar lo juzgado, misma idea que reitera el artículo 1º del COT. 7) MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (2): El Consejo Directivo de esta Corporación, en sesión ordinaria Nº 456, de 7 de agosto de 2013, decretó una medida para mejor resolver el presente amparo, materializada a través del Oficio Nº 3.424 de la misma fecha. En virtud de dicha medida se insistió en la primera medida, solicitándole a Carabineros remitir a esta Corporación copia de los documentos donde consten los tres protocolos solicitados por el peticionario. En dicho oficio se hicieron presentes los argumentos que a juicio de este Consejo permiten desestimar la negativa de Carabineros a remitir dichos antecedentes (considerando 11). 8) RESPUESTA A LA MEDIDA PARA MEJOR RESOLVER (2): Carabineros de Chile respondió a la antedicha medida a través del Oficio Nº 368, de 26 de agosto de 2013, reiterando su negativa a remitir los protocolos solicitados, en virtud de concurrir a su respecto la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 3 de la Ley de Transparencia. Cita, al efecto, lo razonado en ciertos pasajes por la I. Corte de Apelaciones de Santiago, en la sentencia que resolvió el reclamo de ilegalidad Rol Nº 4.366-2012. 9) AUDIENCIA PÚBLICA: En sesión ordinaria N° 464, de 6 de septiembre de 2010, este Consejo Directivo, de oficio, decidió realizar una audiencia pública, conforme al artículo 25, inciso final, de la Ley de Transparencia. La audiencia fue convocada para el 11 de octubre de 2013, realizándose en tal día con la asistencia de todas las partes involucradas. Carabineros de Chile compareció a través del Coronel don Ramiro Larraín Donoso, Jefe del Departamento de Información Pública de la Inspectoría General de Carabineros de Chile, y del Capitán de Justicia don Carlos Aguilar Tessada, Asesor Jurídico del mismo Departamento. Por su parte, el reclamante delegó poder para concurrir a dicha audiencia a la abogada doña Macarena Rodríguez. En dicha instancia ambas partes expusieron sus argumentos, enfatizando en aquellos ya planteados anteriormente, respondiendo, además, a las consultas que les formulara el Consejo Directivo. Asimismo, acompañaron los antecedentes que se indican a continuación, a cuyo respecto expusieron lo que, en cada caso, se indica: a) Carabineros de Chile: i. Acompañó los siguientes tres documentos que, entiende, corresponden a lo solicitado: (1) Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile; (2) Instrucciones de Operaciones con Carabinas Lanza Gases y Uso de Disuasivos Químicos; y (3) Circular Nº 001766, de 13.03.2013, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza por el personal institucional. ii. Hizo presente que, como tales y bajo esa denominación específica, no existen un «Protocolo de Uso de Armas Letales en Operativos de Drogas» ni tampoco un «Protocolo de uso de Armas contra Civiles». Más bien, lo que existe es el Reglamento Nº 14 de Carabineros, sobre Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, además de una directiva complementaria que podría asimilarse a esos protocolos, puesto que instruye sobre su uso. Por su parte, en lo que hace al armamento utilizado en disturbios, señala que el protocolo solicitado sí corresponde al documento indicado en el número 3° de la letra anterior, pues aquél instruye al personal institucional sobre el uso de armamentos en disturbios. iii. Solicitó expresamente tener por acompañados esos documentos, bajo la reserva prevista en el artículo 26 de la Ley de Transparencia, y para el sólo efectos de que fueran analizados por este Consejo. Y agregó que, respecto de ellos, se configura la reserva alegada en lo que dice relación, específicamente, con dos aspectos a los cuales éstos se extienden: (1) descripción del armamento utilizado por Carabineros de Chile; (2) descripción de las condiciones o técnicas para el uso de los mismos y que inciden en su eficacia. En este sentido, señaló que, de revelarse ambos aspectos, se produciría la afectación invocada en los términos que explicó. b) Solicitante (a través de su apoderada doña Macarena Rodríguez): i. Acompañó una presentación en formato power point, la cual da cuenta de noticias publicadas en el periódico «La Segunda», en relación al mes de mayo del año 2012, donde se da a conocer en detalle el contenido del manual interno utilizado por Carabineros para el uso de armas en disturbios (bastones, escopetas, guanacos y zorrillos). ii. Expresó al efecto que esa publicidad revela de manera clara que la información en cuestión, de ser develada, no puede causar el perjuicio a la seguridad de la Nación que Carabineros argumenta y pretende. En este sentido, enfatizó en la jurisprudencia del Consejo para la Transparencia. iii. Finalmente, hizo referencia al interés público involucrado en la divulgación de los protocolos sobre uso de armas en disturbios por parte de Carabineros, dadas las situaciones por todos conocidas a nivel de opinión pública que dan cuenta de ciertos abusos policiales y vulneración de derechos fundamentales en contra de manifestantes en disturbios. <h3> Y CONSIDERANDO:</h3> 1) Que la información controvertida son los siguientes tres protocolos que el reclamante señala utilizaría Carabineros de Chile: (i) protocolo de uso de armas letales en operativos de drogas; (ii) protocolo de uso de armas contra civiles; y (iii) protocolo de uso de armas letales en disturbios. En función de lo explicado por Carabineros de Chile en la audiencia pública realizada, los dos primeros protocolos si bien no existen como tales y bajo esa específica denominación, se corresponden con la «Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, Nº 14», que instruye, en general, al personal institucional sobre las condiciones de uso del armamento que menciona el señalado reglamento. Por su parte, en lo que refiere al tercer protocolo indicado, al tenor de lo explicado por Carabineros en la misma audiencia, éste corresponde al documento denominado «Instrucciones de Operaciones con Carabinas Lanza Gases y Uso de Disuasivos Químicos». 2) Que, por lo tanto, cabe entender referida la reclamación únicamente a los dos documentos mencionados, razón por la cual el tercer documento acompañado por Carabineros con ocasión de la audiencia, esto es, la «Circular Nº 001766, de 13.03.2013, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza por el personal institucional», no queda comprendida dentro de la solicitud, pues constituye más bien un elemento complementario que instruye al personal institucional, en general, sobre criterios de uso de fuerza que habrá de tener en cuenta, aunque dada su generalidad, se entiende también aplicable a la utilización del armamento que aquel lleva a cabo. 3) Que, con ocasión de la audiencia pública realizada Carabineros acompañó a esta sede la información objeto de la reclamación a efectos de que fuera examinada. Si bien este Consejo valora tal colaboración, en cuanto ha permitido apreciar en concreto la concurrencia de la reserva alegada, respecto de la negativa anterior manifestada por dicha institución en respuesta a las dos medidas para mejor resolver decretadas (Nos 5, 6, 7 y 8 de lo expositivo), debe reiterar los argumentos expuestos en el Oficio Nº 3.424, de 7 de agosto de 2013, esto es, que: a) El riesgo de revelar la información pedida a que hizo mención Carabineros como argumento para negarse a remitirla a esta sede el responder la primera medida para mejor resolver decretada al efecto (previo a que exista una decisión firme sobre la materia) no resulta justificado al tenor de lo prescrito en el artículo 26 de la Ley de Transparencia. En efecto, dicha disposición establece que: «Cuando la resolución del Consejo que falle el reclamo declare que la información que lo motivó es secreta o reservada, también tendrán dicho carácter los escritos, documentos y actuaciones que hayan servido de base para su pronunciamiento. (inc. 1º). En caso contrario, la información y dichos antecedentes y actuaciones serán públicos. (inc. 2º). En la situación prevista en el inciso precedente, el reclamante podrá acceder a la información una vez que quede ejecutoriada la resolución que así lo declare. (inc 3º)». Es decir, la eventual publicidad de lo solicitado sólo podría tener lugar por norma imperativa una vez que los interesados hayan agotado sin éxito los medios que franquea la ley para desvirtuar una eventual decisión que acogiera el amparo por parte de esta Corporación, lo cual constituye tan sólo una posibilidad. b) Contrariamente a lo sostenido por Carabineros, este Consejo, atendida su naturaleza, posee facultades para requerir la información pedida a efectos de proceder a su examen previo a resolver sobre el amparo, pues ello se enmarca en el ejercicio de sus atribuciones, en este sentido cabe consignar que: i. La historia de la Ley Nº 20.285 evidencia la intención legislativa de conferir a este Consejo funciones jurisdiccionales. En este sentido, se manifestó el entonces Ministro Secretario General de la Presidencia, José Antonio Viera-Gallo, quien señaló: «…el Consejo para la Transparencia… Puede cumplir una función, a la vez, fiscalizadora-jurisdiccional, para resolver en primera instancia los reclamos que se presenten en materia de acceso a la información, y normativa, en cuanto dicta instrucciones para hacer aplicable los principios de esta futura ley». (Lo destacado es nuestro). ii. La doctrina por su parte ha sostenido que en el ejercicio de su rol resolutivo, el Consejo para la Transparencia puede ser catalogado como un servicio público jurisdiccional, en tanto aquéllos han sido definidos por la doctrina como “entes administrativos, que aplican justicia, esto es, que aplican la ley para solucionar un litigio con autoridad de verdad jurídica . iii. El Tribunal Constitucional ha planteado que «[…] al discutirse en la Comisión de Estudio de la Nueva Constitución el sentido y alcance de esta disposición [a propósito de la expresión “órgano que ejerce jurisdicción” que recoge el artículo 19 Nº 3, inciso 5º], siempre se tuvo especialmente en consideración la circunstancia de que la función jurisdiccional también puede ser ejercida por órganos que no la ejerzan en forma preferente… e incluso que pertenezcan a la propia administración». Precisamente por ello se dejó constancia que «por órgano que ejerce jurisdicción se entiende los tribunales administrativos, Impuestos Internos, Contraloría General de la República, tribunales arbitrales, etcétera. O sea, todo órgano que tenga la facultad para dictar una resolución o fallo, llámese como se llame, que afecte a la situación de una persona». Y agrega que «el mecanismo nacional es categórico en entregar el ejercicio de la jurisdicción a los tribunales de justicia y no al poder judicial, lo que tiene consecuencias importantes, ya que si se le entregase al poder judicial, significaría que ningún órgano que estuviera fuera de él podría tener el ejercicio de la jurisdicción. Lo anterior explica por qué autoridades administrativas a las cuales la ley ha otorgado especialmente el ejercicio de facultades jurisdiccionales en la medida en que las tienen, son tribunales de justicia.» iv. Por su parte, la Corte de Apelaciones de Santiago en sentencia sobre reclamación de ilegalidad (causa Rol Nº 5955-2009), se pronuncia reconociendo el ejercicio de jurisdicción por parte de este Consejo y la facultad que le asiste para requerir mayores antecedentes (en este caso como medida para mejor resolver), planteando al efecto que: «6°)…. De esta manera, el hecho de haber requerido mayores antecedentes, lejos de constituir una irregularidad, deja de manifiesto el propósito del Consejo para la Transparencia de resolver el amparo o reclamación luego del análisis de todos los elementos de juicio que habrían de llevarle a la conclusión correcta. No es otra cosa, a juicio de estos sentenciadores, lo que establece la Constitución Política de la República en su artículo 19 N° 3 inciso 5°, cuando señala que “toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado”, precepto que añade que corresponderá al legislador “establecer siempre las garantías de un procedimiento y una investigación racional y justos”. Y en este sentido concluye: De allí entonces que ha sido legitima la tramitación del amparo por parte del Consejo, desde que, como se dijo, la Ley especial de que se trata le confirió amplias facultades para proceder no solo a petición de parte sino aún de oficio y siempre que lo estime necesario, e incluso para fijar audiencias, para recibir antecedentes o medios de prueba, también “si lo estima necesario». 4) Que, para denegar la entrega de los mencionados protocolos Carabineros de Chile invocó como causales de reserva: a) La prevista en el artículo 21 N°5 de la Ley de Transparencia, en razón de lo prescrito en el artículo 436 N° 2 del Código de Justicia Militar, en relación con lo establecido en el artículo 1° transitorio de la Ley N° 20.285 y la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política. En tal sentido, Carabineros sostuvo que los protocolos resultan subsumibles en la hipótesis de documentos secretos que contempla el mencionado precepto del Código de Justicia Militar, conforme al cual: «Se entienden por documentos secretos aquellos cuyo contenido se relaciona directamente con la seguridad del Estado, la Defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas y entre otros…» N° 2 «Los atinentes a…los planes policiales de operación o de servicio de dichas instituciones con sus respectivos antecedentes de cualquier naturaleza, relativos a esta materia». b) La prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia, esto es, la afectación a la seguridad de la Nación, en lo que hace a la mantención del orden público y seguridad pública. 5) Que, en virtud de lo prescrito en el artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia podrá denegarse el acceso a la información «cuando se trate de documentos, datos o informaciones que una ley de quórum calificado haya declarado reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución Política». Por su parte, el precepto constitucional establece que «…sólo una ley de quórum calificado podrá establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación o el interés nacional». En cuanto a la aplicación de normas de secreto previas a la reforma constitucional que incorporó el principio de publicidad en el citado artículo 8° a la Constitución (Ley Nº 20.050, de 2005), se trata de una materia que fue regulada por el artículo 1° transitorio de la Ley de Transparencia, según el cual, «de conformidad a la disposición cuarta transitoria de la Constitución Política, se entenderá que cumplen con la exigencia de quórum calificado, los preceptos legales actualmente vigentes y dictados con anterioridad a la promulgación de la ley Nº 20.050 (de 2005), que establecen secreto o reserva respecto de determinados actos o documentos, por las causales que señala el artículo 8º de la Constitución Política». La citada disposición 4° transitoria de la Constitución establece, a su vez, que: «Se entenderá que las leyes actualmente en vigor sobre materias que conforme a esta Constitución deben ser objeto de leyes… aprobadas con quórum calificado, cumplen estos requisitos y seguirán aplicándose en lo que no sean contrarias a la Constitución, mientras no se dicten los correspondientes cuerpos legales». 6) Que, en cuanto a la subsunción de la información pedida en la norma del artículo 436 Nº 2 del Código de Justicia Militar, este Consejo reitera lo señalado en la decisión recaída en el amparo Rol C1421-12, referida al «Protocolo de Intervención de Fuerzas Especiales», en la que concluyó: «…el instrumento en cuestión, en cuanto previene el detalle acerca del actuar de un estamento particular de la institución (FF.EE) en situaciones específicas en que debe intervenir (en este caso, para resguardar el orden público) constituye lo que el artículo 436 Nº 2 del Código de Justicia Militar denomina como “planes de operación o de servicio” y por lo mismo, se trata de un documento que quedaría subsumible dentro de dicho numeral». En efecto, la información objeto de controversia se refiere a instrucciones que de una u otra forma guían el actuar del personal policial en el uso de armas o elementos disuasivos, en las particulares situaciones que los mismos detallan. Por lo tanto, la información señalada se subsume o queda comprendida en la hipótesis (de documento reservado) que prevé la norma de justicia militar. 7) Que, referente a la aplicación del artículo 436 del Código de Justicia Militar como causal de reserva en virtud de lo establecido en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, este Consejo ha establecido que la citada norma posee el carácter de ley de quórum calificado para efectos de establecer el secreto o reserva respecto de aquellos documentos que se relacionan directamente con la seguridad del Estado, la defensa nacional, el orden público interior o la seguridad de las personas, algunos de los cuales menciona a título ejemplar (es decir, se da cumplimiento a lo que se denomina «reconducción formal»). No obstante, ha concluido que para encontrase frente a un acto o documento reservado en virtud de dicha norma, no resulta suficiente su sola invocación y la consiguiente reconducción formal, sino que debe también determinarse si la publicidad de la información de que se trata afecta o no algunos de los bienes jurídicos previstos en el citado artículo 8° de la CPR –debido cumplimiento de las funciones del organismo; derechos de las personas; seguridad de la Nación; o interés nacional– (proceso que se denomina «reconducción material»). Y ello, porque el vocablo «afectare» que utiliza el inciso segundo del precepto constitucional es claro en cuanto a que debe causarse un perjuicio o daño al bien jurídico de que se trate, si se divulga la información. Es decir, no basta sólo que aquélla «se relacione» con éste o que le resulte «atingente» para que se mantenga tal información en secreto o reserva, sino que se precisa la afectación, resultando esta «… la forma, a juicio de este Consejo, en que la aludida disposición del Código de Justicia Militar debe ser interpretada para obtener un resultado que sea conforme con el texto vigente de la Constitución». (Criterio establecido a partir de la decisión recaída en el amparo Rol C45-09, y reiterado, entre otras, en las decisiones Roles C512-09, C652-09, C162-11, C349-11, C536-11 y C1173-11, C137-13 y C185-13). 8) Que, en definitiva, y tal como lo ha sostenido la doctrina, para configurar una hipótesis de reserva se requiere como presupuestos de la misma, no sólo la subsunción de la información pedida en una de las causales abstractas de reserva, sino que, además, se precisa que la divulgación de la información pedida cause un daño o afecte el bien jurídico protegido por la misma causal. En este sentido, se ha señalado que «La relevancia de separar los presupuestos radica en su utilidad y previsibilidad para efectos de la aplicación de las reglas de reserva o secreto…, si el objeto materia de solicitud de información pública no es subsumible en la regla de reserva o secreto, entonces no procede efectuar el test de daño. Simplemente, no es aplicable al supuesto de hecho la regla que el servicio ha invocado para denegar la publicidad de la información. No es un problema de si su divulgación afecta o no la seguridad de la Nación –eventualmente podría generar tales efectos–; el problema es que la Administración carece de una regla aplicable (o al menos la invoca equivocadamente). Asimismo, se ha concluido que una vez que el Consejo ha controlado que (1) la solicitud se ajusta al contenido protegido por el derecho de acceso a la información, (2) existe una regla valida aplicable y (3) el supuesto de hecho es subsumible en dicha regla, entonces pasa a controlar si la (4) divulgación de la información afecta o no la seguridad de la Nación . 9) Que, por lo razonado en los dos considerandos que anteceden, no cabe sino desestimar la alegación que subyace a lo argumentado por Carabineros en su respuesta y descargos, y que reiterara en la audiencia pública, en el sentido que la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 5 de la Ley de Transparencia, resultaría aplicable sin más por el sólo hecho de quedar comprendidos los protocolos solicitados en el tipo de documentos a que alude el artículo 436 Nº 2 del Código de Justicia Militar, sin necesidad de acreditar un efectivo perjuicio, daño o afectación a la seguridad de la Nación, o en otras palabras, de recurrir la reconducción material o interpretación conforme a la norma constitucional a que se ha hecho referencia. 10) Que, sin perjuicio de lo anterior, en función de la siguiente causal de reserva invocada por Carabineros, esto es, la afectación de la seguridad de la Nación, específicamente, en lo que hace a la mantención del orden público o la seguridad pública, debe determinarse si la revelación de los protocolos solicitados produciría efectivamente ese resultado dañoso, y si éste daño resulta suficiente como para justificar la reserva invocada. Al respecto, en el ámbito del denominado test de daño este Consejo ha establecido como estándar para aplicar la reserva, en primer lugar, que la afectación debe revestir alguna magnitud y tener alguna especificidad, lo que habrá de ser determinada en concreto, de modo que no cabe presumir tal afectación, sino que deberá ser acreditada por los órganos administrativos, en cuanto a que tiene alguna probabilidad de ocurrir; y en segundo lugar, que debe existir proporcionalidad entre los daños que la publicidad provoca a alguno de los bienes jurídicos protegidos por las causales de secreto reserva y el perjuicio que el secreto causa al libre acceso a la información y al principio de publicidad (decisiones pronunciadas en los amparos Roles A1-09, A39-09, A45-09, C669-10 y C734-10, entre otras). 11) Que, para justificar la afectación a la seguridad de la Nación, en lo que hace a la mantención del orden público o seguridad pública, Carabineros de Chile ha sostenido, en resumen, que: a) La finalidad última que se busca alcanzar con los protocolos requeridos es evitar, o eventualmente, repeler mediante el uso de armas, todo hecho que implique algún atentado o amenaza en contra de la seguridad o el orden público p.ej. disturbios o delitos asociados a drogas. En definitiva, señaló, mediante esos protocolos Carabineros de Chile, como organismo competente, busca adoptar medidas tendientes a proveer a un estado de paz y tranquilidad social. b) Resulta entonces necesario para garantizar la eficacia de los protocolos, así como el cumplimiento de los fines para los cuales fueron creados, que su contenido no sea develado, toda vez que dan cuenta de la actuación estratégica que debe adoptar la institución en situaciones límites. Lo anterior, máxime si estos protocolos instruyen sobre la utilización de armas por parte de Carabineros de Chile, como la ultima ratio en el uso proporcional de la fuerza. c) Por lo mismo, revelar su contenido, no sólo arriesgaría tornar ineficaz el actuar policial en las situaciones a que se refiere cada protocolo, e impedir el cumplimiento de la misión constitucional que le ha sido encomendada a Carabineros de Chile, en cuanto a la mantención del orden público y seguridad pública, sino que envuelve un riesgo de afectación de estos bienes jurídicos. d) Especificando tales alegaciones, en el marco de la audiencia pública señaló que resultaría especialmente funcional a lo anterior, reservar dos aspectos asociados a los protocolos, a saber: (1) descripción del armamento utilizado por Carabineros de Chile; y (2) descripción de las técnicas o tácticas para el uso de los mismos y que inciden en su eficacia. En este sentido, señaló que de revelarse ambos aspectos se produciría la afectación recién señalada. 12) Que en la línea de ponderar «en concreto» la afectación invocada por Carabineros –consecuente con el estándar a que se hizo mención en el considerando 6º precedente– este Consejo ha examinado ambos documentos (protocolos) objeto de la controversia, constatándose lo siguiente: a) El documento denominado «Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, Nº 14», actualiza y refunde las variadas instrucciones institucionales pronunciadas sobre la materia, con miras a facilitar su conocimiento y aplicación por parte del personal de Carabineros, y a su vez, complementar las disposiciones del señalado reglamento. En este sentido, regla los supuestos de hecho que deben verificarse a efectos de mantener las armas utilizadas por el personal institucional en óptimas condiciones, y con ello asegurar la adecuada protección de su integridad física, así como el éxito de los procedimientos policiales en que a aquél toca intervenir. Asimismo, regula aspectos generales asociados al uso de armamentos. La señalada Directiva incluye, además, el Anexo Nº 10 (denominado «Cartilla») que contiene recomendaciones especiales para el uso de las armas, refiriéndose en particular a determinado tipo de armas y a los procedimientos asociados a su uso. b) Por su parte, el documento denominado «Instrucciones de Operaciones con Carabinas Lanza Gases y Uso de Disuasivos Químicos», incluye dos ejes centrales: (1) descripción detallada del armamento utilizado por Carabineros en disturbios, incluyendo su denominación técnica y condiciones de uso; y (2) manipulación o empleo táctico, mediante la indicación de aspectos sobre su uso estratégico. 13) Que, a juicio de este Consejo, revelar los documentos mencionados en el literal a) del considerando que antecede –«Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, Nº 14», y especialmente, su Anexo Nº 10– no configura la afectación a la seguridad de la Nación que plantea Carabineros, esto es, la posibilidad que aquel pueda verse menoscabado en lo que hace a la mantención del orden público. Si bien tales documentos se refieren a la forma como el personal de Carabineros debe proceder en la utilización del armamento institucional, su contenido carece de la suficiente especificidad que permita considerar como probable la afectación invocada, en el marco de un juicio de proporcionalidad. En efecto, las instrucciones que contiene el reglamento para el uso de armas institucionales –p. ej. medidas de precaución, protocolos estándar en el uso de armas, técnicas generales– poseen, más bien, un sentido general, mientras que la mención de algunos tipos de armas dice relación con categorías generales suficientemente conocidas, cuya publicidad en caso alguno supondría revelar aspectos asociados al uso de las mismas. Tampoco revelar esta información supondría dar a conocer materias vinculadas directamente con la función del órgano requerido de garantizar y mantener el orden público y la seguridad pública interior, ni tampoco supone revelar antecedentes que p. ej. permitan prever la elaboración de planes concretos y específicos destinados a repeler la acción de Carabineros, o supongan poner en riesgo a los civiles o la integridad de los funcionarios policiales. En definitiva, la información pedida no permite conocer la planificación estratégica previa del personal de Carabineros en aquellos eventos en que las armas institucionales se utilizan, ni hace necesariamente previsible el actuar institucional de la policía uniformada. Por tal razón, se desestimara que respecto de la información en comento, concurra la causal de reserva invocada por Carabineros. 14) Que, por otra parte, y a mayor abundamiento, bien cabe estimar que existe un interés público involucrado en la revelación de los documentos antes mencionados, especialmente en lo que refiere al conocimiento de las precauciones generales o metodología de acción con que debe proceder el personal policial en el uso del armamento institucional, cuando deba utilizar dichos elementos en resguardo del orden público, y ese interés justifica suficientemente su publicidad. En este sentido CORREA S. sostiene «…por expreso mandato de la Constitución y de la ley, no basta con que el acto o resolución de que se trate concierna o se refiera a la seguridad de la Nación o al interés nacional, sino que resulta indispensable que estos valores o bienes resulten afectados por la publicidad, para poder legitimar el secreto (...) El vocablo afectar contenido en ambos preceptos, exige un menoscabo o daño a los dos bienes jurídicos en comento, pues carecería de todo sentido argumentar que deban mantenerse en secreto o reserva documentos o actos cuya publicidad bien puede beneficiar el propio interés nacional o la seguridad de la Nación. 15) Que, sin embargo, lo contrario sucede con el documento (protocolo) mencionado en el literal b) del considerando 12) precedente –«Instrucciones de Operaciones con Carabinas Lanza Gases y Uso de Disuasivos Químicos»–. En efecto, en opinión de este Consejo, la revelación del protocolo mencionado envuelve un riesgo de afectación cierto, probable, y específico al debido cumplimiento de las funciones de Carabineros de Chile y, en definitiva, a la seguridad pública. En efecto, atendido su contenido específico, referido a la descripción detallada del armamento utilizado por el personal institucional en disturbios, y a las tácticas estratégicas para su utilización sobre las cuales instruye, es razonable entender que revelar esta información haría que fuera previsible el modo de actuar de Carabineros frente a eventuales alteraciones del orden público, que involucran o demanden el uso de armas como medida para salvaguardarlo, arriesgando el éxito de su planificación estratégica y potenciando la capacidad elusiva de los sujetos que ocasionan estas alteraciones o que intervienen en la comisión de delitos. En este sentido, en la decisión del amparo Rol C1421-12, referente a protocolos de acción del estamento institucional de FF.EE. de Carabineros, este Consejo concluyó el considerando 7º que la publicidad de esa información implicaría «…dar a conocer la planificación institucional que gobierna su actuar, lo que podría impedir que dicha repartición desarrollara y aplicara las técnicas y tácticas adecuadas que le permitan cumplir la principal misión que le ha sido encomendada, cual es, restablecer el orden público en caso de haber sido quebrantado», conclusión que resulta perfectamente aplicable respecto del protocolo sobre el que aquí se razona. 16) Que, respecto del eventual interés público involucrado en la divulgación de los protocolo mencionado en el considerando que antecede, cabe hacer mención al criterio adoptado por el Consejo en la decisión de amparo Rol C375-13, a propósito de una solicitud dirigida a Carabineros sobre «protocolos de detención o métodos utilizados en el reconocimiento de detenidos (rueda de presos o reconocimiento en algún álbum fotográfico)». Si bien lo solicitado no coincide con lo pedido en ese caso, en dicha la decisión se estimó como resultado de los test de ponderación que debía reservarse la información, pues si bien existía cierto interés público en la divulgación de lo pedido, existían otras vías para canalizarlo, sin que por ende ese interés pudiere vencer la reserva: «…tal como ha sostenido el reclamante, la divulgación de la información requerida podría entenderse relevante a efectos de controlar si en la construcción de las metodologías asociadas al desarrollo de los procedimientos de reconocimiento de imputados, se han hecho operativas y observado, por parte de los órganos policiales, las garantías constitucionales y legales propias del proceso penal, y por lo mismo apreciarse cierto interés público involucrado en su divulgación. Sin embargo, se ello no resulta de una entidad suficiente para vencer la reserva que se predica respecto de la información pedida, pues la fisonomía misma del proceso penal, de carácter eminentemente garantista, permite hacer efectivo ese control y satisfacer el interés público asociado (…)». 17) Que, por último, si bien el documento denominado «Circular Nº 001766, de 13.03.2013, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza por el personal institucional», no constituye objeto del presente amparo tal como se ha explicado en los considerandos 1º y 2º precedentes, este Conejo en el marco de los principios de facilitación y máxima divulgación, recomendará Carabineros la entrega de dicho documento al solicitante, por cuanto estima, atendida su generalidad que aquél podría también resultar aplicable a la utilización del armamento por parte de Carabineros, y en ese sentido relacionarse con los protocolos solicitados. <h3> EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3> I. Acoger parcialmente el amparo deducido por don Pablo Ortiz Chamorro, en contra de la Carabineros de Chile, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. General Director de Carabineros que: a) Haga entrega al reclamante del documento denominado «Directiva Complementaria del Reglamento de Armamento y Municiones para Carabineros de Chile, Nº 14», incluido su Anexo Nº 10. b) Cumpla dicho requerimiento dentro de un plazo que no supere los 10 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia. c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé Nº 360, piso 7º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma. III. Recomendar a Carabineros de Chile hacer entrega al solicitante de la «Circular Nº 001766, de 13.03.2013, que imparte instrucciones sobre el uso de la fuerza por el personal institucional», conforme a lo razonado en el considerando 17) precedente. IV. Encomendar al Director General y al Director Jurídico de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a don Patricio Ortiz Chamorro, y al Sr. General Director de Carabineros. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza, don Alejandro Ferreiro Yazigi y don José Luis Santa María Zañartu. Por orden del Consejo Directivo, certifica el Director Jurídico del Consejo para la Transparencia, don Rubén Burgos Acuña.