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<strong>DECISIÓN AMPARO ROL C377-13</strong></p>
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Entidad pública: Policía de Investigaciones de Chile</p>
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Requirente: Juan Gómez Concha</p>
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Ingreso Consejo: 02.04.2013</p>
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En sesión ordinaria Nº 447 del Consejo Directivo, celebrada el 3 de julio de 2013, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley Nº 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C377-13.</p>
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VISTO:</h3>
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Los artículos 5°, inc. 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la Ley N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.L. N° 2460, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba la Ley Orgánica de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1, de 1980, del Ministerio de Defensa, que fija el Estatuto del Personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, que aprueba el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile; en el D.F.L. N° 1 – 19.653, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575; y, los D.S. N° 13/2009 y 20/2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante indistintamente el Reglamento y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 12 de febrero de 2013, don Juan Pablo Gómez Concha, por intermedio de tres solicitudes, requirió a la Policía de Investigaciones de Chile, en adelante, indistintamente PDI, respecto de 37 personas que individualizó, la siguiente información:</p>
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a) Hoja de vida funcionaria.</p>
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b) Información sobre los procedimientos sumarios administrativos aplicados respecto de esos funcionarios, incluyendo: contenido de la infracción que motivó el sumario y la forma como se produjo el término del procedimiento.</p>
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2) RESPUESTA: La PDI respondió a la antedicha solicitud el 19 de marzo de 2013, y denegó la información solicitada, argumentando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La hoja de vida funcionaria forma parte del índice de materias declaradas secretas y reservadas por la PDI, contenidas en las Resoluciones N° 1 y 2, emitidas por el Departamento de Jefatura Jurídica, de 20 de enero de 2011, y que se publica de manera permanente en el sitio web institucional – www.policia.cl– link Gobierno Transparente, sección "Actos y Documentos declarados Secretos o Reservados".</p>
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b) Cita al efecto lo razonado por el Consejo para la Transparencia en las decisiones de amparo Roles C137-11 y C102-11, en cuanto a que respecto de las hojas de vida solicitadas concurren las causales de reserva que prevé el artículo 21 Nº1, letra c) (afectación del debido cumplimiento del órgano por distracción indebida); Nº 2 (afectación de los derechos de las personas, por referirse a datos personales no divulgables); y Nº 3 (afectación de la seguridad de la nación, en lo que hace a la mantención del orden y seguridad pública).</p>
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c) Precisa que de acuerdo a lo comunicado por el Departamento de Archivo y Registro de la Jefatura del Personal de la PDI, tres personas a las que se refiere la solicitud, no figuran como funcionarios de la institución. Por otra parte, informa que los funcionarios a que se refiere la solicitud no han sido objeto de sanciones disciplinarias.</p>
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d) Finalmente, respecto de las sanciones aplicadas a los funcionarios el artículo 21 de la Ley N° 19.628, sobre Protección a la Vida Privada, contempla una limitación en cuanto prohíbe a los organismos públicos que sometan a tratamiento datos personales relativos a condenas por delitos, infracciones administrativas o faltas disciplinarias, comunicar los datos referidos a sanciones penales o administrativas una vez prescrita la acción penal o administrativa, o cumplida o prescrita la sanción o la pena.</p>
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3) AMPARO: El 2 de abril de 2013, don Juan Gómez Concha dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la PDI, fundado en que se le denegó la información solicitada, argumentando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La causal de reserva de distracción indebida no está mínimamente respaldada en la respuesta entregada por la PDI. En efecto, debido a su carácter excepcional, las causales de reserva deben ser acreditadas por el organismo que las invoca, no bastando simplemente nombrarla, y menos de manera indirecta, como sucede en el presente caso en que solo se señalan las resoluciones donde se aplica la causal a casos anteriores. La justificación de la causal supondría buscar tales resoluciones para luego aplicar, de ser procedente, los argumentos que contiene al presente caso.</p>
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b) La indicada causal de reserva es casuística, pues su aplicación depende de las condiciones específicas del servicio al cual se le solicita la información. Ello hace aparecer una necesidad adicional de prueba, además de la requerida por la ya nombrada excepcionalidad. Sin embargo, la PDI no ha tenido intención alguna de explicar las condiciones fácticas que permitieron la invocación de la causal en cuestión, ni ha señalado si continúan vigentes esas circunstancias a la fecha en que respondió a la solicitud.</p>
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c) Referente a las causales previstas en el artículo 21 Nos 2 y 3 de la Ley de Transparencia, la PDI se limitó a citar lo resuelto por el Consejo para la Transparencia. Sin embargo, tales argumentaciones no resultan atingentes al caso en cuestión, puesto que la PDI podría dar aplicación al principio de divisibilidad, y entregar la información que reviste mayor interés para la defensoría, como la lista de clasificación anual, evaluaciones mensuales e informes trimestrales, recursos administrativos, etc., que están presentes de ordinario en una hoja de vida, y también las peticiones referidas a datos de sumarios administrativos que fueron solicitados.</p>
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d) Las causales de reserva fueron invocadas pensando en la hoja de vida funcionaria, sin presentar fundamentación explícitamente dirigida a sostener una denegación del resto de la información, no referida a la hoja de vida. En cualquier caso, las causales invocadas no son extensibles a la información sobre procesos sumarios, pues no se trata de datos personales ni menos aun sensibles, no son peticiones genéricas y difícilmente poseen un tamaño superior a las de las hojas de vida, por tratarse de un tema mucho mas acotado dentro de la carrera funcionaria.</p>
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e) Si bien la PDI en apoyo de su tesis invoca lo señalado en el artículo 21 de la Ley Nº 19.628, es manifiesto que esa norma sólo puede resultar aplicable respecto de un subconjunto de la información solicitada, esto es, los casos en que la respectiva acción administrativa esta prescrita, o se ha cumplido la sanción respectiva, por lo que no habría razón alguna que justifique la denegación de los datos que eventualmente no se encuentran en las hipótesis señaladas por la norma. Conforme a la historia fidedigna de su establecimiento, esa norma tiene como propósito el favorecer la reinserción social y laboral de las personas que han sido condenadas o sancionadas por la justicia o la administración. Sin embargo, su inciso 2º contempla excepciones, las que se justifican en cuanto con ellas se permite el cumplimiento de ciertas normas que requieren la revisión de antecedentes de este tipo, p. ej. la aplicación de agravantes, o bien la rehabilitación de ciudadanía por parte del Senado.</p>
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f) Si bien la defensoría es un organismo público, la norma en cuestión no la habilita para pedir antecedentes de esa naturaleza. No obstante, al estar dicho organismo encargado de velar por la defensa de los imputados en el proceso penal, puede entenderse que la petición de os datos sobre sanciones se encuentra dentro de la labor de defensa, y en consecuencia, no puede impedirse el ejercicio de esta. En este sentido, un contra examen de los testigos y peritos referidos a su idoneidad y objetividad, resulta relevante dentro de toda labor defensora penal, debido a la inexistencia de inhabilidades en el nuevo sistema procesal penal, posibilitando una correcta ponderación de su intervención dentro del procedimiento en relación al conjunto de antecedentes de un determinado caso, para dar por acreditado o no determinados hechos.</p>
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g) Una revisión de antecedentes sobre idoneidad funcionaria es importantísima para un contra examen fructífero, y luego tiene relevancia para la adecuada defensa dentro de un proceso, siendo importante para una justa decisión del tribunal. En efecto, el derecho de defensa, protegido en todo ámbito del sistema procesal penal como parte esencial de un debido proceso, puede verse afectado si no hay un contra-examen de los peritos y testigos del Ministerio Público. Por tanto, la Defensoría Penal Pública requiere de todas las herramientas posibles para llevarlo a cabo.</p>
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h) Finalmente, señala que los motivos de reserva invocados resultan poco comprensibles, pensando en que el Servicio Médico Legal, frente a idéntica solicitud entregó la información pedida, sin hacer mayor cuestión.</p>
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4) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación admitió a tramitación este amparo y, mediante Oficio N° 1.298, de 26 de abril de 2013, lo trasladó al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, solicitándole especialmente que: (1°) se refiera a las causales de secreto o reserva que justificarían la denegación de la información solicitada; (2°) indicacara si dio aplicación al procedimiento regulado en el artículo 20 de la Ley de Transparencia, acompañándo en tal caso los antecedentes respectivos; (3°) proporcionara los datos de contacto de las personas y/o funcionarios respecto de los cuales el requirente solicitó la hoja de vida; (4°) señalara si existen sumarios seguidos en contra de las personas y/o funcionarios individualizados por el reclamante en su solicitud de información; y en caso de existir, indicara el estado en el que se encuentran dichos sumarios; (5°) se refiriera a las personas respecto de las cuales se indica en la respuesta proporcionada al requirente, que no figuran como funcionarios de la institución, señalando si ellas fueron funcionarias de la PDI en una época anterior al requerimiento de información; y, (6°) acompañara copia de las hojas de vida de todas las personas y/o funcionarios de la institución individualizados por el solicitante en las presentaciones que dieron origen al presente amparo. No obstante, en caso de que exista algún impedimento de hecho para poder remitir las hojas de vida requeridas, accediera a la realización de una visita técnica por funcionarios de este Consejo, a fin de permitir la revisión personal de los antecedentes en que consta la información requerida por el solicitante, y levantando acta de lo obrado al efecto.</p>
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La señalada autoridad, mediante el Oficio N° 220, de 26 de abril de 2013, evacuó sus descargos y observaciones, señalando, en síntesis, lo siguiente:</p>
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I.- Hojas de Vida</p>
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a) La información solicitada ya fue objeto de discusión y resolución anterior del Consejo para la Transparencia, mediante las decisiones de amparo Roles C102-11 y C137-11. En efecto, en su oportunidad se solicitó la hoja de vida del Director General de la PDI y de otros tres funcionarios de la institución, denegandose el acceso a los mismos, lo que motivó de parte del primero una visita técnica con la finalidad de revisar el contenido de esos documentos, constatándose lo que se indca en las decisiones recaídas en los amparos Roles C102-11 y 137-11.</p>
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b) En ese mismo sentido, se dejó constancia de la opinión emitida en su oportunidad por la Jefa de la Jefatura Jurídica, quien señaló que la información contenida en las hojas de vida de los funcionarios de la PDI es muy sensible, ya que permite efectuar un acabado control tanto de su conducta funcionaria como privada, en función de evitar, detectar y sancionar eventualmente infracciones a las normas que regulan la probidad de los funcionarios públicos. Agregó que dicho control, así como la reserva de dichos antecedentes, resulta esencial atendida la naturaleza y las especiales características de los funciones que desempeñan los integrantes de la PDI. Por lo mimo, señala, la eventual publicidad de esta información podría afectar la seguridad de dichos funcionarios, así como las de sus familias y el funcionamiento de la institución.</p>
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c) Además, en esa oportunidad se entregó al Consejo para la Transparencia, copia del Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, cuyo artículo 13° regula la hoja de vida anual de los funcionarios de la PDI, señalando que constituye "un documento reservado, destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del periodo calificatorio correspondiente, agregando que las anotaciones se harán en forma cronológica. Asimismo, indica que cuando el jefe sea trasladado deberá estampar su opinión respecto de todo el personal bajo su dependencia directa y otros antecedentes relacionados con el funcionario".</p>
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d) Las decisiones citadas razonan en torno a que las hojas de vida contienen información o datos relativos al domicilio de los funcionarios, sus condiciones de vida y antecedentes médicos, los que están referidos a datos personales de titularidad de los citados funcionarios, a la luz de la definición contenida en el artículo 2° letra f) de la Ley N° 19.628, y que incluso podrían tener el carácter de sensibles, conforme lo señala el literal g) del mismo artículo. Y esos datos no dicen relación directa con la función pública que realizan los funcionarios, por lo que resulta improcedente su entrega sin que conste que los mismos hayan consentido expresamente en su tratamiento de tales datos, ni que éstos provengan de fuentes accesibles al público.</p>
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e) En atención a las funciones que desempeñan los funcionarios de la PDI, la divulgación de esos datos los expone al riesgo cierto de ser víctimas de ataques o atentados de parte de delincuentes u organizaciones criminales, por lo que se configura a su respecto, además, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo que respecta a la afectación de los derechos a la seguridad y vida privada de los funcionarios.</p>
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f) Por tanto, en razón a los considerandos precedentemente transcritos de las decisiones de amparo ya aludidas, en armonía con la jurisprudencia administrativa del Consejo para la Transparencia, contenida en las decisiones Roles C102-11 y C137-11, señala que en la especie concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 1, letra c), al requerirse la entrega de las hojas de vida anual de 34 funcionarios de la PDI, así como también las causas del artículo 21 N° 2 y N° 3 del mismo cuerpo normativo. Por su parte, las citadas decisiones de amparo motivaron que dichas decisiones formaran parte del Índice de Materias declaras Secretas y Reservadas por parte de la Institución, conforme a lo ordenado en el artículo 23° de la Ley del ramo, cuyos actos administrativos fueron ratificados por ese órgano de fiscalización.</p>
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g) Si bien el peticionario formula cuestionamientos a las causales denegatorias invocadas y reconocidas en las decisiones anteriores (adoptadas según el mérito de los antecedentes que se tuvieron en consideración al resolverse), su concurrencia no puede hoy día discutirse nuevamente, más aún por cuanto la inclusión en el listado de materias declaradas reservadas, que tiene como misión comunicar a las personas que esa materia fue declarada reservada, se hizo mediante el procedimiento que contempla la Ley de Transparencia. Es decir, lo requerido reúne la característica de secreto con antelación a la petición de la especie según el criterio y las formalidades que el legislador estableció.</p>
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h) En el caso en revisión, el peticionario de la información dada su calidad de Defensor Penal Público, como lo declara abiertamente en su amparo, pretende utilizar la información contenida en la hoja de vida, para realizar el examen a los peritos en una causa penal. Interrogatorio que, ciertamente estará destinado a desprestigiar a los funcionarios ante los jueces y con ello minar su credibilidad, fundado únicamente en sus antecedentes personales y funcionarios contenidos en las hojas de vida de aquellos, que no tienen relación con la causa particular en la que les ha correspondido participar, en cumplimiento de sus funciones según los requerimientos del Ministerio Público.</p>
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i) En este sentido, que el defensor público conozca si los funcionarios han presentado diversas licencias médicas, o que informe del nacimiento de un hijo ¿resultan ser datos relevantes para los efectos del interrogatorio en el proceso penal y determinar la idoneidad del perito en su labor profesional? En razón a lo anterior, cabe preguntarse además si ¿constituye el procedimiento de acceso a información pública la vía idónea o legítima que el legislador estableció para que un particular o tercero pueda obtener acceso a datos personales y sensibles de sus titulares y familiares de otra persona?. Ciertamente, el legislador estableció en el artículo 12° de la Ley N° 19.628, no sólo los derechos que el titular de una información personal tiene ante un ente público o privado que mantiene sus datos personales, como lo sería el derecho a la información, modificación, cancelación o bloqueo de sus datos personales, sino que también estableció el procedimiento de tutela del ejercicio del habeas data ante la justicia ordinaria, en el caso que no se le otorgue una respuesta o se le deniegue su acceso, razón por la cual no parece razonable que una tercera persona, invocando una ley con un procedimiento distinto, pretenda obtener esa información vulnerando precisamente los derechos que consagra esa ley, y respecto de la cual el titular no contempla los mismos derechos.</p>
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II. Sumarios Administrativos</p>
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a) En virtud de la aplicación del principio de Presunción de Inocencia, la circunstancia que un funcionario de la institución, se encuentre en calidad de inculpado en una investigación de carácter administrativa, no implica que éste necesariamente sea objeto de una sanción administrativa, por cuanto aquello dependerá de los antecedentes que se recaben en el transcurso de la investigación y de los demás medios de prueba que permitan determinar su responsabilidad administrativa en los hechos investigados.</p>
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b) El peticionario en su calidad de abogado defensor penal público, pretende con esa información, efectuar reproches de índole moral a dichos funcionarios, los cuales favorecerán a la construcción de prejuicios e ideas preconcebidas sobre éstos, afectando su honor y prestigio profesional, presunción que no resulta antojadiza, toda vez que el propio peticionario ha manifestado en su amparo que esa información será utilizada contra los funcionarios para "examinarlos", lo cual se traduce en preguntas tendientes a inhabilitarlos.</p>
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c) Sin perjuicio de lo anterior, en la actualidad no existen sumarios instruidos en contra de los funcionarios consultados.</p>
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d) En cuanto a las sanciones administrativas que registrarían los funcionarios, la Ley 19.628 regula específicamente esta situación, disponiendo la prohibición de todo órgano (público o privado) que mantenga datos en registros de sanciones penales o administrativas, de comunicar dichos antecedentes a terceros distintos de los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, autoridades administrativas en uso de sus facultades legales, cuando dichas sanciones encuentren penales o administrativas, no puede comunicarlos a terceros distintos de los Tribunales de Justicia, Ministerio Público, u otras autoridades administrativas que mencina la norma, cuando dichas sanciones se encuentren prescritas o cumplidas. Por tanto, no reuniendo el solicitante ninguna de esas calidades no puede acceder a esa información. Por lo demás, agrega, si el funcionario fue objeto de un reproche administrativo, se cumplió con la aplicación de una medida disciplinaria que se tradujo posteriormente en una baja calificación anual de su desempeño funcionario.</p>
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e) El requirente de información como defensor público debe saber que el historial de anotaciones sea de la vida personal o de la funcionaria, implica que se pueden utilizar para invocarlas como atenuantes o agravantes de responsabilidad. En ese sentido, si los defendidos tienen irreporchable conducta anterior gozarán de algún beneficio en su sentencia, por el contrario, si tienen sentencias registradas, el defensor argumentará para evitar la aplicación de una condena mayor si esta obedece a hechos de similares características que aquellos por los caules se encuentra bajo un proceso, tratando de que no se considere como agravante de responsabilidad.</p>
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III. Procedimiento del artículo 20 de la Ley de Transparencia.</p>
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a) La institución no utilizó el procedimiento establecido en la norma, por cuanto no sólo se encuentra en riesgo con la entrega de la información requerida, la afectación de la esfera de la vida íntima y privada de los funcionarios en servicio activo de la PDI, sino que también, la entrega o divulgación de esa información afectaría la seguridad pública de los funcionarios. Y por ende, no puede dejarse entregado a la sola voluntad de los funcionarios en servicio activo, que manifiesten por escrito su consentimiento u oposición a la entrega de la información requerida, pues existen otros bienes jurídicos comprometidos, los que la institución tiene el deber de proteger, como sería e caso de la seguridad personal de los funcionarios que prestan servicios en esta Institución.</p>
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b) En este sentido, resulta evidente que la eventualidad de ser víctimas de atentados o agresiones de carácter delictuales, implicaría no sólo un daño para los funcionarios policiales de la PDI, sino que también para toda la sociedad, al ser precisamente este servicio público, como órgano integrante de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, junto con Carabineros de Chile, los llamados por ley a dar eficacia al derecho, además de garantizar el orden público y la seguridad pública. Estas funciones y misiones no serían posibles de cumplir, si la propia institución no puede proteger la vida y la seguridad personal de sus oficiales policiales.</p>
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IV.- Otras consideraciones</p>
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a) El peticionario indica que los mismos antecedentes fueron solicitados al Servicio Médico Legal y que ese servicio los habría entregado. Sin embargo, el estándar de evaluación de los funcionarios públicos de la PDI, aún cuando se desconocen los ámbitos de evaluación que aplica y exige el Servicio Médico Legal, es más exigente que el resto de los servicios de la Administración del Estado. Ello porque a sus funcionarios no sólo se les evalúa por el desempeño de su cargo o funciones, sino que también influye en su calificación, su comportamiento en sociedad y en su vida privada. Estos antecedentes se encuentran consignados en sus hojas de vida, y en el caso de ser obtenidos por el solicitante, serán evidentemente utilizados contra esos funcionarios desacreditándolos moralmente en un juicio penal.</p>
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b) No resulta posible remitir al Consejo para la Transparencia copia de la hoja de vida de los funcionarios ya individualizados, pues se trata de una materia que se encuentra zanjada y resuelta por la jurisprudencia administrativa anterior del mismo organismo. No obstante en su defecto propone acceder a la visita técnica solicitada, con la finalidad de que se verifique nuevamente la información personal y sensible que se contienen en las hojas de vida de los funcionarios solicitados, cuya denegación de acceso se encuentra fundamentada en las causales de secreto o reserva contenidas en el artículo 21 N° 2 y 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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c) Finalmente, hace presente que por un error de hecho se indicó que tres funcionarios (que indica), no figuraban como funcionarios de esta institución, en circunstancia que son funcionarios en servicio activo.</p>
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5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DE LOS TERCEROS INVOLUCRADOS: En virtud de lo previsto en los artículos 25 de la Ley de Transparencia y 47 de su Reglamento, el Consejo Directivo de este Consejo, mediante los Oficios Nos 1.780 a 1.816, ambos incluidos, de 10 de mayo de 2013, notificó el reclamo en calidad de terceros interesados a las 37 personas a que se refirió la solicitud, a fin de que presentaran sus descargos y observaciones. De ese total, evacuaron el traslado conferido 33 terceros, quienes señalaron, en síntesis, lo siguiente:</p>
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a) La hoja de vida anual de los funcionarios de la PDI contiene información no sólo relativa al ejercicio de la función pública, sino que también, información de carácter personal e incluso sensible de sus titulares y grupo familiar. En efecto, en ella se registran todas y cada una de las diligencias u operativos policiales en los que haya intervenido el funcionario policial, registrando el nombre de la víctima e imputado, además de una descripción circunstanciada de los hechos que revisten el carácter de delito, y demás antecedentes relativos a la investigación penal en curso. Resulta evidente entonces que este documento no es de libre circulación o de consulta pública, pues en él se registran antecedentes personales, cuya divulgación vulneraría el respeto y protección que merece su vida privada.</p>
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b) Si bien la condición de funcionario público restringe su esfera de vida privada, en caso alguno ello implica que no exista el derecho a que el Estado proteja y respete su esfera de privacidad. Este resultado se produciría si se permitiese a un tercero conocer esa información personal como p. ej. el nombre del cónyuge e hijos, domicilio, enfermedades que padece, tratamientos médicos, diagnósticos que determinan licencias médicas, la circunstancia de haber contraído matrimonio o de haberse separado de hecho, fallecimiento de familiares, entre otros temas delicados y sensibles, todos los cuales, son registrados en la hoja de vida anual. Todo lo anterior se debe a que la vida privada de los funcionarios de la PDI forma parte de la evaluación funcionaria.</p>
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c) Por otra parte, la circunstancia de prestar servicios como profesional en el área investigativa de la PDI, no le otorga el derecho al Defensor Penal Público solicitante para vulnerar la protección que el Estado le otorga en cuanto al respeto y protección de sus vidas privadas e íntimas. El peticionario manifestó en su amparo que la información contenida en la hoja de vida será utilizada en una causa penal en la que intervinieron los funcionarios como peritos, emitiendo informes a petición del Ministerio Público, y que se serán objeto de revisión, análisis y ponderación por parte de los tribunales. Por tanto, si lo que pretende es desacreditar su idoneidad profesional como perito, habría bastado con solicitar a la institución información relativa a las calificaciones obtenidas durante su carrera funcionaria, y no información que excede el ámbito propio de mis funciones públicas.</p>
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d) Al contener la hoja de vida anual antecedentes que permiten la identificación y ubicación del grupo familiar de cada funcionario, es claro que su divulgación expondría al funcionario y a su grupo familiar, a ser víctimas de eventuales atentados delictuales, o sufrir algún tipo de amenaza, cuestión que ciertamente afectaría la declaración respectiva en el juicio oral. No resulta irrisorio imaginar que todas aquellas personas que hayan sido condenadas o que actualmente se encuentren sometidas a un proceso penal, pretendan atentar contra la seguridad interior del Estado a través de un acto delictual dirigido a los integrantes de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública. Lo anterior hace que concurra, además, la causal de reserva prevista en el artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que el presente amparo dice relación con dos géneros de información, por una parte, con la hoja de vida de 37 funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile; y por otra parte, con información sobre sumarios administrativos aplicados respecto de tales funcionarios, incluyendo la infracción que motivó el respectivo procedimiento y la forma de su conclusión. Si bien la hoja de vida funcionaria puede contener el segundo género de información, se analizarán por separado ambas materias.</p>
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2) Que, en lo que refiere a las hojas de vida, cabe precisar que la solicitud fue formulada respecto de quienes a la fecha de la misma investían la calidad de «funcionarios» de la institución, vale decir, respecto de aquellos que se encontraban en servicio activo. En sus descargos, la PDI informó que de los 37 funcionarios consultados, sólo una funcionaria (que individualizó) ya no es funcionaria en servicio activo de la institución, al haber pasado a retiro; sin embargo, no precisó si a la fecha de la solicitud tal persona investía la calidad de funcionaria, por lo que no resulta posible determinar si la misma persona se encontraba comprendida en la solicitud. En consecuencia, lo que se resuelva en el presente amparo respecto de los (as) restantes 36 funcionarios (as) será aplicable respecto de la indicada ex funcionaria, sólo en la medida que, a la fecha de la solicitud de acceso, esto es, al 12 de febrero de 2013, haya investido la calidad de funcionaria de la PDI.</p>
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3) Que el Estatuto del Personal de la PDI –D.F.L. N° 1/1980, del Ministerio de Defensa– regula, entre otras materias, el proceso de calificaciones de los funcionarios de dicha entidad policial (artículos 53 a 67). Su artículo 53 dispone que «Todo el personal de Policía de Investigaciones de Chile deberá ser calificado y clasificado anualmente, con excepción del Director General, los Oficiales Generales, el personal a contrata y los Aspirantes a Oficiales Policiales», precisando, el artículo 54, que «La calificación es la evaluación de la labor anual desarrollada por cada funcionario, en el ejercicio de su cargo o empleo, de acuerdo a las normas que establezca el reglamento» (inciso primero), agregando que «La calificación comprenderá un período de 12 meses fijados en el respectivo reglamento, debiendo considerarse para los efectos de la calificación la actividad funcionaria desempeñada en el período que allí se indique” (inciso segundo), y, en lo que interesa al presente amparo, el inciso primero del artículo 58 de este cuerpo normativo establece que «La calificación se hará basada en los conceptos contenidos en la correspondiente Hoja de Vida y demás antecedentes que estime útiles al efecto».</p>
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4) Que, por su parte, el Reglamento de Calificaciones del personal de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por el Decreto N° 28/1981, del Ministerio de Defensa Nacional, establece en su artículo 13, que la hoja de vida funcionaria es «…un documento destinado a registrar la actuación y desempeño profesional de cada miembro de la Institución, dentro del período calificatorio correspondiente. Las anotaciones se harán en forma cronológica, antecedidas por el título que las identifica, tales como, ingreso a la Institución; destinaciones; presentación en la Unidad; sanciones; permisos; licencias médicas; medicina preventiva; lista de calificación anual; feriado legal; ascensos; fecha de despacho de la Unidad; observaciones acerca de modales y presentación del funcionario cuando corresponda; felicitaciones; anotaciones de mérito; informes trimestrales de aquellos funcionarios que fueron clasificados en Lista 3, regular; actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios o conferencias, ya sea como auditor o expositor; opinión del jefe respecto de sus condiciones personales y profesionales cada vez que el funcionario sea trasladado y despachado a otra Unidad». Sin perjuicio de lo anterior, la propia norma reconoce la existencia de una hoja de vida resumen de cada funcionario, la que deberá contener el total de felicitaciones, de sanciones, de anotaciones de mérito, de demérito, y de constancias positivas y negativas. La misma norma dispone que, además de la hoja de vida del funcionario en original, existe una copia que se encontrará archivada en la carpeta de antecedentes del funcionario en la respectiva unidad o repartición donde éste preste servicios.</p>
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5) Que, este Consejo en las decisiones recaídas en los amparos Roles C47-09, de 15 de julio de 2009; C58-09, de 4 agosto de 2009; y C95-09 y C327-09, ambas de 6 de noviembre de 2009, entre otras, ha sostenido que la órbita de privacidad de los funcionarios que trabajan para la Administración del Estado es más reducida que la del resto de las personas, y ha ordenado la entrega de instrumentos de medición de desempeño (decisión A323-09, de 20 de noviembre de 2009), registros de asistencia (decisiones A181-09, de 15 de julio de 2009, y C434-09, de 27 noviembre de 2009) currículum vítae de algunos funcionarios (decisión C95-10). Sobre este punto y a mayor abundamiento, cabe recordar que la función pública, según lo establecido en los artículos 8° de la Constitución Política de la Republica y 3° de la Ley de Transparencia, debe ejercerse con probidad y transparencia, favoreciendo el interés general por sobre los intereses particulares, lo que conlleva el cumplimiento de una obligación, elevada a rango constitucional, de transparentar las actuaciones de los funcionarios de los órganos de la Administración del Estado ante la ciudadanía, por el solo hecho de ser funcionarios públicos al servicio de la misma.</p>
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6) Que, si bien en el presente caso no se han examinado las hojas de vida solicitadas, lo cierto es que información de la misma naturaleza –aunque referida a otros funcionarios– fue revisada por este Consejo a propósito de la tramitación de los amparos Roles C102-11 y 137-11, por lo que esta Corporación considera que resulta innecesario, en este caso, proceder al examen de las hojas de vida solicitadas, máxime si el contenido de las mismas está determinado por el estándar normativo a que se hecho referencia en los considerandos 3º y 4º precedentes. Cabe consignar que la vista inspectiva realizada por este Consejo a propósito de los amparos recién citados permitió constatar que el contenido de las carpetas de antecedentes individuales y de las hojas de vida de funcionarios de la PDI, es el siguiente: «Las carpetas de antecedentes individuales (CAI) de los funcionarios consultados se componen de numerosos antecedentes, entre los cuales se cuentan hojas de salud, que dan cuenta de licencias médicas y diagnósticos asociados, certificados de medicina preventiva, informes de calificaciones y hojas de vida anual…». Asimismo, se constató que: «Las hojas de vida anual, contienen anotaciones de una serie de antecedentes, realizadas cronológicamente, entre los cuales se encuentran los siguientes: ingreso a la institución, comisiones de servicio de cada funcionario, permisos, el uso del feriado anual (vacaciones), subrogaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales del funcionario –realizadas por su superior jerárquico–, constancia de haber tomado conocimiento de una serie de documentos e instrucciones internas de la PDI –los que son transcritos en forma íntegra–, licencias médicas y diagnósticos realizados, notificaciones de las calificaciones del funcionario y clasificación en la lista respectiva de la PDI, solicitudes de cuenta escrita realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, anotaciones de mérito –algunas de ellas dan cuenta de operaciones en las que intervino el funcionario, el resultado de las mismas, causas judiciales o investigaciones en las que inciden, nombre de personas detenidas registrados en el sistema de gestión policial, entre otros antecedentes–, anotaciones de demérito, unidades en las que ha servido, resultado de sumarios, recursos administrativos interpuestos en contra de las calificaciones o clasificación asignada al funcionario, informe de visitas domiciliarias efectuadas por sus superiores –que dan cuenta de una serie de antecedentes, entre ellos el domicilio, integrantes de la familia, etc.–, ascensos, recursos y antecedentes fundantes de los mismos en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución del mismo».</p>
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7) Que, referente a la procedencia de la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 2 de la Ley de Transparencia, cabe consignar lo razonado en los considerandos 9º y 10°, respectivamente, de las citadas decisiones de amparo Roles C137-11 y C102- 11, que dio cuenta del resultado de la visita inspectiva llevada a cabo, en el sentido que: «…luego de analizar los antecedentes que reglamentariamente deben constar en las hojas de vida de los funcionarios de la PDI, así como de aquellos que se observaron en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se concluye que algunas tienen carácter público y deben ser entregados los siguientes antecedentes: ingreso a la institución, destinaciones, presentación en la Unidad, permisos, lista de clasificación anual, feriado legal, ascensos, fecha de despacho de la unidad, felicitaciones, evaluaciones mensuales e informes trimestrales –si es que los hubiera– realizadas por el superior jerárquico de cada funcionario, actuaciones que signifiquen concurrencia a cursos, seminarios y conferencias, ya sea como auditor o como expositor, subrogaciones, notificaciones de las calificaciones del funcionario, recursos administrativos, y antecedentes fundantes de los mismos, deducidos por los funcionarios en contra de las calificaciones o clasificación que le han sido asignadas, así como en contra de las anotaciones realizadas en la hoja de vida anual respectiva y la resolución de los mismos».</p>
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8) Que, asimismo, referente a la misma causal de reserva cabe tener en cuenta los siguientes razonamientos contenidos en las decisiones citadas en el considerando que antecede, y que resultan plenamente aplicables en la especie:</p>
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- «… las hojas de vida contienen información o datos relativos al domicilio particular de los funcionarios, sus condiciones de vida y antecedentes médicos, los que están referidos a datos personales respecto de los cuales los citados funcionarios son titulares, a la luz de la definición contenida en el artículo 2º, letra f), de la Ley Nº 19.628, los que incluso podrían tener el carácter de datos sensibles, conforme lo señala el literal g) del mismo artículo, y que no dicen relación directa con la función pública que realizan, por lo que resulta improcedente su entrega sin que conste que los funcionarios hayan consentido expresamente en el tratamiento de tales datos, ni que éstos provengan de fuentes accesibles al público». (considerando 11° de la decisión de amparo Rol C137-11 y considerando 12° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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- «… en la visita inspectiva realizada por este Consejo, se pudo constatar que las hojas de vida contienen solicitudes de cuenta escrita –que consisten en solicitudes realizadas al funcionario titular de la hoja de vida, a fin de que informe a su superior respecto a algunas eventos en los que ha intervenido, tanto en el ejercicio de su función policial como de la vida privada del funcionario–, cuentas escritas realizadas por el funcionario –transcritas en forma íntegra, conteniendo, en ocasiones, antecedentes personales de terceros–, comisiones de servicios de cada funcionario –las que, en ocasiones, dan cuenta de su intervención en operativos de carácter reservados, atendida la naturaleza de las misiones–, transcripciones íntegras de documentos e instrucciones internas de la PDI, a fin de constatar que los funcionarios tomaron conocimiento de las mismas –dichos documentos se refieren a diversas materias, algunas de ellas de vital importancia para el debido funcionamiento de la institución, tales como instrucciones del uso de armas de servicios o de la seguridad de los recintos policiales, por ejemplo–, respecto de las cuales concurrirán causales de secreto o reserva según el contenido de las mismas, debiendo realizar un análisis pormenorizados de cada una de dichas anotaciones.» (considerando 12° de la decisión de amparo Rol C137-11 y considerando 13° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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- «… asimismo, los informes de las visitas inspectivas realizadas al funcionario, y contenidas en sus hojas de vida, contienen información o datos relativos a su familia, tales como los nombres de su cónyuge e hijos, su domicilio, así como sus condiciones de vida, de tal suerte que su publicidad, comunicación o conocimiento podría afectar sus derechos, particularmente su seguridad y la esfera de su vida privada, lo que configuraría, a su respecto, la causal de secreto o reserva contemplada en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia.» (considerando 13° de la decisión de amparo Rol C137-11 y considerando 14 ° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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- «… asimismo, los documentos requeridos dan cuenta del nombre de varias personas que fueron detenidas o aprehendidas por el funcionario a que se refiere la solicitud de información…, así como los delitos que se le imputan en dichas detenciones y otros antecedentes que obraban en poder de la PDI al momento de su captura, debiendo habérseles comunicado la solicitud del requirente a objeto de que aquéllos ejercieran el derecho de oposición establecido en el artículo 20 de la Ley de Transparencia. Esto, sin embargo, en el caso en análisis, resultaba imposible de efectuar en la práctica, atendido el alto número de personas que se encontraba en tales circunstancias, y la dificultad para ubicarlas dentro del plazo legal para notificarlas, sin perjuicio de lo cual, dadas estas especiales dificultades y en virtud de lo dispuesto en el artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, así como las normas pertinentes de la Ley N° 19.628, debe negarse el acceso a dicha información de los terceros.» (considerando 14° de la decisión de amparo Rol C137-11 y considerando 15° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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- «… en este sentido, la Ley de Transparencia en su artículo 11 letra e) reconoce la existencia del principio de divisibilidad, conforme al cual si un acto administrativo contiene información que pueda ser conocida e información que deba denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda, lo que, en la práctica, implica que deba tacharse aquella información que debe denegarse en virtud de causa legal, como aquella indicada en los considerandos 11° a 14° precedentes.» (considerando 15° de la decisión Rol C137-11 y considerando 16° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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- «Que, atendida la naturaleza de las funciones desempeñadas por el personal de la PDI, la publicidad de aquellos datos relativos al domicilio de los funcionarios, sus condiciones de vida, así como las diligencias y operativos policiales en las que ha intervenido como agente encubierto o desempeñando otras funciones esenciales a fin de obtener resultados exitosos, exponen a éstos al riesgo cierto de ser víctimas de ataques o atentados por parte de delincuentes u organizaciones criminales, por lo que, se configura a su respecto, y solo respecto de los antecedentes descritos en los considerandos 12° y 14° anteriores, además, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en lo que respecta a la afectación de los derechos a la seguridad y vida privada de dichos funcionarios.» (considerando 19° de la decisión de amparo Rol C137-11 y considerando 20° de la decisión de amparo Rol C102-11).</p>
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9) Que, refuerza la anterior conclusión referida al carácter reservado de la información personal contenida en las hojas de vida solicitadas, el hecho que 33 de las personas a que se refiere la solicitud al contestar el traslado que les fuera conferido en esta sede manifestaran expresamente su voluntad de oponerse a la entrega de dicha información. Con todo, respecto de los terceros que no manifestaron su voluntad en esta sede, cabe consignar lo razonado en la decisión recaída en el amparo Rol C315-11, en el sentido que: «…resulta forzoso concluir que los efectos de la regla de oposición contemplada por el artículo 20 de la Ley de Transparencia ceden, en caso de silencio del tercero, ante la regla especial del artículo 4° de la Ley N° 19.628, atendida su especialidad y el carácter secreto que les reconoce el artículo 7° de la Ley N° 19.628. Sin perjuicio de ello, este Consejo, en tanto órgano encargado resolver los reclamos por denegación de acceso a la información” –art. 33 letra b)– y velar por la reserva de “los datos e informaciones en poder de la Administración” –art. 33 letra j)–, como también del “adecuado cumplimiento de la Ley N° 19.628” –art. 33 letra m)–, puede revisar las circunstancias del caso concreto y resolver si en casos determinados debe prevalecer su carácter público, especialmente si se trata de datos elaborados con fondos públicos…», lo que no ocurre en este caso.</p>
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10) Que, con respecto a la causal de reserva prevista en el artículo 21 Nº 3 de la Ley de Transparencia, en lo que se refiere a la mantención del orden púiblico o seguridad pública, deberá estarse a lo razonado en los considerandos 21° y 22°, respectivamente, de las decisiones de amparo Roles C102-11 y C137-11, en cuanto que: «…la afectación de la seguridad de los funcionarios de la PDI con la publicidad de la información que excede el ámbito puramente funcionario… contenida en las hojas de vida requeridas … implica, además, una afectación de la seguridad pública, pues ella se ve directamente impactada cuando los órganos encargados constitucionalmente de su mantención son víctimas de atentados o agresiones de carácter delictual, lo que implica un daño superior al beneficio que la divulgación de esta información aportaría al debate público y al control social de la acción policial. De esta forma, también se configura, en la especie y respecto de estos particulares antecedentes, la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 3 de la Ley de Transparencia.»</p>
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11) Que, por tanto, a modo de resumen, respecto de la causales de reserva previstas en el artículo 21 Nº 2 y 3 de la Ley de Transparencia, en virtud del principio de divisibilidad citado anteriormente, sólo podrá accederse a aquella información de las hojas de vida de los funcionarios consultados, que diga relación con su desempeño funcionario según lo especificado en el considerando 7º precedente, debiendo en cambio, reservarse la información personal referida a los mismos en virtud de las dos causales de reserva señaladas.</p>
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12) Que, en lo que hace a la afectación del debido cumplimiento de las funciones de la PDI por una supuesta distracción indebida, el 21 N° 1, letra c), de la Ley de Transparencia, establece que se podrá denegar total o parcialmente la información requerida cuando su divulgación afecte el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, particularmente, tratándose, entre otras hipótesis, de requerimientos cuya atención requiera distraer indebidamente a los funcionarios del cumplimiento regular de sus labores habituales. Precisando los supuestos de la causal, el Reglamento de la Ley de Transparencia en su artículo 7° N° 1, literal c) párrafo tercero, preceptúa: «Se considerará que un requerimiento distrae indebidamente a los funcionarios cuando sus satisfacción requiera por parte de estos, la utilización de un tiempo excesivo, considerando su jornada de trabajo o un alejamiento de sus funciones habituales».</p>
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13) Que, la aplicación del principio de divisibilidad tendiente a resguardar la información personal de los funcionarios consultados, en virtud de las causales de reserva previstas en el artículo 21 Nº 2 y 3 de la Ley de Transparencia, ciertamente puede implicar significativos esfuerzos para la PDI en función de exigir un análisis pormenorizado de cada hoja de vida para determinar qué se debe entregar y qué no. Sin embargo, dicho organismo no ha justificado que ese esfuerzo pueda configurar la causal en examen pues, p. ej., no se ha referido al volumen de la información involucrada, el alcance de aquella información que debe resguardarse, y en qué medida las hojas de vida anuales de cada uno los referidos funcionarios se encuentran sistematizadas, como sí lo hizo a propósito de las decisiones de los amparos Roles C102-11 y C137-11. Por otra parte, la causal en comento depende ya no tanto de la naturaleza de lo pedido, sino más bien de cada situación de hecho en términos de los esfuerzos desproporcionados que involucra entregar lo solicitado; por lo mismo no pueden resultar comunicables al presente caso los efectos de las alegaciones vertidas por la PDI en relación con los amparos citados, ni lo resuelto por el Consejo.</p>
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14) Que, adicionalmente, este Consejo en sus decisiones de amparos Roles A1-09, A7-09 y A39-09 ha establecido que por el carácter excepcional que posee la reserva, la carga de la prueba de las circunstancias de hecho que configuren la causal de secreto o reserva que levante o releve el deber de entregar la información corresponde a quien la alega. Por lo tanto, no habiendo cumplido la PDI con dicho estándar, se rechazará la concurrencia de la causal en cuestión en el presente caso. Con todo, en mérito del esfuerzo que deberá desplegar la PDI para entregar la información aplicando divisibilidad, se le concederá un plazo prudencial mayor para tal efecto.</p>
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15) Que, por otra parte, referente al segundo género de información –sobre sumarios administrativos aplicados respecto de los funcionarios consultados, incluyendo la infracción que motivó el respectivo procedimiento y la forma de su conclusión–, la PDI ha señalado en su respuesta y descargos que los mencionados funcionarios no han sido objeto de sanciones administrativas por este motivo. Ello lleva a concluir que de la información solicitada, aquella referente a sumarios administrativos que hayan culminado con sanciones no existe en poder de la PDI por no haberse generado, por lo que se rechazará el amparo en esta parte. En cuanto a la restante información que pueda caber dentro del género solicitado, p.ej., sumarios administrativos aplicados a los funcionarios y que hayan culminado con la absolución de los mismos o por otra vía que, no haya implicado la aplicación de alguna sanción, deberá estarse al criterio sentado por la Excma. Corte Suprema en causa Rol N° 9363-2012, recaída en el recurso de queja deducido en contra de la sentencia pronunciada sobre el reclamo de ilegalidad deducido, a su vez, en contra de la decisión de amparo Rol C239-12 de este Consejo, y que se refiere a la publicidad de información referente a la aplicación de procedimientos sancionatorios a determinadas personas: «Que al tenor de dicha norma consagrada en nuestra Carta Política (se refiere al inciso 2° del artículo 5º de la Constitución Política de la República) forzoso es entender que, siendo un deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana respecto de todo ciudadano, una actuación como la ordenada por el Consejo para la Transparencia, referida a la difusión de las resoluciones que la quejosa ha dictado en procedimientos de fiscalización relativos al uso de información privilegiada que concluyeron sin establecer responsabilidad de los involucrados, supondría necesariamente una transgresión de dicho mandato constitucional, pues ello podría implicar colocar en entredicho la presunción de inocencia que ampara a esos mismos terceros, desde que ella no puede ser superada por una mera sospecha concretada en una investigación que no arroja antecedentes en su contra» (considerando 6º).</p>
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16) Que, por lo tanto, se rechazará el amparo en esta parte, y se requerirá a la PDI que en el caso que la información sobre sumarios administrativos de los funcionarios consultados figure en su hoja de vida, proteja también esta información.</p>
<h3>
EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 8°, 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y POR LA MAYORÍA DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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I. Acoger parcialmente el amparo interpuesto por don Juan Gómez Concha, en contra de la Policía de Investigaciones de Chile, por las razones precedentemente expuestas.</p>
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II. Requerir al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones:</p>
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a) Entregue al solicitante, la información incluida en su hoja de vida referida únicamente a su desempeño funcionarios según lo razonado en el considerando 8º precedente, protegiendo en la hoja de vida funcionaria la información personal a que se refieren los considerandos 7º y 15°. Esto incluye a la funcionaria que se acogió a retiro de la institución, sólo si a la fecha de la solicitud de acceso se encontraba en servicio activo en la institución.</p>
<p>
b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 20 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia.</p>
<p>
c) Informe el cumplimiento de esta decisión mediante comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Agustinas Nº 1291, piso 6º, comuna y ciudad de Santiago), de manera que esta Corporación pueda verificar que se dé cumplimiento a las obligaciones impuestas precedentemente en tiempo y forma.</p>
<p>
III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión al Sr. Director General de la Policía de Investigaciones, a don Juan Gómez Concha y a los 37 terceros interesados en este procedimiento.</p>
<p>
En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 Nº 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la Ley Nº 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidente don Jorge Jaraquemada Roblero y por los Consejeros doña Vivianne Blanlot Soza y don José Luis Santa María. Se deja constancia de que el Consejero Sr. Alejandro Ferreiro Yazigi no concurre al presente acuerdo por encontrarse ausente.</p>
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Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora jurídica (S) del Consejo para la Transparencia, doña Andrea Ruiz Rosas.</p>
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