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<strong>DECISIÓN AMPARO C554-09</strong></div>
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Entidad Publica: I. Municipalidad de Quilpué</div>
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Requirente: Cristóbal Guerra Araya</div>
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Ingreso Consejo: 02.12.2011</div>
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En sesión ordinaria N° 142 de su Consejo Directivo, celebrada el 16 de abril de 2010, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285, de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto del amparo Rol C554-09.</p>
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VISTOS:</h3>
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Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de las Leyes N° 20.285 y N° 19.880; lo previsto en el D.F.L. N° 1–19.653, del Ministerio Secretaria General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.575 y los D.S. N° 13/2009 y N° 20/09, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban el Reglamento del artículo primero de la Ley N° 20.285, en adelante el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia.</p>
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TENIENDO PRESENTE:</h3>
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1) SOLICITUD DE ACCESO: El 13 de octubre de 2009, don Cristóbal Guerra Araya, solicitó a la Jefa de la Oficina de Rentas Municipales de la I. Municipalidad de Quilpué, doña Susana Pozo Aguirre, las patentes de establecimientos comerciales, industriales y profesionales de la Comuna de Quilpué, en formato Excel.</p>
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Señala que requiere, particularmente, los datos de dirección y tipo de establecimiento comercial, para el desarrollo de su tesis de Magíster en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile.</p>
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2) RESPUESTA: Mediante ORD. N° 697/2009, de 13 de noviembre de 2009, la Jefa de Rentas Municipales respondió a la solicitud de acceso señalando que de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales, el valor de la Información por rol es de 5% de la UTM, y sería ésta la única forma de entregar la información.</p>
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3) AMPARO: El 2 de diciembre de 2009, don Cristóbal Guerra Araya dedujo amparo a su derecho de acceso a la información pública en contra de la I. Municipalidad de Quilpué, fundado en el hecho que la Oficina de Rentas Municipales exige el pago de 5% UTM, por cada Rol de la información requerida, monto que no está en condiciones de pagar.</p>
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4) DESCARGOS U OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de este Consejo acordó admitir a tramitación el presente amparo trasladándolo, mediante Oficio N° 0251, de 12 de febrero de 2010, al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpué, quien, mediante Oficio N° 128, de 4 de marzo de 2010, evacuó sus observaciones y descargos señalando lo siguiente:</p>
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a) Que remite al Consejo para la Transparencia el Oficio Ordinario N° 044/2010, de la Sra. Jefa de Rentas Municipales, dirigido al Sr. Director (s) de Administración y Finanzas, el que hace suyo en todas sus partes. Dicho ordinario señala que la Ordenanza N°1/2008, letra c), N° 7, considera un 2% del valor de la UTM y que se produjo un error al informar al reclamante, en respuesta a su solicitud, el porcentaje de 5%.</p>
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b) Que adjunta copia de la Ordenanza Municipal de Derechos en el cual consta el derecho a cobrar por la Municipalidad, ante las solicitudes como la del recurrente, el que asciende a un 2% de una UTM, por cada Rol solicitado.</p>
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Y CONSIDERANDO:</h3>
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1) Que, en relación al objeto de la solicitud de información, si bien del tenor de la respuesta entregada por la reclamada, no se advierte inconveniente alguno en la inteligencia de la misma, este Consejo estima necesario determinar el objeto de la solicitud de información de la especie, por cuanto, por una parte, el reclamante se refiere a “las patentes de establecimientos comerciales, industriales y profesionales”, y por otra manifiesta su interés en trabajar con datos específicos de la misma. Además, solicita la información preferiblemente en formato Excel.</p>
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2) Que, la patente municipal está regulada en los artículos 23 y siguientes, del título III, del D.L. N° 3063/1979, sobre Rentas Municipales y se trata de una contribución que grava el ejercicio de toda profesión, oficio, industria, comercio o arte, o cualquiera otra actividad lucrativa secundaria o terciaria.</p>
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3) Que, a juicio de este Consejo, la patente municipal contiene información pública, de acuerdo al artículo 5° de la Ley de Transparencia, en cuanto documento en que consta un permiso otorgado por la autoridad municipal, mediante una acto administrativo formal y que da cuenta del cumplimiento de los requisitos necesarios para ejercer la actividad de que se trate. Además, la divulgación de información relativa a las mismas permite a los ciudadanos fiscalizar los ingresos que se recauden por este tipo de tributos, según lo dispuesto en el artículo 13 del D.F.L. N° 1/2006, del Ministerio de Interior, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.</p>
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4) Que, del tenor de la solicitud, de información, cabe señalar que puede satisfacerse de dos modos:</p>
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a) Entrega de la información en tabla de Excel, que incluya los datos de dirección y tipo de establecimiento.</p>
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b) Entrega de, al menos, datos relativos al N° de patente, tipo de establecimiento y dirección del mismo.</p>
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5) Que, como consecuencia de lo precedentemente expuesto y con el fin de resolver acertadamente el presente amparo y dar cumplimiento cabal a la solicitud de acceso que lo motiva, este Consejo requerirá al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpué la entrega de la información, de modo que indique si existe y obra en su poder una tabla de Excel con los datos solicitados en la especie, y en la afirmativa, haga entrega de la misma al reclamante, en los términos que señalados en la parte resolutiva del presente acuerdo.</p>
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6) Que, en caso de no obrar en poder del municipio la lista tabla en formato Excel con la información solicitada, se requerirá entregar al reclamante los datos señalados en el literal b) del considerando precedente.</p>
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7) Que, establecido lo anterior, cabe abordar la respuesta del municipio, por cuanto, si bien no se opone a la entrega de la información, indica al reclamante que “de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza de Derechos Municipales, la información por cada rol es de 5% de la UTM, y sería la única forma de entregar esta información.”</p>
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8) Que, sobre esta materia, el artículo 18 de la Ley de Transparencia, dispone que el órgano requerido, en la especie la I. Municipalidad de Quilpué, “sólo podrá exigir el pago de los costos directos de reproducción y de los demás valores que una ley expresamente autorice cobrar por la entrega de la información solicitada.”</p>
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9) Que, el Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpué, en virtud del artículo 40 del D.L. N° 3.063/1979, Sobre Rentas Municipales, en adelante Ley de Rentas Municipales, que regula los derechos municipales que han de pagarse el municipio de que se trate por la obtención de una concesión o permiso, o un servicio de las mismas, dictó la Ordenanza Local de Derechos Municipales, en cuyo artículo 5°, letra c), N° 04, establece el derecho de 2% UTM, por copia autorizada o fotocopia de Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y Derechos Municipales, por hoja.</p>
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10) Que, sobre el cobro de dinero por la entrega de información, en primer lugar, cabe señalar que en caso que la información obre en poder del municipio en formato electrónico —tabla de Excel en la especie—, su remisión podrá efectuarse telemáticamente, por lo que no procedería el cobro de costo alguno, según lo dispuesto en el párrafo 3 de la Instrucción General N° 6 de este Consejo, sobre gratuidad y costos directos de reproducción (publicada en el D.O. de 30.03.2010) —en adelante, I.G. N° 6—.</p>
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11) Que de no obrar en poder del municipio reclamado la información en formato electrónico deberá entregarse en soporte físico corresponde, a juicio de este Consejo, cobrar sólo los costos directos de reproducción por cuanto se estima que el artículo 40 de la Ley de Rentas Municipales no se trata de un caso en ley que autoriza expresamente a cobrar por la entrega de la información, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Transparencia.</p>
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12) Que, en efecto, el artículo 40 de la Ley de Rentas Municipales señalado, no se refiere a la entrega de información efectuada por los municipios en virtud de la Ley de Transparencia, por cuanto ésta no se subsume a ninguna de sus hipótesis –concesión, permiso o servicios a las personas por parte del mismo-. En consecuencia, dicha norma no habilita al municipio para el cobro de un monto diferente a los costos directos de reproducción indicados en el artículo 18 de la Ley de Transparencia, por lo que, el artículo 5°, letra c), N° 04 de la Ordenanza Local de Derechos Municipales, no sería aplicable al caso de la especie.</p>
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13) Que, establecido lo anterior, resulta necesario determinar qué se entiende por “costos directos de reproducción”, término que ha sido abordado por este Consejo, primeramente, en la decisión del amparo A125-09 y luego, en la Instrucción General N° 6, sobre Costo Directo de Reproducción.</p>
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14) Que, se entiende por costo directo de reproducción “todos los costos asociados al proceso de copiado de un documento u otro tipo de soporte, en la medida que sea necesario incurrir en ellos para obtener la información en el soporte que el requirente haya solicitado” (Párrafo 4, I.G. N° 6).</p>
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15) Que, como consecuencia de lo anterior, el municipio reclamado deberá entregar la información en los términos señalados en la parte resolutiva del presente acuerdo, y deberá cobrar los costos directos de reproducción de la misma según los siguientes criterios generales definidos en la I.G. N° 6, del Consejo para la Transparencia, sobre Transparencia Activa:</p>
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a) Si el órgano o servicio se encuentra sometido a un convenio marco para la provisión de este servicio:</p>
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i) Deberá cobrar por concepto de costos directos de reproducción el precio que establece dicho convenio, esto es, el valor de referencia.</p>
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ii) Sin embargo, si el órgano o servicio ha contratado el servicio de reproducción a un precio inferior al valor de referencia (sea mediante licitación pública, licitación privada o trato directo) primará dicho precio aplicando un criterio de realidad.</p>
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b) Si el órgano no puede acceder a un convenio marco y ha contratado el servicio de reproducción vía licitación pública, licitación privada o trato directo, primará el costo real que debe asumir el organismo para efectuar la reproducción, es decir, podrá exigir el pago del valor que le corresponderá pagar por dicho motivo en virtud del contrato, aún cuando este precio sea superior al valor de referencia. Lo anterior no obsta a que el órgano opte por ajustarse a este último valor o uno menor.</p>
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c) Si el órgano no tiene contratado el servicio de reproducción vía convenio marco, licitación pública, privada o trato directo (por ejemplo, lo presta directamente a través de una máquina de su propiedad o arrendada) podrá:</p>
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i) Estimar suficiente el valor de referencia señalado, esto es, el precio establecido en el convenio marco de referencia exigiendo su pago al solicitante de información, o uno menor, o</p>
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ii) Estimar que dicho valor de referencia es insuficiente para costear los costos directos de reproducción en que efectivamente incurre, caso en que deberá establecer en el acto administrativo que fije aquéllos, en forma desglosada y conforme al criterio de realidad, el valor de cada uno de los insumos que conformen el costo total directo de reproducción del producto señalado y acreditarlo fehacientemente de ser requerido por este Consejo.</p>
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d) En las hipótesis de los literales a), b) y c), punto ii), el órgano deberá dejar constancia, en el acto administrativo correspondiente, de los datos de identificación de la contratación. Además, deberá acreditar que se ajusta al precio establecido en el convenio marco —o al que está por debajo de éste— o en el contrato respectivo de ser requerido por este Consejo.</p>
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EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE ATRIBUYEN LOS ARTS. 24 Y SIGUIENTES Y 33 B) Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA:</h3>
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1) Acoger el amparo interpuesto por Don Cristóbal Guerra Araya, en contra de la I. Municipalidad de Quilpué, por las razones indicadas en la parte considerativa del presente acuerdo.</p>
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2) Requerir al Sr. Alcalde de Quilpué que entregue la información solicitada, según se indica a continuación:</p>
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a) Que indique si obra en su poder la información sobre las patentes municipales de establecimientos comerciales, industriales y profesionales, con los datos de dirección y tipo de establecimiento, en formato Excel. En la afirmativa, deberá hacer entrega de la misma dentro de 3 días hábiles contados desde que quede ejecutoriado el presente acuerdo, sin que proceda cobro alguno por la entrega de dicha información en formato electrónico.</p>
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b) Que, en caso que la información no obre en su poder en formato Excel, deberá entregar el la siguiente información sobre las patentes otorgadas por su representada: N° de patente, tipo de establecimiento y dirección.</p>
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3) Requerir a la reclamada a que de cumplimiento a lo precedentemente resuelto, bajo el apercibimiento de proceder conforme disponen los artículos 45 y siguientes de la Ley de Transparencia, enviando copia de los documento en que conste dicho cumplimiento o entrega de información a este Consejo, al domicilio Morandé N° 115, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago, o al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl para efectos de verificar el cumplimiento de esta decisión.</p>
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4) Encomendar al Director General de este Consejo notificar el presente acuerdo a don Cristóbal Guerra Araya, y al Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Quilpué, para efectos de lo dispuesto en los artículos 27 y 28 de la Ley de Transparencia, según corresponda.</p>
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Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia integrado por su Presidente Juan Pablo Olmedo Bustos y los Consejeros don Alejandro Ferreiro Yazigi, don Roberto Guerrero Valenzuela y don Raúl Urrutia Ávila. Certifica don Raúl Ferrada Carrasco, Director General del Consejo para la Transparencia.</p>
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