Base de Datos de Jurisprudencia - Consejo para la Transparencia

Decisión ROL C9146-21

Volver

Reclamante:	GABRIELA CORTES VILLARROEL
Reclamado:	MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL
Resumen del caso: Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Illapel, ordenándose la entrega de información sobre las subsanaciones de las observaciones realizadas en el informe final que se indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, el órgano no acompañó antecedentes suficientes que permitan acreditar la inexistencia de información adicional a la remitida y que permita satisfacer el requerimiento en los términos planteados, conforme lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, no habiéndose alegado, además, la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada.
Tipo de decisión:	Decisión de Fondo
Fecha de la decisión:	3/24/2022
Consejeros:	-Gloria Alejandra de la Fuente González -Francisco Javier Leturia Infante -Natalia Andrea González Bañados -Bernardo Eric Navarrete Yáñez
Legislación aplicada:
Palabras clave:
Jurisprudencia desde:	C3691-17 C3692-17 C1179-11 C409-13
Jurisprudencia a:
Recursos relacionados:
Descriptores jurídicos:	- Procedimiento de reclamo y amparo >> Requisitos de la presentación >> Otros
Descriptores analíticos:

DECISIÓN AMPARO ROL C9146-21   Entidad pública: Municipalidad de Illapel Requirente: Gabriela Cortés Villarroel Ingreso Consejo: 10.12.2021 RESUMEN Se acoge el amparo deducido en contra de la Municipalidad de Illapel, ordenándose la entrega de información sobre las subsanaciones de las observaciones realizadas en el informe final que se indica. Lo anterior, por cuanto se trata de información de naturaleza pública, respecto de la cual, el órgano no acompañó antecedentes suficientes que permitan acreditar la inexistencia de información adicional a la remitida y que permita satisfacer el requerimiento en los términos planteados, conforme lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de este Consejo, no habiéndose alegado, además, la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido. En virtud del principio de divisibilidad, previo a la entrega, el órgano deberá tarjar aquellos datos personales y sensibles de contexto que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena, en conformidad a lo previsto en la Ley sobre Protección de la Vida Privada. En sesión ordinaria N° 1264 del Consejo Directivo, celebrada el 22 de marzo de 2022, con arreglo a las disposiciones de la Ley de Transparencia de la Función Pública y de Acceso a la Información de la Administración del Estado, en adelante, Ley de Transparencia, aprobada por el artículo primero de la Ley N° 20.285 de 2008, el Consejo para la Transparencia, en adelante indistintamente el Consejo, ha adoptado la siguiente decisión respecto de la solicitud de amparo al derecho de acceso a la información Rol C9146-21. VISTO: Los artículos 5°, inciso 2°, 8° y 19 N° 12 de la Constitución Política de la República; las disposiciones aplicables de la ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y de la ley N° 19.880 que establece bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los órganos de la Administración del Estado; lo previsto en el decreto con fuerza de ley N° 1/19.653, de 2000, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley N° 18.575, orgánica constitucional sobre bases generales de la Administración del Estado; y los decretos supremos N° 13, de 2009 y N° 20, de 2009, ambos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueban, respectivamente, el reglamento del artículo primero de la ley N° 20.285, en adelante e indistintamente, el Reglamento, y los Estatutos de Funcionamiento del Consejo para la Transparencia. TENIENDO PRESENTE: 1) SOLICITUD DE ACCESO: El 5 de agosto de 2021, doña Gabriela Cortés Villarroel solicitó a la Municipalidad de Illapel, lo siguiente: "acceso y copia a las subsanaciones de las observaciones realizadas en el Informe Final N° 41_2021 Municipalidad de Illapel auditoría a la gestión municipal 2017-2019, Mar2021. Solicito que esta solicitud sea considerada en los términos más amplios posibles, es decir, que se proporcione la mayor cantidad de información disponible al respecto, excluyendo sólo aquello que esté sujeto a las excepciones constitucionales o legales, en virtud del principio de máxima divulgación establecido en el artículo 11 de la Ley 20.285. Solicito esta información de acuerdo al principio de divisibilidad, establecido en el artículo 11 de la Ley 20.285, que indica que, si un acto administrativo contiene información que puede ser conocida, e información que debe denegarse en virtud de causa legal, se dará acceso a la primera y no a la segunda". Adicionalmente, en sus observaciones, adjuntó enlace web donde consta el Informe Final N° 41_2021 Municipalidad de Illapel Auditoría a la Gestión Municipal 2017-2019. 2) PRÓRROGA DE PLAZO: Por Oficio N° 2022 de fecha 3 de septiembre de 2021, el órgano comunicó a la parte solicitante la decisión de prorrogar el plazo de repuesta en 10 días hábiles, en conformidad a lo dispuesto en el artículo 14 inciso 2° de la Ley de Transparencia. Adicionalmente, mediante Oficio N° 2079 de fecha 14 de septiembre de 2021, el municipio requerido comunicó, nuevamente, la decisión de prorrogar el plazo de respuesta en 10 días hábiles. 3) AMPARO: El 10 de diciembre de 2021, doña Gabriela Cortés Villarroel dedujo amparo a su derecho de acceso a la información en contra de la Municipalidad de Illapel, fundado en la ausencia de respuesta a su solicitud. Revisado el Portal de Transparencia, consta que mediante Oficio N° 2110 de fecha 28 de septiembre de 2021, el órgano respondió el requerimiento y explicó que el proceso de auditoría y sus observaciones, corresponden a un período alcaldicio anterior, no obstante, bajo el principio de continuidad del servicio, la nueva administración ha incorporado a sus tareas de gestión desde el inicio la adopción de distintas medidas para subsanar las observaciones. Así, respecto al informe de auditoría N° 41-2021 de la Contraloría General de la República, y ante la solicitud de informar sobre las subsanaciones de observaciones, indicó que se debe estar a las páginas 61 y siguientes del referido informe para la respuesta requerida. En este sentido, precisó que sobre la falta de supervisión y control del municipio en los aspectos de Control Interno numeral 1, señaló que se ha podido constatar que la Municipalidad de Illapel cuenta con manuales de confección de presupuesto y programas comunitarios, manual de conciliaciones bancarias, manual de contratación, y recientemente se ha aprobado un reglamento de proceso de reclutamiento. Así, indicó que el municipio cuenta con una nueva planta municipal, que permitirá contar con el personal idóneo para el desarrollo de sus distintas tareas. Refirió que, como medida de subsanación, las distintas unidades se encuentran aplicando los procedimientos administrativos internos. Sobre lo objetado en el acápite II, examen de la materia auditada, numeral 1, relativo a la ejecución presupuestaria trienio 2017 a 2019 (C), y numeral 3, falta de modificaciones presupuestarias al subtitulo 12, recuperación de préstamos (C), advirtió que la municipalidad cuenta con un manual de procedimientos para confección de presupuesto -que adjuntó- y sus eventuales modificaciones. Además, señaló que se ha promovido las reuniones del comité asesor presupuestario. Agregó que la municipalidad actualmente se encuentra en proceso de elaboración del proyecto de presupuesto 2022. Respecto a las observaciones de los numerales 2, 4 letra b), 5 letra a), 6, 7, 8, 9 y 11, 10, 12, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.4, 17.1, 17.2, indicó que se adjunta oficio N° 1022, más material complementario sobre la respuesta a Contraloría por parte de la Municipalidad. En lo concerniente al acápite III Examen de Cuentas, numeral 1.1., se adjunta Oficio N° 1022 más material complementario. Sobre el numeral 2.1., indicó que se remite Decreto sobre instrucciones para la difusión y gasto en publicidad. En cuanto al numeral 2.2., refirió que la nueva administración se encuentra en proceso de la implementación de un comité de ética. En relación al acápite V, sobre exposición de la figura del Alcalde en redes sociales del municipio, informó que la administración hará uso de la instrucción incorporada a Decreto adjunto sobre difusión y gasto en publicidad, lo cual orienta en el sentido indicado por Contraloría. Consta además, que adjuntó manual para la formulación de presupuesto municipal, manual de procedimiento de contratación, Oficio N° 263 de 25 de febrero de 2021 de respuesta al preinforme N° 41/2021, Decretos Exentos N° 136, N° 137, N° 138, N° 139 y N° 140, todos de 25 de febrero de 2021, que aclaran decretos que indica. 4) PROUNCIAMIENTO DEL RECLAMANTE: En virtud de lo anterior, este Consejo, por medio de Oficio N° 34 de fecha 4 de enero de 2022, solicitó a la parte reclamante manifestar su conformidad o disconformidad con la respuesta otorgada por el órgano, y en caso de disconformidad, detallar que información de la pedida no le habría sido otorgada. Al respecto, por medio de correo electrónico de fecha 10 de enero de 2022, la peticionaria manifestó que desea continuar con la tramitación. Así, indicó que "el municipio me respondió el 28 de septiembre del 2021 con documentos sueltos pero con uno en especial, que fue la respuesta a Contraloría sobre las observaciones (con fecha 21 de febrero del 2021/adjunto archivo) de la cual me llama la atención que responden haciendo una comparación entre ellos y la Contraloría (por hablar del jefe en sus propios medios de comunicación). Estoy disconforme con la información entregada por la municipalidad de Illapel, ya que no responde a lo que sucedió con el Informe Final N° 41_2021 ni tampoco lo comunica a la comunidad ni a los concejales. De hecho, la misma contraloría me mandó un documento el mismo 10 de diciembre 2021 (adjunto archivo) en el que aún hay situaciones complejas y altamente complejas que no son aclaradas. Por otra parte, en el portal de la contraloría (...) se publicó un informe de seguimiento el día 22 de diciembre del 2021 (12 días después de la respuesta que me entregaron) en la que, cito, ´Observaciones que se mantienen. En el informe objeto de este seguimiento, se determinaron las siguientes acciones correctivas que debía implementar el servicio auditado para subsanar las observaciones formuladas, sin embargo, éstas no se cumplieron´, y le sigue el punteo de las observaciones que no tienen respuesta". Además, adjuntó copia de Oficio N° E85121/2021, de fecha 12 de marzo de 2021, por medio del cual la Contraloría General de la República remitió copia del informe Final N° 41 de 2021, así como Oficios Nos. E115055, E125367, E149037 y 3155481, de fechas 16 de junio, 29 de julio, 21 de octubre y 12 de noviembre, todos de 2021, respectivamente, que reiteran observaciones pendientes en la acreditación de las acciones correctivas a las observaciones realizadas al municipio. 5) DESCARGOS Y OBSERVACIONES DEL ORGANISMO: El Consejo Directivo de esta Corporación acordó admitir a tramitación este amparo y confirió traslado al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, mediante Oficio N° E1604 de fecha 21 de enero de 2022, solicitándole que: (1°) se refiera a las alegaciones de la parte reclamante, en el sentido que se habría otorgado respuesta incompleta a su requerimiento; (2°) señale si la información solicitada, esto es, las subsanaciones de las observaciones realizadas por el informe de Contraloría, obran en poder del órgano que representa, constando en alguno de los soportes documentales que señala el inciso segundo del artículo 10 de Ley de Transparencia; (3°) se refiera a la eventual concurrencia de alguna circunstancia de hecho que haga procedente la denegación de la información reclamada; (4°) se pronuncie acerca de la eventual concurrencia de algunas de las causales constitucionales o legales de secreto o reserva que, a su juicio, harían procedente la denegación de la información reclamada; y, (5°) de ser posible complementar la respuesta inicialmente otorgada, remita tal complemento a la parte reclamante con copia a este Consejo, a fin de evaluar la finalización del presente amparo, a través del Sistema Anticipado de Resolución de Controversias (SARC). Mediante presentación remitida por correo electrónico de fecha 4 de febrero de 2022, el órgano presentó sus descargos en los siguientes términos: Explicó que con fecha 2 de septiembre de 2021, el municipio informó la decisión de acogerse a la prorroga de plazo para la respuesta, conforme al artículo 14 de la Ley de Transparencia, venciendo en definitiva el plazo con fecha 16 de septiembre de 2021. Agregó que con fecha 14 de septiembre de 2021, el municipio informó la necesidad de acogerse a la ampliación extraordinaria del plazo, remitiendo, en definitiva, con fecha 28 de septiembre de 2021, todos los antecedentes aportados a la Contraloría Regional de Coquimbo para el proceso de subsanación de observaciones al Informe Final N° 41-2021. Añadió que, se respondió dentro de plazo, y que los documentos informados son todos los antecedentes que fueron entregados a la Contraloría para el proceso de subsanación al Informe Final N° 41-2021, sin que existan otros antecedentes a la fecha. Y CONSIDERANDO: 1) Que, primeramente, cabe hacer presente que revisados los antecedentes del presente procedimiento, consta que el requerimiento objeto de reclamación no fue contestado dentro del término legal, establecido para ello -20 días hábiles-. Así, se advierte que el plazo para dar respuesta venció el día 2 de septiembre de 2021, habiéndose prorrogado por el órgano -según consta en el numeral 2° de lo expositivo-, con fecha 3 de septiembre de 2021, esto es, luego de vencido el plazo de respuesta, lo que constituye una infracción al artículo 14 de la Ley de Transparencia, así como al principio de oportunidad previsto en el artículo 11 letra h) del mismo cuerpo normativo. Se hace presente lo anterior, a efectos de que se adopten las medidas necesarias en lo sucesivo que permitan enmendar dicha infracción. 2) Que, no obstante lo anterior, con posterioridad a la interposición del amparo, el órgano respondió el requerimiento en los términos y con los antecedentes consignados en el numeral 3° de lo expositivo, respecto de lo cual, a su vez, la reclamante en su pronunciamiento manifestó su disconformidad con la información entregada, en la medida que, a su juicio, no se entregó la información objeto del presente amparo, esto es, las subsanaciones a las observaciones del Informe Final N° 41_2021, por parte de la Municipalidad de Illapel. 3) Que, con ocasión de sus descargos, el órgano informó que la información remitida es toda la que obra en su poder sobre lo consultado. Al respecto, cabe consignar que este Consejo ha sostenido reiteradamente en las decisiones de amparo Roles C1179-11, C409-13, C3691-17 y C3692-17, entre otras, que la inexistencia de la información solicitada constituye una circunstancia de hecho cuya sola invocación no exime a los órganos de la Administración de su obligación de entregarla. En efecto, esta alegación debe ser fundada, indicando el motivo específico por el cual la información requerida no obra en su poder y debiendo acreditarla fehacientemente. (énfasis agregado)". 4) Que, a su turno, según lo prescrito en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación "Si realizada la búsqueda, el órgano público constata que no posee la información deberá: (...) b) De no existir un acto administrativo que haya dispuesto la expurgación de los documentos pedidos, agotar todos los medios a su disposición para encontrar la información y, en caso de estimarse que los hechos son susceptibles de ser sancionados con una medida disciplinaria, instruir el correspondiente procedimiento sancionatorio. Si la información no fuere habida, deberá comunicarse esta circunstancia al solicitante, indicándole detalladamente las razones que lo justifiquen" (énfasis agregado). 5) Que, en la especie, a juicio de esta Corporación, el órgano reclamado no ha dado cumplimiento al estándar de búsqueda de la información y acreditación de la inexistencia impuesto por la Instrucción General N° 10, de esta Corporación. En particular, la reclamada no ha otorgado antecedentes suficientes que den cuenta de gestiones de búsqueda específicas, así como tampoco otorgó razones suficientes que justifiquen que no obra información adicional a la remitida de forma extemporánea, teniendo en consideración que, entre los antecedentes que fueren emitidos, se advierte el oficio de respuesta del órgano al preinforme de auditoría N° 41/2021 de fecha 25 de febrero de 2021, emitido con anterioridad a la remisión del informe final N° 41_2021 de fecha 12 de marzo de 2021-. A su vez, en relación a este último oficio, a modo meramente ejemplar, sin perjuicio de que el órgano en su oficio de respuesta extemporánea, respecto de uno de los puntos a subsanar por el informe consultado indicó que se han promovido, como medidas de corrección, reuniones del comité asesor presupuestario y que se encuentra, además, en proceso de implementación de un comité de ética, no adjuntó antecedentes que permitan dar cuenta de las referidas circunstancias, teniendo en consideración que la solicitud debe ser entendida en conformidad al principio de máxima divulgación, establecido en el artículo 11 letra d) de la Ley de Transparencia conforme al cual el órgano debe proporcionar información en los términos más amplios posibles. Además, sumado a lo anterior, la reclamante con ocasión de su pronunciamiento, adjuntó oficios de la Contraloría General de la República -consignados en el numeral 4° de lo expositivo-, por medio de los cuales el órgano contralor advierte sobre la subsistencia de acreditación por parte del órgano de medidas de subsanación a las observaciones realizadas en el informe que se consulta, respecto de lo cual, no consta que el órgano se hubiere pronunciado específicamente en sus descargos respecto a dicha circunstancia. En este sentido, los antecedentes remitidos por la reclamada, no permiten satisfacer de forma íntegra el requerimiento, en adecuación a los términos en que fuere planteado. 6) Que, en virtud de lo anteriormente expuesto, y tratándose lo solicitado de información de naturaleza pública, según lo establecido en el artículo 8 inciso 2° de la Constitución Política de la República, que permite dar cuenta del cumplimiento por parte del municipio reclamado de las observaciones realizadas en el contexto de un proceso de auditoría llevado a cabo por la Contraloría General de la República con el objeto de verificar el cumplimiento de la normativa contable y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario de la gestión municipal, respecto de lo cual, no constan en el presente procedimiento antecedentes suficientes que permitan acreditar la inexistencia de información adicional sobre la materia consultada, no habiéndose alegado, a su vez, la concurrencia de causales de secreto o reserva que justifiquen la denegación de lo pedido, se acogerá el presente amparo, ordenándose la entrega de la información solicitada. 7) Que, asimismo, en virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. 8) Que, no obstante, en el evento de que la información remitida por el órgano fuere efectivamente toda la que obra en su poder, existiendo información adicional sobre la materia, el órgano deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación. EL CONSEJO PARA LA TRANSPARENCIA, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES QUE LE OTORGAN LOS ARTÍCULOS 24 Y SIGUIENTES Y 33 LETRA B) DE LA LEY DE TRANSPARENCIA, Y POR LA UNANIMIDAD DE SUS MIEMBROS PRESENTES, ACUERDA: I. Acoger el amparo deducido por doña Gabriela Cortés Villarroel en contra de la Municipalidad de Illapel, en virtud de los fundamentos expuestos precedentemente. II. Requerir al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel, lo siguiente; a) Entregue a la reclamante copia a las subsanaciones de las observaciones realizadas en el "Informe Final N° 41_2021 Municipalidad de Illapel Auditoría a la Gestión Municipal 2017-2019. Mar2021". En virtud del principio de divisibilidad, consagrado en el artículo 11 letra e) de la Ley de Transparencia, en forma previa a la entrega de la información, el órgano reclamado deberá tarjar todos aquellos datos personales de contexto, como por ejemplo, la cédula de identidad, el domicilio particular, la fecha de nacimiento, la nacionalidad, el estado civil, el teléfono, el correo electrónico particular, entre otros datos de terceros que pudieren estar contenidos en la información cuya entrega se ordena. Asimismo, el órgano reclamado deberá tarjar los datos sensibles detallados en la información consultada. Lo anterior en aplicación de lo previsto en el artículo 19 N° 4 de la Constitución Política de la República, en concordancia de lo dispuesto en los artículos 2°, letra f) y g), y 4° de la ley N° 19.628, sobre protección de la vida privada, y en cumplimiento de la atribución otorgada a este Consejo por el artículo 33°, letra m), de la Ley de Transparencia. No obstante, en el evento de que la información remitida por el órgano fuere efectivamente toda la que obra en su poder, existiendo información adicional sobre la materia, el órgano deberá comunicar dicha circunstancia a la reclamante y a este Consejo, indicando detalladamente las razones que lo justifiquen, en conformidad a lo establecido en el numeral 2.3. de la Instrucción General N° 10 de esta Corporación. b) Cumpla dicho requerimiento en un plazo que no supere los 5 días hábiles contados desde que la presente decisión quede ejecutoriada, bajo el apercibimiento de lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Transparencia, que sanciona la no entrega oportuna de la información en la forma decretada, una vez que ha sido ordenada por resolución a firme, con multa de 20% a 50% de la remuneración correspondiente. Si la autoridad o jefatura o jefe superior del órgano o servicio de la Administración del Estado, requerido, persistiere en su actitud, se le aplicará el duplo de la sanción indicada y la suspensión en el cargo por un lapso de cinco días. c) Acredite la entrega efectiva de la información señalada en el literal a) precedente, en conformidad a lo establecido en el inciso segundo del artículo 17 de la Ley de Transparencia, por medio de comunicación enviada al correo electrónico cumplimiento@consejotransparencia.cl, o a la Oficina de Partes de este Consejo (Morandé N° 360, piso 7°, comuna y ciudad de Santiago), acompañando todos los medios probatorios, de manera que esta Corporación pueda verificar que se dio cumplimiento a las obligaciones impuestas en la presente decisión en tiempo y forma. III. Encomendar al Director General y a la Directora Jurídica (S) de este Consejo, indistintamente, notificar la presente decisión a doña Gabriela Cortés Villarroel y al Sr. Alcalde de la Municipalidad de Illapel. En contra de la presente decisión procede la interposición del reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones del domicilio del reclamante en el plazo de 15 días corridos, contados desde la notificación de la resolución reclamada, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 28 y siguientes de la Ley de Transparencia. Con todo, los órganos de la Administración del Estado no podrán intentar dicho reclamo en contra de la resolución del Consejo que otorgue el acceso a la información solicitada, cuando su denegación se hubiere fundado en la causal del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. Además, no procederá el recurso de reposición establecido en el artículo 59 de la ley N° 19.880, según los fundamentos expresados por este Consejo en el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 9 de junio de 2011. Pronunciada por el Consejo Directivo del Consejo para la Transparencia, integrado por su Presidenta doña Gloria de la Fuente González, su Consejera doña Natalia González Bañados y sus Consejeros don Francisco Leturia Infante y don Bernardo Navarrete Yáñez. Por orden del Consejo Directivo, certifica la Directora Jurídica (S) del Consejo para la Transparencia doña Ana María Muñoz Massouh.